ACUERDO 1559 DE 2002 

(Septiembre 25)

“Por el cual se reestructura el comité de defensa judicial y conciliación de la rama judicial”.

La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura,

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales y,

CONSIDERANDO:

Que la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-523 de julio 10 de 2002 declaró la exequibilidad del artículo 49 de la Ley 446 de 1998, conforme al cual la Fiscalía General de la Nación estará representada en los procesos contencioso administrativos, por el Fiscal General de la Nación.

Que como consecuencia de la atribución específica conferida al fiscal general, el ente acusador goza de autonomía para implementar y desarrollar las políticas encaminadas a la prevención del daño antijurídico; para asumir directamente las responsabilidades por daños imputables a la gestión de sus agentes y, para actuar judicialmente con capacidad procesal en defensa de los intereses de la institución, de manera independiente a los demás órganos que integran la rama judicial.

Que en tal virtud, procede la modificación de la actual estructura del comité de defensa judicial y conciliación de la rama judicial contenida en el Acuerdo 953 de 2000, para excluir a la Fiscalía General de la Nación como integrante de dicho órgano.

ACUERDA:

ART. 1º—El comité de defensa judicial y conciliación de la rama judicial, es el órgano encargado del estudio, análisis y formulación de políticas encaminadas a prevenir el daño antijurídico, a orientar la correspondiente asunción de responsabilidades por daños imputables a actuaciones de la administración de justicia y a la defensa de los intereses de la rama judicial.

ART. 2º—El comité de defensa judicial y conciliación estará integrado por el presidente de la Sala Administrativa o su delegado, quien lo presidirá; el director ejecutivo de administración judicial en su condición de ordenador del gasto; el director de la unidad de asistencia legal de la dirección ejecutiva de administración judicial; un abogado asistente de la oficina de asesoría jurídica de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura; el director de la unidad de presupuesto de la dirección ejecutiva de administración judicial.

Concurrirán sólo con derecho a voz: el director de la unidad de auditoria de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura; los apoderados que representen los intereses de la rama judicial en los negocios sometidos a consideración del comité de conciliación, previa citación a la reunión respectiva; las personas que el presidente o la mayoría de sus miembros considere deban asistir, según el caso concreto sometido a análisis; el jefe de la división de procesos, de la unidad de asistencia legal de la dirección ejecutiva de administración judicial, quien hará las veces de secretario técnico del comité.

Será invitado permanente, un funcionario de la dirección de defensa judicial de la Nación del Ministerio de Justicia y del Derecho, quien podrá participar con derecho a voz.

PAR. 1º—La asistencia de los miembros permanentes a las sesiones del comité será obligatoria. Sólo podrá delegarla el presidente de la Sala Administrativa.

ART. 3º—Serán funciones del comité de defensa judicial y conciliación, las siguientes:

a) Actuar como instancia administrativa en el estudio, análisis y formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de la Nación - rama judicial.

b) En coordinación con las diferentes unidades y oficinas de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y de la dirección ejecutiva de administración judicial, estudiar los procesos en que sea o haya sido parte la Nación - rama judicial, para determinar las causas generadoras de los conflictos y elaborar una tipología de los procesos a partir de sus variables jurídicas y económicas, sobre todo, en lo relacionado con los efectos presupuestales de las eventuales condenas, el índice de las mismas, y las posibles deficiencias en las actuaciones de los apoderados para proponer los correctivos necesarios.

b) Fijar, en acatamiento de la Ley 23 de 1991, directrices institucionales generales para la detección y análisis de los procesos judiciales conciliables, y para el diseño de las posibles fórmulas de arreglo directo.

c) Determinar la procedencia o la improcedencia de la conciliación en cada caso sometido a su estudio y señalar la posición institucional, habida cuenta de la viabilidad jurídica, el costo de oportunidad y las disponibilidades presupuestales de la rama judicial, sin que la decisión sobre la viabilidad de conciliar constituya ordenación del gasto.

PAR.—En el estudio de los asuntos materia de conciliación, el comité de defensa judicial y conciliación de la rama judicial, deberá contar con el concepto del abogado, interno o externo, encargado de la representación judicial de la Nación- rama judicial.

d) Sin desmedro de la autonomía y responsabilidad profesional de quien tenga a su cargo el respectivo negocio, fijar los parámetros a los que el apoderado debe sujetar obligatoriamente su actuación en la respectiva audiencia de conciliación.

e) Para los efectos establecidos en el artículo 7º del Decreto 1214 de 2000, estudiar las situaciones de hecho que puedan ser generadoras de conflictos y procesos judiciales, con miras a adoptar un tratamiento de las mismas que prevenga la producción de daños antijurídicos.

f) Evaluar, con fundamento en los antecedentes que le suministre el director ejecutivo de administración judicial, los negocios que hayan dado origen al pago de dineros por concepto de condenas, de una conciliación o de cualquier otro crédito surgido como consecuencia de la responsabilidad patrimonial de la Nación - rama judicial y determinar la procedencia de la acción de repetición.

PAR.—El concepto escrito del apoderado sobre la no viabilidad del llamamiento en garantía con fines de repetición le servirá de criterio auxiliar al comité al adoptar la decisión.

g) Coordinar la elaboración de los informes semestrales sobre la gestión del comité y de la ejecución de sus decisiones, con destino a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y a la dirección de defensa judicial de la Nación del Ministerio de Justicia y del Derecho.

h) Definir los criterios de idoneidad para la selección de abogados externos que hayan de encargarse de representar los intereses de la rama judicial y realizar el seguimiento de los procesos que se les encomienden.

i) Informar de inmediato a la dirección de defensa judicial de la Nación del Ministerio de Justicia y del Derecho, sobre la designación o el cambio del secretario técnico.

j) Darse su propio reglamento.

ART. 4º—Además de las funciones señaladas en el articulo 6º del Decreto 1214 de 2000, el secretario técnico tendrá a su cargo, las siguientes:

a) Preparar para la aprobación del comité, el reporte que éste debe enviar en los meses de junio y diciembre de cada año a la dirección de defensa judicial de la Nación del Ministerio de Justicia y del Derecho, relacionado con las acciones de repetición y los llamamientos en garantía que se presenten en el respectivo semestre.

b) Las demás que le asigne el comité.

ART. 5º—El comité de conciliación sesionará ordinariamente una vez al mes, y extraordinariamente cuando lo convoque su presidente para el análisis de situaciones específicas. Las sesiones tendrán lugar en la sede de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura o en las instalaciones de la dirección ejecutiva de administración judicial, según se determine en la citación.

ART. 6º—El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial y en la Gaceta de la Judicatura y deroga todas las disposiciones del Acuerdo 953 de octubre 18 de 2000 que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D.C., a 25 de septiembre de 2002.

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