Ministerio de Defensa Nacional

ACUERDO 8 DE 2015

(Noviembre 10)

“Por el cual se reglamentan los casos de especial relevancia”.

El Comité Directivo del Fondo de Defensa Técnica y Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública (Fondetec),

en ejercicio de las facultades conferidas por los numerales 1º y 3º del artículo 10 del Decreto 124 de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 209 de la Constitución Política, establece que “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”.

Que de conformidad con lo estipulado en el artículo 3º de la Ley 1437 de 2011, “por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios de imparcialidad, coordinación, economía, entre otros.

Que en virtud del principio de imparcialidad, las autoridades deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin discriminación alguna y sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva.

Que en virtud del principio de coordinación, las autoridades concertarán sus actividades con las de otras instancias estatales en el cumplimiento de sus cometidos y en el reconocimiento de sus derechos a los particulares.

Que en virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia.

Que el artículo 3º de la Ley 1698 de 2013, “por la cual se crea y organiza el sistema de defensa técnica y especializada de los miembros de la fuerza pública, y se dictan otras disposiciones”, estableció entre otros, el principio de especialidad, que reza: “Los defensores vinculados al sistema de defensoría técnica deberán tener estudios en grado de especialización o maestría en derecho disciplinario, penal o procesal penal y experiencia en litigio penal o en disciplinario, así como conocimientos en derecho operacional o derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario. Los defensores seleccionados deberán registrarse en el registro de abogados del sistema de defensa técnica y especializada de los miembros de la fuerza pública que para tal efecto cree y administre Fondetec”.

Que el artículo 1º del Decreto 124 de 2014, “por el cual se reglamenta la Ley 1698 de 2013”, señala que los defensores serán escogidos de acuerdo a las normas vigentes y conforme a los perfiles que determine el comité directivo de Fondetec.

Que el artículo 2º del Decreto 124 de 2014, crea el registro de abogados del sistema de defensa técnica y especializada.

Que el artículo 7º del Decreto 124 de 2014, establece que el director de Fondetec es el responsable de establecer e implementar los controles y/o mecanismos que permitan realizar un seguimiento permanente a las actividades de los defensores en sus diferentes actuaciones procesales y presentar las recomendaciones o correctivos que se consideren pertinentes, con el fin de garantizar un adecuado servicio de defensa y acceso a la administración de justicia.

Que el artículo 10 del Decreto 124 de 2014 reglamentó las funciones del comité directivo, entre las cuales se encuentra, la de determinar la cobertura del servicio de defensa que se financiará con cargo a los recursos del fondo en atención a la tipología y complejidad de los procesos e investigaciones.

Que mediante el Decreto 1721 del 28 de agosto de 2015, se reglamentaron los criterios que orientan la asignación de recursos para los servicios de defensa técnica y especializada de los miembros de la fuerza pública con cargo a Fondetec.

Que el Acuerdo 3 del 18 de marzo de 2014, aprueba el manual de contratación del Fondo de Defensa Técnica y Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública (Fondetec).

Que mediante el Acuerdo 4 del 22 de septiembre de 2014, se adoptan criterios y medidas administrativas en relación con la cobertura y la prestación del servicio de defensa técnica y especializada de los miembros de la fuerza pública a cargo del Fondo de Defensa Técnica y Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública, y se establece entre otros temas, el pago de honorarios en casos que revistan especial relevancia para la fuerza pública, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2º del mencionado acuerdo.

Que el acuerdo en mención, organiza al interior de Fondetec grupos de estudio y decisión para la defensa judicial en asuntos penales y en asuntos disciplinarios ante instancias administrativas, responsables de analizar, preseleccionar y decidir las solicitudes de servicio de defensa que presenten los miembros activos o retirados de la fuerza pública, conforme a los procesos y procedimientos que para tal efecto determine el director de Fondetec.

Que el Acuerdo 7 de 2015, establece entre otros aspectos, los requisitos de los defensores y personal técnico especializado en el sistema de defensa técnica y especializada de los miembros de la fuerza pública.

Que es necesario reglamentar los casos de especial relevancia que serán sometidos para la aprobación del comité directivo.

