ACUERDO 1692 DE 2003 

(Enero 15)

“Por el cual se dictan normas tendientes a descongestionar los juzgados penales de circuito especializado del territorio nacional”.

La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura,

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, especialmente las señaladas en el artículo 63 de la Ley 270 de 1996,

ACUERDA:

ART. 1º—Crear, por el término de tres (3) meses, cinco (5) juzgados penales de circuito especializado de descongestión en el distrito judicial de Bogotá, cada uno con la siguiente planta de personal:

Un (1) juez.

Un (1) auxiliar judicial grado 2.

Un (1) oficial mayor nominado.

ART. 2º—Crear, por el término de un(sic) (3) meses, un centro de servicios administrativos para el apoyo judicial, técnico y administrativo de los juzgados penales de circuito especializado de descongestión, el cual contará con la siguiente planta de personal:

Un (1) secretario nominado

Dos (2) oficiales mayores nominados

Cuatro (4) escribientes nominados

Dos (2) citadores grado 3

ART. 3º—La elección, en provisionalidad, de los jueces penales del circuito especializado de descongestión, lo efectuará la Sala Plena del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

ART. 4º—El nombramiento, en provisionalidad, de los cargos de los empleados del Centro de Servicios Administrativos de los juzgados penales del circuito especializado de descongestión, se efectuará de conformidad con el Acuerdo 781 de 2000.

El nombramiento, en provisionalidad, de los empleados de los juzgados penales del circuito especializado de descongestión, lo efectuará el respectivo juez.

ART. 5º—Los juzgados penales de circuito especializado de descongestión creados por el artículo primero de este acuerdo, conocerán exclusivamente de los procesos de extinción de dominio que se encuentren en curso en los juzgados penales de circuito especializado de todos los distritos judiciales del territorio nacional y de las acciones de igual naturaleza que sean remitidas durante la vigencia de la medida por los fiscales competentes, en los términos establecidos por la Ley 793 de 2002.

ART. 6º—Las sentencias que declaren o no la extinción del dominio, deberán ser dictadas y firmadas por el juez penal de circuito especializado de descongestión.

Los jueces de descongestión una vez dictada la sentencia correspondiente, enviarán de inmediato los expedientes de los procesos sobre extinción del dominio fallados a los juzgados penales de circuito especializado de origen, si a ello hubiere lugar, para que realicen la notificación de la sentencia y resuelvan sobre la concesión de los recursos pertinentes, en caso de ser interpuestos.

(Nota: Modificado el inciso segundo por el Acuerdo 2467 de 2004 artículo 10º del Consejo Superior de la Judicatura).

ART. 7º—Los juzgados penales de circuito especializado de todos los distritos judiciales elaborarán una lista de las acciones de extinción del dominio que deben enviar a sus homólogos de descongestión, con la siguiente información: juzgado de origen, código de identificación del proceso o número de radicación según corresponda de conformidad con el Acuerdo 201 de 1997, e identificación completa de los sujetos procesales.

La lista que contenga la relación y descripción de las acciones se diligenciará en tres copias: una acompañará al paquete de expedientes, otra se remitirá a la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de la respectiva jurisdicción y la tercera se fijará en los respectivos centros de servicios administrativos o en la secretaría del juzgado remitente, según el caso, para informar a las partes sobre el envío del expediente.

ART. 8º—Las respectivas direcciones seccionales de administración judicial, brindarán el apoyo administrativo y financiero para el traslado oportuno de los expedientes en condiciones de óptima seguridad a los juzgados de descongestión creados.

ART. 9º—La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, con la inmediata colaboración de las salas administrativas de los consejos seccionales de la judicatura de todo el país, verificará el cumplimiento y evaluará mensualmente los resultados de lo aquí establecido.

En virtud de los resultados de la evaluación, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura podrá revisar las medidas adoptadas en el presente acuerdo y decidir su prórroga o redefinición.

ART. 10.—El presente acuerdo sólo entrará a regir, una vez el Gobierno Nacional acredite la apropiación presupuestal indispensable para su ejecución, la cual comprenderá los gastos de funcionamiento y dotación, locativos y de seguridad de los servidores judiciales y de los despachos, de acuerdo con la solicitud que le presente la Sala Administrativa.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, 15 de enero de 2003.

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