Instituto Colombiano de Desarrollo Rural

ACUERDO 329 DE 2014 

(Febrero 20)

“Por el cual se determinan los criterios y el procedimiento de priorización de casos del programo(sic) previsto por el Decreto 1277 de 2013 y la selección de beneficiarios del Quimbo”.

El Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder,

en uso de sus facultades legajes y estatutarias y en desarrollo de las atribuciones contenidas en los artículos 31 y 32 de la Ley 160 de 1994, artículo 3º del Decreto 1277 de 2013, el Decreto 2666 de 1994 y los numerales 6 y 7 del artículo 7º del Decreto 3759 de 2009,

CONSIDERANDO:

Que conforme con el ordinal segundo del artículo 1º de la Ley 160 de 1994 se dirige a reformar la estructura de la propiedad, entre otros, a través de la implementación de programas de redistribución de la propiedad para “dotar de tierras a los hombres y mujeres campesinos de escasos recursos, mayores de 16 años que no la posean, a los minifundistas, mujeres campesinas jefes de hogar (...) y a los beneficiarios de los programas especiales que establezca el Gobierno Nacional”.

De acuerdo con el numeral 2 del artículo 3º del Decreto 3759 de 2009 es un objetivo del Incoder “facilitar a los pequeños y medianos productores rurales el acceso a La tierra y demás factores productivos, promoviendo diferentes alternativas para el uso eficiente, racional y sostenible de los mismos”.

Que la adquisición directa de predios se encuentra contemplada en el capítulo VI de la Ley 160 de 1994 de acuerdo con el cual el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, podrá adquirir mediante negociación directa o decretar la expropiación de predios, mejoras rurales y servidumbres de propiedad privada o que hagan parte del patrimonio de entidades de derecho público, con el objeto de dar cumplimiento a los fines de interés social y utilidad pública definidos en esta Ley, únicamente en los siguientes casos:

a) Para las comunidades indígenas, afrocolombianas y demás minorías étnicas que no las posean, o cuando la superficie donde estuviesen establecidas fuere insuficiente;

b) Dotar de tierras a los campesinos habitantes de regiones afectadas por calamidades públicas naturales sobrevivientes;

c) Para beneficiar a los campesinos, personas o entidades respecto de las cuales el Gobierno Nacional establezca programas especiales de dotación de tierras o zonas de manejo especial o que sean de interés ecológico.

Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1277 de 21 de junio de 2013, “por medio del cual se crea un programa especial de dotación de tierras”. Dicho programa es para atender a los siguientes sujetos:

1. Personas vulnerables de la zona de ejecución del proyecto hidroeléctrico “El Quimbo” en el departamento del Huila, que no sean propietarias de tierras y sean sujetos de reforma agraria.

2. Personas que se encuentren autorizadas por el Incoder en predios rurales en procesos de extinción del dominio que hayan sido entregados por el Consejo Nacional de Estupefacientes, o quien haga sus veces, al Instituto en depósito provisional en calidad de bienes incautados, y que tengan que ser entregados a sus propietarios por no haberse extinguido el dominio sobre los mismos.

3. Personas cuya reubicación sea necesaria desde el punto de vista técnico definidos por el Incoder o la autoridad competente, que hayan sido adjudicatarias o que no sean ocupantes de hecho, de predios del Fondo Nacional Agrario que se encuentren en zonas de protección o manejo ambiental, zonas inundables, zonas con riesgo de deslizamiento, zonas inadjudicables, zonas erosionadas, u ocupados por nuevos adjudicatarios, o en los que se requiera recomponer la Unidad Agrícola Familiar, UAF.

4. Adjudicatarios de tierras de buena fe del extinto Incora o del Incoder, que deban devolver el predio adjudicado como consecuencia de un fallo judicial diferente a los derivados de la Ley 1448 de 2011.

5. Beneficiarios de fallos judiciales debidamente ejecutoriados que ordenan al Incoder su cubicación.

6. Propietarios u ocupantes de zonas que deban someterse a un manejo especial o que sean de interés ecológico y que deban ser reubicados.

