Adopción de la normativa contable internacional: ¿es el camino correcto? Análisis del Proyecto de Ley 165 del 2007

Revista Nº 35 Jul.-Sep. 2008

Harold Álvarez Álvarez* 

Mauricio Gómez Villegas** 

(Colombia) 

*Contador Público - Universidad Nacional 

Ex presidente - Consejo Técnico de la Contaduría Pública  

**Contador público y Docente - Universidad Nacional de Colombia  

Miembro del C-Cinco 

Introducción

Nuevamente debemos aparecer en el terreno del debate académico alrededor del tema de la adopción de las normas internacionales de información financiera y de aseguramiento de la información, concretamente del modelo NIC-NIIF —normas internacionales de contabilidad y de información financiera— emitido por la Junta de Estándares Internacionales de Contabilidad —IASB, por sus siglas en inglés— y el denominado modelo de aseguramiento de la información, antes de auditoría, formulado por la Federación Internacional de Contadores Públicos —IFAC, por sus siglas en inglés—, ya que un nuevo intento de regulación contable para Colombia, en tal sentido, se está impulsando desde la Cámara de Representantes con el Proyecto de Ley 165 del 2007. Baste señalar que este proyecto ha tenido dos versiones que, como lo analizaremos, requieren de mayor fundamentación en materia regulatoria en contabilidad.

La discusión es aún más candente debido a los procesos de desregulación contable y financiera que a la sazón viven buena parte de los países de la región, agenciados por instituciones de gran influencia en la política económica internacional como el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio o el Fondo Monetario Internacional, por cuanto una decisión de adoptar las normas o estándares internacionales contables, sin tener en cuenta las particularidades socio-económicas, administrativas, jurídicas y políticas del país y sin haber realizado los debidos estudios teóricos y empíricos de impacto, estaría desconociendo los más elementales requerimientos de la metodología regulatoria contable y poniendo en riesgo tanto la estabilidad empresarial como la gestión fiscal nacional.

De otra parte, no debe olvidarse que los sucesivos escándalos vividos a principios del nuevo milenio, en los medios financieros internacionales, principalmente estadounidenses y europeos, pero con repercusión mundial, estuvieron relacionados con este tipo de modelos contables que otorgan alta permisibilidad de contabilización a las unidades empresariales. Estas abusaron, en los casos mencionados, de la confianza del mercado, del Estado y de los usuarios de la información, para tergiversar los informes contables. Es decir, modelos basados en la relevancia y en el énfasis del optimismo con base en expectativas, que son muy útiles para los agentes que especulan, pero muy inconvenientes para la confianza social y económica. Así mismo, esta situación crítica fue acelerada por la conducta inadecuada mostrada por ciertos funcionarios de algunas de las grandes firmas auditoras, defensoras y propulsoras de los modelos internacionales de contabilidad y auditoría.

Por tanto, nos proponemos realizar, en el presente documento, una revisión académica y metodológica de la actual propuesta contenida en el proyecto de ley que se presentó en la honorable Cámara de Representantes. Para ello, buscaremos concretar argumentos que aborden de manera analítica y crítica el fondo del modelo contable predominante en las NIC-NIIF y su posible impacto para el desarrollo de funciones vitales de las empresas en el país, especialmente de las Mipymes. Nuestra visión y propuesta requiere, por lo tanto, de la juiciosa realización de estudios empíricos que, con la debida fundamentación conceptual y teórica, contribuyan al diseño de una estrategia regulatoria para el país.

Así, para conseguir el objetivo planteado, el documento se constituye por la presente introducción y cinco apartados más. En el primero de ellos realizaremos un análisis general del Proyecto de Ley 165 del 2007. Luego, en el segundo apartado, discutiremos los requerimientos genéricos de mantenimiento de capital y gestión empresarial que tienen las Pymes en Colombia o en cualquier contexto y mostraremos cómo no necesariamente esto es observado o prioritario para el modelo IASB —incluso en su propuesta de NIIF para Pymes—. En el tercer apartado bosquejaremos algunas diferencias del modelo IASB con lo que acontece y está reglamentado en Colombia, específicamente en el campo fiscal. En el cuarto apartado, presentaremos los puntos de vista a favor de la adopción del modelo IASB y realizaremos una muy breve evaluación de sus argumentos. Como argumento final, en el quinto apartado, esgrimiremos la vigencia y urgencia de la realización de estudios conceptuales y empíricos sobre el impacto de la adopción o aplicación del modelo IASB en el país. Finalmente, presentaremos unas conclusiones sucintas del documento.

