ACUERDO 24 DE 1998 

(Julio 23)

“Por el cual se dictan disposiciones sobre el otorgamiento y administración del subsidio familiar de vivienda aplicable al mejoramiento de vivienda y entorno con habilitación legal de títulos de soluciones de vivienda de interés social.

La Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, Inurbe,

en uso de sus facultades legales y estatutarias, particularmente las establecidas en los numerales 7º y 9º del artículo 14 de la Ley 3ª de 1991 y en el artículo 9º del Decreto 706 de 1995,

ACUERDA:

ART. 1º—Los planes y programas de mejoramiento integral de vivienda y entorno con habilitación legal de títulos a que se refiere el presente acuerdo, podrán ser adelantados únicamente por los distritos y los municipios directamente o a través de los fondos de vivienda de interés social y reforma urbana, o por las áreas metropolitanas. Para la adquisición de las tierras dichas entidades deberán cumplir los procedimientos de enajenación voluntaria y/o expropiación judicial y/o administrativa contemplados en las leyes 9ª de 1989 y 388 de 1997.

ART. 2º—Para que un plan de mejoramiento de vivienda y entorno con habilitación legal de títulos sea declarado como elegible deberá cumplir con las siguientes condiciones:

a) Que el 100% de las viviendas objeto del plan presenten una o varias de las siguientes carencias: inestabilidad en la estructura, pisos en tierra, ausencia de cocina, baño y lavadero, falta de accesibilidad inmediata a la vivienda;

b) Que las carencias que se pretenden superar con las acciones de mejoramiento de vivienda y entorno existan con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente acuerdo;

c) Que el valor de las soluciones de vivienda que lo integran, una vez mejoradas y habilitadas, no exceda de los valores establecidos en los artículos 24 y 25, según sea el caso, del Decreto 706 de 1995;

d) Que el plan se desarrolle por cualquiera de las entidades señaladas en el artículo 1º del presente acuerdo;

e) Certificación expedida por el alcalde que acredite que la ocupación del terreno o terrenos ha ocurrido antes de la vigencia de la Ley 9ª de 1989;

f) Certificación expedida por el alcalde que acredite que los poseedores no tienen la posibilidad de acceder a la propiedad mediante procesos de pertenencia;

g) Certificación expedida por la oficina de planeación o la dependencia que cumpla sus funciones, en la que se acredite que los inmuebles de mejoramiento de vivienda y entorno con habilitación legal de títulos se encuentran destinados a vivienda de interés social dentro de los planes de ordenamiento que deben adoptarse según lo dispuesto en la Ley 388 de 1997;

h) Que el proyecto se encuentre financiado en un cien por ciento (100%);

i) Que dentro de los planes se encuentren contemplados como mínimo dos (2) deficiencias de entorno y/o espacio público, y

j) Que la entidad que desarrolle el plan presente conjuntamente con el formulario de inscripción de planes y programas los siguientes documentos:

1. Planos urbanísticos en los que aparezca el terreno a adquirir y las soluciones de vivienda a legalizar, con la constancia de la regularización urbanística expedida por la autoridad competente. 2. El diagnóstico sobre la ilegalidad de tenencia, con la historia de la ocupación, el tiempo de posesión, así como el censo de los poseedores, suscrito por el representante legal de la entidad responsable del plan. 3. Certificación expedida por el alcalde en la que se acredite que las soluciones de vivienda que integran el plan no están ubicadas en zona de alto riesgo, o en su defecto, la identificación de las operaciones y los recursos dispuestos para eliminar el mismo. 4. Copia auténtica del avalúo hecho por el Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” o por la entidad que cumpla sus funciones. 5. Copia auténtica del contrato de promesa de compraventa o de la escritura de compraventa suscrito con el propietario o propietarios de los terrenos de acuerdo con los procedimientos de enajenación voluntaria o expropiación contenidos en la Ley 9ª de 1989 y en la Ley 388 de 1997, o copia auténtica de la sentencia o acto administrativo que decida la expropiación. En el contrato de promesa de compraventa o en el título de adquisición deberá incluirse en forma expresa que el inmueble se adquiere para el mejoramiento de vivienda y entorno con habilitación legal de títulos. 6. Presupuesto del plan o programa discriminando los costos del mejoramiento de vivienda y entorno y de la habilitación legal de títulos que incluye los avalúos y otros documentos de legalización. En el presupuesto deberá indicarse el costo por solución de vivienda. 7. Indicación precisa del plazo de ejecución del plan. 8. Relación discriminada de los aportes de los hogares aspirantes al subsidio. 9. Certificación sobre la disponibilidad inmediata de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado.

PAR.—Para efectos de dar cumplimiento al requisito establecido en el literal g) del presente artículo y dentro de los diez y ocho (18) meses siguientes a la vigencia de la Ley 388 de 1997, serán admisibles las certificaciones expedidas por las oficinas de planeación o las dependencias que cumplan sus funciones, en las que conste que los predios se encuentran destinados a vivienda de interés social, de acuerdo a la normatividad urbanística vigente en el municipio o distrito correspondiente.

ART. 3º—El procedimiento de acceso al subsidio familiar de vivienda para el mejoramiento de vivienda y entorno con habilitación legal de títulos será de tipo asociativo.

ART. 4º—El tipo de solución de vivienda que debe entregarse a los hogares beneficiarios del subsidio familiar de vivienda por los oferentes de los programas es la Unidad Básica con la legalización del título de propiedad correspondiente.

ART. 5º—Los hogares postulantes al subsidio familiar de vivienda para aplicarlo a planes de mejoramiento de vivienda y entorno con habilitación legal de títulos deben cumplir con las siguientes condiciones:

a) Constituir un hogar en los términos del artículo 3º del Decreto 706 de 1995;

b) Ninguno de los miembros del hogar beneficiario del subsidio podrá ser poseedor o propietario de otra solución de vivienda;

c) Aportar al menos el 5% del valor de la solución de vivienda, en mano de obra o en dinero en efectivo, y

d) Los ingresos totales del hogar no pueden ser superiores a cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales.

ART. 6º—La cuantía del subsidio familiar de vivienda será de 210 UPAC, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Decreto 706 de 1995 y solamente podrá utilizarse para la rehabilitación legal de títulos hasta el sesenta por ciento (60%) de su valor.

ART. 7º—No podrán formularse programas de mejoramiento de vivienda y entorno con habilitación legal de títulos, respecto de los bienes fiscales que conforme a lo establecido en el artículo 58 de la Ley 9ª de 1989, puedan o deban ser objeto de cesión a título gratuito.

ART. 8º—En ningún caso, el otorgamiento del subsidio familiar de vivienda podrá ser aplicado al pago de avalúos, elaboración de planos, gastos de notariado y registro, contribuciones fiscales o parafiscales, impuestos prediales, de ornato o de parque y arborización, tasas de aseo, contribuciones de valorización, impuestos municipales de alineamiento o construcción, etc., que se adeuden con cargo a los predios ocupados.

Los municipios y los distritos, tramitarán ante sus respectivos concejos el saneamiento fiscal a que hubiere lugar para asegurar la realización de los planes o programas en su jurisdicción.

ART. 9º—El presente acuerdo rige desde su publicación y deroga en su totalidad el Acuerdo 14 de 1992.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a 23 de julio de 1998.

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