ACUERDO 4 DE 2005 

(Julio 22)

“Por el cual se señala el procedimiento que deberá seguirse para tramitar y decidir los asuntos disciplinarios que conoce el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares y se aclara el número de un acuerdo”.

El Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares,

en ejercicio de las facultades que le confiere el parágrafo del artículo 24 de la Ley 435 de 1998,

ACUERDA:

Capítulo I

Disposiciones generales

ART. 1º—Ámbito de aplicación. Por el procedimiento señalado en este acuerdo, se tramitarán y decidirán todos los asuntos disciplinarios que conforme a la Ley 435 de 1998 están sometidos a la competencia del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

ART. 2º—Principios rectores. Al aplicar e interpretar este acuerdo, el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, los consejeros individualmente considerados, y los funcionarios del consejo, darán prevalencia a los principios contenidos en la Constitución Política y en este acuerdo, todos los cuales estarán claramente destinados a proteger las garantías constitucionales ligadas al debido proceso, así:

a) Legalidad: Toda sanción debe tener fundamento en la ley;

b) Tipicidad: Exigencia de descripción por la norma creadora de las infracciones y de las sanciones, de las conductas que pueden ser sancionadas y del contenido material de las sanciones que pueden imponerse por la comisión de cada conducta, así como la correlación entre unas y otras;

c) Prescripción: Los particulares no pueden quedar sujetos de manera indefinida a la puesta en marcha de los instrumentos sancionatorios;

d) Culpabilidad: En materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Las faltas solo son sancionables a título de dolo o culpa;

e) Proporcionabilidad: La sanción disciplinaria debe corresponder a la gravedad de la falta cometida. En la graduación de la sanción deben aplicarse los criterios que fija este acuerdo;

f) Non bis in ídem: La persona cuya situación jurídica haya sido definida por fallo sancionatorio o que tenga la misma fuerza vinculante, no será sometida a una nueva actuación por la misma conducta, aunque a esta se le dé una denominación jurídica distinta.

Capítulo II

Órganos del consejo en materia disciplinaria

ART. 3º—Sala Plena. La Sala Plena estará integrada por la totalidad de los consejeros, y a ella corresponde designar a quien haya de reemplazar a quien quiera que declare un impedimento, resolver sobre las recusaciones que se propongan, y en caso de que se acepten designar a quien haya de reemplazar al recusado. Si el impedimento o la recusación recayeren sobre un consejero, este no tendrá voto.

ART. 4º—Consejero de segunda instancia. El consejero de segunda instancia será designado por reparto. A este le corresponde proveer sobre las apelaciones o recursos de queja que se establecen en este acuerdo.

ART. 5º—Sala de Primera Instancia. La Sala de Primera Instancia estará integrada por tres consejeros designados por reparto. A ella corresponde resolver en primera instancia sobre la imposición de sanciones a los profesionales señalados en el artículo 15 de la Ley 435 de 1998.

ART. 6º—Jefe de la división jurídica. Al jefe de la división jurídica del consejo le corresponde adelantar los procesos durante la etapa de investigación mediante el decreto y práctica de pruebas, calificar las investigaciones, resolver sobre el recurso de reposición contra sus providencias cuando fuere procedente, y obrar como sujeto procesal en la etapa de juzgamiento.

ART. 7º—Abogado asesor. La Sala Plena, la Sala de Primera Instancia así como el consejero de segunda instancia, contarán con la asesoría de un abogado independiente de la división jurídica, quien además podrá practicar las pruebas decretadas por la sala de primera instancia, y la proyección de las ponencias y providencias que sean de competencia de las Salas y del consejero de la segunda instancia.

PAR. 1º—Las ponencias emitidas por los integrantes de la Sala de Primera Instancia y el consejero de segunda instancia, serán recogidas en medio magnético y constarán en forma sucinta en un acta escrita, las que se anexarán al expediente, siendo viable su reproducción a costa de los interesados.

PAR. 2º—En el evento de requerirse por parte de la Sala de Primera Instancia y el consejero de segunda instancia, se contratará los servicios de un abogado asesor externo, cuando el caso en particular así lo amerite.

ART. 8º—Abogados de la división jurídica. La división jurídica tendrá tres abogados que para efectos disciplinarios mediante acuerdo se señalarán sus funciones:

a) Profesional especializado 1;

b) Profesional universitario 1;

c) Profesional universitario 2.

Capítulo III

Régimen probatorio

ART. 9º—Medios de prueba. Sirven como prueba la versión del disciplinado, la confesión, el testimonio, el dictamen pericial, la inspección, los documentos, los indicios, las presunciones, los informes de terceros y cualquier otro medio útil para la formación del convencimiento.

ART. 10.—Versión. La versión es la declaración oral que hace el disciplinado ante cualquiera de los órganos del consejo enunciados en los artículos precedentes, para tal fin se fijará fecha y hora, y se librará la comunicación correspondiente.