7. Adjudicatarios de predios del Fondo Nacional Agrario a quienes el Incora o el Incoder no han podido entregarles materialmente el predio adjudicado, a pesar de los esfuerzos hechos por el Instituto.

Que dicho programa así como otros programas especiales creados por el Gobierno Nacional, será el soporte para la realización de la priorización de los casos que serán seleccionados por el procedimiento que en el presente acuerdo se establece.

De acuerdo con el numeral 6 del artículo 21 del Decreto 3759 de 2009 corresponde a la Dirección técnica de procesos agrarios del Incoder “Adelantar los procesos de adquisición de tierras mediante negociación directa para atender beneficiarios de programas especiales”,

Que de acuerdo al numeral 12 del artículo 23 del Decreto 3759 de 2009 corresponde a la Dirección técnica de ordenamiento productivo “Determinar la vocación de las tierras rurales que serán objeto de los programas del lncoder y adelantar el ordenamiento productivo de los predios rurales de la nación”.

Que con el propósito de cumplir con los objetivos misionales demarcados por la Ley 160 de 1994 y conforme con lo establecido por el numeral 6 del artículo 7º del Decreto 3759 de 2009 el Consejo Directivo se encuentra facultado para “señalar los criterios generales para la ejecución de los planes, programas, proyectos, y recursos del Instituto, para el cumplimiento del objeto y funciones para el cual fue creado.”, el Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, en mérito de lo expuesto,

ACUERDA:

Disposiciones preliminares

ART. 1º—Campo de aplicación. El presente acuerdo establece los criterios de priorización y selección de casos que serán objeto de adquisición de predios para atender a los beneficiarios del programa especial de dotación de tierras previsto en el Decreto 1277 de 2013.

CAPÍTULO I

Registro, calificación y selección de casos

ART. 2º—Registro. La Dirección técnica de procesos agrarios será la encargada de crear y alimentar el registro de los casos para la adquisición de tierras que sean sujeto del presente acuerdo.

Para la conformación del registro la Dirección técnica de procesos agrarios oficiará a todas las dependencias del instituto para que informe, en las condiciones y los términos requeridos, sobre los casos sujetos del presente acuerdo.

Mediante acta aprobatoria del comité de priorización, creado mediante el presente acuerdo, la subgerencia de tierras mediante acto administrativo ordenará la incorporación en el registro en donde se señalen los supuestos de hecho que justifican su inclusión conforme a las expresas causales previstas en el Decreto 1277 de 2013.

El acta de comité deberá señalar los supuestos de hecho que justifican su inclusión conforme a las expresas causales previstas en el Decreto 1277 de 2013 y los factores de calificación que se aplicaron.

PAR. 1º—Para los efectos aquí señalados la gerencia general, a través de la subgerencia de tierras rurales, mediante circular determinará la información necesaria para la incorporación al registro, la forma de su remisión y los periodos de recepción.

PAR. 2º—Las normas previstas en el presente capítulo no son aplicables para la causal de dotación de tierras del “El Quimbo”, las cuales se regularan conforme al Capítulo IV del presente acuerdo.

Tampoco serán objeto de las normas previstas en el presente capítulo las adjudicaciones que deben efectuarse en cumplimiento de sentencias judiciales previstas en los numerales 4 y 5 del artículo 1º del Decreto 1277 de 2013. Tales casos deben ser atendidos por el Instituto can criterios especiales de priorización.

ART. 3º—Factores de calificación para la priorización. Incorporados al registro, y con el propósito de establecer el orden en el que serán atendidos, estos serán calificados conforme a los siguientes factores y puntajes:

1. Familias a beneficiar: Máximo cien (100) puntos. Se dará una calificación de un (1) punto por cada familia que se proyecte como adjudicataria en la resolución del caso.

2. Tiempo histórico de la problemática: Máximo cincuenta (50) puntos. Se dará una calificación de cinco (5) puntos por cada año transcurrido en el que se haya encontrado pendiente de resolverse el caso. El término acá señalado comenzará a computarse desde el momento en el que se acredite que el Instituto conoció del caso.

