Agencia Nacional de Tierras

ACUERDO 5 DE 2016 

(Agosto 30)

“Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 20 de la Ley 160 de 1994, modificado por el artículo 101 de la Ley 1753 de 2015, sobre el subsidio integral de reforma agraria (SIRA)”

El Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT),

en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 20 de la Ley 180 de 1994, modificado por el artículo 101 de la Ley 1753 de 2015, el artículo 24 de la Ley 160 de 1994, el numeral 1º del artículo 9º del Decreto-Ley 2363 de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 2º de la Constitución Política, señala que son fines esenciales del Estado el servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo;

Que el artículo 64 de la Constitución Política, consagra que es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos;

Que el artículo 209 de la Constitución Política, establece que la función administrativa se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad;

Que la Ley 160 de 1994(1), tiene por objeto promover, apoyar y coordinar el mejoramiento económico, social y cultural de la población rural y estimular la participación de las organizaciones campesinas en el proceso integral de la reforma agraria y el desarrollo rural campesino para lograr su fortalecimiento; apoyar a los hombres y mujeres campesinos de escasos recursos, promover, apoyar y coordinar el mejoramiento económico, social y cultural de la población rural; y estimular la participación de las organizaciones campesinas en el proceso integral de la reforma agraria y el desarrollo rural campesino para lograr su fortalecimiento, entre otros;

Que mediante el Decreto 2365 de 2015, el Gobierno Nacional ordenó la supresión y liquidación del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder);

Que por medio del Decreto-Ley 2363 de 2015, se creó la Agencia Nacional de Tierras (ANT), como una agencia estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural;

Que de conformidad con lo previsto en el numeral 8º del artículo 4º del Decreto-Ley 2363 de 2015, es función de la ANT la de otorgar el subsidio integral de reforma agraria, conforme a las políticas y lineamientos fijados por el Gobierno Nacional;

Que el artículo 20 de la Ley 160 de 1994, modificado por el artículo 101 de la Ley 1753 de 2015(2), establece el subsidio integral de reforma agraria, con cargo al presupuesto del Incoder o la entidad que haga sus veces(3), el cual será otorgado por una sola vez a familias campesinas de escasos recursos y podrá cubrir hasta el ciento por ciento (100%) del valor de la tierra y/o de los requerimientos financieros para el establecimiento del proyecto productivo agropecuario, según las condiciones socioeconómicas de los beneficiarios;

Que la citada norma prevé que cuando no existan zonas rurales con intervenciones integrales para promover el desarrollo rural o existiendo no sea viable la asignación del subsidio al interior de ellas, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural podrá focalizar su asignación en otras zonas conforme a la reglamentación que expida el Consejo Directivo de la ANT(4);

Que el artículo 30 del Código Civil Colombiano, enseña que “El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía (...) Los pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto”;

Que para conocer el alcance de la facultad reglamentaria del Consejo Directivo de la ANT, resulta necesario, de acuerdo al artículo 30 del Código Civil Colombiano, revisar las demás disposiciones de la Ley 160 de 1994 que se refieran al subsidio integral de reforma agraria,

Que el inciso 3º del artículo 24 de la Ley 160 de 1994, determina la facultad reglamentaria del consejo directivo de la ANT sobre el subsidio integral de reforma agraria, por lo tanto, este órgano de dirección tiene competencia para establecer los criterios de selección, las prioridades y los requisitos que deben cumplir los campesinos y señalará la forma en que debe otorgarse el subsidio para la adquisición de inmuebles rurales;

Que por lo anterior, los artículos 20, modificado por el artículo 101 de la Ley 1753 de 2015, y 24 de la Ley 160 de 1994, deben ser interpretados armónicamente, en consecuencia, no se contradicen sino que se complementan,

Que en mérito de lo expuesto,

ACUERDA:

Subsidio integral de reforma agraria (SIRA)

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

ART 1º—Objeto y alcance. El presente acuerdo tiene por objeto reglamentar el SIRA en cuanto a sus generalidades, sujetos de atención, predios a adquirir, proyecto productivo y procedimiento para su otorgamiento.