Presente e identificado el disciplinado, se le advertirá de las garantías contenidas en la Constitución y en la ley, especialmente sobre la presunción de inocencia, de la condición de injurada de la diligencia, y que no está obligado a declarar contra sí mismo ni contra su cónyuge, compañero permanente, o las personas con que tenga parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. Acto seguido el disciplinado será interrogado sobre sus generales de ley y se le informará sucintamente acerca de los hechos objeto de su versión para que haga un relato de cuanto le conste sobre los mismos. De la diligencia se levantará un acta que dé cuenta de todo lo actuado, en ella se consignarán textualmente las preguntas y las respuestas, y será suscrita por quienes intervinieron. De la inasistencia del disciplinado o de su negativa a responder no se podrá deducir consecuencia procesal alguna.

ART. 11.—Confesión. La confesión es la declaración que hace el disciplinado y en la que reconoce hechos que le produzcan consecuencias jurídicas adversas. Para que la confesión sea válida se requiere que el confesante tenga capacidad para hacerla, y que recaiga sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija otro medio de prueba. Toda confesión es infirmable.

ART. 12.—Testimonio. El testimonio es la declaración que rinde un tercero sobre lo que sabe, y le consta acerca de hechos que interesan al proceso. Decretado un testimonio se señalará fecha y hora para su práctica y se librará la comunicación pertinente. Presente e identificado el testigo se procederá a recaudar la prueba advirtiéndole las garantías contenidas en el artículo 33 de la Constitución Nacional y se le tomará juramento haciéndole saber la responsabilidad penal en que incurre quien jura en falso. Acto seguido el testigo será interrogado sobre sus generales de ley. A continuación se informará sucintamente al testigo acerca del objeto de su declaración y se le pedirá que haga un relato de cuanto le conste sobre el mismo. De la diligencia se levantará un acta que dé cuenta de todo lo actuado, en ella se consignarán textualmente las preguntas y las respuestas, y será suscrita por quienes intervinieron.

ART. 13.—Dictamen pericial. El dictamen pericial es procedente para la verificación de hechos que interesen al proceso cuando se requiera de especiales conocimientos técnicos, artísticos o científicos. Al decretar esta prueba se designará al perito, se indicarán los puntos sobre los que debe versar el experticio, y se señalará el término en el cual debe rendirse. Cumplido lo anterior, se fijará fecha y hora para la posesión del perito librándose la comunicación pertinente; presente el designado será posesionado previas las formalidades de rigor y el compromiso de cumplir bien y fielmente las obligaciones que el cargo le impone, para lo cual se le advertirá de la responsabilidad penal en que incurre quien jura en falso. De la posesión se levantará un acta. El término para rendir el dictamen comenzará a correr el día siguiente al de la posesión, y podrá ser ampliado por una vez a petición del perito formulada con anterioridad a su vencimiento.

Si el perito no tomare posesión del cargo o no rindiere el dictamen dentro del término establecido, se procederá a relevarlo.

Si el dictamen pericial hubiere de concurrir con inspección ocular, el cuestionario al perito será formulado en la diligencia de inspección o mediante auto expedido con posterioridad a ella. En la medida en que fuere necesario, el secretario librará las comunicaciones que fueren pertinentes para que se permita al perito el examen de los elementos materiales sobre las cuales ha de recaer el dictamen.

Rendido el dictamen, se dará traslado del mismo a los sujetos procesales por el término de cinco días, dentro del cual podrán objetarlo por error grave, pedir que se amplíe o aclare. Si se solicitare ampliación o aclaración, se indicarán los puntos que han de ampliarse o aclararse. Si se tratare de objeción, deberán indicarse el error grave y las pruebas necesarias para su demostración, hecho lo cual, se dispondrá la práctica de las pruebas pertinentes, evacuadas las cuales se proveerá sobre la objeción. En caso de que la objeción sea aceptada, se dispondrá un nuevo dictamen sobre los puntos en que hubiere prosperado. De la adición o aclaración del dictamen, se correrá igualmente traslado por el término de cinco días, término durante el cual el dictamen en conjunto podrá ser objetado.

Si el dictamen hubiere sido rendido antes de la vinculación del disciplinado, el término para objetarlo o solicitar su aclaración o adición, empezará a correr al día siguiente de aquel en que dicha vinculación se produzca.

Se podrán también solicitar informes técnicos o peritaciones a entidades oficiales, en la forma en que lo dispone el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil.

ART. 14.—Inspección. Para la verificación de hechos que interesen al proceso, podrá ordenarse de oficio o a petición de parte el examen de lugares, cosas o documentos. El auto que decrete la inspección señalará los puntos sobre los cuales deberá versar. Decretada la inspección, se fijará fecha y hora para su práctica y se librarán las comunicaciones pertinentes. Si la diligencia hubiere de practicarse en Bogotá se iniciará en el despacho y se dejará constancia de la asistencia de los sujetos procesales que concurran, en caso contrario se iniciará en el lugar donde se encuentren los efectos a inspeccionar. Iniciada la diligencia, se procederá al traslado al lugar de su práctica y al examen y reconocimiento de que se trate. Durante la diligencia se podrán tomar reproducciones fotostáticas, fotografías o emplearse cualquier otro medio idóneo para dejar memoria de lo observado. La inspección podrá concurrir con el dictamen pericial y de ser necesario y útil al investigativo, se decretará y practicará prueba testimonial. De todo lo actuado y observado se levantará un acta que será suscrita por los intervinientes. Si la inspección versare sobre bienes muebles o documentos que se encuentren en poder de terceros, con anterioridad a la diligencia se les comunicará que deben exhibirlas en la fecha y hora de la inspección.

ART. 15.—Documentos. La apreciación y contradicción de los documentos allegados al proceso se someterá a las reglas que establecen las leyes de procedimiento civil.

ART. 16.—Indicios. El indicio es la inferencia lógica que consiste en dar verosimilitud a un hecho a partir de la prueba de otro hecho. Salvo disposición en contrario, se podrán deducir indicios de la conducta procesal de las partes. Para deducir un indicio, el hecho indicador debe estar plenamente demostrado.

ART. 17.—Presunciones. La presunción es la inferencia lógica que hace la ley y que consiste en dar por demostrado un hecho a partir de la demostración de otro. Salvo disposición legal, las presunciones admitirán prueba en contrario. Para aplicar una presunción, el hecho generador debe estar plenamente demostrado.

ART. 18.—Informes de terceros. Cuando se trate de hechos que puedan ser establecidos por informes de terceros, se ordenará que el secretario libre oficio en solicitud del informe.

ART. 19.—Disposiciones comunes a las pruebas orales. Toda prueba que consista en una declaración oral, podrá ser recogida en medios técnicos que hagan innecesaria su recepción escrita. En tal caso, se levantará un acta que dé cuenta en forma sucinta de la hora de la iniciación, la naturaleza de la prueba, las personas que intervinieron en la diligencia y la hora de terminación de la misma. Tal acta será suscrita por todos los intervinientes.

En caso de requerirse copia de la prueba a la que se hace alusión en esta norma por parte de alguno de los sujetos procesales, a ello se procederá por los medios técnicos correspondientes y a su costa.

Capítulo IV

Investigación

ART. 20.—Finalidad de la investigación. La etapa de investigación tiene por propósito establecer si existe o no mérito para que una conducta dada sea sometida a juzgamiento, para lo cual, a lo largo de ella, se decretarán y practicarán las pruebas que resulten pertinentes.

ART. 21.—Iniciación. La investigación se iniciará por queja, informe o de oficio, mediante la expedición por parte del jefe de la división jurídica del auto que asume el conocimiento, providencia en la cual procederá a decretar las pruebas que estime pertinentes para cumplir con los fines de la investigación.

ART. 22.—Vinculación. En el momento en que resulte individualizado alguno de los profesionales de que trata el artículo 15 de la Ley 435 de 1998 como eventual autor de la conducta investigada, se ordenará vincularlo al proceso en calidad de disciplinado. El auto que ordene la vinculación se notificará personalmente al disciplinado o a su defensor. Cumplida dicha notificación el disciplinado quedará vinculado al proceso y se interrumpirá la prescripción.

ART. 23.—Sujetos procesales. Durante la investigación, serán sujetos procesales:

a) El disciplinado;

b) El defensor de confianza o de oficio.

PAR. —Los estudiantes de los consultorios jurídicos también, podrán actuar como defensores de confianza y de oficio en los procesos disciplinarios, según los términos previstos en la Ley 583 de 2000. Como sujeto procesal, el defensor tiene las mismas facultades del disciplinado; cuando existan criterios contradictorios prevalecerá el del primero.

ART. 24.—Facultades de los sujetos procesales. Facultades de los sujetos procesales:

1. Solicitar, aportar y controvertir pruebas e intervenir en la práctica de las mismas.

2. Interponer los recursos que defina el procedimiento.

3. Presentar las solicitudes que consideren necesarias para garantizar la legalidad de la actuación disciplinaria y el cumplimiento de los fines de la misma.

4. Obtener copias de la actuación, salvo que por mandato constitucional o legal esta tenga carácter reservado.

5. Las demás que conlleven el ejercicio de la defensa técnica o material.

ART. 25.—Pruebas durante la etapa de investigación. Durante la etapa de investigación el jefe de la división jurídica decretará y practicará las pruebas que sean conducentes, pertinentes y necesarias, para cumplir con los fines de la investigación, y se deberá informar al disciplinado el derecho que tiene a ser oído en versión libre.

ART. 26.—Cierre de la investigación. Transcurridos seis meses desde la vinculación del disciplinado, el jefe de la división jurídica cerrará mediante auto la investigación y dará traslado por el término de cinco días a los sujetos procesales para que presenten sus alegatos. Vencido el término para alegar, procederá a calificar el mérito de la investigación en el término de treinta días.

Cuando se adelante investigación por una falta disciplinaria en la que hubieren intervenido varios disciplinados y solamente se identificare uno o algunos de ellos, se podrá romper la unidad procesal, sin perjuicio que las actuaciones puedan unificarse posteriormente para proseguir su curso bajo una misma cuerda.

Vencido el término de la investigación, el jefe de la división la evaluará y adoptará la decisión de acusación, si se reunieren los requisitos legales para ello. Con todo si hicieren falta pruebas que puedan modificar la situación se prorrogará la investigación hasta por la mitad del término, vencido el cual, si no ha surgido prueba que permita calificar la investigación, se archivará definitivamente la actuación.

El jefe de la división jurídica, podrá cerrar la investigación antes del vencimiento del término señalado en este artículo, cuando quiera que encuentre cumplidos los fines de la investigación.

ART. 27.—Calificación de la investigación. La investigación se calificará por el jefe de la división jurídica mediante auto de acusación, cuando esté objetivamente demostrada la falta y exista prueba que comprometa la responsabilidad del investigado. En caso contrario, se calificará mediante auto de preclusión.

ART. 28.—Auto inhibitorio y auto de cesación de procedimiento. El jefe de la división jurídica proferirá auto inhibitorio sin efectos de cosa juzgada, si transcurridos seis meses a partir de la fecha del auto que avocó conocimiento no se hubiere podido proferir el auto de que trata el artículo 22 de este acuerdo.

En cualquier etapa de la actuación disciplinaria en que aparezca plenamente demostrado que el hecho atribuido no existió, que la conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria, que el investigado no la cometió, que existe una causal de exclusión de responsabilidad, o que la actuación no podía iniciarse o proseguirse, el jefe de la división jurídica mediante informe remitirá las diligencias a la Sala de Primera Instancia, para que esta mediante decisión motivada, así lo declare y ordene el archivo definitivo de las diligencias. Contra esta decisión procede el recurso de reposición y subsidiario el de apelación.

PAR. —Los autos inhibitorios, cesatorios y preclusorios, serán comunicados al quejoso si lo hubiere, quien en el término de diez días contados a partir de la imposición al servicio postal de la comunicación, podrá interponer y sustentar el recurso de reposición.

ART. 29.—Causales de exclusión de la responsabilidad disciplinaria. Está exento de responsabilidad disciplinaria quien realice la conducta:

1. Por fuerza mayor o caso fortuito.

2. En estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que el sacrificado.

3. En cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales.

4. Por salvar un derecho propio o ajeno al cual deba ceder el cumplimiento del deber, en razón de la necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad.

5. Por insuperable coacción ajena o miedo insuperable.

6. Con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria.

7. En situación de inimputabilidad. En tal evento se dará inmediata aplicación, por el competente, a los mecanismos administrativos que permitan el reconocimiento de las inhabilidades sobrevinientes.

No habrá lugar al reconocimiento de inimputabilidad cuando el sujeto disciplinado hubiere preordenado su comportamiento.

ART. 30.—Efectos del auto de formulación de acusación. Ejecutoriado el auto de acusación se inicia la etapa de juzgamiento.

Capítulo V

Juzgamiento

ART. 31.—Ámbito. El ámbito del juzgamiento estará estrictamente delimitado por el auto de formulación de acusación.

ART. 32.—Sujetos procesales. Durante el juzgamiento serán sujetos procesales no solo los señalados en el artículo 23 de este acuerdo, sino además el jefe de la división jurídica.

ART. 33.—Facultades de los sujetos procesales. Además de las facultades establecidas en el artículo 24 de este acuerdo, durante la etapa de juzgamiento los sujetos procesales tendrán derecho a interponer los recursos que en el capítulo pertinente se señalan.

ART. 34.—Reparto y traslado. Ejecutoriado el auto de acusación, el secretario procederá a repartir el proceso para determinar los consejeros que integrarán la Sala de Primera Instancia y el consejero de segunda instancia. Para tal efecto los consejeros serán numerados en el mismo orden en que los enuncia el artículo 9º de la Ley 435 de 1998, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley 962 del 8 de julio de 2005, y el primer auto de acusación que se notifique será asignado a la Sala de Primera Instancia presidida por el consejero número uno y conformada además por los consejeros números dos y tres; el segundo auto de acusación será asignado a la Sala de Primera Instancia presidida por el consejero número dos y conformada además por los consejeros tres y cuatro, y así rotatoria y sucesivamente. Será ponente el consejero que presida cada sala. Los consejeros no llamados a integrar una Sala de Primera Instancia, asumirán individualmente el conocimiento de la Segunda Instancia.

Efectuado el reparto el secretario, pasará el expediente al consejero llamado a presidir la Sala de Primera Instancia, quien mediante auto dará traslado por cinco días a los sujetos procesales para que si a bien lo tienen soliciten justificadamente la práctica de pruebas.

ART. 35.—Decreto y práctica de pruebas. Vencido el término anterior, si se hubieren solicitado pruebas el ponente mediante auto procederá a proveer sobre tales solicitudes y el término para practicarlas. Las pruebas que no pudieren ser practicadas en la audiencia se practicarán por el abogado asesor y el profesional universitario 2 de la división jurídica. Las demás se practicarán en la audiencia.

ART. 36.—Señalamiento de fecha para audiencia. Evacuada la etapa probatoria, se señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia, para lo cual se librará las comunicaciones pertinentes.

ART. 37.—Reglas para la celebración de la audiencia. Llegado el día y la hora para la audiencia de que trata el artículo anterior, a la cual deberán asistir todos los consejeros que integran la Sala de Primera Instancia, los sujetos procesales y el abogado asesor, se procederá a interrogar al disciplinado en caso de encontrarse presente, pues su asistencia no es obligatoria, acerca de los hechos que motivan la investigación.

Los sujetos procesales podrán interrogar al disciplinado, en el siguiente orden: En primer lugar los consejeros que integran la Sala, en segundo lugar el jefe de la división jurídica, luego el abogado asesor y finalmente el defensor. Acto seguido se procederá a evacuar las pruebas que fueran decretadas.

Concluida la práctica de las pruebas, el consejero ponente concederá el uso de la palabra a los sujetos procesales para que presenten los alegatos de conclusión; inicialmente hará uso de ese derecho el jefe de la división jurídica, finalizada su intervención el disciplinado si estuviere presente y finalmente el defensor. Una vez presentados los alegatos, se declarará cerrada la audiencia.

Lo actuado en la audiencia podrá ser recogido en grabación magnetofónica o mediante cualquier otro medio técnico, que será anexado debidamente a las diligencias, siendo viable su reproducción a solicitud de los interesados.

PAR.—Si no pudiere llevarse a cabo la audiencia por ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se señalará una nueva fecha y hora. En caso de no justificarse la inasistencia a la primera citación dentro de los tres días siguientes a la fecha señalada, el ponente mediante auto procederá a relevar del cargo a la defensa y designará una de oficio.

ART. 38.—Decisión. Celebrada la audiencia, el ponente dispondrá de quince días para dar a conocer el proyecto de su decisión, la cual al día siguiente será remitida a los demás integrantes de la Sala de Primera Instancia, quienes dentro de los quince días siguientes deberán reunirse presencial o virtualmente con el abogado asesor y, por mayoría, acoger o rechazar la ponencia.

Si la ponencia fuere acogida, la sala dispondrá de quince días más para expedir motivadamente el acto administrativo correspondiente.

Si la ponencia fuere rechazada, corresponderá al consejero que siga en turno la elaboración de una nueva ponencia, a la cual se dará el trámite previsto en este artículo.

El consejero que se aparte total o parcialmente de la decisión de la Sala suscribirá la providencia respectiva y puede aclarar o salvar su voto. Las ponencias serán reservadas.

Capítulo VI

Recursos

ART. 39.—Recurso de reposición. Serán susceptibles de recurso de reposición por parte del quejoso los autos de que trata el artículo del artículo 28. El recurso deberá ser interpuesto y sustentado en el término de diez días, so pena de rechazo, decisión esta que no admite recurso alguno. Oportunamente interpuesto y sustentado el recurso, se dará traslado a los demás sujetos procesales por el término de 3 días para que se pronuncien sobre el mismo. Vencido el término anterior se resolverá lo pertinente.

ART. 40.—Recurso de apelación. Serán susceptibles de recurso de apelación por parte de cualquiera de los sujetos procesales, las resoluciones de la Sala de Primera Instancia previstas en el artículo 38 en el término de cinco días. La apelación deberá ser sustentada al momento de su interposición. Si la apelación no se interpusiere y sustentare en términos, el ponente mediante auto la rechazará. Interpuesta y sustentada oportunamente la apelación por quienes están legitimados para hacerlo, el ponente mediante auto dará traslado a los sujetos procesales no apelantes para que en el término de tres días se pronuncien si a bien lo tienen sobre la apelación, y dispondrá que cumplido lo anterior se remita el expediente al consejero de segunda instancia.

Recibido el expediente por el consejero a quien hubiere correspondido por reparto la segunda instancia, contará con un término de quince días para proferir la decisión correspondiente. Las decisiones de la segunda instancia se consignarán en resolución motivada.

ART. 41.—Recurso de queja. El recurso de queja procede cuando quiera que el apelante considere mal rechazado el de apelación. Deberá ser interpuesto y sustentado por el apelante mediante escrito dirigido al consejero de segunda instancia dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del auto que rechazó el recurso de apelación. Interpuesto el recurso, el secretario pasará el expediente al consejero de segunda instancia que hubiere correspondido por reparto, quien deberá resolver mediante auto si la apelación estuvo bien o mal denegada. Si la considera mal denegada, mediante auto admitirá el recurso de apelación. Notificado el auto admisorio del recurso, procederá como se indica en el artículo 40. Si se declara bien denegado el recurso, quedará en firme la resolución de la Sala de Primera Instancia.

ART. 42.—Irrecurribilidad de otras providencias. Las demás providencias contempladas en este acuerdo carecen de recurso alguno.

Capítulo VII

Notificaciones y cómputo de términos

ART. 43.—Providencias que deben notificarse. Deben notificarse la providencia prevista en el artículo 22 de este acuerdo, y todas las demás que se profieran con posterioridad a tal notificación.

ART. 44.—Notificación personal. Deben notificarse personalmente las providencias de que tratan los artículos 22, 27 y 38 de este acuerdo, así como las resoluciones que se profieran conforme a los artículos 40 y 41.

ART. 45.—Práctica de la notificación personal. Para la notificación personal se procederá así:

a) Si la providencia a notificar fuere la establecida en los artículos 22 y 27 de este acuerdo, el secretario librará oficio a la dirección o direcciones conocidas de quien o quienes hayan de ser notificados. En la comunicación se citará al disciplinado para que, por sí o por conducto de defensor y en el término de diez días contados a partir de la imposición al correo de la comunicación, concurra a la secretaría del consejo a recibir la notificación personal.

Si el citado concurre con defensor entratándose de la notificación que prevé el artículo 22, se les leerá el auto a notificar, se les entregará una copia del mismo, de la Ley 435 de 1998 y de las normas que rigen el procedimiento, debiéndoseles informar que contra la providencia notificada no procede recurso alguno.

De la diligencia de notificación se levantará un acta, en la cual, además de lo actuado, se dejará constancia de la designación del defensor y de su aceptación. Si el citado concurre sin defensor, se le designará uno de oficio con quien se surtirá la diligencia.

Si no se conociere dirección del disciplinado, o si citado no concurriere, el secretario procederá a emplazarlo mediante la fijación de un edicto en un lugar visible y accesible al público en la sede del consejo por el término de diez días. El edicto se publicará por una vez en un periódico de circulación nacional entre el día siguiente a su fijación y el anterior a su desfijación.

Transcurridos trece días de la fijación del edicto, el secretario pasará el expediente al despacho y al hacerlo agregará el edicto con constancia de la fecha de su desfijación y la página del periódico en que se hubiere publicado el mismo, e informará si el emplazado concurrió o no a notificarse. Si el emplazado no hubiere concurrido a notificarse, el jefe de la división jurídica le designará un defensor de oficio con quien, previa citación en la forma indicada en el inciso 1º de este literal, se surtirá la notificación;

b) Si la providencia a notificar fuere la resolución establecida en el artículo 38 de este acuerdo, se librará oficio a cada uno de los sujetos procesales excepción hecha del jefe de la división jurídica a quien se notificará por estado, mediante el cual se les citará para que, en el término de diez días contados a partir de la imposición al correo de la comunicación, concurran a recibir la notificación personal de la providencia, y se les advertirá que contra la misma solamente procede el recurso de apelación el cual deberá ser interpuesto y sustentado por escrito dentro de los cinco días siguientes al de la notificación.

De la diligencia de notificación se levantará un acta.

A los citados que no concurrieren se les notificará mediante la fijación de un edicto en un lugar visible y accesible al público de la sede del consejo por el término de cinco días, transcurrido el cual se entenderá notificada la providencia;

c) Si la resolución a notificar fuere una de las previstas en los artículos 40 y 41 de este acuerdo, se librará oficio a cada uno de los sujetos procesales excepción hecha del jefe de la división jurídica a quien se notificará por estado, mediante el cual se les citará para que, en el término de cinco días contados a partir de la imposición al correo de la comunicación, concurran a recibir la notificación personal de la providencia, y se les advertirá que contra la misma no procede recurso alguno. Respecto de los citados que no concurrieren, el secretario fijará un edicto en un lugar visible y accesible al público de la sede del consejo por el término de cinco días, transcurrido el cual se entenderá notificada la providencia.

ART. 46.—Notificación por Estado. Cuando no fuere posible la notificación personal a los sujetos procesales, se hará la notificación por estado que se fijará tres (3) días después, contados a partir de la fecha en que se haya realizado la diligencia de citación efectuada por el medio más eficaz o mediante telegrama dirigido a la dirección que aparezca registrada en el expediente, citación que deberá realizarse a más tardar el día siguiente hábil a la fecha de la providencia que deba ser notificada. El estado se fijará por el término de un (1) día en secretaría y se dejará constancia de la fijación y desfijación.

A los sujetos procesales que residan fuera de Bogotá, el secretario, al momento de la fijación del estado, les remitirá por correo una copia del mismo, y los términos correrán a partir de la constancia de recibo.

ART. 47.—Notificación por conducta concluyente. Cuando no se hubiere realizado la notificación personal o de hecho, o esta fuere irregular respecto de decisiones o del fallo, la exigencia legal se entiende cumplida, para todos los efectos, si el disciplinado o su defensor no reclama y actúa en diligencias posteriores o interpone recursos contra ellos o se refiere a las mismas o a su contenido en escritos o alegatos verbales posteriores.

ART. 48.—Cómputo de términos. Los términos que se den como consecuencia de autos o resoluciones correrán desde el día siguiente al de la notificación de dichas providencias.

ART. 49.—Fijación y desfijación de edictos y estados. Los edictos y los estados se fijarán al iniciar el día de su fijación y se desfijarán al concluir el día de su desfijación.

Capítulo VIII

Disposiciones finales

ART. 50.—Impedimentos y recusaciones. Declarado un impedimento, la Sala Plena proveerá el reemplazo del impedido. Si se presentare una recusación, se le dará el trámite previsto en el Código de Procedimiento Penal.

ART. 51.—Nulidades.

Causales de Nulidad. Son causales de nulidad las siguientes:

a) La Falta de competencia del funcionario para proferir fallo;

b) La violación del derecho de defensa del investigado;

c) La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso.

Los principios que orientan la declaratoria de nulidad y su convalidación, consagrados en el Código de Procedimiento Penal, se aplicarán a este procedimiento.

Declaratoria oficiosa. En cualquier estado de la actuación disciplinaria, cuando el funcionario que conozca del asunto advierta la existencia de alguna de las causales previstas en la norma anterior, declarará la nulidad de lo actuado.

Efectos de la declaratoria de nulidad. La declaratoria de nulidad afectará la actuación disciplinaria desde el momento en que se presente la causal. Así lo señalará el funcionario competente y ordenará que se reponga la actuación que dependa de la decisión declarada nula. La declaratoria de nulidad de la actuación disciplinaria no invalida las pruebas allegadas y practicadas legalmente.

Requisitos de la solicitud de nulidad. La solicitud de nulidad podrá formularse antes de proferirse el fallo definitivo, y deberá indicar en forma concreta la causal o causales respectivas y expresar los fundamentos de hecho y de derecho que la sustenten.

Término para resolver. El funcionario competente resolverá la solicitud de nulidad, a más tardar dentro de los cinco días siguientes a la fecha de su recibo.

ART. 52.—Integración. En lo no previsto en este acuerdo, se dará aplicación en su orden al Código de Procedimiento Penal y al Código Contencioso Administrativo.

ART. 53.—Clasificación de las faltas. Las faltas disciplinarias son:

1. Gravísimas.

2. Graves.

3. Leves.

PAR. 1º—Criterios para determinar la gravedad o levedad de la falta: se determina si la falta es gravísima, grave o leve, de conformidad con los siguientes criterios:

a) El grado de culpabilidad;

b) La trascendencia social de la falta o el perjuicio causado;

c) Las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta, que se apreciarán teniendo en cuenta el cuidado empleado en su preparación, el nivel de aprovechamiento de la confianza depositada en el disciplinado o de la que se derive de la naturaleza del cargo o función, el grado de participación en la comisión de la falta, si fue inducido por un superior a cometerla, o si la cometió en estado de ofuscación originado en circunstancias o condiciones de difícil prevención y gravedad extrema, debidamente comprobadas;

d) Cuando en la ejecución de la conducta que configura la falta, participan varias personas, sean particulares o servidores públicos.

PAR. 2º—Clases de sanciones:

1. Amonestación escrita.

2. Suspensión en el ejercicio de la profesión, implica la separación del ejercicio de la profesión en cuyo desempeño se originó la falta disciplinaria y la inhabilidad especial, la imposibilidad de ejercer la profesión temporalmente y conforme a lo dispuesto en el fallo correspondiente.

3. Cancelación definitiva de la matrícula profesional.

PAR. 3º—Dosimetría de las sanciones: la Sala de Primera Instancia y el consejero de segunda instancia dosificarán las sanciones a imponer. Para tal efecto aplicarán las siguientes reglas:

1. La sanción de amonestación escrita solamente será impuesta cuando quiera que la falta se considere leve. Al expedir la providencia correspondiente, se expondrán en detalle los motivos que llevaron a la sala a considerar la falta como leve.

2. La sanción de cancelación definitiva de la matrícula profesional solamente será impuesta cuando quiera que la falta se considere gravísima. Al expedir la providencia correspondiente, se expondrán en detalle los motivos que llevaron a la sala a considerar la falta como gravísima.

3. Para dosificar la sanción en el panorama restante, esto es, el que comprende las faltas graves, se procederá así:

3.1. Se sancionarán de un día a quince meses de suspensión aquellas conductas en que no concurran ni agravantes ni atenuantes, y aquellas en que solamente concurran atenuantes.

3.2. Se sancionarán de quince meses y un día de suspensión a cuarenta y cinco meses de suspensión, aquellas conductas en que concurran tanto agravantes como atenuantes.

3.3. Se sancionarán de cuarenta y cinco meses y un día de suspensión a sesenta meses de suspensión, aquellas conductas en que solamente concurran agravantes.

PAR. 4º—Para efectos de la aplicación de las disposiciones del numeral 3º de este artículo, se considerarán como atenuantes los siguientes:

a) La carencia de antecedentes;

b) Obrar por motivos nobles o altruistas;

c) Obrar en estado de emoción, pasión excusables, o de temor intenso;

d) La influencia de apremiantes circunstancias personales o familiares en la ejecución de la conducta;

e) Procurar voluntariamente, después de cometida la conducta, anular o disminuir sus consecuencias;

f) Reparar voluntariamente el daño ocasionado aunque no sea en forma total;

g) Evitar la injusta sindicación de terceros;

h) Cualquier circunstancia de análoga significación a las anteriores.

PAR. 5º—Para efectos de la aplicación de las disposiciones del numeral 3º de este artículo, se considerarán como agravantes los siguientes:

a) Ejecutar la conducta sobre bienes o recursos destinados a actividades de utilidad común o a la satisfacción de necesidades básicas de una colectividad;

b) Ejecutar la conducta por motivo indigno, insignificante o mediante precio, recompensa o promesa remuneratoria distinta de los normales honorarios;

c) Emplear en la ejecución de la conducta medios de cuyo uso pueda resultar peligro común;

d) Hacer más nocivas las consecuencias de la conducta;

e) Ejecutar la conducta con quebrantamiento de los deberes que las relaciones sociales o de parentesco impongan al responsable respecto del ofendido;

f) La posición distinguida que el responsable ocupe en la sociedad, por su cargo, posición económica, ilustración, poder, oficio o ministerio;

g) Obrar en coparticipación;

h) Cuando se produjere un daño grave o una irreversible modificación del equilibrio ecológico de los ecosistemas naturales;

i) Cuando la conducta se realice sobre áreas protegidas, bienes culturales de especial importancia ecológica o en ecosistemas estratégicos definidos por la ley o los reglamentos.

PAR. 6º—Para dosificar la sanción dentro de los parámetros señalados en el numeral 3º de este artículo, se considerarán la mayor o menor gravedad de la conducta, el daño real o potencial creado, la naturaleza de las causales que agraven o atenúen la punibilidad, la intensidad de la culpa o el dolo concurrentes, la necesidad de sanción y la función que ella ha de cumplir en el caso concreto.

ART. 54.—Prescripción. La acción disciplinaria prescribe en tres años contados a partir del último acto constitutivo de la falta o de la última omisión jurídicamente relevante que la constituya. Este término sin embargo, respecto de las faltas que tuvieren la potencialidad de poner en riesgo la vida o la integridad de las personas, será de diez años.

ART. 55.—Aclaración número de acuerdo. Se aclara que el Acuerdo 02 del 26 de mayo de 2005 proferido por la Sala Plena del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, por el cual se aclaran, adicionan y modifican algunas normas del Acuerdo 01 del 25 de febrero de 2005, corresponde es al Acuerdo 02 A del 26 de mayo de 2005.

Lo anterior como quiera que el Acuerdo 02 del 25 febrero de 2005 trata de la creación de un cargo en la planta de personal del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones Auxiliares, y se modifican parcialmente los Acuerdos 03 del 8 de octubre de 1999, 04 del 24 de enero de 2000 y 13 del 16 de diciembre de 2004.

ART. 56.—Vigencia, derogatorias y transición. El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de su publicación. Deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, especialmente los acuerdos 01 de 1998, 06 de 2000, 01 y 02 A de 2005. Deja también sin efecto el Acuerdo 11 de 2004.

Los procesos disciplinarios que al entrar en vigencia el presente acuerdo se encuentren en audiencia de juzgamiento, continuarán su trámite hasta el fallo definitivo, de conformidad con el procedimiento consagrado en el Acuerdo 01 de 1998.

Para lo concerniente a la sustanciación y ritualidad del proceso, se entenderá que el denominado auto avoca conocimiento al que se hacía alusión en el artículo 18 del Acuerdo 01 de 1998, que fuera modificado por el artículo 3º del acuerdo 06 de 2000, equivaldrá al auto de que trata el artículo 21 del Acuerdo 04 de 2005.

Discutido y aprobado en la reunión del Consejo Profesional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, celebrada en Bogotá, D.C., el 22 de julio de 2005.

Publíquese.

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