1. Análisis del Proyecto de Ley 165 del 2007

1.1 Análisis de la exposición de motivos

El proyecto de ley está justificado con base en los argumentos que la “corriente internacionalista contable” (1) ha construido desde principios del presente siglo, para apoyar la adscripción de los diferentes entornos nacionales a la dinámica regulatoria de adopción normativa impulsada por IASB e IFAC.

Se afirma de forma apriorística, pues no se han realizado los estudios empíricos que sustenten tales juicios valorativos, que se adoptan las normas internacionales de información financiera (NIIF) y de aseguramiento de la información:

“que conforman un sistema único, homogéneo, de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia, por cuya virtud los informes contables y, en particular, los estados financieros, brinden información comprensible, transparente, comparable, pertinente, confiable y útil para la toma de decisiones económicas por parte del Estado, los propietarios, funcionarios y empleados de las empresas, los inversionistas actuales y potenciales y otras partes interesadas [...] con el fin de mejorar la productividad, la competitividad, y el desarrollo armónico de la actividad empresarial”(2).

Es de conocimiento general que el proceso de globalización económica es una actividad no casuística sino planeada por los países y organismos dominantes de la economía mundial —EE. UU., UE, G8, entre ellos— que le apuntaron a la exigencia de un modelo económico, el denominado neoliberal, como estrategia para ampliar los mercados y aumentar la tasa de ganancia de los grandes capitales invertidos en la industria, el comercio y sobre todo en el sector financiero, cuyo destino se juega en las bolsas de valores, terreno en el cual la información contable uniforme y comparable significa un ingrediente de crucial importancia a la hora de decidir el derrotero de las inversiones.

Tal dinámica sería imposible de impulsar y mantener sin herramientas y marcos regulatorios comunes, como los relativos a los instrumentos contables, financieros, económicos y jurídicos. Lo que sí es cierto es que estas dinámicas dominantes de los entornos de países débiles son mejor implantadas y controladas gracias a los avances de las telecomunicaciones y de la tecnología de la información, que permiten conocer y difundir información de manera instantánea, con lo que la gestión de los negocios y el control de las inversiones se vuelven más expeditos para los gestores e inversores.

Los ponentes justifican la adopción del modelo NIIF para contar con una contabilidad transparente, pertinente y confiable en la toma de decisiones económicas de las empresas. Por lo menos es paradójico que se acuda a este argumento, pues, es sabido que fueron precisamente los manejos contables que se hicieron bajo modelos de información y revisión altamente discrecionales, como los modelos internacionales de contabilidad y de auditoría, los que permitieron que las informaciones se emitieran y se ratificaran por los contables y auditores, cuyas actuaciones en algunas empresas dieron al traste con la continuidad de las mismas y, de paso, esfumaron capitales y ahorros de pequeños inversionistas y pensionistas.

Cuando un modelo contable se dirige en lo fundamental, como es el caso del propiciado por IASB, a la formulación de estados financieros y no a la conformación del proceso contable, sustento de tales estados de información, los registros y las pruebas de los hechos económicos pasan a segundo plano, pues lo que más interesa es el informe contable. En tales circunstancias el proceso puede no ser fehaciente, ni fiable, ni fundamentarse en hechos probables a partir de pruebas documentales, sino que puede convertirse en un proceso en el que los elementos subjetivos suplen los objetivos, los juicios de valor individuales reemplazan la intersubjetividad transaccional mercantil, que se plasma en el reconocimiento y en el proceso de la medición-valoración del hecho o transacción económica.

