ACUERDO 542 DE 1999 

(Julio 13)

“Por medio del cual se reglamenta la práctica jurídica del servicio legal popular, y se crean unos cargos ad honorem”.

La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura,

en ejercicio de sus facultades y legales, en especial de las conferidas por la Ley 446 de 1998 y el artículo 85 de la Ley 270 de 1996,

ACUERDA:

ART. 1º—Servicio legal popular. La práctica jurídica del servicio legal popular es un requisito de carácter obligatorio para optar al título profesional de abogado, no susceptible de omisión, homologación ni sustitución.

ART. 2º—Envío de la información por parte de las universidades. Las facultades de derecho de las universidades oficialmente reconocidas en el país, deberán remitir a la sala administrativa del consejo seccional de la judicatura del distrito judicial al que pertenezca la universidad, la lista por orden alfabético de los egresados que con posterioridad al siete (7) de julio de 1999, hayan concluido y aprobado las materias correspondientes al pénsum académico exigido por la ley, acompañada de los formularios correspondientes.

PAR.—Esta información deberá ser remitida además en medio magnético, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de terminación prevista por la universidad para cada calendario académico.

ART. 3º—Formulario de inscripción. Para los efectos del artículo anterior, la universidad y el egresado diligenciarán el formulario de inscripción que forma parte del presente acuerdo.

Las salas administrativas de los consejos seccionales de la judicatura del correspondiente distrito judicial, previa revisión del correcto diligenciamiento de los formularios y de la información recibida, enviarán a la unidad de registro nacional de abogados del Consejo Superior de la Judicatura, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su recibo, copia de los respectivos documentos, para que sean ingresados a la base de datos nacional.

ART. 4º—Modalidades del servicio. El egresado que haya sido designado en alguno de los cargos autorizados por la ley para prestar el servicio legal popular, deberá informar esta situación a la sala administrativa del consejo seccional de la judicatura con competencia en el lugar donde la universidad tenga su sede, indicando la entidad en la cual prestará el servicio legal popular y anexando copia de los documentos que acrediten su nombramiento, aceptación y posesión.

La respectiva sala administrativa del consejo seccional de la judicatura, verificará si el cargo está autorizado por la ley, en caso afirmativo, otorgará el visto bueno y procederá a excluir al interesado de la lista de egresados. Cualquiera que sea la decisión, el consejo seccional de la judicatura competente, la comunicará por escrito al interesado, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de la información.

En cualquier tiempo, eI egresado podrá consultar a la unidad de registro nacional de abogados del Consejo Superior de la Judicatura, si las actividades que pretende desarrollar están dentro de las previstas para cumplir el requisito del servicio legal popular.

Si el egresado no específica en el formulario de inscripción el cargo y la entidad donde va a prestar el servicio legal popular, la sala administrativa del consejo seccional de la judicatura competente, determinará el lugar donde deberá prestarlo.

PAR.—El visto bueno a que se refiere el presente artículo, se entenderá sin perjuicio de la evaluación que con posterioridad a la terminación de la práctica jurídica, haga la sala administrativa del consejo seccional de la judicatura competente, para la refrendación del certificado de acreditación sobre el cumplimiento del servicio, en los términos previstos en la ley y en el presente acuerdo.

ART. 5º—Asignación y pérdida de prioridad en la asignación. Delégase en las salas administrativas de los consejos seccionales de la judicatura la función de asignar el lugar donde los egresados deben prestar el servicio legal popular.

Una vez asignado el lugar donde prestará el servicio, el egresado deberá aceptar la designación dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación. La no aceptación, sin causa justificada, de la prestación del servicio legal popular en la entidad asignada, acarrea la pérdida de la prioridad en la asignación; por lo tanto, el egresado deberá someterse a un nuevo turno como si se tratara de la primera inscripción.

ART. 6º—Envío de información a las entidades beneficiarias del servicio y a la Defensoría del Pueblo. La unidad de registro nacional de abogados del Consejo Superior de la Judicatura, a través de las salas administrativas de los consejos seccionales de la judicatura, remitirá semestralmente a las entidades nominadoras, las listas de los egresados que aspiran a prestar el servicio legal popular.

La lista a que se refiere el artículo 157 de la Ley 446 de 1998, será remitida directamente por la unidad de registro nacional de abogados del Consejo Superior de la Judicatura a la Defensoría del Pueblo.

