Instituto Colombiano de Desarrollo Rural

ACUERDO 311 DE 2013  

(Julio 16)

“Por medio del cual se modifica parcialmente el Acuerdo 308 del 17 de abril de 2013”.

(Nota: Véase Acuerdo 325 de 2013 Instituto Colombiano de Desarrollo Rural)

(Nota: Derogado por el Acuerdo 344 de 2014 artículo 32 del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural)

El Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, (Incoder),

en uso de sus facultades legales y en desarrollo de lo dispuesto en los artículos 1º, 3º y 7º de la Ley 160 de 1994; el Decreto 2164 de 1995; Ley 70 de 1993; Decreto 1745 de 1995; numeral 3º del artículo 3º y el numeral 4º del artículo 4º del Decreto 3759 de 2009, y

CONSIDERANDO:

Que los artículos 2º, 13 y 65 de la Constitución Política de 1991, establecen que dentro de los fines esenciales del Estado se encuentra el de promover la prosperidad general, brindando especial atención a aquellas personas que por su condición económica se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta, así como la prioridad del desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, con el propósito de incrementar su productividad.

Que conforme al Decreto 3759 de 2009, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), tiene por objeto fundamental ejecutar la política agropecuaria y de desarrollo rural, facilitar el acceso a los factores productivos, fortalecer a las entidades territoriales y sus comunidades y propiciar la articulación de las acciones institucionales en el medio rural, bajo principios de competitividad, equidad, sostenibilidad, multifuncionalidad y descentralización, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los pobladores rurales y al desarrollo socioeconómico del país.

Que así mismo, son objetivos del Incoder promover la identificación y consolidación económica y social de las áreas de desarrollo rural mediante el apoyo técnico y financiero a programas de desarrollo productivo agropecuario, forestal y pesquero de propósito común, que permitan a los actores rurales la identificación de oportunidades que su realidad les ofrece y la concertación de las inversiones requeridas; facilitar a los pequeños y medianos productores rurales el acceso a la tierra y demás factores productivos, promoviendo diferentes alternativas para el uso eficiente, racional y sostenible de los mismos; y gestionar y otorgar recursos de cofinanciación, subsidios e incentivos para apoyar la ejecución de programas de desarrollo agropecuario y rural en los territorios en donde se establezcan las áreas de actuación.

Que es función del Incoder promover y consolidar la paz, a través de mecanismos encaminados a lograr la justicia social, la democracia participativa y el bienestar de la población campesina y de las comunidades étnicas, promoviendo, apoyando y coordinando el mejoramiento económico, social y cultural de la población rural.

Que el numeral 16 del artículo 18 del Decreto 3759 de 2009 establece que son funciones de la subgerencia de gestión y desarrollo productivo el “definir lineamientos y criterios técnicos para que las direcciones territoriales adelanten acciones relacionadas con la promoción social de la consolidación económica y social de las áreas de desarrollo rural, mediante programas de desarrollo productivo agropecuario, forestal y pesquero de propósito común que permitan atender realidades específicas de las comunidades rurales y étnicas, en consonancia con las políticas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y en cumplimiento del plan anual de inversiones aprobado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes)”.

Que mediante el Acuerdo 308 del 17 de abril de 2013, el Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural reglamentó el programa de cofinanciación e implementación de proyectos de desarrollo rural con enfoque territorial en las áreas de actuación del Incoder, bajo la modalidad de oferta para realizar intervenciones integrales, promoviendo el ordenamiento económico, social y ambiental de los territorios rurales, con el fin de contribuir a la reducción de la pobreza rural, fortaleciendo la capacidad de generación de ingresos, mejorando las condiciones de vida de la población rural y aumentando la competitividad de la producción regional.

Que el artículo 9º del Acuerdo 308 del 17 de abril de 2013, establece que para acceder al programa de cofinanciación e implementación de proyectos de desarrollo rural, los beneficiarios podrán ser integrantes de comunidades étnicas, que sean miembros de una comunidad legalmente constituida.

Que el artículo 22 del citado acuerdo establece las tipologías de proyectos de desarrollo rural a implementar, teniendo en cuenta el estado actual de los predios y de los beneficiarios al momento de la caracterización. Por su parte, el artículo 29 señala el monto de la cofinanciación, que tiene un carácter de asignación individual por familia para efectos de cálculo de cobertura de familias y para guiar la formulación y alcance de los proyectos.

Que conforme al artículo 330 de la Constitución Política de 1991, los territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades. Al respecto, el significado que tiene el derecho a la tierra para los pueblos indígenas es más complejo que el simple reconocimiento de su posesión colectiva. Incluye también el reconocimiento de un conjunto de garantías culturales, sociales y políticas que son inescindibles de los derechos territoriales.