Para los fines consabidos de proporcionar información para usuarios bursátiles, este modelo puede ser cuestionado, ya que su columna vertebral, es decir, el criterio de valoración razonable está, por estos días, siendo sometido a revisión general, dadas sus múltiples acepciones e interpretaciones contenidas en las diversas normas

Por lo anterior, argumentar que es a partir de la adopción del modelo IASB de contabilidad que se va a avanzar en la construcción de una contabilidad fiable, es desconocer las recientes y dolorosas experiencias vividas por empresarios y ahorradores que perdieron sus recursos en un confuso proceso de aplicación flexible de normas e ignorar los mismos planteamientos que conforman la propuesta de IASB para Pymes, cuando en los acápites 28 a 32 del Fundamento de las Conclusiones, se afirma que la orientación de estas normas no es la gestión empresarial ni fiscal.

Si bien al aplicar el modelo contable en buena parte de los países del mundo se gana en homogeneidad y, por lo tanto, en comparabilidad, lo que ocurriría con la implantación de cualquier modelo contable, no se puede derivar de esto que se vaya a ganar en “confiabilidad” ni en “pertinencia”, pues buena parte de los procedimientos contables que impulsa IASB y por lo cual se caracteriza su propuesta es que responsabiliza a la entidad empresarial de determinar los procedimientos que más se ajusten y establece varios procedimientos de valoración en los que el único autor es un experto avaluador, como en el caso del valor de uso o valor presente de los flujos futuros que puede generar un activo.

El modelo contable contiene una serie de procedimientos sustentados en presunciones, como aquella según la cual “se presume que para cualquier producto agrícola se puede disponer de información sobre su precio en un mercado activo”, entendiéndose como “mercado activo” un mercado eficiente en el que no se puede manipular el precio por cumplir con las condiciones de un mercado perfecto. Tales mercados son de difícil consecución, incluso en escenarios de economía desarrollada. Por ello es que, a renglón seguido, se reemplaza la exigencia de un mercado activo por sustitutos.

La columna vertebral del modelo es el concepto del valor razonable o valor de mercado. Esta metodología valorativa no necesariamente debe estar sustentada en un mercado activo, sino que podría ser soportada por el “acuerdo entre dos negociadores debidamente informados en una transacción libre”, con ello no se está precisamente dando garantía de seguridad o de confiabilidad como afirman los ponentes, sino todo lo contrario, de dudas e inseguridades en los procesos valorativos de las actividades empresariales.

Para completar el panorama crítico en este sentido, tenemos el caso de la valoración al valor razonable, en la cual no se requiere ni siquiera la presencia de los dos negociadores, sino que en algunos casos, como en el mencionado de los productos agrícolas, solo se requiere que el actor valuador determine el precio del “mercado activo” o de “mercados activos de bienes sustitutos” o de “mercados menos activos” o de “transacciones recientes” o por la acción valorativa de una persona, como es el caso del “valor de uso”, etc., para establecer que ese es el valor de los bienes poseídos, sin esperar la transacción de venta que sería la que ratificaría tales valoraciones y la que justificaría y respaldaría la contabilización de la venta o del ingreso mayor o menor, y, por lo tanto, una utilidad o una pérdida por tenencia.

Este procedimiento va en contra de los postulados del devengo, de la esencia sobre la forma y el mantenimiento del patrimonio. Con tal procedimiento una empresa incrementa el riesgo de descapitalizarse, ya que la aplicación del criterio del valor razonable, en el caso de las valoraciones al valor de mercado, puede inducir a la contabilización de ganancias de forma anticipada, sin que efectivamente se hayan realizado, y, así, distribuirlas sin el debido respaldo del hecho definitorio como lo es la transacción de venta, intercambio entre vendedor y comprador, que origina el hecho cierto de la realización de la ganancia. El modelo termina reconociendo posibilidades como si fueran realidades, expectativas como hechos fehacientes.

Los parlamentarios ponentes recurren a las manifestaciones de respaldo del Banco Mundial, para sustentar la afirmación de la necesidad de adoptar el modelo contable impulsado por IASB. Por supuesto que tal organismo junto con otros —FMI, OMC, entre otros—, como ya lo anotamos al principio, están alinderados con los usuarios principales de la información que produce el instrumento contable, como son los inversores bursátiles. Por ello, cualquier opinión u orientación proveniente de tales organismos no será diferente a la de abogar por la implantación del instrumento de IASB.

