ACUERDO 739 DE 2000 

(Marzo 14)

“Por medio del cual se reglamenta el envío de los expedientes, títulos valores, documentos y elementos de procesos penales entre los despachos judiciales penales, promiscuos municipales, en asuntos penales, fiscalías y juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad y entre éstos y las autoridades administrativas y policivas competentes”.

La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura,

en uso de sus facultades legales y constitucionales, en especial las señaladas en el numeral 13 del artículo 85 de la Ley 270 de 1996,

ACUERDA:

ART. 1º—Además de lo establecido en el inciso 4º del artículo 159 del Código de Procedimiento Penal, mediante el cual el funcionario judicial debe ordenar la remisión por separado de los cuadernos originales y de copias del proceso debidamente foliados, para el envío de los expedientes, títulos valores, documentos y, elementos de procesos penales, se tendrán en cuenta las reglas contenidas en este acuerdo.

ART. 2º—El secretario del despacho judicial remitente o del centro de servicios administrativos en asuntos penales de cualquier orden, tramitará, conforme a lo establecido en el artículo 111 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo normado en el artículo 21 del Código de Procedimiento Penal, por duplicado, el formulario con destino al despacho judicial, centro de servicios administrativos o autoridad administrativa o policiva competente receptora, según el caso, cuyo formato único para el envío de expedientes, títulos valores, documentos y elementos del proceso anexo, contendrá la siguiente información:

1. Identificación del despacho judicial que envía el expediente.

2. Designación del proceso.

3. Fecha de envío del proceso.

4. Número de identificación del proceso.

5. Fecha en que se avocó el conocimiento.

6. Fecha y carácter de la última actuación procesal.

7. Número de cuadernos y folios de cada uno.

8. Identificación y ubicación de los elementos del proceso.

9. Clases, número, beneficiarios y cuantía de los títulos valores con los anexos bancarios debidamente conciliados de acuerdo con los listados bancarios.

10. Clases, número y cuantía de los depósitos judiciales junto con los anexos bancarios debidamente conciliados.

11. Identificación y ubicación de los procesados.

12. Identificación y ubicación de los abogados que actúan en el proceso.

13. Relación de las pruebas decretadas y pendientes por practicar.

14. Identificación y ubicación del centro carcelario donde se encuentra el procesado.

PAR.—Una copia del formulario irá anexa a cada expediente de manera permanente, y la otra deberá ser firmada por el secretario del despacho judicial o del centro de servicios administrativos receptor, o de las autoridades administrativas o policivas según el caso, previa verificación de la relación hecha por el despacho remitente. Dicha copia se guardará en un archivo especial bajo la responsabilidad del secretario del despacho judicial o del centro de servicios administrativos emisor, correspondiente.

ART. 3º—Cuando se trate del envío de expedientes, elementos y documentos con carácter reservado, se acatará lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto-Ley 2790 de 1990, artículo 1º del Decreto-Ley 99 de 1991, artículo 13 de la Ley 40 de 1993, artículos 88 y 89 del Decreto 2535 de 1993, artículo 39 de la Ley 504 de 1999, y demás normas concordantes.

ART. 4º—Una vez hecha la remisión, el secretario del despacho judicial o del centro de servicios administrativos en asuntos penales, comunicará de inmediato a los sujetos procesales y a los directores de los centros de reclusión donde se encuentra el detenido, cuando fuere del caso, la nueva ubicación del proceso.

ART. 5º—Las salas administrativas de los consejos seccionales de la judicatura además de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente acuerdo, con la colaboración de las direcciones ejecutivas seccionales de administración judicial, difundirán ampliamente su contenido.

ART. 6º—El incumplimiento de lo aquí dispuesto, acarreará al funcionario y/o empleado judicial responsable, la imposición de las sanciones a que haya lugar, según lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 200 de 1995 y 153 de la Ley 270 de 1996, sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar.

ART. 7º—El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta de la Judicatura, y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a 14 de febrero de 2000.

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