Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

ACUERDO 7 DE 2010 

(Agosto 30)

“por el cual la junta directiva autoriza aplicar los conceptos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a los convenios de utilidades de Findeter”.

La Junta Directiva de la Financiera de Desarrollo Territorial S. A.,

en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, y

CONSIDERANDO:

1. Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitió conceptos respecto a los modos o formas de extinguir y/o reducir las obligaciones derivadas de los convenios suscritos entre los entes territoriales y los fondos de cofinanciación, y que se transcriben a continuación:

Punto primero “... En el evento en que la entidad territorial haya cumplido con el objeto del contrato, consideramos que se entiende como ejecutado el convenio”.

Punto segundo “... La vigencia a tener en cuenta para la liquidación del convenio, debería corresponder a la vigencia en la cual la entidad territorial presupuestó los recursos y lo ejecutó, o sea, la fecha en la cual recibió la obra”.

Punto tercero “... En cuanto a su tercer interrogante, consideramos que todas las evidencias, cualquiera que sea el medio que se utilice y que demuestre la ejecución de los recursos del convenio respectivo (realización de la obra), son fuente válida para determinar dicha ejecución”.

Punto cuarto “... Si en los convenios de cofinanciación suscritos solo se estableció el efecto generado por motivo de la inejecución de los recursos de la Nación, y no se establecieron efectos o no se ofrecieron parámetros para una ejecución jurídica ante el incumplimiento de las obligaciones de la entidad territorial acompañado de la ejecución total de los recursos Nación, esta dirección considera que la inexistencia de una cláusula en el sentido anotado justamente impediría a la Nación exigir cualquier reintegro...”.

2. Que Findeter ha suscrito convenios con utilidades propias con los entes territoriales, recursos que no han sido legalizados por falta de liquidación de los mismos, no obstante la evidencia de ejecución de los recursos del convenio respectivo (realización de la obra).

3. Que por Concepto 210-02-00357 de 19 de agosto de 2010 la división de asistencia jurídica de Findeter conceptuó la viabilidad de hacer extensivo los conceptos emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público así: “La solicitud radica en que ambos tipos de convenios, es decir, tanto en los que tienen origen en los fondos de cofinanciación como en las utilidades de la financiera, existe una identidad de causas y propósitos. En consecuencia, sí a la fecha las pautas brindadas por el Ministerio de Hacienda están siendo aplicadas en los referidos convenios que le son propios, no encontrando obstáculo legal que impida que esas mismas soluciones jurídicas sean utilizadas en los convenios de utilidades, a manera de políticas, por ende, se solicita someter a la junta directiva como órgano competente, la determinación a manera de política de utilización de los parámetros que brindó el Ministerio de Hacienda, para el cobro de los recursos de utilidades”.

4. Que de conformidad con lo establecido en la Ley 57 de 1989; el Decreto 1733 de 1991 y los estatutos de Findeter, el órgano de dirección y administración que se encuentra revestido con la competencia para adoptar una decisión en el tema, es la junta directiva, en especial el artículo 13 de la Ley 57 de 1989, que consagra: “Además de las funciones que consagren los estatutos, serán funciones de la junta directiva las siguientes: a) Fijar las políticas generales para el manejo de la entidad; (...)”; como también conforme a los literales q) y w) del artículo 39 de los estatutos que establecen: “q) controlar el funcionamiento general y la organización de la sociedad, así como verificar su conformidad con la política adoptada. w) Las demás que le señale la ley, los presentes estatutos, reglamentos y las que no correspondan a otro órgano”.

5. Que la facultad decisoria está radicada en la junta directiva, en la medida que este órgano se encuentra dotado por disposición legal y estatutaria de la capacidad para “fijar políticas generales” en tomo a materias específicas que definen el proceder de la entidad.

6. Que se requiere la determinación a manera de política de utilización de los parámetros que brindó el Ministerio de Hacienda, para el cobro de los recursos de utilidades.

Por lo anterior, la junta directiva de Findeter,

ACUERDA:

ART. 1º—Autorizar hacer extensivos los conceptos emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en relación a los fondos de cofinanciación a los convenios de utilidades de la financiera bajo estos criterios:

“En el evento en que la entidad territorial haya cumplido con el objeto del contrato, se entiende como ejecutado el convenio.

La vigencia a tener en cuenta para la liquidación del convenio, debería corresponder a la vigencia en la cual la entidad territorial presupuestó los recursos y lo ejecutó, o sea, la fecha en la cual recibió la obra”.

Todas las evidencias, cualquiera que sea el medio que se utilice y que demuestre la ejecución de los recursos del convenio respectivo (realización de la obra), son fuente válida para determinar dicha ejecución”.

Si en los convenios suscritos solo se estableció el efecto generado por motivo de la inejecución de los recursos de utilidades de Findeter, y no se establecieron efectos o no se ofrecieron parámetros para una ejecución jurídica ante el incumplimiento de las obligaciones de la entidad territorial acompañado de la ejecución total de los recursos de Findeter, se considera que la inexistencia de una cláusula en el sentido anotado justamente impediría a Findeter exigir cualquier reintegro...”.

ART. 2º—El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D.C., a 30 de agosto de 2010.