El presente acuerdo únicamente se aplicará cuando no existan las zonas rurales con intervenciones integrales para promover el desarrollo rural, o cuando existiendo no sea viable la asignación del subsidio al interior de ellas.

PAR.—Las disposiciones contenidas en el presente acuerdo se aplicarán a los campesinos y víctimas que aspiren al subsidio, por tal motivo, no tendrán efecto sobre personas naturales y jurídicas que pertenezcan a comunidades étnicas, quienes deberán ser atendidos con fundamento en las disposiciones legales y reglamentarias expedidas a favor de estos sujetos de especial protección constitucional.

ART. 2º—Unidad Agrícola Familiar. El SIRA será equivalente al valor de la Unidad Agrícola Familiar (UAF), fijada en función de la evaluación técnica y financiera del proyecto productivo de conformidad con lo previsto por el inciso final del artículo 38 de la Ley 160 de 1994.

La extensión para cada UAF equivaldrá a los ingresos totales que deben garantizar la sostenibilidad del proyecto y permitirle a cada unidad familiar remunerar su trabajo generando ingresos netos mínimo de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), de acuerdo con el flujo de caja del proyecto productivo propuesto.

ART. 3º—Monto máximo del SIRA. El monto máximo del SIRA será hasta de ciento veinticinco (125) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) por familia, el cual comprenderá tres (3) rubros destinados así:

a) Hasta noventa y tres (93) SMLMV por familia beneficiaría, destinados a pagar el precio del bien inmueble rural a adquirir por parte de los beneficiarios;

b) Hasta treinta (30) SMLMV por familia beneficiaria, destinados como apoyo para cubrir los requerimientos financieros de la implementación del proyecto productivo;

c) Hasta dos (2) SMLMV por familia beneficiaria, destinados a pagar los gastos notariales de escrituración y el registro de la compraventa del predio en la respectiva oficina de registro de instrumentos públicos.

PAR. 1º—En caso que el predio a adquirir por los adjudicatarios del SIRA, represente para su compra un monto inferior a los noventa y tres (93) SMLMV adjudicados por núcleo familiar, el saldo podrá sumarse y destinarse a fortalecer el proyecto productivo.

En ningún caso, la partida destinada para los gastos notariales y de registro podrá dirigirse para la compra del predio, no obstante, el saldo de aquel rubro podrá utilizarse para el fortalecimiento del proyecto productivo, cubrimiento de gastos financieros generados por el manejo de los recursos y/o la constitución de garantías que cubran el buen manejo y destinación del total del valor del subsidio. Así mismo, dicho saldo podrá destinarse también para cubrir los costos de los actos jurídicos tendientes a la devolución de los predios adquiridos en los casos de reubicación o renuncia que así lo ameriten.

PAR. 2º—Los adjudicatarios del SIRA podrán manifestar por escrito su decisión de destinar, hasta el cincuenta por ciento (50%) del rubro dirigido a la implementación del proyecto productivo, para la compra del predio, en cuyo caso deberán garantizar la ejecución del proyecto productivo a través de otro medio de financiación (crédito aprobado, dinero en efectivo, contrapartida certificada y soportada por terceros) o acreditar que el predio objeto de compra incorpora un proyecto productivo en funcionamiento y evaluado por la ANT para determinar si el mismo cumple con las condiciones técnicas, ambientales y financieras del programa.

PAR. 3º—En la partida del SIRA otorgada para la implementación del proyecto productivo, se entenderán incluidos todos los gastos de transacción, impuestos, tasas, contribuciones y demás emolumentos en los que deba incurrir el adjudicatario para la ejecución y el manejo financiero de los recursos del proyecto.