Que por lo expuesto,

ACUERDA:

ART. 1º—Criterios caso de especial relevancia (CER). Se entiende por caso de especial relevancia, aquel que se enmarca dentro de los siguientes criterios:

1. Casos que se encuentren en el sistema interamericano de protección de los DD.HH.

2. Casos en que se encuentren involucrados principalmente personal con el menor grado en el nivel jerárquico, según su régimen de carrera o vinculación con el Estado.

3. Casos que se enmarcan dentro de los criterios de lo emblemático, importante, complejo y de especial sensibilidad objetiva para la fuerza pública.

4. Casos defendibles bajo el criterio de Estado.

5. Inconsistencias probatorias que violen el principio constitucional del debido proceso.

6. Si el caso se encuentra dentro de un posible análisis de contexto.

7. Si el apoyo de Fondetec cubre un gran porcentaje de los involucrados en el caso que se estima como relevante.

ART. 2º—Presentación por parte del comandante de Fuerza o director de la Policía Nacional ante el comité directivo. Los comandantes de Fuerza y el director general de la Policía Nacional deberán presentar mediante acto administrativo motivado, los casos de especial relevancia de acuerdo a los criterios señalados en el artículo anterior.

El acto administrativo debe contener como mínimo:

1. Criterio dentro del cual se enmarca el caso de especial relevancia de conformidad con el artículo 1º.

2. Identificación de los miembros de la fuerza pública relacionados con el caso de especial relevancia y sus abogados de confianza.

3. Etapa procesal y ley que aplica al caso de especial relevancia.

4. Síntesis de los hechos materia de investigación, indicando fecha y lugar de los mismos.

PAR.—Con el acto administrativo aludido, se deben allegar los siguientes documentos:

1. Copia del contrato suscrito entre el miembro de la fuerza pública y el abogado de confianza en calidad de principal.

2. Certificación suscrita por el abogado de confianza señalando que conoce el procedimiento que se aplica para la aprobación de un caso de especial relevancia, por el comité directivo.

3. Compromiso de entrega en términos generales de la línea defensorial a desarrollar.

4. Certificación del defensor de confianza, que conoce y se somete al seguimiento permanente a la actividad defensorial en sus diferentes actuaciones procesales, así como acoger las recomendaciones o correctivos que se consideren pertinentes, con el fin de garantizar un adecuado servicio de defensa y acceso oportuno a la justicia.

5. Solicitud del servicio diligenciada por cada uno de los miembros de la fuerza pública (activo o retirado) que solicita el pago de honorarios en el marco del caso de especial relevancia.

ART. 3º—Concepto técnico suscrito por el Grupo de Estudio y Decisión (GED). Agotado lo establecido en los artículos anteriores, los miembros del Grupo de Estudio y Decisión (GED), realizarán las siguientes actividades:

1. Verificar que lo establecido en los artículos 1º y 2º de este acuerdo se cumpla.

2. Emitir y suscribir el concepto de viabilidad o no viabilidad del caso de especial relevancia.

PAR. 1º—El Grupo de Estudio y Decisión (GED), adelantará las gestiones que considere necesarias para corroborar la información allegada por la Fuerza para la sustentación del caso de especial relevancia.

PAR. 2º—La solicitud de servicio de defensa técnica especializada relacionada con un caso de especial relevancia, ingresará al Grupo de Estudio y Decisión (GED), quien asignará el número de Registro Único de Solicitud (RUS), y el estatus de “CER en estudio”. Una vez el comité directivo decida frente a la solicitud, se indicará en el estatus “CER aprobado o “CER no aprobado”.

ART. 4º—Aprobación caso de especial relevancia. El comité directivo decidirá respecto del caso de especial relevancia presentado por el comandante de Fuerza o director general de la Policía Nacional, previo concepto de viabilidad o no viabilidad del Grupo de Estudio y Decisión (GED).

ART. 5º—Pago de honorarios de un caso de especial relevancia. El monto de honorarios será el establecido en la memoria justificativa del Acuerdo 4 de 2014, al momento de la aprobación del comité directivo del caso de especial relevancia.

PAR. 1º—La liquidación del pago de honorarios se hará conforme al smlmv de vigencia fiscal en que se aprueba el caso de especial relevancia.

