ACUERDO 5 DE 2004 

(Marzo 15)

“Por el cual se deroga el Acuerdo 278 del 1º de diciembre de 1983”.

El Consejo Directivo del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, Icfes,

en uso de atribuciones legales y estatutarias,

CONSIDERANDO:

Que por medio del Acuerdo 278 del 1º de diciembre de 1983, de la entonces junta directiva del Icfes, se decidió “autorizar la presentación de los exámenes de Estado a los bachilleres Adventistas del 7º Día, el día sábado en la noche y el día domingo todo el día, en las fechas programadas por la Unidad Administrativa Especial del Servicio Nacional de Pruebas, y en las condiciones determinadas por esta unidad”;

Que sobre la base del interés general y demás principios consagrados en la Constitución Política de 1991 y los recursos institucionales el Icfes unificó las jornadas y los horarios para la presentación de los exámenes de Estado en todo el país, señalando para tal efecto los días sábado y domingo en horarios que no interfieren los de la jornada laboral común a la mayor parte de los colombianos, al considerar con el respaldo de la oficina asesora jurídica que el referido Acuerdo 278 del 1º de diciembre de 1983 se encuentra tácitamente derogado por aquella norma superior;

Que con ocasión de las inquietudes planteadas por algunos representantes de organizaciones religiosas, el Icfes en lo esencial conceptúo: las pruebas, de Estado se han diseñado a partir de una técnica y una metodología que se traduce en las denominadas “preguntas abiertas”, las cuales son dadas al conocimiento de la totalidad de los usuarios en todo el país el mismo día e instante de la aplicación del examen. La efectividad de esta evaluación depende entonces de la simultaneidad absoluta en la aplicación de las pruebas para todos los evaluados;

Que como la posición del Icfes se encuentra conforme con los principios constitucionales y a la juricidad sobre la cual gravita el Estado social de derecho colombiano y su organización política, que privilegian los derechos fundamentales de la participación ciudadana sin desmedro de los brocardos sobre los cuales descansan, ha advertido lo siguiente: 1. Summum del cuerpo normativo establecido para el ejercicio de derechos y el cumplimiento de obligaciones ciudadanas en armonía, el Estado social de derecho carecería de sentido sin un ordenamiento jurídico llamado a imponer límites al ejercicio de cualquier garantía, implicada la libertad religiosa. En ello hay coincidencia doctrinaria, toda vez que la tutela legal que se materializa en él está llamada a garantizar la convivencia responsable y libre de excesos en un plano de igualdad de los asociados. 2. En la Constitución Política de Colombia el pruralismo es un precedente obligado de la libertad de cultos que encuentra en ella una de sus más significativas facetas, de suerte que no es pensable la libertad de cultos en un ambiente político confesional y excluyente. Más tampoco lo es el pruralismo donde cada culto reclame para sí un estatus particular y prevalente, según doctrina de la Corte Constitucional. 3. Es el derecho, en suma, como estándar, como mínimo común el que más allá de las diferencias originadas en la concepción moral y en la fe religiosa se ha de acatar. Lo contrario haría imposible la convivencia civilizada;

Que en Colombia en 1991, como ya lo sostuvo la Corte Constitucional, se hizo “tránsito de un estado confesional a un estado laico y pruralista en materia de confesiones religiosas”. El corolario: las garantías, los derechos y también los límites del discurso religioso consagrado en la Constitución Política y en la ley, en razón de que existe la posibilidad de que tales libertades se tornen exorbitantes y/o de que en su ejercicio se vulneren derechos de terceras personas, según aquella corporación. Luego es un compromiso, en la perspectiva deontológica, encauzar el ejercicio de la libertad de conciencia, garantizada en el artículo 18 de la Constitución, según la cual “nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias... ni obligado a actuar contra su conciencia”, pues no teniendo un carácter absoluto ha de tributar respeto a los derechos y libertades fundamentales de los demás, con arreglo al artículo 4º de la Ley 133 de 1994;

Que, por consiguiente, la libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta a las limitaciones necesarias para proteger las necesidades del interés público, la tranquilidad colectiva y la consecución del bien común;

Que para eliminar cualquier equívoco en torno del Acuerdo 278 del 1º de diciembre de 1983, es preciso proceder a su derogatoria expresa,

ACUERDA:

ART. 1º—Derógase el Acuerdo 278 del 1º de diciembre de 1983, de la junta directiva del Icfes.

ART. 2º—El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D.C., a 15 de marzo de 2004.

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