Instituto Colombiano de Desarrollo Rural

ACUERDO 344 DE 2014

(Diciembre 16)

“Por el cual se reglamenta el programa de financiación y cofinanciación de proyectos productivos de desarrollo rural con enfoque territorial en las áreas de actuación del Incoder”.

El Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), en uso de las facultades que le confiere los numerales 4º, 6º y 7º del artículo 7º del Decreto 3759 de 2009, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 1º, 3º y 7º de la Ley 160 de 1994, el numeral 3º del artículo 3º y el numeral 4º del artículo 4º del Decreto 3759 de 2009, y

CONSIDERANDO:

Que los artículos 2º, 13 y 65 de la Constitución Política de 1991, establecen que dentro de los fines esenciales del Estado se encuentra promover la prosperidad general, brindando especial atención a aquellas personas que por su condición económica se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta, así como la prioridad del desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, con el propósito de incrementar su productividad.

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos”, establece la necesidad de definir programas que se adapten a las potencialidades y los requerimientos de cada territorio. Lo anterior, con el fin de definir e implementar estrategias regionales diferenciadas de política que permitan la consolidación de las zonas de mayor desarrollo, además de impulsar el crecimiento acelerado de las regiones rezagadas, a partir de la movilización de sus capacidades endógenas.

Que el PND en su capítulo III, literal c, numeral 2º, sobre “Crecimiento sostenible y competitividad”, relacionado con los sectores basados en la innovación - “Locomotora agropecuaria” y sus lineamientos estratégicos, busca mejorar la capacidad para generar ingresos por parte de la población rural, particularmente los campesinos y pequeños productores pobres que requieren mejorar el acceso a los activos físicos (tierra, agua) y financieros, así como para desarrollar la capacidad de aprovechamiento de estos a través del impulso a la asociatividad y a la asistencia técnica integral; y de modo complementario, se fortalecerán los programas que promuevan el autoconsumo como una estrategia para aumentar el ingreso disponible, reducir la vulnerabilidad de la población frente a choques externos y facilitar su participación en proyectos de gran escala.

Que conforme con lo establecido en el artículo 1º de la Ley 160 de 1994, el objeto de la ley concurre en mejorar el ingreso y la calidad de vida de la población campesina, e igualmente el ordinal primero del mismo artículo, establece como objeto de la misma el “promover y consolidar la paz, a través de mecanismos encaminados a lograr la justicia social, la democracia participativa y el bienestar de la población campesina”.

Que el artículo 1º de la Ley 160 de 1994, establece como objetivo elevar el nivel de vida de la población campesina, generar empleo productivo en el campo y asegurar la coordinación y cooperación de las diversas entidades del Estado, en especial las que conforman el sistema nacional de reforma agraria y desarrollo rural campesino, para el desarrollo integral de los programas respectivos.

Que el enfoque territorial propuesto en el PND, le demanda al Instituto desarrollar estrategias de regionalización, focalización y priorización de sus programas y proyectos para promover un accionar integral y viabilizar de manera directa la inversión, financiación y/o cofinanciación de acuerdo a su objeto misional, en especial lo referente a la ejecución de la política agropecuaria y de desarrollo rural, facilitando el acceso a los factores productivos a favor de la población rural.

Que conforme con lo establecido en el numeral 3º del artículo 3º del Decreto 3759 de 2009, dentro de los objetivos del Incoder se encuentra el de gestionar y otorgar recursos de financiación, cofinanciación, subsidios e incentivos para apoyar la ejecución de programas de desarrollo agropecuario y rural en los territorios en donde se establezcan las áreas de actuación.

Que conforme con lo establecido en el numeral 4º del artículo 4º del Decreto 3759 de 2009, dentro de las funciones del Incoder se encuentra la de financiar y cofinanciar planes, programas y proyectos de inversión para la ejecución de programas de desarrollo agropecuario y rural en los territorios en donde se establezcan áreas de actuación.

Que el Incoder, en cumplimiento de sus objetivos y funciones misionales debe promover e impulsar los procesos de formulación, ejecución, evaluación y seguimiento de programas y proyectos encaminados a mejorar los ingresos y las condiciones de vida de los productores rurales, en coordinación con dichos productores, sus organizaciones y las autoridades locales.

Que de acuerdo con los objetivos y funciones del Incoder antes señaladas, es necesario efectuar la reglamentación del programa de financiación y/o cofinanciación para el desarrollo agropecuario y rural en los territorios del país en donde se establezcan las áreas de actuación del instituto, con el fin de atender los requerimientos y necesidades de la población rural beneficiaria de procesos misionales del instituto, de programas de reforma agraria y otra población rural vulnerable, que no cuentan con un apalancamiento económico que les permita desarrollar proyectos productivos dentro de la política de desarrollo rural cuya ejecución está a cargo del Incoder.

Que para el logro de los objetivos misionales del Incoder, resulta indispensable articular el programa de financiación y/o cofinanciación con los procesos misionales del instituto, tales como: titulación, adjudicación, formalización y cumplimiento de órdenes constitucionales, todo ello con el fin de proporcionar un impulso productivo a través de la formulación juiciosa y compartida de una iniciativa de generación de ingresos con el acompañamiento integral respectivo para su desarrollo, sostenibilidad y estabilidad socioeconómica de las unidades productivas familiares beneficiarias de dichos programas.

Que el Incoder para reglamentar el programa de financiación y/o cofinanciación de proyectos productivos de desarrollo rural con enfoque territorial como norma marco para la ejecución del programa debe, para cada vigencia, elaborar un manual de cofinanciación para la formulación, ejecución, evaluación y seguimiento de proyectos productivos con el fin de optimizar la operatividad del programa.

Que según los numerales 6º y 7º del artículo 7º del Decreto 3759 de 2009, dentro de las funciones del Consejo Directivo del Incoder, se encuentra la de señalar los criterios generales para la ejecución de los planes, programas, proyectos, y recursos del instituto, así como la de establecer los procedimientos de tipo misional que deban adelantarse para el cumplimiento del objeto y funciones para el cual fue creado el instituto.