Por su parte, el artículo 63 de la carta, que forma parte del bloque de los derechos sociales, económicos y culturales, se refiere a las tierras de resguardo como inalienables, imprescriptibles e inembargables y el artículo 329 reitera que los resguardos “son de propiedad colectiva y no enajenable”. Esta definición de las tierras ancestrales indica que el constituyente las concibió como algo más que simples bienes raíces y las ligó a la existencia étnica y cultural de las comunidades(1).

Que las comunidades étnicas cuentan con formas de vida y ocupación territorial asociadas al manejo comunitario del territorio y de sus dinámicas de producción. En consecuencia, el Incoder ha promovido la titulación colectiva de territorios a comunidades étnicas para el desarrollo de sus actividades rurales y con el fin de promover el asentamiento de las comunidades en su territorio.

En efecto, de las disposiciones de la Constitución se infiere que la propiedad colectiva de los resguardos obedece a que en la concepción indígena existe una unidad inescindible entre pueblo y territorio comunal.

Que en consecuencia, resulta necesario establecer que el otorgamiento de cofinanciación e implementación de proyectos de desarrollo rural en territorios de comunidades étnicas, debe tener en cuenta la formulación de proyectos productivos colectivos para el beneficio de toda la comunidad, que hace parte del resguardo o del consejo comunitario respectivo, tomando en cuenta la forma de propiedad colectiva reconocida en la constitución e interpretada por la Corte Constitucional a través de subreglas como la de “ámbito territorial”, gracias a las cuales el Incoder ha podido amparar los derechos colectivos de las comunidades.

Que esta medida que se dispone adecuar al Acuerdo 308 del 17 de abril de 2013, en manera alguna requiere agotar el trámite de consulta previa a las comunidades étnicas, ya que no constituye una afectación directa a las mismas.

Que sobre el particular, la Sentencia C-702 de 2010 señaló que “(...) los principios jurídicos provenientes tanto de la propia Constitución Política, como del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que soportan la mencionada doctrina jurisprudencial relativa al deber de consulta a las comunidades étnicas durante el trámite legislativo, resultan aplicables no solo a las leyes en sentido formal, sino a la adopción de cualquier norma jurídica con el mismo alcance de afectar a tales comunidades”.

Que por su parte, la Sentencia C-317 de 2012 proferida por la Corte Constitucional, señala que “(...) la obligación constitucional e internacional de realizar la consulta previa con los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes en casos de medidas legislativas, incluidos los tratados internacionales y sus leyes aprobatorias, es que la afectación generada para dichos pueblos y comunidades por tales medidas legislativas sea directa”.

Que para el presente caso no se requiere agotar el trámite de consulta previa con las comunidades étnicas, toda vez que el programa de cofinanciación e implementación de proyectos de desarrollo rural está destinado de carácter general para el beneficio de las comunidades, además que sus disposiciones y procedimientos no regulan ni modifican aspectos que tienen una vinculación intrínseca con la definición de la identidad étnica de las comunidades.

Al respecto, la Corte Constitucional ha concluido que existe una afectación directa si se adopta, una regulación de temas sobre los cuales los pueblos indígenas tienen derechos constitucionales específicos; por ejemplo, en materia de educación(2); no obstante, para el presente caso se trata de establecer las tipologías de proyectos de desarrollo rural a implementar, tanto para beneficio de los pobladores rurales como de las comunidades étnicas, lo cual en manera alguna constituye una alteración al ethos(3) o a la naturaleza intrínseca de la identidad colectiva y cultural de la comunidad.

Que en consecuencia, el Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, (Incoder),

RESUELVE:

ART. 1º—Modificar parcialmente el artículo 22 del Acuerdo 308 del 17 de abril de 2013, el cual quedará así:

“ART. 22.—Tipologías de proyectos: La formulación de los proyectos productivos estará guiada por el estado actual de los predios y sus beneficiarios en el momento del desarrollo de la caracterización, y diagnóstico participativo, de la siguiente manera:

Tipología 1. Familias y predios con desarrollo productivo establecido, en etapa improductiva: Son aquellos predios que cuentan con un proyecto acorde con la vocación, pero que actualmente no están en producción o tienen una producción incipiente que no genera los ingresos suficientes. Por lo tanto en este tipo de predios los esfuerzos deben orientarse a incrementar los ingresos de las familias con actividades productivas paralelas a un proyecto principal.

Tipología 2. Familias y predios con desarrollo productivo establecido, en producción: Son aquellos predios que cuentan con un proyecto acorde con la vocación, y que actualmente está en producción y generando unos ingresos mínimos. En este caso los esfuerzos deben orientarse a mejorar las condiciones de producción principales para aumentar los ingresos y dado el caso a la continuación de la cadena productiva en cuanto a transformación o beneficio primario y/o comercialización.