Los ponentes recurren, específicamente, al informe ROSC 2004, del Banco Mundial —Informe sobre observancia de normas y códigos—, para sustentar la necesidad de dicha adopción. Si bien el informe anota falencias que se viven y deterioran la calidad del servicio que presta la profesión contable en Colombia, no necesariamente la adopción de las orientaciones del modelo IASB contable o IFAC profesional —auditoría, educación y ética— van a garantizar una mejora sustancial de la preparación académica y del ejercicio profesional.

De la misma manera, el informe ROSC (2004) anota debilidades, por la comparación de los criterios y prácticas locales con el modelo IASB. Esto es, de entrada, plantear que dicho modelo es en sí mismo bueno y libre de tales problemas. No existe evidencia de ello, pues el modelo IASB no ha tenido aplicación integral en diferentes mercados, sino hasta fechas recientes. Esto quiere decir que es un argumento de autoridad y no de evidencia de superioridad técnica, tales diferencias. Pero ¿cómo sabemos si el modelo IASB sí soluciona inconvenientes planteados en el país, como, por ejemplo, la falta de observancia o aplicación de las normas locales? ¿Adoptar el modelo IASB de regulación internacional garantizará que esas normas sí se apliquen?

Ahora bien, se pueden reconocer varias de las falencias planteadas por el informe ROSC (2004) como problemas que debemos solucionar. Pero las propuestas de solución desprendidas de tal informe y contenidas en las concepciones de profundización de las reformas de las últimas dos décadas, auspiciadas por la autoridad de los organismos internacionales, han evidenciado ser inconvenientes. Admitimos debilidades y problemas en nuestro entorno, pero es necesario en las propuestas que se realicen, considerar la historia, la tradición y las relaciones reales en los contextos, pues de lo contrario solo perjudican las dinámicas de cambio.

Cualquier cambio de la regulación, para que sea efectivo, debe reconocer las condiciones y necesidades de los agentes a que aplica, y, por tanto, debe soportarse en profundos análisis y en el conocimiento del sistema contable como un todo (Gómez, 2007). Por eso hay que observar las estructuras jurídicas, empresariales, de los mercados, de la profesión, de la educación y de las prácticas contables del contexto. Pero propuestas de ingeniería social, planeadas y soñadas como homogéneas y únicas y promulgadas como receta universal, no aportan significativamente al verdadero desarrollo y bienestar social de todos los contextos.

Si vamos a hablar del desarrollo y el progreso social, habría que considerar que los países que se han comprometido con todos los requerimientos del modelo neoliberal —Colombia no es la excepción— han sufrido dolorosas consecuencias, que pagan, precisamente, los más necesitados. Veamos las estadísticas de pobreza y miseria que nos indican cómo, tal condición, es en nuestro país, la condición mayoritaria del pueblo colombiano(3).

Las preguntas que en este caso deben hacerse son del siguiente tenor: ¿en Colombia, qué porcentaje de usuarios de la información contable representan a los inversores bursátiles? ¿Qué porcentaje de usuarios representan los gestores empresariales usuarios del modelo contable colombiano? ¿El modelo IASB sirve para sustentar las decisiones administrativas internas y para gestionar las empresas, de manera similar y sustitutiva que el modelo de contabilidad nacional? ¿No se requerirá la implantación de sistemas contables adicionales para sustentar las decisiones contables y tributarias, cuando se implante el sistema contable IASB? Si las respuestas, después de hacer los estudios de simulación empíricos, para determinar el impacto de tales cambios, son favorables al tránsito al nuevo sistema, no habría argumento para oponerse. Pero, si de tales estudios se derivan respuestas desfavorables, debe procederse de manera diferente y no adoptarse el modelo IASB, o hacerlo solamente por aquellas empresas que evidentemente lo requieren, sin perjuicio de las adecuaciones que tendrán que realizar para cumplir con las obligaciones legales de información en el entorno nacional.

1.2. Análisis del articulado del Proyecto de Ley 165 del 2007

Abordaremos el proyecto realizando un análisis general del contenido, exponiendo los puntos equívocos, o al menos inconvenientes desde nuestra perspectiva, en la concepción y planteamiento de tal articulado.

Han existido dos versiones del proyecto. La primera con una extensa y contradictoria exposición de motivos y con cuatro “sintéticos” y “simplificadores” artículos. La segunda, presenta un pliego de modificaciones que implicó una extensión a 18 artículos, habla, ahora, de “convergencia” e incluye diversos temas, no solo de regulación de la contabilidad y la información, sino de aseguramiento y gobierno de la profesión.

En primer lugar, hay que señalar que la diversidad de temas que aborda el proyecto hace que se torne impreciso y complicado. Hablar de principios, normas, técnicas, guías, criterios, etc., no solo para la contabilidad y la información financiera, sino, ahora, para el aseguramiento, complica la dinámica regulatoria. Todos estos conceptos no son simples palabras, son nociones de estructuras conceptuales que en el proyecto se muestran como si fueran sinónimas o que se listan para que sean una gran bolsa que todo lo cubre. Peor aún, mezclar asuntos de carácter penal, de administración de recursos, y, por tanto, de infraestructura del gobierno de la profesión, e incluso de la obligación de que el CTCP debe “afiliarse” a organismos privados internacionales, muestra la falta de metodología para el desarrollo de una ley que debería armonizar aspectos técnicos y de interés público.

Como pilar de la propuesta, acude el proyecto a la delegación permanente en el poder ejecutivo de la facultad regulatoria en materia contable, de información financiera y de aseguramiento, a través, de la figura de la intervención económica, para la expedición de normas únicas, homogéneas, de alta calidad, etc.

La delegación en el poder ejecutivo de la facultad de regular en materia contable, no es de suyo inconveniente, si se ejerce tal oficio en beneficio del interés público y del desarrollo nacional, con solvencia e idoneidad técnica. El problema surge por la falta de claridad sobre la potestad regulatoria. ¿Por qué se entrega la función conjunta a dos ministerios? Es cierto que el tema de la información contable y financiera empresarial, y de la contabilidad en general, toca aspectos de la dinámica de las empresas y de la hacienda pública, pero resarcir los conflictos que se tejen entre las tensiones de recaudo y política fiscal y de productividad empresarial y de mercado, no se soluciona con entregar la potestad o responsabilidad de emitir normas a dos entidades que son sectores distintos y claramente diferenciables.

Los acápites de la propuesta que incluyen la enunciación de un “debido proceso” con intervención del Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP), le dan al rol técnico y metodológico un papel secundario o complementario. Si en últimas quienes emiten las normas son los funcionarios de los ministerios, puede suceder que las recomendaciones que haga el CTCP no sean las que finalmente se aprueben.

Pensamos que no se requiere una ley para decir qué agente del ejecutivo es el responsable de regular, de suyo esa es parte de las funciones del ejecutivo. Se requiere una ley para establecer un ente regulador en la que se establezca su estructura, composición, capacidad y funciones, así como los mecanismos de su control de pesos y contrapesos y de rendición de cuentas. Y, por supuesto, la adscripción o relación de tal ente con el ejecutivo. El papel asignado en el proyecto al CTCP como un comentador o coordinador de proyectos de propuestas, que después se discuten y aprueban en el ejecutivo, puede dispersar la verdadera necesidad: “Un regulador permanente” con capacidad jurídica y técnica, conformado por miembros con experiencia, de múltiples orígenes, y con soporte investigativo permanente y de fondo, que atendiendo el debido proceso y al interés público, dé dinámica y ritmo al proceso regulatorio con transparencia, idoneidad y capacidad para transformar la contabilidad y la información contable, tornándola en un bien público que impacte en el bienestar social nacional.