PAR.—La unidad de registro nacional de abogados del Consejo Superior de la Judicatura, procesará en forma permanente los listados sobre información de las entidades señaladas en la ley, que requieran personal para la prestación del servicio legal popular, con el fin de vincular a los aspirantes en forma oportuna.

ART. 7º—Necesidades de justicio de Ia región. La unidad de desarrollo y análisis estadístico del Consejo Superior de la Judicatura, en coordinación con la unidad de registro nacional de abogados, evaluará en forma permanente las necesidades de justicia de cada región, con el fin de determinar la demanda del servicio.

Cuando las necesidades de justicia de la región no correspondan con la disponibilidad de egresados, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, previo informe del director de la unidad de registro nacional de abogados, asignará las respectivas plazas teniendo en cuenta en primer término, las sedes escogidas por el egresado en el formulario de inscripción, o realizará un sorteo con los inscritos en cada consejo seccional de la judicatura, por medio de números aleatorios, en los términos y condiciones previstos por la ley.

PAR.—Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 157 de la Ley 446 de 1998, la Defensoría del Pueblo, en su caso, determinará las necesidades de justicia de cada región y enviará semestralmente al Consejo Superior de Judicatura, el estudio correspondiente, para que sea procesado por la unidad de desarrollo y análisis estadístico del Consejo Superior de la Judicatura, al momento de establecer la totalidad de la demanda de servicio.

ART. 8º—Duración. La práctica jurídica del servicio legal popular será de un (1) año, en los términos y las modalidades establecidas en el artículo 151 de la Ley 446 de 1998, y como excepción, será de seis (6) meses cuando se preste el servicio en desarrollo de funciones de defensor público de oficio o cuando egresado atienda veinticinco (25) procesos en forma gratuita, como abogado de personas de escasos recursos, en los términos previstos por la misma ley.

ART. 9º—Delegación de la refrendación. Delégase en las salas administrativas de los consejos seccionales de la judicatura, la función de refrendar, el certificado que debe expedir el servidor público o el director del consultorio jurídico que haya actuado como superior jerárquico del egresado, el cual deberá indicar el tiempo trabajado y las funciones desarrolladas, con el fin de acreditar el cumplimiento del servicio legal popular para optar al título de abogado.

ART. 10.—Decisión y recursos. La Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura competente, decidirá sobre la refrendación, mediante resolución motivada, la cual expedirá dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de recibo de la documentación por parte del interesado. Contra esa providencia proceden los recursos de ley.

ART. 11.—Cesación de la obligación de la prestación del servicio legal popular. Transcurrido el término de seis (6) meses a que se refiere el parágrafo 2º del artículo 153 de la Ley 446 de 1998, sin que la respectiva sala administrativa del consejo seccional de la judicatura haya asignado al egresado la actividad dentro de la cual desarrolle el servicio legal popular, la unidad de registro nacional de abogados del Consejo Superior de la Judicatura, de oficio, o a solicitud del interesado, expedirá el correspondiente certificado de exoneración de la prestación del servicio legal popular.

Si la situación contemplada en el inciso anterior obedece a negligencia de los servidores judiciales a cuyo cargo está la asignación, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura instaurará las acciones pertinentes.

ART. 12.—Auxiliares judiciales con funciones jurídicas. Créase en todos los despachos judiciales del país y en la sección de cobro coactivo de la dirección ejecutiva de administración judicial y sus seccionales, el cargo de auxiliar judicial, con funciones jurídicas.

El anterior cargo será ad-honorem y por consiguiente, quien lo desempeñe no recibirá remuneración alguna.

Quienes presten el servicio legal popular como auxiliares judiciales, serán de libre nombramiento y remoción de los respectivos magistrados, director ejecutivo administración judicial, directores seccionales y jueces.

Para todos los efectos legales, las personas que presten el servicio legal popular como auxiliares judiciales ad-honorem, tienen las mismas responsabilidades y obligaciones de cualquier empleado judicial.

ART. 13.—Los egresados de las facultades de derecho que cumplan con los requisitos previstos en la ley para prestar el servicio legal popular, podrán ser nombrados en el cargo de auxiliar judicial a que se refiere el artículo anterior.

Los auxiliares judiciales que ocupen los cargos que se crean por este acuerdo, deben ser encargados preferentemente de funciones relacionadas con la instalación, puesta en funcionamiento y desarrollo de los sistemas informáticos que correspondan a cada despacho judicial; además, pueden participar en la capacitación del personal del despacho y de los usuarios en la misma actividad.

ART. 14.—El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta de la Judicatura y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Santafé de Bogotá a 13 de julio de 1999.

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