Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas

ACUERDO 39 DE 2018

(Abril 23)

“Por el cual se define y se adopta el reglamento para dar cumplimiento al artículo 5º del Decreto 440 de 2016, mediante el cual se adiciona el artículo 2.15.2.1.9 al título 2, capítulo 1, de la parte 15 del libro 2 del Decreto 1071 de 2015 relacionado con la permanencia de bienes en el Fondo”.

El Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas,

en ejercicio de las facultades legales y estatutarias, en especial las que le confieren los numerales 1, 2 y 4 del artículo 7º del Decreto 4801 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 5º del Decreto 440 de 2016, por medio del cual se adicionó el artículo 2.15.2.1.9 al Decreto 1071 de 2015, dispuso en relación con los bienes del Fondo: “Permanencia de bienes en el Fondo. En ningún caso los predios que hayan ingresado al Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas estarán por más de seis (6) meses en el Banco de Predios. Por lo tanto, si pasado dicho término, no han sido seleccionados por las víctimas para su compensación, deberá decidirse sobre su destinación de acuerdo con los procedimientos que al efecto apruebe el Consejo Directivo de la Unidad”.

Que el artículo 58 de la Constitución Política señala que a la propiedad privada le es inherente una función social y ecológica y, en consecuencia, se concibe como un derecho-deber.

Que los artículos 5º y 6º de la Ley 489 de 1998, establecen que las entidades administrativas deberán ejercer con exclusividad las potestades y atribuciones inherentes, de manera directa e inmediata, respecto de los asuntos que les hayan sido asignados expresamente por la ley, la ordenanza, el acuerdo o el reglamento ejecutivo, de conformidad con los principios de la función administrativa y de coordinación, concurrencia y subsidiaridad consagrados por el artículo 288 de la Constitución Política, y deben ser observados en el señalamiento de las competencias propias de los organismos y entidades de la rama ejecutiva y en el desarrollo de las funciones de los servidores públicos.

Que el artículo 3º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que hace referencia a los principios que deben atender las entidades públicas en sus actuaciones y procedimientos administrativos, estableció en su numeral 10 el postulado de la coordinación, el cual señala que: “las autoridades concertarán sus actividades con las de otras instancias estatales en el cumplimiento de sus cometidos y en el reconocimiento de sus derechos a los particulares”.

Que el artículo 39 de la Ley 489 de 1998 preceptúa que: “La administración pública se integra por los organismos que conforman la rama ejecutiva del Poder Público y por todos los demás organismos y entidades de naturaleza pública que de manera permanente tienen a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios públicos del Estado colombiano”; y de las cuales se encuentran unas entidades que dentro de sus funciones legalmente revestidas, se encargan de recibir inmuebles con propósitos de formalización y adjudicación en beneficio de particulares que reúnan determinadas condiciones y calidades.

Que dentro de estas entidades, en estricto orden, se encuentran las siguientes: Agencia Nacional de Tierras (L. 160/94, D. 2363/2015 y D. 902/2017), entidades territoriales (D. 1333/86), CISA (capítulo 3 del D. 1778/2016 que modificó el artículo 163 de la L. 1753/2015, que modificó el artículo 238 de la L. 1450/2011), Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales (D.-L. 3572/2011) y entes administrativos de carácter regional.

Que la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, en adelante la Unidad, cuyo objeto fundamental consiste en servir de órgano administrativo del Gobierno Nacional para la restitución de tierras de los despojados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley 1448 de 2011, numeral 10, podrá desempeñar las demás funciones afines con sus objetivos y funciones que señale la ley.

Que el artículo 72 de la Ley 1448 de 2011, señala que el Estado colombiano adoptará las medidas requeridas para la restitución jurídica y material de las tierras a los despojados y desplazados, y de no ser posible la restitución, determinar y reconocer la compensación correspondiente.

Que los artículos 97 y 98 de la Ley 1448 de 2011, establecen que le corresponde al Fondo de la Unidad reconocer las compensaciones en especie, en aquellos casos en que la restitución material del bien sea imposible.

Que en virtud del artículo 111 de la Ley 1448 de 2011, el Fondo de la Unidad tendrá como objetivo principal servir de instrumento financiero para la restitución de tierras de los despojados y el pago de compensaciones.

Que el artículo 113 de la Ley 1448 de 2011, indica las fuentes de los recursos que pueden ingresar al Fondo de la Unidad entre las que se encuentran: (…)”9. Los predios rurales que sean cedidos por los restituidos al Fondo”, los cuales a la fecha se encuentran relacionados en listado general anexo al presente acuerdo.

Que, a partir de lo anterior, la competencia para definir y adoptar el procedimiento para determinar los criterios generales respecto de la destinación definitiva de los predios que hayan ingresado al Fondo de la Unidad recae en el Consejo Directivo.

En mérito de lo expuesto,

ACUERDA:

ART. 1º—Para efectos del presente procedimiento se establecen las siguientes definiciones:

Bienes aptos: Son bienes inmuebles que cumplen los requisitos jurídicos, fiscales y técnicos (medioambientales y de productividad con vocación agrícola, agroforestal, pecuario y forestal de producción), que conforman el banco de predios del Fondo de la Unidad y tienen como propósito dar cumplimiento a órdenes judiciales relacionadas con procesos de compensación.

PAR.—Aquellos bienes que no hayan sido seleccionados por las víctimas, podrán permanecer en el Banco de Predios hasta la vigencia de la Ley 1448 de 2011, siempre que los mismos estén siendo utilizados en el desarrollo de su objeto misional, se encuentren pendientes de decisión por parte de los beneficiarios de compensación, estén inmersos en procesos de alistamientos o que estén siendo parcelados para el cumplimiento de órdenes judiciales en el marco de la política pública de restitución de tierras.

Bienes no aptos: Son los bienes inmuebles que conforman el banco de predios del Fondo de la Unidad y que no reúnen algunos de los requisitos establecidos en el artículo 2.5.2.3.2 del Decreto 1778 de 2016, que no poseen vocación agrícola, agroforestal, pecuario y forestal de producción o el área no sea suficiente para el desarrollo de la actividad productiva, o que su uso se encuentre limitado en razón de la destinación de protección ambiental establecida por la autoridad competente y que en razón a ello no son aptos para la atención de órdenes de compensación, entre los que se encuentran:

• Predios ubicados al interior de ecosistemas estratégicos: Páramos y Humedales debidamente delimitados por autoridad ambiental competente.

• Predios ubicados en zonas que hacen parte del sistema nacional de áreas protegidas SINAP: sistema de parques nacionales naturales, parques naturales regionales, reservas forestales protectoras, distritos de manejo integrado nacionales o regionales (en áreas zonificadas a través del plan de manejo del área, como de preservación o intangibles).

• Estrategias de conservación in situ: zonas de reserva forestal declaradas por la Ley 2ª de 1959, zonas de reserva forestal protectora-productoras y zonas forestales productoras regionales y nacionales, cuando las restricciones de uso impidan implementar las medidas complementarias de la restitución.

• Predios declarados baldíos inadjudicables.

• Predios que se encuentren superpuestos con fajas de retiro obligatorio o área de reserva o de exclusión para las carreteras que forman la red vial en los que por su área de exclusión impida la productividad o uso del mismo.

• Predios que presenten afectaciones por riesgos no mitigables debidamente certificados entre los que se encuentran: zonas de remoción en masa, zonas de inundación, zonas con erosión alta y severa.

• Predios con presencia abundante de afloramientos rocosos, en la superficie como en el interior del perfil del suelo.

• Zonas catalogadas como no aptas en los planes de ordenamiento territorial.

• Territorios de comunidades étnicas debidamente certificados para su uso colectivo.

• Predios que se encuentren ubicados en clase agrológica V y clases agrológicas superiores a la VI zonas de inundación.

• Zonas afectadas por minas antipersonal (MAP), otros artefactos explosivos como la munición sin estallar (MUSE) y los artefactos explosivos improvisados (AEI), identificadas en la información cartográfica digital de la Unidad y/o en certificados de riesgo expedidos por el DAICMA.

• Predios cuya extensión sea inferior a lo que indica la regulación aplicable al caso en lo que se refiere a Unidades Agrícolas Familiares (UAF), y que en razón a ello no permita el desarrollo de algún tipo de proyecto productivo.

Bienes aptos no seleccionados: Son los bienes inmuebles transferidos jurídica y materialmente al Fondo de la Unidad que a pesar de contar con las características definidas en los predios aptos, han permanecido en el Banco de Predios por más de seis (6) meses sin que hayan sido seleccionados por las víctimas como opción de compensación, conforme a lo dispuesto en el artículo 5º del Decreto 440 de 2016.

Plan de transferencia: Documento elaborado por el Fondo de la Unidad en el que se incluyen los bienes que serán objeto de transferencia, indicando el destinatario de la transferencia y los documentos que sustentan dicha actuación.

ART. 2º—Adopción del reglamento. Por medio del presente acuerdo se aprueba y adopta el reglamento para la destinación definitiva de los predios que han permanecido en el Banco de Predios del Fondo por más de seis (6) meses, que sean postulados por el Fondo para la transferencia, y que no fueron seleccionados por las víctimas para su compensación, conforme a lo dispuesto en el artículo 5º del Decreto 440 de 2016, cuya ejecución y cumplimiento obedecerá a las reglas consignadas en las siguientes disposiciones.

Los predios que serán objeto de estudio para su destinación definitiva son aquellos que: (i) hayan ingresado al Fondo de la Unidad en virtud de lo establecido en el numeral 9 del artículo 113 de la Ley 1448 de 2011, o las normas que lo complementen o reglamenten; (ii) que hayan permanecido en el Banco de Predios por más de seis (6) meses, sin que en dicho término las víctimas los hayan elegido para su compensación; (iii) que sean postulados por el Fondo para la transferencia o solicitados por terceros interesados para su transferencia; (iv) y que no estén siendo utilizados para el cumplimiento del objeto de la Unidad de conformidad con el concepto previo de su vocación de restitución.

ART. 3º—Transferencia de bienes aptos no seleccionados.

Los bienes catalogados como aptos no seleccionados, que no pueden ser entregados a las víctimas en calidad de compensación; serán transferidos por la Unidad, a la entidad que tenga dentro de sus funciones y competencias las actividades que les permitan dar cumplimiento a los propósitos y destinación de los predios, tales como:

• Agencia Nacional de Tierras o quien haga sus veces.

• Municipios.

• Departamentos.

PAR.—Para la transferencia de los bienes se garantizará por parte de la Unidad el saneamiento jurídico, fiscal y físico con relación a su ocupación.

ART. 4º—Transferencia de bienes no aptos. Los bienes catalogados como no aptos y que no pueden ser entregados a las víctimas en calidad de compensación serán transferidos a la entidad que tenga dentro de sus funciones y competencias las actividades que le permitan dar cumplimiento a los propósitos y destinación de los predios, entre las que se encuentran:

• Corporaciones autónomas regionales / corporaciones de desarrollo sostenible.

• Municipios o áreas metropolitanas.

• Departamentos.

• La Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia.

• Agencia Nacional de Infraestructura.

• Instituto Nacional de Vías.

• Agencia Nacional de Tierras, o quien haga sus veces.

PAR. 1º—Para el efecto, se tendrán en cuenta, la caracterización medioambiental y socio-productiva efectuada por el Fondo de la Unidad, además de la certificación de autoridad competente en atención a la superposición identificada en el predio.

PAR. 2º—Para la transferencia de los bienes se garantizará por parte de la Unidad el saneamiento jurídico, fiscal y físico con relación a su ocupación.

ART. 5º—Caracterización de los predios. Con el ingreso del predio al registro y postulación de que trata el artículo 6º, se dispondrá de la actualización o realización de su estudio técnico (caracterización medioambiental y socioproductiva, cálculo de UAF) y de títulos a cargo de la Unidad, a fin de incluirlo en los planes de transferencia y determinar su posible entrega a la entidad que corresponda. Así mismo, en aquellos casos en los cuales los predios presenten restricciones medioambientales o de uso, se solicitarán los respectivos certificados que así lo soporten.

ART. 6º—Registro de predios. El Fondo creará un registro y postulación de predios que deban ser transferidos, en cumplimiento del artículo 5º del Decreto 440 de 2016. En este se consignarán como mínimo la identificación jurídica, física, administrativa y fiscal del inmueble, la fuente de la cual provino y fecha de ingreso al Fondo, así como su destinación una vez sea transferido, si fuese el caso.

ART. 7º—Planes de transferencia de predios. El coordinador del Fondo presentará ante la Dirección General de la Unidad los planes de transferencia de predios, en los cuales señalará la identificación y características generales de los inmuebles, la motivación de su transferencia y los posibles destinatarios.

En estos planes periódicos de transferencia, el coordinador del Fondo definirá la estrategia en la que se describirán los actos o negocios jurídicos necesarios para materializar y formalizar la transferencia y entrega de los bienes y las gestiones realizadas para tal efecto.

ART. 8º—Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D.C., a 23 de abril de 2018.