PAR. 4º—Los costos y gastos tanto directos como indirectos en que se incurran para el desarrollo de las actividades técnicas (levantamiento topográfico, avalúo comercial, formulación del proyecto productivo, entre otras) y jurídicas (estudio de títulos, entre otras), necesarias para la materialización del SIRA, correrán por cuenta de la ANT.

Los costos y gastos relacionados con impuestos, tasas y/o contribuciones nacionales y/o locales que se causen, correrán por cuenta de los dueños del predio y de los adjudicatarios del SIRA, en ningún caso la ANT será responsable por dichos costos o gastos.

ART. 4º—Desistimiento al procedimiento. Los aspirantes al SIRA podrán desistir del procedimiento de libre concurrencia, mediante comunicación expresa y escrita dirigida a la ANT, hasta antes de la expedición del acto administrativo de adjudicación del subsidio.

ART. 5º—Renuncia al subsidio. En el evento en que el beneficiario desee renunciar al subsidio, una vez se haya emitido el acto administrativo de adjudicación, deberá radicar comunicación escrita ante la ANT informando de manera inequívoca tal circunstancia, para que la Agencia adelante el trámite previsto en el artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya.

PAR. —La aceptación de la renuncia por parte de la ANT implica la pérdida de los derechos originados en el procedimiento de adjudicación.

En los eventos en que exista escritura pública y/o registro de la misma, la ANT y el adjudicatario, de común acuerdo, transferirán el dominio a la Agencia a título gratuito, caso en el cual esta entidad asumirá, con cargo al proyecto de inversión que soporte el programa, los gastos e impuestos correspondientes, siempre y cuando el adjudicatario mantenga sus condiciones de vulnerabilidad iguales o menores a las que ostentaba al momento de la verificación de requisitos.

ART. 6º—Condición resolutoria. Los predios adquiridos con ocasión de la adjudicación del SIRA se sujetarán al régimen de condición resolutoria previsto en el artículo 25 de la Ley 160 de 1994 y las normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan. En consecuencia, el incumplimiento de las limitaciones allí previstas será declarado por parte de la Agencia Nacional de Tierras o quien haga sus veces, conforme a las normas generales que regulan la materia.

ART. 7º—Manual para la adjudicación y materialización del SIRA. La ANT expedirá el Manual para la adjudicación y materialización del SIRA, el cual regulará la operación del programa.

CAPÍTULO II

De los sujetos de atención

ART. 8º—Requisitos de los sujetos de atención. Los requisitos mínimos que deben cumplir los sujetos de atención del SIRA son los siguientes:

a) Ser colombiano mayor de dieciséis (16) años de edad;

b) Tener tradición en labores rurales o derivar de las actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas, forestales y/o pesqueras, la mayor parte de sus ingresos;

c) Estar en condición de vulnerabilidad;

d) Estar vinculado a la zona rural focalizada, con una antigüedad no menor a cinco (5) años.

PAR. 1º—En todos los casos en que el sujeto de atención se presente con cónyuge o compañero permanente, ambos deberán cumplir con los requisitos y además, no incurrir en las prohibiciones establecidas en el presente acuerdo.

PAR. 2º—Las personas naturales favorecidas por una sentencia judicial que ordene a la ANT la adjudicación del SIRA o la reubicación en beneficio de aquellas, están exentas de la aplicación de los requisitos y prohibiciones establecidas en el presente acuerdo.

ART. 9º—Prohibiciones para la adjudicación. No procederá la adjudicación y/o materialización del SIRA cuando:

a) El sujeto de atención sea propietario de predios rurales y/o urbanos, excepto que en este último caso se trate de vivienda de interés social prioritario;

b) El sujeto de atención haya sido adjudicatario de titulación de terrenos baldíos, de subsidio para la adquisición de tierras o de bienes fiscales o patrimoniales, salvo que por orden judicial proceda una reubicación o una nueva adjudicación;

c) El sujeto de atención sea requerido por las autoridades para el cumplimiento de pena privativa intramural de la libertad impuesta mediante sentencia condenatoria en firme;

d) El sujeto de atención presente inhabilidades fiscales y/o disciplinarias;

e) El sujeto de atención posea activos totales que superen los doscientos ochenta y cuatro (284) SMLMV al momento de presentarse al proceso de adjudicación;

f) El sujeto de atención sea servidor público.

PAR. 1º—Las prohibiciones señaladas en los literales a) y b) del presente artículo, no serán aplicables a las víctimas, siempre que las circunstancias del hecho victimizante subsistan y le impidan ejercer la propiedad. En estos casos, el bien inmueble rural de propiedad privada de la víctima deberá ser transferido a la ANT a título gratuito, caso en el cual esta entidad asumirá, con cargo al proyecto de inversión que soporte el programa, los gastos e impuestos correspondientes.

PAR. 2º—En el evento en que la prohibición contemplada en el literal f) del presente artículo se configure con posterioridad a la adjudicación del subsidio, procederá lo estipulado en el artículo 5º del presente acuerdo.

ART. 10.—Requisitos para personas jurídicas. Cuando con fundamento en el parágrafo 2º del artículo 20 de la Ley 160 de 1994, modificado por el artículo 101 de la Ley 1753 de 2015, personas jurídicas de derecho público o privado presenten solicitudes de subsidios a nombre de personas naturales, aquellas deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Acreditar su existencia y representación legal mediante documento idóneo y actualizado expedido por autoridad competente;

b) Su objeto social debe estar relacionado con el desarrollo de actividades agrícolas, pecuarias, forestales, pesqueras y/o acuícolas, de promoción de la economía campesina propia, seguridad alimentaria, agricultura familiar, formación y fortalecimiento de organizaciones campesinas en gestión, producción, transformación, conservación, mercadeo y/o comercialización de los productos agropecuarios, pesqueros y de desarrollo rural;

c) No estar incursa en causales de disolución y liquidación;

d) Tener como mínimo un (1) año de constitución inmediatamente anterior a la fecha de presentación formal del proyecto;

e) Tener como mínimo cinco (5) años de vigencia, contados a partir de la fecha de presentación formal del proyecto;

f) La asociación y su representante legal, no pueden estar inmersos en causal de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con el Estado, conforme a los certificados de antecedentes disciplinarios y fiscales actualizados que expida la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República respectivamente;

g) El representante legal de la asociación no debe estar requerido por las autoridades para el cumplimiento de pena privativa intramural de la libertad impuesta mediante sentencia condenatoria en firme;

h) El representante legal debe estar autorizado por la junta directiva o el órgano social correspondiente, para la presentación y manejo de los recursos del proyecto.

PAR. 1º—Cuando la solicitud del subsidio se presente por una entidad territorial, esta únicamente acreditará su representación legal.

PAR. 2º—Las personas naturales representadas por personas jurídicas o entidades de derecho público o privado, deben cumplir con los requisitos y, además, no incurrir en las prohibiciones establecidas en el presente Acuerdo para los sujetos de atención.

ART. 11.—Criterios de priorización. Los sujetos de atención identificados dentro las zonas focalizadas, se someterán a una calificación conforme a los siguientes factores y puntajes:

a) Vinculación rural a la zona focalizada (máximo treinta —30— puntos): se asignarán veinte (20) puntos con |a vinculación a la zona focalizada por el término mínimo de cinco (5) años. Se otorgarán dos (2) puntos más por cada año adicional de vinculación al citado municipio;

b) Registro en el Sisbén (máximo cincuenta —50— puntos): la asignación de puntos por este criterio será resultado de descontarle a la puntuación máxima (50 puntos) el índice Sisbén del respectivo aspirante;

c) Personas a cargo (máximo treinta —30— puntos): se otorgarán veinte (20) puntos al aspirante que tenga hasta dos (2) personas a cargo. Se asignarán dos (2) puntos más por cada persona a cargo adicional.

Se entenderá por persona a cargo, el hijo menor de dieciséis (16) años y/o la persona del grupo familiar que por incapacidad permanente o condición de adulto mayor, dependa económicamente del aspirante;

d) Experiencia agropecuaria (máximo treinta —10— puntos): se asignarán dos (2) puntos por cada año de experiencia manifestada por el aspirante en el respectivo formulario;

e) Condiciones especiales (cincuenta —50— puntos): se asignarán cincuenta (50) puntos a los sujetos de atención que acrediten una o más de las siguientes condiciones:

— Ser catalogados como segundos ocupantes de la acción de restitución, de conformidad al Acuerdo 29 de 2016, proferido por el consejo directivo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.

— Ser víctimas priorizadas para la reubicación o indemnización administrativa a través del SIRA conforme a lo establecido en el artículo 66 y parágrafo 3º del artículo 132 de la Ley 1448 de 2011, o la norma que los modifique, adicione o sustituya.

— Ser desmovilizados y reincorporados a la vida civil conforme a lo establecido en los decretos 128 de 2003 y 3360 de 2003, o la norma que los modifique, adicione o sustituya.

— Ser (hombre o mujer) cabeza de familia;

f) Favorecidos con sentencias judiciales (cincuenta —50— puntos): se asignarán cincuenta (50) puntos a los sujetos de atención que acrediten ser favorecidos con sentencias judiciales que ordenen a la ANT la adjudicación o la reubicación en beneficio de ellos;

g) Postulación a Convocatoria Pública SIT-01-2011 (cuarenta —40— puntos): se le asignarán cuarenta (40) puntos al sujeto de atención que se hubiere postulado ante el Incoder, en liquidación, para recibir el subsidio integral de tierras dentro del marco de la convocatoria pública SIT-01-2011, y este le hubiere sido negado por razones diferentes a la acreditación de su condición de sujeto de reforma agraria.

Esta circunstancia se verificará mediante el respectivo cruce de la base oficial de la Agencia Nacional de Tierras o el Incoder, en liquidación;

h) Vinculación a una organización agropecuaria (veinte —20— puntos): se asignarán veinte (20) puntos al sujeto de atención que acredite pertenecer a una asociación u organización, siempre que para todos los casos su objeto social se dirija a la producción agropecuaria y que tenga presencia en la zona focalizada. Para tal efecto el aspirante deberá presentar certificación expedida por el representante legal de la respectiva asociación legalmente constituida;

i) Ejercicio de los derechos electorales (diez —10— puntos): se asignarán diez (10) puntos al sujeto de atención que acredite haber participado en las últimas elecciones nacionales o territoriales adelantadas en el país.

Esta circunstancia se verificará mediante copia del respectivo certificado electoral;

j) Servicio militar obligatorio (diez —10— puntos): se asignarán diez (10) puntos al sujeto de atención que acredite haber prestado el servicio militar obligatorio.

Esta circunstancia se verificará mediante copia de la respectiva libreta militar.

PAR. 1º—La adjudicación se realizará a los aspirantes respetando el orden jerárquico del puntaje obtenido, es decir, tendrán prelación los aspirantes que registren mayor puntaje, hasta cubrir el presupuesto asignado en cada vigencia fiscal.

PAR. 2º—Se tendrán como criterios de desempate las siguientes circunstancias, en su orden: (i) Condición especial del aspirante; (ii) Menor puntaje del Sisbén; (iii) Postulación a Convocatoria Pública SIT-01-2011. En caso de mantenerse el empate, se realizará un sorteo por parte de la ANT con la presencia del Ministerio Público que dará fe de la transparencia de dicho sorteo.

PAR. 3º—Para efectos de otorgar la calificación señalada en el presente artículo, cuando el aspirante se presente con cónyuge o compañera permanente, se tendrá en cuenta el puntaje total más alto obtenido por alguno de los dos.

CAPÍTULO III

De los predios a adquirir

ART. 12.—Condiciones jurídicas de los predios. Los predios que se pretenden adquirir con el SIRA deben reunir las siguientes condiciones jurídicas mínimas:

a) Ser de propiedad privada conforme lo establece el artículo 48 de la Ley 160 de 1994;

b) Ser plenamente identificable, con número de folio de matrícula inmobiliaria, código catastral, linderos, nombre del predio y demás criterios que permitan su individualización;

c) Ser susceptible de enajenación (se establecerá en el concepto del estudio de títulos);

d) No encontrarse inscrito en el registro único de predios y territorios abandonados por la violencia (Rupta), o reclamado en procesos de restitución y/o reparación;

e) No encontrarse en litigio, con medida cautelar inscrita en el correspondiente folio de matrícula inmobiliaria, con limitación al dominio, afectación y/o cualquier gravamen que afecte los derechos de propiedad a transferir sobre el predio, o con ocupaciones de hecho y/o posesión alguna (esta última condición se verificará a través de la inspección y/o visita técnica);

f) No haber sido objeto de adjudicación como baldío dentro de los cinco (5) años inmediatamente anteriores a la fecha del estudio de títulos.

ART. 13.—Condiciones de los vendedores del predio a adquirir. Los vendedores deberán acreditar las siguientes condiciones:

a) No haber sido condenado mediante sentencia judicial en firme por delitos contra la administración pública, contra la seguridad pública, contra el orden económico social y contra el patrimonio económico;

b) No estar incurso en investigaciones o juicios relacionados con despojo y desplazamiento.

c) No tener parentesco en primer grado de consanguinidad (padre e hijo) respecto de los adjudicatarios;

d) Si se trata de persona jurídica, el representante legal debe aportar los estatutos de la misma y el certificado de existencia y representación legal, a efectos de verificar sus facultades. En caso de ser necesario, el representante legal deberá presentar la autorización emitida por el órgano social de la persona jurídica, para negociar el predio.

ART. 14.—Condiciones Técnicas y Ambientales de los Predios. Las condiciones mínimas técnicas y ambientales que deben cumplir los predios para poder ser adquiridos mediante el SIRA son las siguientes:

a) Debe(n) estar clasificado(s) en suelos rurales de los planes de ordenamiento territorial (POT), planes básicos de ordenamiento territorial (PBOT) o esquemas de ordenamiento territorial (EOT) de los municipios, según sea el caso, en zonas que se puedan desarrollar actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas, agroforestales y/o forestales explotables;

b) No debe(n) estar ubicado(s) en zonas con restricciones de protección ambiental que limiten la explotación, tales como planes de ordenamiento y manejo ambiental de cuencas hidrográficas;

c) No deben ser bienes de uso público;

d) No deben estar ubicados dentro del sistema nacional de parques naturales definido por el artículo 11 del Decreto 2372 de 2010, o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, ni dentro de los parques naturales regionales declarados, de conformidad con el artículo 13 del Decreto 2372 de 2010 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya;

e) No deben ser bienes de propiedad colectiva, ni encontrarse en colindancia total con títulos colectivos otorgados a comunidades indígenas o negras, de conformidad con la Ley 70 de 1993, Ley 160 de 1994 y Decreto 2164 de 1995, respectivamente, o la norma que las adicione, modifique o sustituya;

f) No deben estar ubicados en reservas forestales protectoras nacionales ni regionales que hacen parte del Sinap definidas en el artículo 12 del Decreto 2372 de 2010, o la norma que lo adicione, modifique o sustituya;

g) No deben estar ubicados en las reservas naturales de la sociedad civil que hacen parte del Sinap definidas en el artículo 17 del Decreto 2372 de 2010, o la norma que lo adicione, modifique o sustituya;

h) No deben estar ubicados en las áreas de recreación que hacen parte del Sinap definidas en el artículo 15 del Decreto 2372 de 2010, o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, que dentro de su zonificación no se encuentre en la categoría zona de uso sostenible, subzona para el desarrollo, establecida por el artículo 34 del Decreto 2372 de 2010, o la norma que lo adicione, modifique o sustituya;

i) No deben estar ubicados en las zonas de los distritos de manejo integrado que hacen parte del Sinap definidos en el artículo 14 del Decreto 2372 de 2010, o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, que dentro de su zonificación no se encuentre en la categoría de zona de uso sostenible, subzona para el desarrollo establecida por el artículo 34 del Decreto 2372 de 2010, o la norma que lo adicione, modifique o sustituya;

j) No deben estar ubicados en las zonas de los distritos de conservación de suelos que hacen parle del Sinap definidos en el artículo 14 del Decreto 2372 de 2010, o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, que dentro de su zonificación no se encuentre en la categoría de zona de uso sostenible, subzona para el desarrollo establecida por el artículo 34 del Decreto 2372 de 2010, o la norma que lo adicione, modifique o sustituya;

k) No deben estar ubicados en las zonas de reserva forestal establecidas en el marco de la Ley 2ª de 1959, o la norma que lo adicione, modifique o sustituya;

l) No deben estar ubicados en los ecosistemas estratégicos de páramos, asimismo no deben estar ubicados en altitudes por encima de los tres mil metros sobre el nivel del mar (3.000 m.s.n.m.);

m) No deben estar ubicados en los ecosistemas estratégicos de humedales declarados por las autoridades ambientales competentes, en los cuales se restrinja el desarrollo parcial o total de actividades agropecuarias;

n) Deben tener una extensión en área útil que asegure el desarrollo competitivo y sostenible del proyecto productivo formulado de conformidad con el concepto de UAF.

En todo caso, el área útil del predio para desarrollar actividades agropecuarias deberá ser al menos del sesenta por ciento (60%) del área total, de conformidad con el plano topográfico;

o) Deben contar con disponibilidad y accesibilidad de agua para desarrollar los proyectos productivos. Lo anterior, sin perjuicio de los demás permisos, concesiones, autorizaciones y/o licencias ambientales que se requieran según cada caso;

p) Para los efectos del presente programa, se entenderá como área no útil, las áreas que presentan coberturas vegetales de bosques consideradas como áreas de protección y zonas erosionadas, suelos que presenten clases agrológicas V y VIII.

CAPÍTULO IV

De los proyectos productivos

ART. 15.—Componentes del proyecto productivo. Los proyectos productivos a financiar con el SIRA deben estructurarse con los siguientes componentes mínimos:

a) Componente técnico;

b) Componente comercial y de mercadeo;

c) Componente ambiental;

d) Componente social cultural y organizativo;

e) Componente financiero.

PAR.—La definición y contenido de cada uno de los componentes señalados en el presente artículo, se establecerá dentro del Manual para la adjudicación y materialización del SIRA.

CAPÍTULO V

Del procedimiento de libre concurrencia

ART. 16.—Etapa previa. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el apoyo de la unidad de planificación de tierras rurales. Adecuación de tierras y usos agropecuarios (UPRA), definirá las zonas rurales focalizadas sobre las cuales la ANT surtirá el procedimiento de libre concurrencia a través del cual asignará el SIRA, de conformidad con las apropiaciones presupuestales destinadas para este propósito en cada vigencia fiscal.

ART. 17.—Apertura. Una vez que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural emita el acto administrativo que identifique las zonas focalizadas, la dirección general de la ANT hará una invitación publica al interior de dichas zonas para convocar a todas las personas naturales que cumplan con los requisitos y deseen participar en el marco del procedimiento de libre concurrencia a través del cual asignará el SIRA,

Las personas jurídicas de derecho público o privado, podrán presentar solicitudes de subsidio a favor de personas naturales que cumplan con los requisitos y deseen participar en el marco del procedimiento de libre concurrencia a través del cual asignará el SIRA.

