ACUERDO 7 DE 2006 

(Julio 27)

“Por el cual se adoptan las políticas de administración de la cartera del Icetex para beneficiarios víctimas del secuestro, de desaparición forzada, de desastres y de desplazamiento”.

La Junta Directiva,

en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las que le confiere el Decreto 1050 del 6 de abril de 2006, por el cual se reglamenta la Ley 1002 de 2005, en su artículo 9º numeral 1º, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005 transformó al Icetex en una entidad financiera de naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, vinculada al Ministerio de Educación Nacional, cuyo objeto es el fomento social de la educación superior, priorizando la población de bajos recursos económicos y aquella con mérito académico en todos los estratos a través de mecanismos financieros que hagan posible el acceso y la permanencia de las personas a la educación superior, la canalización y administración de recursos, becas y otros apoyos de carácter nacional e internacional, con recursos propios o de terceros;

Que dentro de la población general existen algunas condiciones especiales de deudores que requieren de un tratamiento especial;

Que la honorable Corte Constitucional entre los años 1995 y 2004 desarrolló una serie de criterios de protección y salvaguarda de los derechos fundamentales de los secuestrados y sus familias, especialmente en la Sentencia T-520 de 2003, en lo que se refiere a la ejecución de las obligaciones crediticias vigentes para la época del secuestro y de readaptación, señalando que el principio de solidaridad, consagrado constitucionalmente, exige de las entidades financieras, como prestadoras de un servicio público, un deber de consideración hacia los deudores que han sido secuestrados;

Que en consideración a las pautas jurisprudenciales, el Icetex expidió el Acuerdo 3 del 26 de enero de 2005, por el cual se fijaron políticas de manejo de la cartera para situaciones especiales de deudores, adoptando, entre otras, una política para el tratamiento de obligaciones crediticias de los beneficiarios víctimas del secuestro;

Que mediante la Ley 986 de agosto de 2005, se adoptaron nuevas medidas de protección a las víctimas del secuestro y sus familias, entre otros aspectos, en lo relacionado con el manejo de las obligaciones dinerarias, continuidad en los estudios y prelación en el acceso a la educación de los hijos de un secuestrado;

Que de acuerdo con el artículo 23 de la Ley 986 de 2005, las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera están obligadas a dar cabal cumplimiento a la protección que mediante esta ley se establece a favor de las personas secuestradas que, al momento de la privación de la libertad, tuvieren obligaciones crediticias vigentes. El incumplimiento de este deber legal, además de la ineficacia de la operación efectuada en abierta violación a lo estipulado en el artículo 12 de esta ley, dará lugar a la imposición de sanciones por parte de la superintendencia, a la entidad vigilada respectiva, las cuales podrán consistir en sanciones de multa en los términos de estatuto orgánico del sistema financiero y las normas que lo adicionen o lo reformen, y si la gravedad de la infracción así lo amerita, a la remoción del funcionario responsable;

Que mediante memorando 2200 número 527 del 16 de noviembre de 2005, la oficina asesora jurídica conceptuó, que es viable legal y constitucionalmente que el consejo directivo fije un cero por ciento (0%) en la tasa de interés corriente a las víctimas del secuestro, porcentaje que equivale a una condonación de intereses remuneratorios durante el tiempo del secuestro y de su readaptación. Lo anterior, por cuanto la Ley 819 de 2003 y los conceptos 3020 del 30 de octubre de 2003 y 14204 del 21 de mayo de 2004 de la Contraloría General de la República, permiten realizar la condonación de intereses corrientes o moratorios dentro de las políticas expedidas por el consejo directivo o junta directiva, conforme a las condiciones generales del mercado financiero y con la finalidad de recuperar cartera, evitar el deterioro de la estructura financiera y presupuestal y propender por la defensa, rentabilidad y recuperación del patrimonio público y que la medida es proporcional en los términos constitucionales;

Que además de los beneficiarios víctimas del secuestro, se han presentado beneficiarios en circunstancias de debilidad manifiesta, tales como víctimas del desplazamiento y de desaparición forzada, los cuales en los términos de las sentencias T-419 de 2004 y T-676 de 2005, no se encuentran en condiciones de igualdad con el resto de la población para el cumplimiento de sus obligaciones y en virtud del principio de la solidaridad, implica una atención especial por parte del Estado a estas situaciones y evitar de esta manera una violación a sus derechos fundamentales;

Que el Decreto 919 de 1989, por el cual se organiza el sistema para la prevención y atención de desastres y se dictan otras disposiciones, estableció que las entidades públicas deben adoptar diferentes medidas de protección a personas afectadas por la situación de desastre que haya sido declarada, relativas al pago de sus deudas fijando unas reglas claras para el cumplimiento de las mismas;

Que la subdirección de crédito y cartera y la oficina asesora jurídica presentaron un análisis jurisprudencial, legal y conceptual acerca del tratamiento de los créditos de beneficiarios víctimas del secuestro, de desaparición forzada, de desplazamiento y de desastres ante el comité de cartera en sesiones del 13 y del 22 de junio de 2006;