3. Tiempo dentro del registro: Máximo cincuenta (50) puntos. Se dará una calificación de cincuenta (50) puntos por cada año transcurrido entre el momento de incorporación al registro. Esta puntuación se acumulará por los periodos que resulten hasta su solución.

PAR. 1º—Los criterios acá previstos no serán aplicables para aquellos casos en los que otras entidades y/o particulares concurran en la solución de la problemática de los casos incorporados al registro, aportando al financiamiento de los rubros destinados a la compra de tierras en un porcentaje no menor al cincuenta por ciento (50%). Estos casos, serán atendidos prioritariamente.

ART. 4º—Revisión, verificación y precalificación. Corresponde a la Dirección Técnica de Procesos Agrarios, realizar la revisión y verificación de los requisitos y la precalificación la priorización que será llevada al comité de selección de casos.

La Dirección Técnica de Procesos Agrarios será la encargada de adelantar las siguientes tareas:

1. Conformación del expediente en donde se encuentre las diligencias preliminares debidamente foliado, incorporar en el expediente los documentos antecedentes que existan sobre la propiedad, tenencia u ocupación del predio, las actas del comité de selección si las hubiere, los actos administrativos expedidos por las autoridades del Instituto, las comunicaciones de los interesados con la entidad, las actas de visita o inspección ocular al terreno.

2. Se incorporará en el expediente actuaciones y/o conceptos de otras entidades en donde manifiesten las condiciones especiales del caso.

3. Se hará la revisión de los casos en un término no mayor a 20 días hábiles a partir de que fue conformado el registro por todas las dependencias, teniendo en cuenta las siguientes reglas:

I. Efectuar los cruces de información institucional para determinar si el caso o la problemática no ha sido atendido por otro programa.

II. Efectuar los cruces de información necesarios para verificar los antecedes penales de las personas aspirantes.

2. Realizar la labor de priorización de los casos según los factores de calificación, en un término no mayor a ocho (8) días hábiles contados a partir de la terminación de la etapa de verificación. Esta etapa comprende las siguientes actividades:

I. Establecer la priorización de conformidad con la metodología determinada en el presente acuerdo.

II. Conformar una lista de potenciales casos elegibles, de mayor a menor, según el puntaje obtenido.

3. Presentar los documentos que se mencionan en los puntos precedentes a consideración del comité de priorización que trata el siguiente artículo.

ART. 5º—Comité de priorización. El director técnico de procesos agrarios deberá cursar citación para convocar al comité de selección de casos, el cual estará integrado por las siguientes personas:

1. El subgerente de tierras rurales quien lo presidirá.

2. El subgerente de gestión y desarrollo productivo.

3. Subgerente de promoción y acompañamiento y asuntos étnicos.

4. Procurador delegado para asuntos ambientales y agrarios del nivel nacional.

5. El (la) representante de las organizaciones campesinas que hace parte del consejo directivo del Incoder.

6. El (la) director(a) técnico de procesos agrarios quien será el secretario técnico del comité, tendrá voz pero no voto.

ART. 6º—Funciones del comité de selección de casos. El comité cumplirá con las siguientes funciones:

a) Verificar la elegibilidad e inelegibilidad de los casos;

b) Verificar y analizar la lista de formularios no precalificados;

c) Verificar y analizar las prioridades que en el marco de la elegibilidad se presentan para la selección;

d) Validar la priorización haciendo los comentarios, correcciones o reservas que consideren necesarios, mediante el acta que será firmada por todos;

e) Hacer las recomendaciones que consideren pertinentes para los casos que deberán surtir el trámite de adquisición de tierras.

PAR. 1º—El comité de selección dejará consignado en acta las deliberaciones y recomendaciones la cual será suscrita por todos los participantes.

PAR. 2º—La convocatoria a tos funcionarios se hará con por lo menos ocho (8) días hábiles de anticipación a la fecha de la reunión, con indicación de la fecha, lugar y hora en que se celebrará.