Tipología 3. Familias y predios con desarrollo productivo establecido y explotaciones no acordes con los requerimientos técnicos y/o comerciales: Son predios con iniciativas productivas y comerciales insostenibles, bien sea desde el punto de vista técnico productivo, económico y/o ambiental. Esta tipología, requiere una transformación de las actividades productivas, mediante el mejoramiento de las prácticas que se desarrollan actualmente para que se transformen en actividades que les permitan ser competitivos y sostenibles, que contribuyan a mejorar el nivel de vida de la población rural. En esta tipología se propone realizar un proceso de cambio concertado, involucrar cambios tecnológicos, y recuperación de zonas degradadas, sin perder de vista que contribuyan a uno o más de los siguientes aspectos: productividad, competitividad y generación de ingresos.

Tipología 4. Familias y predios sin desarrollo productivo establecido: Son aquellos predios que no cuentan con un desarrollo productivo en la actualidad, lo que implica realizar una propuesta inicial productiva concertada para la formulación del proyecto. Paralelamente se deben desarrollar iniciativas productivas que permitan el desarrollo productivo, seguridad alimentaria y generación de ingresos en el corto plazo.

Tipología 5. Familias y predios pertenecientes a comunidades étnicas: Son aquellos predios que pueden contar o no con desarrollo productivo en la actualidad, lo que implica realizar una propuesta inicial productiva concertada para la formulación del proyecto. Paralelamente se deben desarrollar iniciativas que permitan el desarrollo productivo, seguridad alimentaria y generación de ingresos en el corto plazo. Adicionalmente, requieren una transformación de las actividades productivas, mediante el mejoramiento de las prácticas que se desarrollan actualmente para que se transformen en actividades que les permitan ser sostenibles, que contribuyan a mejorar el nivel de vida de la comunidad”.

(Nota: Derogado por el Acuerdo 344 de 2014 artículo 32 del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural)

ART. 2º—Modificar parcialmente el artículo 29 del Acuerdo 308 del 17 de abril de 2013, el cual quedará así:

“ART. 29.—Monto de la cofinanciación: Con el fin de apoyar a cada familia en la cofinanciación de su iniciativa y de generar un impacto positivo para la generación de ingresos de la población objeto, el valor para la cofinanciación e implementación del proyecto será de hasta 20 smlmv para cada núcleo familiar, sea de población campesina o de comunidad étnica, y de hasta 24 smlmv para cada núcleo familiar de población desplazada”.

PAR. 1º—El número de salarios mínimos estimados tiene un carácter de asignación individual por familia para efectos del cálculo tanto de cobertura de familias con la vigencia presupuestal, como también para guiar la formulación y alcance de los proyectos; en ningún momento se adjudicarán individualmente los recursos a las familias, la cofinanciación se hará en forma global para cada proyecto y su manejo será con relación al plan de inversión del mismo a través de una única cuenta controlada de firma conjunta (Institución/Beneficiarios) a favor del proyecto y todos sus beneficiarios.

PAR. 2º—En el caso de proyectos de implementación de desarrollo rural en predios pertenecientes a comunidades étnicas, el monto aplicado a las familias beneficiarias podrá ser utilizado en beneficio del conjunto de la comunidad, según lo establezca la asamblea general de sus miembros.

(Nota: Derogado por el Acuerdo 344 de 2014 artículo 32 del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural)

ART. 3º—Vigencia y derogatorias. El presente acuerdo rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Publíquese, notifíquese, regístrese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 16 de julio de 2013.

(1) “Evolución política y legal del concepto de territorio ancestral indígena en Colombia”.- Ángel Libardo Herreño Hernández.

(2) Sentencia C-208 de 2007, MP. Rodrigo Escobar Gil.

(3) Sentencia C-175/09.- “Para el caso particular de las medidas legislativas, la consulta se predica solo de aquellas disposiciones legales que tengan la posibilidad de afectar directamente los intereses de las comunidades. Por lo tanto, aquellas medidas legislativas de carácter general, que afectan de forma igualmente uniforme a todos los ciudadanos, entre ellos los miembros de las comunidades tradicionales, no están prima facie sujetas al deber de consulta, excepto cuando esa normatividad general tenga previsiones expresas, comprendidas en el ámbito del Convenio 169 de la OIT, que sí interfieran esos intereses”.

(Nota: Véase Acuerdo 325 de 2013 Instituto Colombiano de Desarrollo Rural)

(Nota: Derogado por el Acuerdo 344 de 2014 artículo 32 del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural)