ACUERDO 88 DE 1997 

(Junio 17)

“Por el cual se reglamenta el ejercicio de la Vigilancia Judicial Administrativa consagrada en el artículo 101, numeral 6º, de la Ley 270 de 1996”.

La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura,

en uso de las facultades constitucionales y legales, en especial de las establecidas en los artículos 125, 228 y 257 numeral 3º de la Constitución Nacional; y 101 numeral 6º y 170 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia,

ACUERDA:

ART. 1º—Definición. La vigilancia judicial es un mecanismo administrativo de carácter permanente, establecido por la ley para asegurar que las labores de los funcionarios y empleados de la rama judicial se desarrollen de manera oportuna y eficaz, y es diferente de la función jurisdiccional disciplinaria a cargo de las salas disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura y de la de control disciplinario de la Procuraduría General de la Nación.

ART. 2º—Competencia. La vigilancia judicial administrativa está a cargo de las salas administrativas de los consejos seccionales de la judicatura, respecto de los despachos judiciales ubicados en el ámbito territorial de su competencia.

ART. 3º—Ejercicio. La vigilancia judicial administrativa se ejercerá de oficio o a petición de quien aduzca interés legítimo y recaerá sobre acciones u omisiones específicas en procesos singularmente determinados. El impulso oficioso será producto del ejercicio de las funciones propias de las salas administrativas de los consejos seccionales de la judicatura, principalmente como consecuencia de las visitas generales o especiales a los despachos judiciales.

Cuando la actuación se promueva a solicitud de interesado, el memorial respectivo deberá contener una relación sucinta de los hechos que configuren la situación que se debe examinar, con indicación del despacho judicial donde se han producido y se acompañarán las pruebas que tenga quien lo suscribe.

El escrito respectivo se recibirá en la secretaría del consejo seccional, sala administrativa, o en la oficina de quejas y reclamos de la secretaría ejecutiva de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, la que previa radicación, lo remitirá a la autoridad correspondiente para lo de su cargo.

ART. 4º—Procedimiento. Recibido el escrito, el presidente de la sala hará el reparto dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes. El magistrado a quien le corresponda, analizará la relevancia de los hechos expuestos y procederá a su verificación, bien sea mediante requerimiento de información detallada o practicando una visita especial al despacho judicial de que se trate; en este último evento y si las circunstancias lo ameritan revisará de oficio otros casos que deban ser objeto de la vigilancia judicial administrativa, en los términos del presente acuerdo.

La labor de verificación podrá adelantarse por el magistrado directamente o a través de sus auxiliares o de empleados de la sala que él designe.

Los resultados de la visita practicada se consignarán en un acta que se suscribirá por el funcionario o empleado visitador y por el titular del despacho, así como por el empleado sobre el cual recaiga la observación, si fuere del caso.

Si apareciere acreditada la existencia de una actuación u omisión contraria a la oportuna y eficaz administración de justicia en los términos del presente reglamento, ésta se pondrá en conocimiento del funcionario o empleado a quien se atribuye, mediante comunicación debidamente sustentada y suscrita por el magistrado que conoce del asunto. El anterior trámite no podrá exceder del plazo improrrogable de diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha del reparto.

ART. 5º—Explicaciones. A partir del recibo de la comunicación, el funcionario o empleado requerido tendrá un término, también improrrogable, de cinco (5) días hábiles para explicar, justificar o desvirtuar los hechos de que trata la misma, y para aducir las pruebas y consideraciones que estime pertinentes.

ART. 6º—Decisión. El magistrado que conoce del asunto, evaluará las explicaciones del funcionario o empleado requerido, analizará las pruebas y decidirá si ha habido un desempeño contrario a la administración oportuna y eficaz de la justicia en el preciso y específico proceso o actuación judicial de que se trate.

Para el efecto se tendrá en cuenta que el hecho no obedezca a situaciones originadas en deficiencias operativas del despacho judicial, así como los factores reales e inmediatos de congestión no producidos por la acción u omisión del funcionario o empleado requerido, todo lo cual lo exime de los correctivos y anotaciones respectivas.

La decisión se hará conocer del interesado, cuando lo hubiere, y del funcionario o empleado.

ART. 7º—Correctivos. El funcionario o empleado requerido está en la obligación de normalizar la situación de deficiencia dentro del término concedido para dar las explicaciones, sin perjuicio del procedimiento contemplado en el presente acuerdo.

Cuando la deficiencia sea consecuencia de situaciones de naturaleza operativa, la dirección seccional de la rama judicial competente, a petición, del magistrado, adoptará en. el mismo término y de acuerdo a las disponibilidades presupuestales, las medidas necesarias para atender los requerimientos del despacho judicial.

ART. 8º—Efectos. Toda actuación inoportuna e ineficaz del servidor público determinada en desarrollo de las diligencias de que trata este acuerdo, será tenida en cuenta por el respectivo evaluador para efectos de la calificación del factor eficiencia o rendimiento de que trata el Acuerdo 198 de 1996 de esta sala, así: por cada anotación un punto menos. Así mismo, incidirá en el otorgamiento de los estímulos y distinciones contemplados en el artículo 155 de la Ley 270 de 1996, y determinará la no aplicación del Acuerdo 106 de 1996.

ART. 9º—Infracción de otras disposiciones. En caso de que las actuaciones u omisiones puedan ser constitutivas de una falta disciplinaria, el magistrado, una vez finalizado el trámite administrativo propio de la vigilancia judicial, compulsará las copias pertinentes con destino a la autoridad competente; si se trata de conducta objeto de reproche y sanción penal, el magistrado competente debe ponerla en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación con toda la información y la documentación recaudada, tan pronto tenga conocimiento o noticia de la misma.

ART. 10.—Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de su publicación en la Gaceta de la Judicatura, salvo en cuanto a los efectos previstos en el artículo octavo, el cual se aplicará a partir del 1º de junio de 1998.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dado en Santafé de Bogotá, D.C., 17 de junio de 1997.

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