Que con la expedición del Decreto 4181 de 2011, el Gobierno Nacional determinó que el Incoder continuará ejerciendo sus competencias relacionadas con el fomento de la pesca artesanal y la acuicultura de recursos limitados (PAREL), dentro de sus programas de desarrollo rural integral.

Que la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), coordinará con el Incoder la definición de los programas para la implementación de la política de desarrollo rural para las comunidades de pescadores artesanales y acuicultores, con especial atención de la población vulnerable.

Que el artículo 26 de la Ley 915 de 2004, señala que será prioridad del Gobierno Nacional dar el apoyo necesario para el desarrollo de la actividad pesquera artesanal y el entrenamiento y capacitación de los pescadores artesanales del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Que mediante el Decreto 2668 de 2012, el Gobierno Nacional posibilitó las condiciones que permitan el ejercicio de la acuicultura por parte de los habitantes del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que les facilite la supervivencia digna dentro de sus particulares condiciones geográficas, ambientales y culturales.

Que el artículo 63 de la Constitución Política de Colombia señala que las tierras comunales de grupos étnicos, los resguardos indígenas, entre otros, son de carácter inalienables, imprescriptibles e inembargables. Adicionalmente señala el artículo 329 constitucional que los resguardos “...son de propiedad colectiva, y no enajenables”.

Que el Convenio 169 de 1989, ratificado por el Congreso de la República mediante la Ley 21 de 1991, y parte del Bloque de Constitucionalidad (C.N., art. 93) conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, estableció los principios rectores mediante el cual los Estados deben proteger los derechos de los pueblos indígenas y tribales.

Que el literal b) del artículo 6º del Convenio 169 señaló que los Gobiernos deben proveer “...los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan...” y que el numeral 1º del artículo 7º del convenio estableció que los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a tomar la decisión sobre “...sus prioridades en la que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que este afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural...”.

Que la Corte Constitucional por medio de su línea jurisprudencial ha aclarado que el alcance y el deber de realizar un proceso de la consulta previa se define aplicando el principio de proporcionalidad, entre la medida y la afectación directa que las comunidades étnicas pueden tener, frente a una medida legislativa o administrativa. Al respecto señaló en las sentencias C-030 de 2008 y la T-376 de 2012 que “...al alcance normativo del artículo 6º del Convenio 169 de la OIT (...), la Sala Plena expresó que (i) la consulta previa procede frente a afectaciones directas de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes, en virtud del inciso 1º (lit. a) del artículo 6º del Convenio 169 de la OIT, mientras que (ii) cuando se presente una incidencia de menor entidad, es decir, indirecta de los derechos de la comunidad, deben garantizarse espacios adecuados de participación para las comunidades afectadas, al menos de igual naturaleza a los que tiene el resto de la población a disposición”.

Que en consecuencia ha señalado la corporación constitucional en las sentencias C-030 de 2008 y 174 de 2009 que no constituye afectación directa cuando “...las leyes, por su carácter general y abstracto, no generan una afectación directa de sus destinatarios, la cual solo se materializa en la instancia aplicativa. Sin embargo, puede señalarse que hay una afectación directa cuando la ley altera el estatus de la persona o de la comunidad, bien sea porque le impone restricciones o gravámenes, o, por el contrario, le confiere beneficios. (...) puede señalarse que no toda medida legislativa que de alguna manera concierna a los pueblos indígenas y tribales está sujeta al deber de consulta, puesto que como se ha visto, en el propio convenio se contempla que, cuando no hay una afectación directa, el compromiso de los Estados remite a la promoción de oportunidades de participación que sean, al menos equivalentes a las que están al alcance de otros sectores de la población” (negrilla fuera de texto).

Que el otorgamiento de financiación y/o cofinanciación para la implementación de proyectos de desarrollo rural en territorios de comunidades étnicas, tendrá en cuenta la formulación de proyectos bajo el derecho y principio de autonomía de las comunidades y las autoridades étnicas, que hacen parte del resguardo o del consejo comunitario. En consecuencia, atendiendo que el presente acuerdo tiene por objeto establecer las generalidades para la financiación y/o cofinanciación e implementación de los proyectos de desarrollo rural, este instrumento contempla un componente especial para que autoridades propias o quien haga sus veces, establezcan las prioridades en la cofinanciación de los proyectos de desarrollo rural en sus territorios.

Que las comunidades étnicas cuentan con formas de vida y ocupación territorial asociadas al manejo comunitario del territorio y de sus dinámicas de producción. En consecuencia, el Incoder ha promovido la titulación colectiva de territorios a comunidades étnicas para el desarrollo de sus actividades rurales y con el fin de promover el asentamiento de las comunidades en su territorio.

Que la Constitución Nacional en el artículo 38, garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad, garantizando promover, facilitar, estructurar y fortalecer la organización democrática, moderna, participativa y representativa para sus relaciones con el Estado y con los particulares, así como para el cabal ejercicio de derechos y deberes.

Que el artículo 64 superior, establece como deber del Estado el promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa a la comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos.

Que el Incoder dentro de sus funciones tiene la de financiar o cofinanciar planes, programas y proyectos de inversión para la ejecución de programas de desarrollo agropecuario y rural en los territorios en donde se establezcan áreas de actuación, así como la de promover procesos de capacitación a las comunidades rurales y étnicas en asuntos de organización, acceso y uso de los factores productivos, asistencia técnica, formación socioempresarial y gestión de proyectos y prestar asesoría a los aspirantes a las distintas clases de subsidios sin perjuicio de las que presten otras entidades, así como desarrollar programas de apoyo a la gestión empresarial rural y a la integración de las entidades del sector.

Que el Incoder dentro de sus dependencias cuenta con las subgerencias de gestión y desarrollo productivo y subgerencia de promoción, seguimiento y asuntos étnicos que cuentan dentro de sus funciones con la de coordinar acciones, para asegurar la interlocución con los demás actores del medio rural, operadores y aliados que intervienen en la implementación de las actividades tendientes a cumplir con la misión del Incoder.

Que actualmente diversos programas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural están apuntando al fortalecimiento de asociaciones a través de programas y encadenamiento de líneas productivas en el sector agropecuario.

