ART. 1º—El predio de uso residencial urbano o rural en donde habite la persona víctima del secuestro o de la desaparición forzada que sea de propiedad del secuestrado o desaparecido, o de su cónyuge, o compañero o compañera permanente, o sus padres, estará exento del pago del impuesto predial unificado y de la contribución de valorización por beneficio general o local, que se cause a partir de la vigencia del presente acuerdo, durante el tiempo que dure el secuestro o la desaparición forzada.

PAR.—El término de aplicación de la exención anterior, será el tiempo que dure el secuestro o la desaparición forzada, y no podrá exceder el término de 10 años de conformidad con el artículo 258 del Decreto-Ley 1333 de 1986. La Administración Distrital reglamentará el procedimiento pertinente.

ART. 3º—La persona víctima de secuestro o desaparición forzada, contribuyente del impuesto de industria y comercio del régimen simplificado, estará exenta del pago del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros, durante el tiempo que dure el secuestro o la desaparición forzada.

PAR.—El término de aplicación de la exención anterior, será el tiempo que dure el secuestro o la desaparición forzada, y no podrá exceder el término de 10 años de conformidad con el artículo 258 del Decreto-Ley 1333 de 1986. La Administración Distrital reglamentará el procedimiento pertinente.

ART. 4º—En caso de venta del inmueble o vehículo, sobre el cual se venía aplicando la exención del impuesto predial y/o del impuesto sobre vehículos automotores, procederá este beneficio solo hasta el período gravable en el cual se realiza la transacción. Si se compran en sustitución otro inmueble y/o vehículo automotor, procederá la exención sobre estos bienes, aplicándola solo hasta por el valor de la base gravable de los bienes vendidos, objeto inicial de exención.

ART. 5º—En caso de muerte en cautiverio del secuestrado desaparecido forzoso, las anteriores exenciones se mantendrán por dos (2) años más desde la fecha de muerte sin exceder el término de 10 años de conformidad con el artículo 258 del Decreto-Ley 1333 de 1986.

ART. 6º—La persona víctima del secuestro o de la desaparición forzada, no estará obligada a presentar las declaraciones de los impuestos distritales dentro del término legal fijado para este efecto. Solo deberá cumplir con estas obligaciones a partir del período gravable siguiente a aquel en que cesó el secuestro o la desaparición forzada.

ART. 7º—En el evento de que se encuentre en proceso de cobro coactivo la obligación por concepto de contribución de valorización causada con anterioridad al secuestro o desaparición forzada, el Instituto de Desarrollo Urbano, se abstendrá de liquidar intereses moratorios y costas procesales en relación con el término de duración del secuestro o de la desaparición forzada y un (1) año más.

PAR.—Los familiares del secuestrado o desaparición forzado tendrán derecho a un acuerdo de pago hasta por cinco años para la cancelación de dicha contribución.

ART. 8º—Son válidas las declaraciones de los impuestos distritales presentadas por medio de agentes oficiosos, en los casos de secuestro o desaparición forzada.

ART. 9º—La Administración Distrital garantizará el desarrollo de programas de asistencia psicológica y psiquiátrica a los hijos, padres, cónyuge o compañero o compañera permanente del secuestrado o desaparecido y a estos últimos una vez sean liberados.

ART. 10.—La Secretaría de Educación garantizará a los hijos menores de 18 años de los secuestrados o desaparecidos o a los menores que demuestren depender económicamente de estos, su acceso a las instituciones educativas oficiales del distrito, durante el tiempo que dure el secuestro o la desaparición forzada y por un (1) año más a partir de su liberación o rescate.

ART. 11.—La Secretaría de Salud garantizara el acceso a los servicios de salud a los hijos, padres, cónyuge, compañero o compañera permanente del secuestrado o desaparecido forzoso de acuerdo con la normatividad vigente.

ART. 12.—En el caso de comprobarse falsedad, se requerirá a los culpables y se les exigirá el cumplimiento y pago de las obligaciones tributarias que estuvieran exentas en forma actualizada, sin que se configure la prescripción de la misma y sin perjuicio de las sanciones penales correspondientes.