Apuntalado en criterios de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, el proyecto propone la convergencia de los estándares nacionales con los internacionales de aceptación mundial. El término “convergencia”, dentro del ámbito de los procesos regulatorios, significa el allanamiento de puntos diversos por parte de diferentes actores, para optar por una propuesta que establezca una especie de denominador común que satisfaga a los partícipes. En este caso, el proceso nunca será de convergencia sino de adopción regulatoria, lo que significa que los contenidos normativos del modelo no podrán ser variados a discreción, como resultado de un diálogo con los propulsores de la norma, sino que su contenido debe ser aceptado como un todo, sin discusión.

También establece la obligación de su aplicación para todas las entidades que desarrollen sus actividades en el país. No hay distinción de sector productivo ni fuente de financiamiento del capital, aunque pueden ser exceptuados de la obligación de información plena, algunos entes, dependiendo del tamaño de la firma. Esto significa que todos los entes de la economía colombiana estarán cobijados por la norma, cuya filosofía, como ya se ha anotado, no está dirigida a ser base de decisión para la gestión, sino para la información financiera útil a los mercados de capitales.

Este planteamiento niega el avance de los últimos años en la contabilidad académica y en la teoría y práctica de la regulación contable que han visto el surgimiento de una mejor comprensión del rol económico de las normas contables. Hoy por hoy, a nivel mundial se reconoce que el asunto de la regulación contable es un problema de política pública para el desarrollo socio-económico. La Unión Europea observa el modelo NIC-NIIF en grupos empresariales consolidados cotizantes, pero bajo la supervisión y el asesoramiento de sendos grupos públicos y privados que ajustan y evalúan la solvencia técnica y la conveniencia política de cada norma (EFRAG)(4). Pero al mismo tiempo, los diferentes países miembros de la Unión, por ejemplo España, establecen regulación local diferenciada para el resto de las empresas. El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas —ICAC— ha consolidado una regulación para empresas que no son grupos y que no cotizan y otra para Pymes. Son planes de contabilidad diferenciados por la naturaleza apenas distinta y diferenciable de las formas organizacionales. Ello puede consultarse en la página web del ICAC, http://www.icac.meh.es/.

¿Qué significa esta línea de actuación? Pues nada más y nada menos que la comprensión del rol económico de las normas contables y el establecimiento de una política pública que incentiva el desarrollo económico y social, por la vía de la exigencia de normas diferenciadas que permiten la formalización empresarial y la producción de información pública para los mercados, las organizaciones y la sociedad.

El planteamiento del articulado es la carta de desprendimiento o hipoteca de la capacidad estatal y pública para regular y consolidar una política de información en el país. Y recordemos que la información contable regulada es un bien público (Sunder, 2005).

El texto de propuesta reza en su artículo 6.º, así:

“Bajo la dirección del Presidente de la República [...] los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, obrando conjuntamente, expedirán principios, normas, interpretaciones y guías de contabilidad e información financiera y aseguramiento de la información...” (Proyecto de Ley 165 del 2007, Cámara).

¿Cómo garantizarán la independencia y pertinencia del diseño de las normas los ministerios en cuestión, en aras de la equidad, reciprocidad y conveniencia nacional? ¿Cómo participarán los ministerios en el diseño, cuando los reguladores son IASB e IFAC y sus trustees —‘fideicomisarios’ o quienes aportan los recursos para la operación y nominadores de sus miembros—, no son agencias gubernamentales sino empresas y organismos privados, con intereses particulares?

Otra cosa sucedería si se consolidara un regulador nacional que observando, entre muchos otros criterios, las NIC-NIIF, emita normas con diferenciación de niveles de implementación y seguimiento y en concordancia con los resultados de estudios relativos a determinar las necesidades de los usuarios del entorno, todo ello en una perspectiva de metas de desarrollo económico nacional. En tal caso, sí se podría hablar de una autoridad local con capacidad de diseño, pero, además, con posibilidad de evolución y transformación de la regulación, según el cambio socio-económico y las prioridades de la política pública. Frente al ámbito de aplicación, el proyecto plantea en su artículo 2.° que: “En desarrollo de esta ley y en atención al volumen de sus activos, de sus ingresos, al número de sus empleados, o de sus circunstancias socioeconómicas, el Gobierno podrá autorizar de manera general que ciertos obligados lleven contabilidad simplificada, emitan estados financieros y revelaciones abreviadas o que sean objeto de aseguramiento de información de nivel moderado” lo cual implica que si no es adecuadamente reglamentado podría resultar inaplicable.