Que el Incoder, por encontrar conveniente armonizar sus acciones con la de otros procesos del sector agropecuario impulsados por el Gobierno Nacional, encuentra la necesidad de incluir dentro de sus beneficiarios a las entidades sin ánimo de lucro que asocien a la población rural con el fin de generar en ellos un pensamiento socioempresarial para el aumento de sus ingresos y por consiguiente el mejoramiento de su calidad de vida, así como el fortalecimiento de las asociaciones del sector y los entes territoriales.

Que el Acuerdo 308 del 17 de abril de 2013 y sus modificaciones contenidas en los acuerdos 311 y 325 de 2013 han generado una dispersión normativa que podría llevar a confusión a los operadores del programa así como a los aspirantes y beneficiarios del Incoder, de la misma manera los procesos de planificación y focalización de territorios y familias a intervenir no se ha podido ejecutar de la manera deseada; la articulación del programa en ocasiones actúa con muy buen nivel en el ámbito territorial, pero en otros casos no presenta funcionalidad, lo cual es inconveniente porque genera acciones aisladas; el establecimiento de generación de ingresos de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes que aplicaba para los beneficiarios del Incoder y hoy en día no es contemplable pues la población rural objeto de atención del programa es más amplia, adicionalmente que existen otros estándares que pueden indicar la rentabilidad del proyecto tal como la TIR, la VPN o la relación costo-beneficio; otro inconveniente que se ha presentado es el mecanismo de asignación de recursos de incentivo, la asignación de recursos de incentivo mediante resolución, obliga en la práctica a suscribir “un contrato” con cada uno de los beneficiarios lo cual es demasiado dispendioso y presenta altos tropiezos para la entrega de la cofinanciación por parte del instituto; razones por las cuales se encuentra la necesidad de flexibilizar condiciones por diversidad o especificidades en las características de los beneficiarios, agilizar los procesos para mayor eficacia y eficiencia y mejorar los criterios técnicos exigidos a las propuestas.

Que en consecuencia, el Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, (Incoder)

ACUERDA

TÍTULO I

Disposiciones generales del programa

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

ART. 1º—Objeto del acuerdo. Reglamentar el programa de financiación y/o cofinanciación de proyectos productivos de desarrollo rural con enfoque territorial, como uno de los mecanismos para la implementación de proyectos productivos de desarrollo rural en los territorios donde se establezcan las áreas de actuación del instituto, bajo la modalidad de oferta, de conformidad con los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad de la administración pública, para contribuir con el mejoramiento del nivel de la calidad de vida y la generación de ingresos de la población rural de acuerdo a la vocación productiva de las regiones.

ART. 2º—Objetivos del programa. Planificar, financiar o cofinanciar proyectos productivos a desarrollar en el ámbito rural, los cuales podrán ser agrícolas, pecuarios, forestales, acuícolas, pesqueros o relacionados con el sector rural, ya sea de manera individual o a través de esquemas asociativos dentro de las áreas focalizadas y priorizadas por el instituto, atendiendo principalmente aquellas que defina el Gobierno Nacional para realizar intervenciones integrales, promoviendo el ordenamiento económico, productivo, social y ambiental de los territorios rurales, con el fin de contribuir a la reducción de la pobreza rural, fortalecer la capacidad de generación de ingresos, situar a la población en las cadenas productivas, mejorar las condiciones de vida de la población rural, y aumentar la competitividad de la producción regional.

ART. 3º—Ejecución del programa. En concordancia con las funciones establecidas en el Decreto 3759 de 2009, la ejecución de las disposiciones y procedimientos contenidos en el presente acuerdo estarán a cargo de la subgerencia de gestión y desarrollo productivo, no obstante en proyectos relacionados con población étnica en el marco de un enfoque diferencial, estas actividades estarán en cabeza de la subgerencia de promoción, seguimiento y asuntos étnicos.

PAR.—Para el funcionamiento del programa, las subgerencias se apoyarán en las direcciones territoriales, sus funcionarios, sus contratistas y/o terceros de reconocida idoneidad que operen el programa, los cuales deben desarrollar las actividades y gestiones contenidas en el presente acuerdo, relacionadas con la formulación de los proyectos, lo que incluye el requerimiento de documentos subsanables cuando sea necesario, la viabilización o rechazo de los proyectos, la atención de peticiones y consultas planteadas por los aspirantes y beneficiarios, terceros interesados, entes de control, entidades públicas y privadas, así como las demás actuaciones administrativas y operativas tendientes a la adecuada ejecución del programa, sin que con estas se extralimiten las funciones respectivas asignadas por el Decreto 3759 de 2009.

ART. 4º—Definiciones. Para los efectos del presente acuerdo se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

Acuicultura de recursos limitados: es la actividad que se practica sobre la base del autoempleo, sea esta practicada de forma exclusiva o complementaria, en condiciones de carencia de uno o más recursos que impiden su autosostenibilidad productiva y la cobertura de la canasta básica familiar en la región en que se desarrolle. Esta definición incluye aquellos productores que realizan acuicultura como diversificación productiva para complementar la satisfacción de su canasta básica familiar.

Beneficiarios: serán beneficiarios del presente programa las personas naturales pertenecientes a la población rural del país, ya sea de manera directa o a través de los entes territoriales y/o personas jurídicas sin ánimo de lucro del sector rural a los cuales se les haya reconocido el incentivo para la ejecución del proyecto productivo.

Cofinanciación: es el recurso económico destinado al financiamiento de una actividad en la que participan varias personas o instituciones, aportados de manera conjunta entre el Incoder directamente y los beneficiarios y/o un tercero a título de contrapartida para la ejecución de una iniciativa productiva (proyecto productivo), que se otorga por una sola vez, con el fin de mejorar las condiciones de vida y los ingresos de la población rural beneficiaria de la misma.

Contrapartida: hace referencia a la cuantía asignada al proyecto productivo, en dinero o especies (bienes muebles e inmuebles, mano de obra, asistencia técnica, y demás servicios relacionados exclusivamente con la ejecución del proyecto productivo), que los potenciales beneficiarios asumen con recursos propios o provenientes de terceros de carácter público o privado.

Financiación: es el recurso entregado para la ejecución de proyectos productivos realizado bajo los lineamientos y recursos que entrega el Incoder otorgados por una sola vez, con el fin de mejorar las condiciones de vida y los ingresos de la población rural beneficiada.