Que con base en lo anterior y en atención a la finalidad del comité de cartera, creado mediante Resolución 1053 del 3 de noviembre de 2004, modificada por la Resolución 471 de julio de 2005, se recomendó adoptar una política especial para el manejo de los créditos de beneficiarios víctimas del secuestro, de desaparición forzada, de desplazamiento y de desastres, contando así con una herramienta importante para estudiar y decidir sobre las solicitudes de beneficiarios que se encuentran en estas situaciones;

Que de conformidad con el numeral 1º del artículo 9º del Decreto 1050 de 2006 por el cual se reglamentó parcialmente la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005, es función de la junta directiva formular la política general y los planes, programas y proyectos para el cumplimiento del objeto legal del Icetex, de sus funciones y operaciones autorizadas y todas aquellas inherentes a su naturaleza jurídica, acorde con lo dispuesto por la Ley 1002 de diciembre 30 de 2005 y los lineamientos y política del Gobierno Nacional en materia de crédito educativo;

Que el Decreto 1050 del 6 de abril de 2006 estableció en su artículo 9º numeral 1º, que la junta directiva del Icetex tiene como función adoptar entre otros, los planes programas y proyectos para la administración, el saneamiento y la recuperación de cartera, entre otros,

ACUERDA:

ART. 1º—Política de administración de cartera para situaciones especiales de deudores. Adoptar como política de administración de la cartera del crédito educativo del Icetex, la suspensión de desembolsos, la interrupción de plazos y términos de vencimiento, suspensión temporal del cobro de las obligaciones y suscripción de acuerdos de pago para los beneficiarios que se encuentren en situaciones especiales.

ART. 2º—Alcance. Para efectos de la aplicación de la política de administración de cartera adoptada mediante el presente acuerdo, se entenderá afectado por situaciones especiales, los beneficiarios que se encuentren en las siguientes circunstancias:

1. Secuestrado. Es secuestrado, la persona que ha sido arrebatada, sustraída, retenida u ocultada, con el propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad o para que se haga u omita algo o con fines publicitarios o de carácter político o con propósitos distintos a los anteriores.

Para efectos de acreditar la calidad de secuestrado, el Icetex podrá exigir:

1. Certificación expedida por la autoridad judicial competente que investiga o que tiene el conocimiento del caso, y en la que conste que está en curso una investigación o un proceso judicial por el delito de secuestro.

2. Inscripción en el registro de los beneficiarios que para el efecto lleva la secretaría técnica del Consejo Nacional de Lucha contra el Secuestro y demás atentados contra la Libertad Personal, Conase, Fondelibertad o quien haga sus veces.

2. Desaparición forzada. Es víctima de desaparición forzada, la persona que ha sido sometida a la privación de su libertad cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley.

Para efectos de acreditar la calidad de desaparición forzada, el Icetex podrá exigir:

1. Certificación expedida por la autoridad judicial competente que investiga o que tiene el conocimiento del caso, y en la que conste que está en curso una investigación o un proceso judicial por el delito de desaparición forzada.

2. Inscripción en el registro de los beneficiarios que para el efecto lleva la secretaría técnica del Consejo Nacional de Lucha contra el Secuestro y demás atentados contra la Libertad Personal, Conase, Fondelibertad o quien haga sus veces.

3. Desplazado. Es desplazado, la persona que se ha visto forzada a migrar abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran amenazadas, con ocasión del conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público.

Para efectos de acreditar la calidad de desplazado, el Icetex podrá exigir: Certificación del registro único de población desplazada de la Red de Solidaridad Social a que se refiere el artículo 4º del Decreto 2569 de 2000 y la Circular Conjunta del Ministerio de Salud y la Red de Solidaridad Social 1 del 17 de agosto de 2001, expedida con una vigencia no superior a 6 meses.

4. Víctima de desastres. Persona que ha sido víctima de un daño grave o la alteración grave de las condiciones normales de vida en un área geográfica determinada, causada por fenómenos naturales y por efectos catastróficos de la acción del hombre en forma accidental, que requiera por ello de la especial atención de los organismos del Estado y de otras entidades de carácter humanitario o de servicio social. Debe ser declarada mediante decreto por el Presidente de la República previo concepto del Comité Nacional para la Prevención y Atención de Desastres”.

Para efectos de acreditar la calidad de víctima de desastre, el Icetex podrá exigir. Certificación del caso expedida por la gobernación departamental, alcaldía municipal, personería municipal, oficinas de atención y prevención de desastres o el Ministerio del Interior y de Justicia.

PAR.—Además de los documentos mencionados en el presente artículo para certificar la situación especial y de los que el Icetex considere pertinentes, es requisito para acceder a las prerrogativas de que trata el presente acuerdo, que el interesado, el deudor solidario, el beneficiario o su curador, las soliciten por escrito y aporten todos aquellos documentos que conforme a la ley sirvan de base para respaldar su petición.