La invitación pública de la ANT indicará el plazo y la fecha límite para que los interesados realicen sus postulaciones, y contendrá la información relacionada con la identificación de la zona de cobertura objeto del procedimiento de libre concurrencia, las condiciones de los aspirantes, el cronograma de actividades, el monto total de los recursos que serán asignados, los montos máximos de las partidas del subsidio a otorgar y los criterios de calificación y puntaje, entre otros.

El contenido de la invitación deberá ser publicitada a través de medios de comunicación de amplia circulación local. Además, dicha invitación será publicada en la página web del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y/o de la ANT. La entidad podrá solicitar a las entidades que considere pertinentes, la publicación de la invitación en sus carteleras informativas y páginas web, y demás medios que estime necesarios para una efectiva divulgación que facilite una participación masiva por parte de la población rural.

ART. 18.—Mecanismo de recepción y entrega de documentos. La ANT, directamente o en coordinación con las entidades públicas que tengan jurisdicción en las zonas focalizadas, establecerá el mecanismo para la recepción y entrega de las postulaciones.

PAR.—La ANT, dentro de los términos establecidos en el cronograma de actividades, emitirá las respuestas y avisos correspondientes a cada una de las postulaciones, de forma individual o masiva.

CAPÍTULO VI

De la adjudicación y materialización del SIRA

ART. 19.—Etapas para la adjudicación y materialización. Para la adjudicación y materialización del SIRA podrán desarrollarse las siguientes etapas:

• Verificación de requisitos y prohibiciones.

• Calificación

• Adjudicación

• Postulación de los predios

• Verificación de las condiciones de los predios

• Levantamiento Planímetro

• Avalúo comercial

• Formulación del proyecto productivo

• Valoración integral

• Materialización

• Desembolso

• Seguimiento a la adjudicación y materialización

PAR.—La definición, alcance y orden de ejecución para cada una de las etapas señaladas en el presente artículo, se establecerán en el manual para la adjudicación y materialización del SIRA.

ART. 20.—Obligaciones generales de los beneficiarios. La adjudicación y materialización del subsidio, como mínimo, obliga a los beneficiarios a:

a) Implementar y ejecutar el proyecto productivo;

b) No enajenar el predio adquirido ni transferir la tenencia del mismo;

c) Tramitar y obtener los permisos, concesiones, autorizaciones y/o licencias ambientales que requiere el proyecto productivo;

d) No usar el predio adquirido para ejecutar actividades ilícitas;

e) Cumplir con el registro oficial de su actividad productiva rural, ante las autoridades competentes;

f) Cumplir con la normatividad ambiental y de salubridad pública en la implementación y ejecución del proyecto productivo;

g) Aportar como contrapartida su mano de obra a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto productivo.

CAPÍTULO VII

Disposiciones varias

ART. 21.—Compatibilidad con otros programas. El SIRA será compatible con otra clase de programas, subsidios, incentivos o cofinanciación que se establezcan a favor de la población rural.

ART. 22.—Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial y hasta la expedición del decreto reglamentario que el Gobierno Nacional emita para la reglamentación total del el artículo 20 de la Ley 160 de 1994, modificado por el artículo 101 de la Ley 1753 de 2015.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D.C., a 30 de agosto de 2016.

1 “Por la cual se crea el sistema nacional de reforma agraria y desarrollo rural campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones”.

2 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrolla (sic) 2014-2018. ‘Todos por un nuevo país’.

3 El artículo 38 del Decreto-Ley 2363 de 2015, indica que “A partir de la entrada en vigencia del presente decreto todas las referencias normativas hechas al Incora o el Incoder en relación con los temas de ordenamiento social de la propiedad rural deben entenderse referidas a la Agencia Nacional de Tierras (ANT)”.

4 El parágrafo del artículo 38 del Decreto-ley 2363 de 2015, señala que “Las referencias normativas consignadas en la Ley 160 de 1994 y demás normas vigentes, a la junta directiva del Incora, o al consejo directivo del Incoder, relacionadas con las políticas de ordenamiento social de la propiedad, deben entenderse referidas al consejo directivo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT)”.