Incentivo: entiéndanse como los recursos entregados para la financiación o cofinanciación de un proyecto productivo.

Inversión: es toda materialización de recursos financieros en bienes o servicios para el desarrollo de un proyecto productivo y comprenderá la adquisición tanto de bienes, equipos, materias primas, material vegetal, animales para reproducción y servicios, con el ánimo de obtener unos ingresos o rentas a lo largo del tiempo.

Restricciones al derecho de dominio: para los efectos del presente acuerdo se entenderá por restricción al derecho de dominio toda limitación, gravamen, embargo, medida cautelar, inscripción de demandas o cualquier otra circunstancia que pueda impedir la normal ejecución del proyecto productivo.

Ocupante: entiéndase por ocupante para los efectos del presente acuerdo los ocupantes de terrenos baldíos sin que hayan obtenido la adjudicación mediante acto administrativo debidamente ejecutoriado, por lo cual no tienen la calidad de poseedores conforme al Código Civil, y que frente a la adjudicación por parte del Estado solo tienen una mera expectativa.

Pesca artesanal: actividad productiva de pequeña escala que mediante sistemas, artes y métodos menores de pesca, es realizada por pescadores, en forma individual, u organizados en empresas, cooperativas u otras asociaciones, con su trabajo personal independiente y con aparejos propios.

Proyecto productivo: es el conjunto de objetivos, metas y actividades económicas que los potenciales beneficiarios se proponen implementar y ejecutar con el fin de generar ingresos, en condiciones de viabilidad técnica, financiera, cultural, social y económica, según el caso, garantizando su competitividad, equidad y sostenibilidad, salvo los casos de proyectos productivos formulados con enfoque diferencial.

Servidor público: la Constitución Política de 1991, en su artículo 123 define los servidores públicos como aquellos miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios, quienes están al servicio del Estado y de la comunidad, y ejercen sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento.

La anterior definición fue acogida por la Sala de Consulta y Servicio Civil en su concepto 855 de 1996, al definir al servidor público así:

“Servidores públicos es un concepto genérico que emplea la Constitución Política para comprender a los miembros de las corporaciones públicas y a los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios; todos ellos están “al servicio del Estado y de la comunidad” y deben ejercer sus funciones “en la forma prevista en la Constitución, la ley y el reglamento”.

Tipo de beneficiario: para los efectos los tipos de beneficiarios serán los pobladores rurales campesinos y víctimas, los pescadores y acuicultores de recursos limitados; la población étnica; las personas jurídicas que representan a la población anteriormente mencionada y los entes territoriales que agrupen a las unidades productivas familiares para representarlas en sus proyectos.

Unidad productiva familiar: para los efectos del presente acuerdo, debe entenderse por unidad productiva familiar, la unidad básica de la economía familiar de pobladores rurales, que se dedica a actividades agrícolas, pecuarias, forestales, acuícolas y/o pesqueras u otra actividad productiva relacionada con el sector rural, constituida por una familia o un conjunto de ellas, que con su trabajo desarrollan un proyecto productivo, como factor primario para la generación de ingresos y mejorar su calidad de vida, optimizando el crecimiento económico de su territorio.

Víctimas: en consideración a la Ley 1448 de 2011, se consideran víctimas, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.

También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente.

De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.

La condición de víctima se verificará y soportará de conformidad con los registros de las entidades oficiales que para el momento de la verificación, certifiquen dicha condición.

ART. 5º—Componentes del proceso. Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos y propósitos del proceso de financiación y/o cofinanciación, el Incoder en el marco del mismo actuará en cuatro (4) componentes como ejes centrales de la estrategia:

1. Procesos de articulación y gestión de la oferta institucional y territorial, que posibiliten complementar e integrar los programas del sector a la estrategia.

2. La financiación y/o cofinanciación de programas y proyectos de desarrollo rural bajo criterios de concertación, equidad, competitividad y sostenibilidad.

3. Procesos de acompañamiento integral que fortalezcan técnica, productiva, comercial, social, organizativa y ambientalmente a las unidades productivas familiares beneficiarias en torno a sus necesidades identificadas; y

4. Procesos de seguimiento, evaluación y monitoreo de la estrategia, que permitan hacer un ejercicio efectivo de retroalimentación y lecciones aprendidas tanto del programa de financiación y/o cofinanciación como de las iniciativas productivas a implementar y/o implementadas dentro de los procesos misionales del instituto.

ART. 6º—Campo de aplicación. Las disposiciones del presente acuerdo se aplicarán para realizar la focalización, priorización, selección de los pobladores rurales directamente y/o de las personas jurídicas sin ánimo de lucro que los representen y cumplan con los requisitos para ser beneficiarios del programa de financiación y/o cofinanciación de proyectos productivos de desarrollo rural con enfoque territorial, en las áreas de actuación definidas por el instituto, así como para guiar la formulación de las iniciativas productivas, la asignación de recursos, la ejecución de las actividades y componentes de los proyectos y el acompañamiento y seguimiento de los mismos, atendiendo las áreas de intervención que sean definidas por el Gobierno Nacional.

ART. 7º—Focalización de la intervención. Para realizar la focalización podrán ser utilizados uno o varios de los siguientes criterios. Al inicio de cada vigencia se determinarán los criterios específicos bajo los cuales se orientará la ejecución de los planes, programas y proyectos:

Criterio de cobertura territorial: se considerarán zonas actualmente atendidas por el Incoder, así como aquellas áreas de intervenciones integrales y/o interés del Gobierno Nacional.

Criterio poblacional: se prioriza la población rural más pobre registrada en el sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios para programas sociales - Sisbén y el registro único de víctimas (RUV), según el caso.

Los beneficiarios del programa inscritos en el Sisbén, deben cumplir con los siguientes puntos de corte:

Nivel Puntaje SISBÉN III (NPB Por)
Área 1 (14 ciudades) Área 2 (resto urbano) Área 3 (rural)
1No aplica(0- 30](0-20]
2No aplica(30-40](20-35]
3No aplica(40-50](35-50]

Nota: los corchetes se utilizan para anotar intervalos cerrados, por su parte los paréntesis indican intervalos abiertos.