PAR. 3º—El director técnico de procesos agrarios iniciará el trámite de negociación voluntaria para los casos que hayan sido seleccionados y avalados por el comité de selección, en el orden que sean seleccionados, en el número de casos que se puedan atender ron la disponibilidad presupuestal que se tenga para la adquisición de tierras en la respectiva anualidad.

CAPÍTULO II

Condiciones que deben reunir los predios para compra directa por parte del Incoder

ART. 7º—Los requisitos o exigencias mínimas que deberán cumplir los predios rurales que sean propuestos u ofrecidos o identificados para su compra directa serán los dispuestos en los capítulos VI de la Ley 160 de 1994 y las disposiciones previstas en el Decreto 2666 de 1994, o la norma que sustituya, modifique, complemente o reglamente.

PAR.—Para la selección de los predios la Dirección Técnica de Procesos Agrarios se contará con el apoyo de la Dirección Técnica de Ordenamiento Productivo en la aplicación de los requisitos establecidos en el Decreto 2666 de 1994.

ART. 8º—Condiciones jurídicas de los predios. Los predios que se pretenden adquirir con fin de atender los casos sujetos del presente acuerdo, deberán contar con las siguientes características:

a) Acreditar la propiedad privada conforme lo establece el artículo 48 de la Ley 160 de 1994;

b) Ser plenamente identificable, con número de folio de matrícula inmobiliaria, código catastral, linderos, nombre del predio y demás criterios que permitan su individualización;

c) Ser susceptible de enajenación;

d) No encontrarse inscrito en el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados (Rupta) o reclamado en procesos de restitución y/o reparación;

e) No encontrarse en litigio, con medida cautelar inscrita en el correspondiente folio de matrícula inmobiliaria, con ocupaciones de hecho y/o posesión alguna, con limitación al dominio, afectación y/o cualquier gravamen que afecte los derechos de propiedad a transferir sobre el predio;

f) Contar con condiciones de seguridad suficientes, que no generen ningún riesgo para el beneficiario, para la cual se deberá verificar con las entidades correspondientes, entre ellas: Grupo de gestión en prevención, protección y seguridad de la unidad de restitución de tierras; Unidad para la atención y reparación integral a víctimas; Sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo;

g) Que respecto del predio no se haya elevado solicitud al Incoder por parte de comunidades étnicas dirigidas a obtener su adquisición para la constitución y ampliación de resguardos, y/o titulación colectiva;

h) Que el predio no se encuentre en proceso de extinción de dominio previsto en la Ley 793 de 2002;

i) Que el predio no haya sido objeto, dentro de los quince años anteriores, de titulación de baldíos. En todo caso, e independiente del término, se deberá comprobar que los predios objeto de adquisición no sean constitutivos de fenómenos irregulares de concentración de la propiedad;

j) Que el predio no sea objeto de procesos agrarios adelantados por el Incoder, de conformidad con la Ley 160 de 1994.

k) Que en el predio no se constate la existencia de cultivos ilícitos, presencia de minas antipersonales o munición sin explotar.

PAR. 1º—Si el Incoder evidencia, durante el trámite de la adquisición del predio, que es objeto de investigación por despojo o existe fallo judicial que así lo declare, se rechazará de plano el caso y se informará a las autoridades competentes.

PAR. 2º—El Incoder verificará que sobre el predio ofertado no exista la posibilidad presente o futura de procedencia y éxito de la acción de rescisión por lesión enorme de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1947 del Código Civil.