Ahora bien, en el caso de las Pymes, ¿supone el proyecto que las microempresas quedan allí incorporadas? No ha sido propósito del IASB regular la información en tales entidades. El Borrador de NIIF para Pymes y el documento base de conclusiones de esa propuesta señala que se entiende como Pyme prototípica aquella “...entidad con 50 empleados que produce información pública para usuarios externos” (IASB, 2007). Señala, además, el borrador que esa información no posee fines fiscales —es decir, de información o control sobre obligaciones tributarias— ni de gestión del propietario, como lo apuntamos en otro lugar de este documento.

Así pues, otra duda surge con relación al tratamiento de las microempresas en Colombia. La Ley 905 de 2004 claramente las diferencia de las Pymes. Pero este proyecto no las menciona como especificidad de aplicación en el articulado. Tan solo se refiere a la disminución de obligaciones en la vía de llevar contabilidad simplificada y que emitan informaciones abreviadas, pero dentro del modelo de estándares internacionales adoptado.

Al mismo tiempo vale la pena preguntarse: ¿Qué pasa con las empresas que se encuentran en sectores regulados, como las de servicios públicos —domiciliaros y no domiciliarios—? El asunto no es menor allí. La propuesta del articulado no hace tal distinción y no faltarán interesados (positiva y negativamente) en interpretar que esta norma tiene alcance para tales empresas. ¿Deberán entender las autoridades de supervisión —del tipo CREG, CRAC, SSPD, entre otras— que las empresas deben proveer información con base en el modelo NIC-NIIF?

Este tema es vital, pues en industrias altamente oligopolísticas, o incluso en monopolios naturales como las empresas de acueducto, energía y telefonía fija, las tarifas para los usuarios están reguladas. La Ley 142 de servicios públicos es su marco de referencia. En tal marco regulativo, varios elementos de tasación de la tarifa regulada se asociaron a la valoración de los activos de la compañía, a la amortización de los mismos y a las demás erogaciones financieras asociadas con la operación y con varias cargas financieras. El objetivo de la regulación de estos sectores es establecer tarifas no monopolísticas que redunden en gestión de calidad y cobertura, garantizando la prestación de servicios públicos básicos. Pues bien, la aplicación del modelo contable internacional que busca el mayor valor de los activos y la anticipación de utilidades no realizadas por medio de plusvalías, podría también resultar trasladando a los usuarios una mayor tarifa, por medio de la aplicación de “valores razonables de sus activos”. En tal sentido, la pregunta por la preponderancia de este modelo y su aplicación a empresas en sectores o industrias reguladas no es minúscula. Al parecer, los proponentes no tienen claras estas especificidades de los aspectos técnicos contables y de la regulación de sectores específicos.

Ahora bien, ¿cuál es la dimensión del artículo 18, Vigencia? Según el cual “La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias” (Proyecto de Ley 165 del 2007, Cámara). ¿Cuáles y cuántas son las normativas contrarias a esta disposición? Deberá empezarse por la constitucionalidad de la misma, al delegar, de forma indirecta, en el proceso de “convergencia”, aspectos de la regulación local —normatización de obligatorio cumplimiento— a organismos supranacionales de naturaleza privada como lo es IASB. Esto es completamente contrario a la lógica, dinámica y procesos jurídicos de países de derecho latino como el nuestro (Gómez, 2007).

Al referirse este proyecto a que “la acción del Estado se dirigirá a la convergencia de tales normas contables: de información financiera, de aseguramiento de la información, con estándares internacionales de aceptación mundial…”, ¿se derogarán criterios, normas o partes de ellas, como el código de comercio, que hacen referencia no al producto de la contabilidad —es decir, los informes— sino al proceso o sistema mismo? Hablamos, por ejemplo, de disposiciones asociadas a los libros de contabilidad, al carácter probatorio de la contabilidad como herramienta forense, entre otros. ¿Derogará aspectos tributarios esenciales no solo contenidos en el estatuto tributario?