Criterio de atención con enfoque diferencial: en los territorios donde se encuentren poblaciones de comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, indígenas y Rom, no se aplicarán los anteriores criterios y la intervención se realizará de conformidad con las características propias de cada comunidad.

ART. 8º—Priorización de áreas de actuación. Sobre la población y las zonas identificadas en la focalización a que alude el artículo séptimo del presente acuerdo, se realizará una fase de priorización de las áreas de actuación, la cual se estructurará de acuerdo a una ponderación de los siguientes aspectos:

1. Áreas con mayor nivel de pobreza de conformidad con el índice de pobreza multidimensional (IPM municipal), establecido por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

2. Áreas con mayor concentración de unidades productivas familiares a beneficiar.

3. Áreas con mayor concentración de intervención de las políticas sectoriales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural u otras entidades gubernamentales, que permitan reforzar la acción consolidada del Estado en el territorio.

ART. 9º—Recursos del programa. Los recursos del presente programa provienen del presupuesto general de la nación para actividades relacionadas con la formulación, ejecución y seguimiento del programa de financiación y/o cofinanciación de proyectos productivos de desarrollo rural con enfoque territorial en las áreas de actuación del Incoder, no obstante se podrán recibir otros adicionales para la atención a la población rural.

ART. 10.—Priorización de recursos. Antes de finalizar el primer bimestre de cada vigencia, la gerencia general priorizará la entrega del incentivo, teniendo en cuenta las calidades de cada uno de los beneficiarios estableciendo los territorios a intervenir con la financiación o cofinanciación de proyectos.

El monto del incentivo se entregará en su totalidad para la financiación de los proyectos; para los casos en que se cofinancien proyectos, la contrapartida que aporten los beneficiarios del proyecto no podrá ser inferior al 10% del valor del proyecto, de conformidad con los parámetros que establezca para cada vigencia la gerencia general del Incoder.

ART. 11.—Documentos técnicos de focalización y priorización de las áreas de intervención. La focalización y la priorización de las áreas de intervención deben constar en un documento técnico que será elaborado por la subgerencia de gestión y desarrollo productivo en cada vigencia presupuestal, apoyado por la subgerencia de promoción, seguimiento y asuntos étnicos, de acuerdo con los asuntos de su competencia y será aprobado por la gerencia general del Incoder, con base en los lineamientos de política que establezca el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

PAR.—Los documentos técnicos de focalización y priorización, deben especificar las razones que se tuvieron en cuenta para intervenir un determinado territorio y en particular las de orden técnico y ambiental relacionadas con las áreas protegidas, bien sea en el contexto de programas especiales del Gobierno Nacional, departamental y/o municipal o las derivadas de la priorización territorial que establezca el Incoder, junto con la ponderación de los aspectos necesarios para priorizar el territorio.

ART. 12.—Factores que sustentan el proceso. Para la financiación y/o cofinanciación de los proyectos productivos que se realicen a través del presente programa, estos serán sometidos a un examen o evaluación de viabilidad para garantizar que su formulación considere aspectos técnicos, de competitividad y sostenibilidad desde una perspectiva territorial, de acuerdo con lo establecido en el manual de financiación y/o cofinanciación para la formulación, ejecución, evaluación y seguimiento de proyectos productivos del Incoder.

ART. 13.—Monto del incentivo. El monto del incentivo estará determinado por el valor del proyecto formulado y viabilizado, no obstante, el monto máximo se fijará de acuerdo con el número de unidades productivas familiares que se beneficien con el proyecto. Para efectos del cálculo, el incentivo de referencia para cada unidad productiva familiar será de hasta treinta (30) salarios mínimos mensuales vigentes.

PAR. 1º—Para todos los casos, se financiará la totalidad del proyecto productivo con los recursos otorgados para cada unidad productiva familiar, y en los casos que los recursos otorgados por el Incoder no alcancen para financiar el proyecto productivo y este requiera de recursos adicionales, estos deben ser aportados a título de contrapartida por cada unidad agrícola familiar y/o por recursos de otra fuente debidamente certificados.

PAR. 2º—En ningún momento se adjudicarán individualmente los recursos a las unidades productivas familiares pues los recursos del incentivo pertenecerán al proyecto. La financiación y/o cofinanciación se hará en forma global para cada proyecto productivo y su manejo será en virtud del plan de inversión del mismo, a través de un mecanismo financiero que garantice el control de los recursos a favor del proyecto, entre el Incoder y los beneficiarios.

PAR. 3º—Para proyectos relacionados con población étnica, el valor de la financiación o cofinanciación del proyecto formulado podrá definirse en beneficio de la comunidad según se establezca con la asamblea general de sus miembros o la institución equivalente, indicando el número de integrantes de la comunidad con el cual se va a desarrollar la iniciativa productiva para efectuar el cálculo del incentivo.

CAPÍTULO II

Proceso de entrega del incentivo para unidades productivas familiares

La entrega del incentivo para unidades productivas familiares, constituye el marco general de un procedimiento para la verificación de requisitos mínimos y la formulación de los proyectos productivos.

SECCIÓN PRIMERA

Requisitos mínimos y prohibiciones

ART. 14.—Beneficiarios. Podrán acceder al programa de financiación y/o cofinanciación de proyectos productivos de desarrollo rural con enfoque territorial en las áreas de actuación del Incoder, los pobladores rurales que tengan una actividad agrícola, pecuaria, piscícola, acuícola, ambiental, forestal y/o complementarios del sector agropecuario, directamente o a través de personas jurídicas sin ánimo de lucro o por intermedio de los entes territoriales. En cada caso, los beneficiarios deberán cumplir con los requisitos que se mencionan a continuación:

Personas naturales

1. Ser mayor de 16 años.

2. Cumplir con los requisitos especiales para el tipo de beneficiario de conformidad con la regulación que expida el Incoder.