ART. 9º—Condiciones técnicas de los predios. Los predios que se pretenden adquirir deben reunir las siguientes condiciones técnicas mínimas:

a) Ubicación: Estar ubicados en zonas aptas para la producción agrícola, pecuaria, acuícola, pesquera y/o forestal, clasificadas como suelo rural en los Planes de Ordenamiento Territorial, POT, o en los respectivos Esquemas de Ordenamiento Territorial, EOT, de cada municipio;

b) Superficie agropecuaria potencialmente utilizable en el proyecto productivo planificado: Los predios rurales potencialmente adjudicables, deberán tener una extensión que asegure el desarrollo competitivo y sostenible del proyecto productivo formulado de conformidad con el concepto de UAF. El área de superficie agropecuaria utilizable, será igual a la necesaria para garantizar técnica, económica, social y ambientalmente la ejecución del respectivo proyecto productivo, sin involucrar en ella las áreas de protección con cobertura vegetal actualmente existente en el respectivo predio, las cuales sean debidamente identificadas y delimitadas en el correspondiente levantamiento topográfico, cuyo mantenimiento y protección evite alteraciones a las condiciones ecosistémicas de los predios. En los casos en los que los predios posean bosques de diferentes tipos y función, estos serán considerados como áreas protegidas del nivel predial, por lo cual los proyectos productivos no incrementarán su intervención sobre ellas, evitándose así la expansión de la frontera agropecuaria existente. En todo caso, de ser verificada la intervención en áreas delimitadas como de protección dentro del predio, se incurrirá en causal de acaecimiento de la caducidad administrativa, conforme a la reglamentación vigente sobre el particular. Estas limitaciones de orden especial deben estar consignadas en la resolución de adjudicación;

c) Disponibilidad de aguas: El predio debe contar con los requerimientos suficientes de agua para desarrollar los proyectos productivos. Cuando se requieran obras complementarias para asegurar las disponibilidades de agua se determinarán los balances hídricos de oferta y demanda. Lo anterior, sin perjuicio de los demás permisos, concesiones y/o autorizaciones ambientales que se requieran según cada caso;

d) Clases agrológicas y topografía: El predio debe tener la calidad mínima de los suelos en términos de clases agrológicas y la topografía requerida para el desarrollo del proyecto productivo de acuerdo a la tecnología del sistema de producción a ser implementado.(sic) para asegurar un desarrollo competitivo y sostenible del mismo. Los predios no podrán tener más del diez por ciento (10%) de su área total en la clase agrológica y, ni más del 20% en clases agrológicas VII y VIII no fértil, ni que se encuentren localizados por encima de los 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar (msnm). La condición de fertilidad que permite la utilización de estos suelos se definirá por la explotación actual, siempre y cuando se estén utilizando cultivos permanentes o se proyecte su implementación. En el caso que las clases agrológicas VII y VIII se encuentren con cobertura de bosques, se tomarán como área no productiva del predio;

e) Componente ambiental: No se admitirán predios que presenten restricciones de orden ambiental, de protección especial, de niveles máximos de riesgos tales como inundaciones y deslizamientos, entre otros, de explotación de recursos naturales no renovables, o que estén localizados en áreas ocupadas por obras de infraestructura, ni aquellos que se encuentren localizados en áreas de conservación y protección ambiental, tales como:

— Áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, salvo que se trate de Distritos de Manejo Integrado (DMI) con autorización de la respectiva corporación;

— Áreas de Reserva Forestal conceptualizadas por las respectivas Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) o las Corporaciones de Desarrollo Sostenibles (CAS);

— Áreas de manejo especial, consideradas como limitaciones expresas contenidas en la Ley 2ª de 1959, el Decreto Legislativo 2278 de 1953 y el Decreto 3600 de 2007 emitido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial;

— Zonas de expansión minera y de alto riesgo por catástrofe natural;

— Áreas o zonas de amortiguación.

CAPÍTULO III

Procedimiento de negociación voluntaria y expropiación

ART. 10.—El director técnico de procesos agrarios realizará el trámite de negociación voluntaria siguiendo los requisitos y términos establecidos en los capítulos III al VII del Decreto 2666 de 1994, o la norma que lo modifique, complemente, adicione o sustituya.

ART. 11.—Cuando fracase la negociación voluntaria para la adquisición de los predios y este sea necesario para el proceso de dotación, se adelantará la etapa de expropiación en los términos establecidos en el capítulo VII, artículo 33 de la Ley 160 de 1994 o la norma que lo modifique, complemente, adicione o sustituya.