El Icetex podrá requerir al solicitante para que en el término de 15 días adicione o complemente los documentos referidos en este artículo, para realizar el estudio técnico y jurídico del requerimiento. Si dentro del término estipulado en el artículo 13 del Código Contencioso Administrativo, el peticionario no ha aportado los documentos, la solicitud se entenderá desistida.

ART. 3º—Términos de aplicación. Las prerrogativas de que trata el presente acuerdo, podrán ser aplicadas por el Icetex, así:

1. Para beneficiarios víctimas del secuestro y desaparición forzada por el tiempo que dure el secuestro más un término de readaptación adicional igual sin que supere 1 año.

2. Para víctimas de desplazamiento y desastres por un término de 6 meses, prorrogables por 6 meses más, previa solicitud del beneficiario.

ART. 4º—Suspensión de desembolsos. En época de estudios, el Icetex podrá suspender los desembolsos desde que tenga conocimiento de que el beneficiario se encuentra secuestrado o es víctima de la desaparición forzada. Así mismo, podrá autorizarse la renovación cuando el deudor lo solicite.

En el evento en que haya transcurrido un año desde la liberación del secuestrado o desaparecido y no se solicite la renovación, el Icetex podrá trasladar el crédito a etapa de amortización.

Para desplazados o víctimas de desastres, la suspensión y renovación se podrá efectuar, previa solicitud del deudor. Si han transcurrido 6 meses prorrogables por 6 meses más, desde la fecha del registro del desplazamiento forzado o de la declaratoria del desastre y el deudor no solicitó la renovación, el Icetex podrá trasladar el crédito a época de amortización.

ART. 5º—Interrupción de plazos y términos de vencimiento y suspensión del cobro. Durante la ocurrencia de alguna de las situaciones especiales de que trata el presente acuerdo, las obligaciones crediticias de estos beneficiarios se interrumpirán de pleno derecho y retroactivamente, a la fecha en que ocurrió la situación especial, su registro o su declaratoria.

En consecuencia desde la fecha en que se dieron las circunstancias que generaron la situación especial y hasta la terminación de la época de readaptación, el Icetex podrá:

1. Suspender los términos de vencimiento de los créditos educativos, siempre que estos no estén en mora al momento de la ocurrencia del hecho que generó la situación especial.

2. Suspender el cobro de las cuotas y de los intereses corrientes.

3. Abstenerse de liquidar intereses moratorios.

4. No exigir el pago de los intereses moratorios causados con anterioridad a la circunstancia que generó la situación especial.

5. No exigir el pago de las cuotas vencidas.

6. Liquidar intereses corrientes a la tasa cero.

7. Abstenerse de reportar en las centrales de riesgo estas obligaciones.

8. Retirar de las centrales de riesgo las obligaciones.

9. Abstenerse de aplicar las cláusulas aceleratorias pactadas.

10. Retirar de cobro prejurídico externo las obligaciones.

11. Exonerar al deudor del pago de honorarios en cobro prejurídico.

12. Suspender los procesos ejecutivos en curso.

ART. 6º—Suscripción de acuerdos de pago. Una vez hayan vencidos(sic) los términos establecidos en el artículo 3º del presente acuerdo, el Icetex podrá realizar suscripción de acuerdos de pago y/o utilización de alguna de las herramientas de normalización de cartera, tales como refinanciación, renovación y reestructuración, teniendo en cuenta las circunstancias económicas de los deudores.

PAR.—En el evento en que el deudor no suscriba ningún acuerdo de pago con el Icetex, se reactivará el cobro jurídico y prejurídico que se hubiere suspendido en ocasión a la situación especial.

ART. 7º—Prelación para secuestrados. En cumplimiento del numeral 3º del artículo 19 de la Ley 986 de 2005, el Icetex deberá dar prelación y facilitar la asignación de créditos educativos a los hijos de un secuestrado, menores de edad o los que siendo mayores dependan económicamente de este.

ART. 8º—Efectos de la declaración de muerte presunta. En el evento en que se establezca la ocurrencia de la muerte real o se declare la muerte presunta del deudor secuestrado o desaparecido forzado, cesarán los efectos de las interrupciones y suspensión desde la fecha de la declaración y el Icetex podrá estudiar la condonación de la obligación, siempre y cuando cumpla los requisitos establecidos para la misma, en el reglamento de crédito educativo del Icetex.

ART. 9º—Delegación. Delegar en el presidente del Icetex la facultad para reglamentar el presente acuerdo.

ART. 10.—Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición, deroga el Acuerdo 3 del 26 de enero de 2005, en todas las disposiciones relacionadas con beneficiarios víctimas del secuestro y en especial el citado artículo 4º del Acuerdo 3 del 2005.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D.C., a 27 de julio de 2006.

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