3. Tener una relación con un predio rural bajo cualquiera de las siguientes calidades:

a) Propietario de un predio rural sin restricciones al derecho de dominio de naturaleza jurídica, administrativa o ambiental que impidan la ejecución del proyecto productivo.

b) Poseedor de manera pública, pacífica e ininterrumpida, de un predio rural por un término no inferior al de la prescripción extraordinaria establecida por la ley, sin restricciones jurídicas, administrativas o ambientales en el predio que impidan la ejecución del proyecto productivo. Para estos efectos, el aspirante podrá acreditar su posesión a través de los medios probatorios previstos en el Código General del Proceso.

c) Ocupante de predio rural baldío, por un término no inferior al establecido en el artículo 71 de la Ley 160 de 1994 y que no tenga restricciones jurídicas, administrativas o ambientales que impidan la ejecución del proyecto productivo. Para estos efectos, el aspirante podrá acreditar su ocupación a través de los medios probatorios previstos en la Ley 160 de 1994.

En caso de presentarse restricciones al derecho de dominio, a la posesión o a la ocupación, el Incoder a través de la Dirección Territorial, realizará un análisis técnico y jurídico del predio para determinar si la restricción permite o no la implementación del proyecto productivo, expidiendo el respectivo concepto.

4. No poseer un patrimonio superior a doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv).

5. Que no menos de las dos terceras partes de sus ingresos provengan de la actividad agropecuaria.

6. No presentar antecedentes penales, fiscales o disciplinarios.

Personas jurídicas sin ánimo de lucro en calidad de representantes de un conjunto de unidades productivas familiares.

1. Un año de constitución anterior a la fecha en que se postule como aspirante al presente programa.

2. No presentar antecedentes fiscales.

3. Que el representante legal no presente antecedentes penales, disciplinarios ni fiscales.

4. Presentar certificado de existencia y representación legal con una expedición no mayor a 30 días.

5. Presentar copia del registro único tributario.

6. Presentar copia de la cédula de ciudadanía del representante legal.

7. Las unidades productivas familiares presentadas por la persona jurídica sin ánimo de lucro, deben estar asociados, formar parte de ella o haber entregado la debida representación, cumplir con los requisitos y no incurrir en las prohibiciones establecidas para el tipo de beneficiarios que representan de conformidad con los requisitos establecidos en el manual de financiación y/o cofinanciación para la formulación, ejecución, evaluación y seguimiento de proyectos productivos del Incoder y el presente acuerdo.

PAR. 1º—Se entenderán por personas jurídicas sin ánimo de lucro, entre otras, las siguientes:

a) Las organizaciones campesinas, de víctimas y/o de pescadores y acuicultores o afines del sector agropecuario.

b) Las cooperativas agropecuarias de primer y segundo grado.

c) Las empresas comunitarias.

d) Las asociaciones gremiales agropecuarias.

e) Los centros de formación agropecuaria.

f) Los consejos comunitarios, resguardos y cabildos indígenas o las organizaciones que los representen, debidamente reconocidos ante las entidades competentes.

No obstante lo anterior, no se apoyarán iniciativas presentadas por organizaciones de segundo nivel tales como: organizaciones no gubernamentales y fundaciones de segundo nivel, sin incluir las organizaciones de carácter étnico.

PAR. 2º—Las iniciativas productivas presentadas por las personas jurídicas sin ánimo de lucro, deberán plasmarse en una propuesta y su manejo será regulado por el Incoder, a través del manual de financiación y/o cofinanciación para la formulación, ejecución, evaluación y seguimiento de proyectos productivos del Incoder.

PAR. 3º—Los requisitos enunciados en el presente artículo serán los mínimos establecidos, sin perjuicio de los requisitos adicionales que para cada tipología de beneficiario o de proyecto productivo, sean regulados por el Incoder en el manual de financiación y/o cofinanciación para la formulación, ejecución, evaluación y seguimiento de proyectos productivos del Incoder.

ART. 15. Prohibiciones para ser beneficiarios del programa. No podrán ser beneficiarios del programa, los incursos en las siguientes causales:

1. Haber sido beneficiario del programa de Cofinanciación de Proyectos de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial, del presente programa u otro programa del Incoder, mediante el cual se le hubieren entregado recursos para la implementación de un proyecto productivo, salvo las excepciones que se definan por el Incoder en el manual de financiación y/o cofinanciación para la formulación, ejecución, evaluación y seguimiento de proyectos productivos del Incoder.

Las excepciones deben estar relacionadas con la imposibilidad de ejecutar el proyecto productivo adjudicado en vigencias anteriores, por circunstancias ajenas a la condición de sujeto de reforma agraria y a la voluntad del mismo.

2. Quienes ostenten la calidad de servidores públicos.

3. Ser requerido por las autoridades para el cumplimiento de pena privativa de la libertad impuesta mediante sentencia condenatoria en firme. Ni tener sanción disciplinaria o fiscal vigente.

No se configurará la prohibición en aquellos casos en los que el postulante, pese a ser objeto de una sentencia condenatoria, goce de algún tipo de subrogado penal que le permita ejercer directamente la explotación del predio. Esta excepción no podrá ser aplicada cuando el delito por el cual la persona fue condenada esté relacionado con las circunstancias asociadas al desplazamiento, al despojo o contra la administración pública.

4. Aquellas unidades productivas familiares a las que se les esté adelantando proceso de condición resolutoria, caducidad administrativa o cualquier trámite sancionatorio por incumplir las obligaciones adquiridas en calidad de beneficiario de reforma agraria.

5. Quienes tengan el predio destinado a la explotación de cultivos de uso ilícito. Se exceptúan de esta prohibición, los propietarios de predios que hayan suscrito un acuerdo de erradicación total de los cultivos ilícitos con la Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial (UACT), independientemente de que la reubicación se haya previsto o no en dicho acuerdo. En todo caso, la adjudicación y desembolso del incentivo, únicamente procederá una vez se tenga certeza de que dicha erradicación total se dio un año antes de la entrada en vigencia del presente programa.

6. Quienes suministren información inexacta o que no corresponda a la realidad.

7. Quienes sean propietarios de predios que presenten alguna restricción o prohibición de carácter ambiental debidamente certificada por la autoridad ambiental competente. Se entenderán excluidos de dicha prohibición los casos expresamente consignados en el presente acuerdo, en los que se permite excepcionalmente el desarrollo de actividades productivas en proyectos de restauración ecológica.