Los pagos se realizarán agotada la etapa procesal, con demostración sumarial, que será verificada por el coordinador jurídico respectivo.

PAR. 2º—En el evento de existir dos (2) o más usuarios, cada uno con un defensor de confianza diferente, en un caso de especial relevancia, se cancelará a cada uno de ellos, el monto de los honorarios establecido en la memoria justificativa del Acuerdo 4 de 2014.

ART. 6º—Requisitos para la celebración de contratos de abogados de confianza de casos de especial relevancia.

1. Oferta de servicios.

2. Fotocopia documento de identidad.

3. Fotocopia libreta militar.

4. Hoja de vida del DAFP persona natural.

5. Formularios anexo Sarlaft.

6. Declaración de bienes y rentas.

7. Certificado de antecedentes disciplinarios.

8. Certificado antecedentes fiscales.

9. Certificado antecedentes judiciales.

10. Certificado de afiliación al sistema de seguridad social vigente.

11. Copia de la tarjeta profesional vigente.

12. Título profesional en Derecho y especializado o maestría en Derecho.

13. Certificación de educación formal o no formal en DD.HH, DIH o derecho operacional.

14. Certificación de datos que acrediten DD.HH y DIH o derecho operacional.

15. Cumplimiento pólizas de garantía de calidad.

16. Identificación tributaria.

17. Certificación bancaria.

18. Certificación de cinco (5) años de litigio.

19. Certificación de poder suscrito por cada usuario.

20. Informe ejecutivo del proceso.

21. Certificación apoderado etapa procesal.

22. Copia contrato de cada usuario.

23. Certificación vigencia tarjeta profesional expedida por el Consejo de Gobierno o autoridad que haga sus veces.

PAR. 1º—Los contratos de prestación de servicios profesionales, se suscribirán única y exclusivamente con el abogado principal.

PAR. 2º—En caso de existir dos (2) abogados para un mismo usuario, este indicará cuál es el defensor de confianza principal.

PAR. 3º—Aprobado el caso de especial relevancia por el comité directivo, se tendrá un término máximo de dos (2) meses para allegar por parte del defensor de confianza todos los documentos mínimos requeridos para la suscripción del contrato de prestación de servicios. Transcurrido este tiempo, se entenderá que el usuario y su abogado defensor, desisten de la aprobación del pago de honorarios. El Grupo de Estudio y Decisión (GED), dejará constancia de este hecho en las actas del GED con el estatus de “CER desistido”.

PAR. 4º—En todo caso se aplicarán los requisitos mínimos exigidos en el manual de contratación-contrato de fiducia número 24 de 2014, aprobado mediante Acuerdo 3 del 18 de marzo de 2014, o normas que lo modifiquen.

ART. 7º—Requisitos de los abogados defensores de casos de especial relevancia para el pago de honorarios. Los requisitos serán los establecidos en el Acuerdo 7 de 2015 o normas que lo modifiquen.

Deberán inscribirse en el registro de abogados de Fondetec, una vez se suscriba el acta de inicio del contrato de prestación de servicios profesionales.

ART. 8º—Régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Se aplicará lo dispuesto en el numeral 8º inhabilidades e incompatibilidades establecido en el Acuerdo 3 de 2014 que reza: “Conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, a la contratación del patrimonio autónomo le es aplicable el régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la Constitución Política y la ley para la contratación con entidades estatales. Sin perjuicio de lo establecido por otras normas constitucionales y legales, las inhabilidades e incompatibilidades para contratar con entidades estatales son principalmente las establecidas en los artículos 127 de la Constitución Política y en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011. Para la verificación de la ausencia de inhabilidades e incompatibilidades, el patrimonio autónomo consultará el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (SIRI) de la Procuraduría General de la Nación y el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República, sin perjuicio de acudir a otras fuentes de información”.

ART. 9º—Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga el artículo 2º del Acuerdo 4 de 2014, en todo lo relacionado con casos de especial relevancia.

Las demás disposiciones contenidas en el Acuerdo 4 de 2014, así como la memoria justificativa, no se modifican y continúan vigentes.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D.C., a 10 de noviembre de 2015.