ACUERDO 756 DE 2000 

(Abril 6)

"Por el cual se reglamenta la reincorporación o reubicación de los servidores de la rama judicial, por enfermedad general, o profesional o accidente de trabajo".

La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura,

en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las conferidas por los numerales 9º y 16 del artículo 85 de la Ley 270 de 1996, y de conformidad con los artículos 39 y 45 del Decreto 1295 de 1994 y los artículos 16 y 17 del Decreto 2177 de 1989,

ACUERDA:

ART. 1º—El funcionario o empleado al servicio de la rama judicial que por enfermedad general o con ocasión de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, se encuentre en estado de deficiencia física, sensorial o mental, calificada por autoridad competente, para desempeñar las funciones propias del empleo de que es titular y la incapacidad no origine el reconocimiento de pensión de invalidez, será ubicado en el cargo que desempeñaba o reubicado en cualquier otro cargo de igual categoría o remuneración para el que esté capacitado, en los términos de los artículos 17 del Decreto 2177 de 1989, 39 y 45 del Decreto 1295 de 1994.

ART. 2º—El funcionario o empleado al servicio de la rama judicial que con ocasión de una enfermedad general, accidente de trabajo o enfermedad profesional (ATEP), le haya sido reconocida la pensión de invalidez y al revisarse su estado de salud se establece que su pérdida de capacidad laboral es inferior al 50%, y el dictamen médico determina que puede continuar desempeñándolo, será reincorporado al cargo que venía desempeñando, conforme lo prevé el artículo 16 del Decreto 2177 de 1989.

ART. 3º—Para el cumplimiento de lo antes dispuesto, se establece el siguiente procedimiento:

a) El interesado deberá presentar ante el respectivo nominador la solicitud escrita de ubicación, reubicación o reincorporación laboral, según el caso, acompañada de los certificados o conceptos de la respectiva autoridad competente;

b) El nominador, dentro de los quince días siguientes al recibo de la solicitud, decidirá lo pertinente, con base en el dictamen médico, el cual deberá indicar las limitaciones y recomendaciones para el desempeño del cargo.

Si por razones de tipo laboral no fuere posible atender la solicitud, el nominador, en forma inmediata, la remitirá a la administradora de riesgos profesionales de la rama judicial, con los documentos que la sustenten y la relación de las funciones que desempeñaba el funcionario o empleado. De todo lo actuado se entregará copia al servidor judicial y al comité paritario de salud ocupacional nacional;

c) La administradora de riesgos profesionales de la rama judicial, dentro de los diez días siguientes al recibo de la documentación, elaborará un estudio del concepto técnico de la entidad promotora de salud respecto del cargo y las funciones que el solicitante desempeñaba y recomendará las labores que, según su limitación, pueda cumplir;

d) Cuando se trate de un evento calificado como accidente de trabajo o enfermedad profesional, el nominador enviará la documentación directamente al comité paritario de salud ocupacional nacional, el cual, dentro del término de quince días, analizará el caso y conceptuará en su orden, así:

— Sobre la viabilidad de crear un cargo de igual categoría o su equivalente, con funciones acordes con la naturaleza de su limitación. En este caso el estudio debe pasar a la sala administrativa para su decisión; o,

— Si le corresponde al nominador darle cumplimiento a la solicitud. En este caso el comité señalará las razones en que fundamente su decisión, cuya ejecución será inmediata.

ART. 4º—La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura estudiará la viabilidad de la propuesta y si fuere procedente creará el cargo en el respectivo consejo seccional de la judicatura o donde lo considere pertinente, para reincorporar o reubicar al funcionario o empleado mientras persistan las causas que originaron la pérdida de su capacidad laboral o le sea reconocida la correspondiente pensión.

ART. 5º—Sin perjuicio de las valoraciones de ley, una vez ubicado, reubicado o reincorporado el servidor judicial, el nominador podrá solicitar periódicamente la valoración ocupacional por parte del órgano competente, con el fin de establecer el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral. El servidor está obligado a someterse a los exámenes requeridos para la mencionada valoración, so pena de regresar al cargo y someterse a la calificación de servicios, con las correspondientes consecuencias legales de permanencia en el mismo.

ART. 6º—Corresponde a los comités paritarios nacional y seccionales de salud ocupacional, elaborar, dentro de los tres meses siguientes a la publicación del presente acuerdo, un banco de datos con la información de todos los funcionarios y empleados declarados inválidos y con incapacidad permanente parcial, con nombres completos, identificación, profesión, cargo y dependencia a la que pertenecen, con el fin de efectuar el seguimiento de su estado de salud.

ART. 7º—La unidad de auditoría de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, practicará evaluaciones periódicas sobre el cumplimiento del presente acuerdo y rendirá ante esta corporación informes actualizados del banco de datos, con los correspondientes ajustes y novedades de personal y las propuestas de mejoramiento y control.

ART. 8º—El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta de la Judicatura y se publicará igualmente en el Diario Oficial.

Comuníquese y cúmplase.

Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a 6 abril de 2000.

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