PAR.—No obstante las prohibiciones enunciadas en el presente artículo, el Incoder podrá establecer prohibiciones adicionales en consideración a cada tipología de beneficiario de proyecto productivo.

SECCIÓN SEGUNDA

Manual de financiación y/o cofinanciación

ART. 16.—Manual de financiación y/o cofinanciación. La gerencia general del Incoder expedirá el “manual de financiación y/o cofinanciación para la formulación, ejecución, evaluación y seguimiento de proyectos productivos del Incoder”, documento que deberá desarrollar las condiciones, criterios, características y especificidades que deben ser considerados para proyectos que beneficien unidades productivas familiares campesinas, víctimas, étnicas, pescadores y acuicultores de recursos limitados y otras modalidades, todas ellas presentadas como proyectos asociativos.

ART. 17.—Contenido del manual. El manual de financiación y/o cofinanciación para la formulación, ejecución, evaluación y seguimiento de proyectos productivos del Incoder, deberá contener como mínimo la siguiente información:

1. Los principios generales que regulan la formulación del proyecto productivo.

2. Requisitos mínimos específicos para cada tipo de aspirante: unidades agrícolas familiares campesinas, víctimas, étnicas, pescadores y acuicultores de recursos limitados y las demás formas de organización de proyectos asociativos que sean definidas.

3. Criterios y procedimientos para la verificación de requisitos mínimos.

4. Metodología para la formulación e implementación de los proyectos.

5. Definición de gastos no elegibles.

6. Factores, criterios y mecanismos de evaluación de los proyectos.

7. Requisitos para el desembolso de los recursos.

8. Monitoreo, vigilancia y seguimiento de los proyectos.

PAR. 1º—No obstante lo anterior, sin perjuicio de los gastos que se ocasionen para cada tipo de proyecto, no podrán ser cofinanciados los siguientes: aquellos gastos operativos del proyecto no inherentes a su naturaleza; tampoco serán financiables lo tributos que se causen como consecuencia del proyecto; pasivos personales de los beneficiarios; aportes a constitución de esquemas societarios o asociativos; calamidades domésticas de los beneficiarios; actividades no relacionadas con los proyectos formulados; deudas por concepto de multas o sanciones a los beneficiarios del proyecto; gastos no presupuestados en el proyecto; ni edificaciones no relacionadas al proyecto, terrenos, ni vehículos; tampoco serán financiados arrendamientos; ni pagos de cualquier tipo de pólizas o garantías o cualquier otro imprevisto.

PAR. 2º—La verificación de requisitos mínimos de los predios deberá realizarse sobre aspectos jurídicos y técnicos que se desarrollarán en el manual de financiación y/o cofinanciación para la formulación, ejecución, evaluación y seguimiento de proyectos productivos del Incoder.

Respecto de los predios, sin perjuicio que existan otros aspectos a verificarse, deberá especialmente considerarse su ubicación en zonas aptas para la producción agropecuaria, pesquera, acuícola o forestal que permitan la sostenibilidad del proyecto y que no impacte ni esté en contravía con la normatividad ambiental, garantizando la calidad de los suelos, la disponibilidad de agua y previendo los niveles máximos de riesgos tales como inundaciones, deslizamientos, sismos y sequías.

SECCIÓN TERCERA

Actuaciones previas a la formulación de los proyectos productivos

ART. 18.—Actuaciones previas para la caracterización del territorio. El Incoder a partir de las herramientas dadas por las entidades nacionales y territoriales, revisará la vocación, aptitud y ordenamiento económico productivo de la región o territorio a intervenir, así como las apuestas productivas, cadenas productivas priorizadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la sensibilidad ambiental en razón del ordenamiento productivo territorial y el mapa de actores que posean los entes territoriales.

ART. 19.—Actuaciones previas para la formulación. El Incoder junto con los interesados, realizará el levantamiento de información ambiental, social-organizativa, técnica-productiva, comercial y económica de los predios y las unidades productivas familiares, que permitan obtener datos reales e identificar el estado actual de las mismas, como un insumo para la formulación del proyecto y línea base para la implementación y seguimiento de las inversiones.

ART. 20.—Verificación de aspirantes y predios. El Incoder verificará las calidades y prohibiciones de los aspirantes de conformidad con el “manual de financiación y/o cofinanciación para la formulación, ejecución, evaluación y seguimiento de proyectos productivos del Incoder” y lo establecido en el presente acuerdo.

SECCIÓN CUARTA

Formulación del proyecto productivo

ART. 21.—Formulación del proyecto productivo. El Incoder, establecerá el procedimiento necesario para la formulación del proyecto productivo que contemple los componentes y variables que garanticen la viabilidad técnica, financiera, comercial, ambiental y social de los proyectos productivos, de conformidad con lo establecido en el manual de financiación y/o cofinanciación para la formulación, ejecución, evaluación y seguimiento de proyectos productivos del Incoder, garantizando la participación de los potenciales beneficiarios y otros actores del territorio.

SECCIÓN QUINTA

Evaluación, viabilización de los proyectos formulados

ART. 22.—Evaluación y viabilización. Para la evaluación y viabilización de los proyectos productivos, se conformará por parte de la gerencia general un equipo técnico de evaluación y viabilización de proyectos productivos, o se realizará a través de un tercero con idoneidad técnica y administrativa que integre dicho equipo, los cuales podrán realizar la evaluación en la sede central o a nivel territorial.

Los criterios y parámetros necesarios para adelantar la evaluación, así como las actividades del equipo técnico de evaluación y viabilización de proyectos se regularán en el manual de financiación y/o cofinanciación para la formulación, ejecución, evaluación y seguimiento de proyectos productivos del Incoder.

SECCIÓN SEXTA

Asignación de recursos

ART. 23.—Mecanismos para la asignación de los recursos. El Incoder para la ejecución de los proyectos productivos que se formulen en el marco del presente acuerdo, podrá optar por cualquiera de los siguientes mecanismos:

1. Convenio con los entes territoriales y/o personas jurídicas para la operación y acompañamiento del programa, reservándose para sí la facultad de adjudicación del incentivo para los proyectos mediante acto administrativo, ya sea de manera directa o a través de un tercero de reconocida idoneidad que ejecute la inversión y realice el seguimiento y el acompañamiento al proyecto productivo.