CAPÍTULO IV

Adjudicación de los predios para el Quimbo

ART. 12.—Beneficiarios. Serán objeto del programa de dotación de tierras en la zona de influencia del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo las comunidades vulnerables de la zona de ejecución del proyecto que no sean propietarias (madres cabeza de familia, partijeros, mayordomos, pescadores, jornaleros y paleros, entre otros), sujetos de reforma agraria, que se encuentren dentro del censo que para tal efecto entregará la empresa propietaria del proyecto hidroeléctrico, Emgesa S.A.

ART. 13.—Inscripción. La Dirección Territorial de Huila recepcionará los formularios de inscripción de todas las personas inscritas en el censo, en los plazos que se determinen teniendo en cuenta la cantidad de personas registradas, los formularios serán diseñados y repartidos gratuitamente a los interesados por parte del Incoder, los cuales deberán entregarse junto con los documentos que respalden la información consignada.

PAR.—Para realizar la labor de inscripción la dirección territorial podrá hacer convocatorias masivas de las personas que se encuentran inscritas en el censo con el objeto de hacer jornadas de diligenciamiento y recepción de los formularios.

ART. 14.—Revisión de los formularios y de los requisitos de los sujetos de reforma agraria. Dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al cierre del plazo para presentar los formularios, la Dirección Territorial, por un término de (5) cinco cijas hábiles, publicará en un lugar visible de la respectiva sede y en la página web del Instituto, la relación de las personas que al revisar la información de la inscripción, reúnen o no los requisitos de sujeto de reforma agraria. Respecto de estas últimas, el listado deberá precisar las falencias identificadas, para que en un término no mayor a cinco (5) días hábiles procedan a realizar sus respectivas observaciones, aclaraciones y en caso de ser necesario allegar nuevos soportes para acreditar su condición de elegibles.

Transcurrido el referido término, la respectiva dirección territorial, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles, procederá a adicionar la lista de elegibles con quienes hayan acreditado el cumplimiento de las condiciones de sujeto de reforma agraria o, en caso contrario, a ratificar su exclusión.

Estos resultados serán publicados en un lugar visible de la sede y en la página web del instituto. Contra la decisión que excluye a una persona de la lista de elegibles, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación de la lista, procede el recurso de reposición, que deberá ser resuelto en no más de cinco (5) días hábiles.

Definida la lista de elegibles, la respectiva dirección territorial procederá a convocar al comité de selección para presentarle los resultados del proceso de inscripción, la relación de las personas que no reunieron los requisitos de elegibilidad, la conformación de la lista de personas elegibles con una precalificación conforme a los criterios de calificación y asignación de puntajes ordenados de mayor a menor puntaje como lo dispone el Acuerdo 266 de 2011 o la norma que lo modifique, complemente, adicione o sustituya.

PAR. 1º—El comité de selección de adjudicatarios será el mismo conformado en cada Dirección Territorial conforme al Acuerdo 266 de 2011 o la norma que lo modifique, complemente, adicione o sustituya.

PAR. 2º—El comité de selección de adjudicatarios tendrá las mismas funciones y prerrogativas establecidas en el Acuerdo 266 de 2011 o la norma que lo modifique, complemente, adicione o sustituya.

ART. 15.—Resolución de adjudicación. Definida la situación del aspirante, el director territorial expedirá la resolución por medio de la cual se adjudica en propiedad los predios objeto del presente capítulo. En la resolución se determinará el bien, o la cuota parte del mismo, su precio, las obligaciones y derechos del adjudicatario, las condiciones para la enajenación y la constitución de gravámenes, las causales de incumplimiento y la referencia expresa a la potestad del instituto para decretar la caducidad administrativa en caso de incumplimiento de las obligaciones del régimen de propiedad parcelaria y demás aspectos que sean propios de este régimen jurídico de propiedad rural. Se tendrá, como valor de la adjudicación, el precio que el instituto hubiera pagado por la parcela debidamente actualizado, o el que figura en el avalúo practicado dentro de la fase previa de la convocatoria.

