ACUERDO 2552 DE 2004 

(Agosto 4)

“Por el cual se regulan los gastos del proceso y la expedición de copias en la jurisdicción contencioso-administrativa”.

La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura,

en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial de las conferidas por los artículos 257 de la Constitución Política, 85 numeral 13 de la Ley 270 de 1996 y artículo 387 del Código de Procedimiento Civil,

ACUERDA:

ART. 1º—El valor de los gastos ordinarios del proceso en la jurisdicción contencioso administrativa, será el siguiente:

a) De las copias y su confrontación con el original:

• Ciento cincuenta pesos ($ 150.00) la hoja, cuando se trate de transcripción.

• Cien pesos ($ 100.00) la hoja, por reproducción mecánica, cuando esta se haga en equipos al servicio de la rama judicial.

b) De las certificaciones:

• Cuatro mil pesos ($ 4.000).

c) De los desgloses:

• Será el monto que resulte de sumar el valor de las fotocopias requeridas y de las certificaciones a que haya lugar.

d) De cada diligencia de notificación personal:

• Once mil pesos ($ 11.000.00), para el área urbana.

• Para las notificaciones que deban cumplirse en el área rural, la tarifa podrá aumentarse hasta en un cincuenta por ciento (50%), a juicio del magistrado ponente y teniendo en cuenta factores como la distancia, dificultades de acceso y costos regionales del transporte.

e) Para las publicaciones, comunicaciones telegráficas y portes de correo aéreo, la tarifa será la que cobren las entidades respectivas.

PAR. 1º—La sola labor de confrontación y autenticación no genera costo alguno.

En caso de que en el mismo proceso se suministre una sola dirección para notificar a dos o más personas, solo habrá lugar al cobro del valor de una (1) diligencia.

Cuando la notificación personal se surta directamente en el despacho judicial, su valor se reducirá al 50%.

No se cobrará nuevamente el valor de la notificación cuando esta resulte fallida por error imputable al empleado encargado de realizarla.

PAR. 2º—Tratándose de copias que no correspondan a gastos del proceso, será de cien pesos ($ 100) la hoja, cuando se trate de reproducción mecánica que se efectuará en los equipos de la rama judicial.

PAR. 3º—La expedición de copias no autenticadas también se podrá realizar por medio de disco magnético, el cual, por razones de protección a los sistemas de información de la rama judicial, será suministrado por el secretario del despacho o de la dependencia administrativa, con un costo equivalente al valor promedio del disquete, que a la fecha es de $ 1.000.

ART. 2º—Actualización. Los valores de los gastos ordinarios del proceso serán actualizados por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, durante el mes de enero cada dos años, en los términos del artículo 387 del Código de Procedimiento Civil.

Se tendrán en cuenta, entre otros factores, el costo promedio de los servicios de fotocopiado en la plaza y las decisiones administrativas sobre tarifas de servicio público de transporte y de correo.

En todo caso, el incremento no será superior al índice de precios al consumidor, registrado en el año inmediatamente anterior.

ART. 3º—Exoneraciones. En las acciones de tutela, en los casos de amparo de pobreza y en los que así lo disponga la ley, no habrá lugar al cobro de las sumas de que trata el presente acuerdo.

ART. 4º—Apertura de cuentas. Los secretarios de las secciones o subsecciones del Consejo de Estado o de los tribunales administrativos, en lo sucesivo los secretarios, abrirán una cuenta especial, denominada “Depósitos judiciales por gastos del proceso”, en la respectiva sucursal del Banco Agrario de Colombia S.A., donde serán consignados los valores determinados por gastos del proceso, así como las sumas correspondientes a las copias que se soliciten por fuera del proceso.

Las sumas consignadas generarán los rendimientos de que trata la Ley 66 de 1993, a favor de la rama judicial.

ART. 5º—Garantía. Los secretarios deberán otorgar una garantía de manejo de estos recursos por la suma de un millón de pesos ($ 1.000.000) mcte., cuyo costo será asumido por la rama judicial.

Esta cuantía se incrementará cada año en un veinte por ciento (20%).

ART. 6º—Consignación. El demandante deberá consignar en la cuenta de que trata el artículo 4º del presente acuerdo y dentro del término establecido en la respectiva providencia, la suma que se le fije para atender los gastos ordinarios del proceso.