2. Convenio con los entes territoriales y/o personas jurídicas para la operación, pago del incentivo y realización del seguimiento y acompañamiento del proyecto productivo.

3. Adjudicación directa del Incoder a través de las direcciones territoriales previa delegación de la gerencia general del incentivo, para lo cual expedirá un acto administrativo motivado mediante el cual se realizará la adjudicación en favor de los beneficiarios de la financiación y/o cofinanciación para cada uno de los proyectos formulados. Contra la anterior resolución, procederá el recurso de reposición.

En caso de presentarse el recurso de reposición, el director territorial deberá comunicar a la subgerencia de gestión y desarrollo productivo el sentido de su decisión.

PAR. 1º—El acto administrativo que otorga la financiación y/o cofinanciación deberá contener como mínimo la siguiente información: nombre y cédula de los beneficiarios, identificación de los predios, monto del incentivo, las obligaciones de los beneficiarios, la inclusión del equipo técnico de vigilancia a la inversión y la supervisión del proyecto, sin prejuicio de otros elementos que sean definidos por el Incoder como necesarios para el desarrollo del proceso.

PAR. 2º—Asimismo, el acto administrativo deberá contener la obligación expresa a cargo del (los) beneficiario(s), que en caso de comprobarse la no ejecución o la indebida ejecución del proyecto productivo, este (estos) deberá rembolsar el monto no ejecutado al Incoder, en la forma establecida y/o hacer efectivo el mecanismo de garantía aplicable.

PAR. 3º—Para los convenios con personas jurídicas diferentes a los entes territoriales, estas deberán constituir las garantías que exija el Incoder de conformidad con lo establecido en la ley.

PAR. 4º—No obstante lo anterior, para el desembolso de los recursos se tendrá en cuenta lo establecido en el manual de financiación y/o cofinanciación para la formulación, ejecución, evaluación y seguimiento de proyectos productivos del Incoder.

SECCIÓN SÉPTIMA

Seguimiento, acompañamiento y vigilancia

ART. 24.—Seguimiento y vigilancia. El Incoder pondrá en marcha un sistema de monitoreo, control y seguimiento a los proyectos cofinanciados, con el fin de garantizar el pleno cumplimiento respecto a la entrega e inversión de los recursos, la ejecución de las metas y productos de los proyectos productivos aprobados, verificando que se cumplan los requisitos técnicos, ambientales, administrativos, legales y financieros, establecidos en la formulación de los proyectos.

ART. 25.—Equipo técnico de vigilancia de la inversión. La vigilancia de las inversiones se realizará a través de un equipo técnico de vigilancia de la inversión de conformidad con la normatividad establecida por el Incoder para la operación de dicho equipo.

PAR.—El seguimiento de la implementación del proyecto productivo será por el término de dos (2) años contados a partir de la primera reunión del equipo técnico de vigilancia de la inversión. Cumplido este término, el Incoder realizará un informe de cierre de ejecución de los recursos adjudicados en virtud del presente programa.

ART. 26.—Plan de acompañamiento. Los proyectos productivos tendrán un plan de acompañamiento para facilitar su implementación y desarrollo y serán supervisados en su ejecución por la subgerencia de gestión y desarrollo productivo del Incoder o la subgerencia de promoción, seguimiento y asuntos étnicos dependiendo el tipo de proyecto.

TÍTULO II

Desembolsos

ART. 27.—Requisitos para el desembolso de los recursos. Los beneficiarios de los proyectos viabilizados deberán acreditar para el desembolso de los recursos otorgados mediante el presente programa, el cumplimiento de los requisitos establecidos en el manual de financiación y/o cofinanciación para la formulación, ejecución, evaluación y seguimiento de proyectos productivos del Incoder, esto de conformidad con el tipo de población beneficiaria y el mecanismo de transferencia de recursos que sea utilizado.

TÍTULO III

Otras disposiciones

ART. 28.—Incompatibilidad de calidades. Podrán presentarse como aspirantes al beneficio de la cofinanciación de proyectos productivos, las personas con calidad de campesino, víctima, indígena o miembros de comunidades étnicas, directamente o en forma asociativa.

No obstante lo anterior, el incentivo económico otorgado a través del presente acuerdo, solo podrá ser recibido una vez, por lo cual, ninguna persona obtendrá financiación o cofinanciación bajo dos calidades o modalidades que concurran en la misma.

ART. 29.—Excepción normativa a procesos intrainstitucionales. Para los casos en los cuales el Incoder realice procesos de adquisición directa de predios en virtud del literal c) del artículo 31 de la Ley 160 de 1994, y con el fin de garantizar el acceso a proyectos productivos, las personas beneficiarias de dichos programas especiales de adquisición y dotación de tierras, que no cuenten con proyecto productivo, podrán acceder a la financiación y/o cofinanciación sin la exigencia de más requisitos de los que se solicitaron para ese programa.

ART. 30.—Operación de la intervención. De conformidad con los ejercicios de planificación y caracterización realizados en los territorios y los análisis por parte del Incoder y los entes territoriales, para la operación del proceso y la ejecución de los recursos, el Incoder podrá celebrar convenios con las entidades públicas participantes del ejercicio de planificación u otras que por su naturaleza puedan colaborar con el ejercicio del programa y lograr de esta manera una intervención eficiente.

ART. 31.—Régimen de transición. Los proyectos que hayan iniciado en otras vigencias con la metodología establecida para el programa “Por el cual se reglamenta el programa de cofinanciación e implementación de proyectos de desarrollo rural con enfoque territorial en las áreas de actuación del Incoder” y el programa “Proyectos de desarrollo rural con enfoque territorial”, continuarán con la normatividad y procedimientos con la cual iniciaron hasta su culminación.

ART. 32.—Vigencia y derogatorias. El presente acuerdo regirá a partir de su publicación en el Diario Oficial, derogando los acuerdos 308, 311 y 325 de 2013, así como los demás actos administrativos, documentos y disposiciones que le sean contrarios.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá D.C., a 16 de diciembre de 2014.