Los títulos de propiedad de las parcelas adjudicadas deberán hacerse conjuntamente a nombre de tos cónyuges o compañeros permanentes que hubieren presentado la solicitud, cuando a ello hubiere lugar.

En ningún caso se hará entrega anticipada de las tierras del Fondo Nacional Agrario sin que se hubiere expedido, notificarlo y quedado en firme previamente la respectiva resolución de adjudicación. Para los casos de predios adjudicados por convocatoria pública se levantará un acta de la entrega, con la descripción de los bienes correspondientes, que será suscrita por los intervinientes.

PAR.—Pese a la mención del precio del inmueble, deberá aclararse que la adjudicación comprende el 100% del valor del predio y que la trasferencia de los derechos de dominio que en ella este inmersa se realiza a título gratuito.

CAPÍTULO V

Disposiciones varias y vigencia

ART. 16.—Requisitos de elegibilidad. Para todos los sujetos de los numerales 1 y 6 del artículo 1º del Decreto 1277 del 21 de junio de 2013 los aspirantes a las adjudicaciones reglamentadas en el presente acuerdo deberán cumplir las siguientes condiciones:

1. Ser mayor de 16 años.

2. No ser poseedor o propietario de otro predio urbano y/o rural.

3. No poseer activos totales brutos que superen los cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de presentarse a la convocatoria.

4. Que los ingresos mensuales familiares no excedan los dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de presentarse a la convocatoria.

ART. 17.—Prohibiciones para la adjudicación. No procederán las adjudicaciones reglamentadas en el presente acuerdo cuando:

1. El aspirante haya sido adjudicatario de titulación de terrenos baldíos dentro de los quince (15) años anteriores a la presentación de la solicitud.

2. El aspirante que en cualquier tiempo haya sido adjudicatario de bienes fiscales patrimoniales o adjudicatario de subsidio para la adquisición de tierras. Se exceptúan de dicha prohibición los casos expresamente establecidos en el presente acuerdo.

3. El aspirante que sea requerido por las autoridades para el cumplimiento de pena privativa de la libertad impuesta mediante sentencia condenatoria en firme. No se configurará la prohibición en aquellos casos en los que el postulante, pese a ser objeto de una sentencia condenatoria, goce de algún tipo de subrogado penal que le permita ejercer directamente la explotación de la parcela.

4. El aspirante que haya sido declarado como ocupante indebido de tierras baldías siempre que el procedimiento se haya adelantado sobre las áreas en las que el Instituto adelanta el programa especial de aprovechamiento. En todo caso, si el ocupante restituyera voluntariamente las áreas por di ocupadas sin que sea necesario la intervención policiva se entenderá superada la prohibición y podrá participar en la respectiva convocatoria.

ART. 18.—Subsidio para proyecto productivo y gastos registrales. Los procesos de dotación de tierras que se realicen en virtud del régimen previsto en el presente acuerdo podrán ser acompañados de un subsidio para cubrir, total o parcialmente, los requerimientos financieros para el establecimiento del proyecto productivo en las tierras adjudicadas, y los gastos registrales a que haya lugar para perfeccionar el trámite de adjudicación. Tales asignaciones se realizarán en los montos establecidos en el régimen general de adjudicación de subsidios.

PAR.—No serán beneficiarios del subsidio para proyecto productivo y gastos registrales aquellos casos en los que tales conceptos sean garantizados a través de otros mecanismos de cofinanciación y en especial en aquellos en los que otras entidades o particulares concurran el pago total de tales emolumentos.

ART. 19.—Remisión. Todas las adjudicaciones de tierras efectuadas bajo la normatividad prevista en el presente acuerdo estarán sometidas por remisión al régimen de la propiedad parcelaria previsto en el capítulo IX de la Ley 160 de 1994 y el reglamento establecido por el Acuerdo 266 de 2011, o la norma que les modifique, complemente, adicione o sustituya, con las modificaciones introducidas en materia de subsidio integral de tierras, en lo que fueren compatibles con lo aquí dispuesto.

ART. 20.—Vigencia. El presente acuerdo a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D.C., a 20 de febrero de 2014.