En la misma cuenta se consignará el valor de las copias solicitadas por fuera del proceso de que trata este acuerdo.

ART. 7º—Manejo. Los secretarios abrirán un libro de contabilidad para registrar diariamente las operaciones de ingresos y gastos de cada proceso. El manejo de estos fondos estará bajo el control permanente del magistrado ponente. De igual forma, deberán llevar una contabilidad aparte con los dineros correspondientes a copias que no corresponden a gasto dentro del proceso.

La unidad de informática de la dirección ejecutiva de administración judicial elaborará un programa especial para el efecto, cuya aplicación será obligatoria y sustituirá el manejo manual.

Los secretarios debitarán de la cuenta de que trata el artículo 4º del presente acuerdo las sumas que se requieran para sufragar los gastos, tanto de las actuaciones que se realicen con la utilización de servicios de terceros, como las que se atienden por la rama judicial, verbigracia, las notificaciones, las certificaciones y realizarán el pago o consignación, según el caso, en la cuenta que cada dirección ejecutiva seccional de administración judicial tiene para estos efectos, la cual será suministrada a los secretarios.

ART. 8º—Inversión. Las sumas que se consignen en la cuenta de las direcciones seccionales de administración judicial se destinarán a sufragar los gastos de los procesos y a adquirir los elementos necesarios para el funcionamiento y dotación del Consejo de Estado o del tribunal administrativo respectivo.

Las direcciones ejecutivas seccionales de administración judicial presentarán semestralmente —en los meses de junio y diciembre— un proyecto de presupuesto de gastos ante la dirección ejecutiva de administración judicial para que por su intermedio, sea sometido a su aprobación por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Su ejecución se hará previa incorporación, de manera consolidada, en el presupuesto general de la rama judicial.

Semestralmente —en los meses de junio y diciembre— la dirección ejecutiva de administración judicial rendirá a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura informes consolidados y detallados, tanto de los ingresos obtenidos por las direcciones ejecutivas seccionales de administración judicial, como de la ejecución de los presupuestos.

PAR.—La contratación que se realice estará sometida a las reglas de la Ley 80 de 1993 y a lo dispuesto por el Acuerdo 163 de 1996, emanado de esta Sala.

ART. 9º—Prescripción. Si transcurridos dos años, contados a partir de lo dispuesto en el artículo anterior, sin que los remanentes hubieren sido reclamados, se decretará su prescripción a favor del Tesoro Nacional, de conformidad a lo establecido en el Acuerdo 1115 de 2001.

ART. 10.—Vigilancia y control. La unidad de auditoría de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura tendrá a su cargo la vigilancia y control del cobro, manejo e inversión de las sumas que se recauden por concepto de los gastos ordinarios del proceso. Las salas administrativas de los consejos seccionales de la judicatura le colaborarán a través de las visitas que realicen a los despachos judiciales.

ART. 11.—Transición. Las sumas actualmente recaudadas y que se encuentren en las cuentas de que trata el Decreto 2867 de 1989, serán utilizadas para atender las erogaciones asumidas por la rama judicial, para lo cual los secretarios darán aplicación a lo dispuesto en el artículo 7º del presente acuerdo.

Las cantidades que ingresen a las cuentas de las direcciones seccionales de administración judicial, descontadas las destinadas a atender el pago de las actuaciones y servicios, serán aplicadas conforme lo dispone el artículo 8º del presente acuerdo.

Los secretarios harán las respectivas conciliaciones y rendirán a más tardar el 15 de enero del 2004, un informe detallado a la dirección ejecutiva de administración judicial.

Durante el mes de febrero de 2004 la dirección ejecutiva de administración judicial, con base en el informe de que trata el inciso anterior, realizará un proyecto de presupuesto de gastos, que se someterá a la aprobación de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, a fin de dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 8º del presente acuerdo.

Las sumas correspondientes a procesos activos o no retiradas por los interesados que no fueren objeto de declaratoria de prescripción, serán consignadas a partir de la entrada en vigencia del presente acuerdo, en la cuenta de que trata el artículo 4º del presente acuerdo.

ART. 12.—Derogatorias y vigencia. El presente acuerdo deroga el Acuerdo 2165 de 2003 y empieza a regir a partir de su publicación en la Gaceta de la Judicatura y en el Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D.C., a 22 de septiembre de 2004.

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