2. Los requerimientos de información para la gestión y el mantenimiento del capital de las Pymes en Colombia y el modelo internacional contable IASB(5) 

El modelo contable propulsado por IASB está concebido para preparar y revelar información financiera relativa a las actividades y situación financiera de las organizaciones empresariales, con destino a los inversores financieros, quienes requieren de bases informativas contables comparables. De no ser así, las decisiones se convierten en engorrosas y costosas. Por ello la solución es la homogenización de los sistemas contables nacionales en un gran sistema o modelo contable internacional y, ojalá, mundial. Alcanzar este objetivo es la misión del IASB.

El modelo contable “internacional” está soportado en un criterio orientado a la valoración de los bienes al precio corriente de mercado, con características diferentes a los procesos de valoración tradicionales en contabilidad. Tal forma valorativa es denominada “valor razonable” o “valor justo”, acepción que intenta proponer tal valoración como imparcial para todos los actores(6). No es así, como lo veremos adelante. Teóricamente está soportada en la teoría subjetiva del valor, ya que no se requiere la valoración transaccional o la fijada a partir de la imputación del margen de ganancia a los costos de producción, sino la asignación del precio a instancias de un mercado posible en el que el bien sea intercambiado o, subsidiariamente, por asignación del precio hecha por dos negociadores debidamente informados y, en último caso, a partir del cálculo subjetivo de los posibles flujos futuros que pudiera generar el bien en beneficio de su tenedor, propietario o controlador.

Desde la perspectiva de la toma de decisiones de administración y control empresarial, acoger la alternativa del valor razonable implica varias consecuencias para la empresa. En primer término, la información contable derivada de este proceso no sirve para la gestión de costos, puesto que la memoria de los mismos se pierde como resultado de los sucesivos procesos de valorización, resultantes de los cambios al valor de salida de los bienes. En segundo lugar, se pierde la base para establecer precios de venta que garanticen que no se está perdiendo en el proceso de intercambio final o venta. En tercer término, se están anticipando ganancias cuando se valoran los bienes a un mayor valor al de costo, pero que aún se tienen en inventario o como propiedad, planta, equipo, inversión o en general como un activo. Como consecuencia de esto último se está poniendo en riesgo el capital de la empresa, puesto que puede repartirse en forma de dividendos una porción del patrimonio que aún no se ha realizado como ganancia y que, en el peor de los casos, puede que nunca se realice.

Bajo el modelo del costo histórico, la valoración no anticipa ganancias. Estas solo se contabilizan en el momento de realizar la transacción de intercambio, originada en la venta del bien final. En estas circunstancias, la contabilidad registra una realidad fehaciente, si se quiere tangible, comprobable, no una expectativa. A partir de aquí, se puede calcular la renta y distribuir utilidades a los propietarios/accionistas y reconocer los impuestos a las ventas, a la renta o al comercio, sin riesgo de descapitalizar la empresa, pues el hecho generador de la ganancia es un hecho ocurrido.

De otra parte, el costo histórico permite el cálculo del costo de fabricación de los productos en el proceso de producción, lo que permite determinar precios adecuados o prever situaciones de pérdida, cuando los costos son superiores a los posibles valores de venta, lo que permite una adecuada gestión.

También, bajo este modelo, los costos por depreciación y amortización se adjudican al proceso productivo con base en hechos reales, lo que permite el adecuado mantenimiento del capital financiero empresarial. En caso de actuar en un entorno inflacionario, el costo histórico permite la reexpresión de los precios, lo que, a su vez, corrige las desviaciones ocasionadas por este fenómeno. En síntesis, el costo histórico otorga información pertinente para la buena gestión empresarial, si bien no es la base apropiada para la toma de decisiones de inversionistas externos o la determinación del valor de la empresa.

Solo en el caso de que la empresa esté en la búsqueda de capital de inversión y quiera que sus acciones o títulos valores, emitidos por ella, se coticen en un mercado de valores, es pertinente valorar sus recursos al valor corriente, y ello con las debidas precauciones de cálculo sobre una base técnica confiable e intersubjetivamente sustentable. Sin embargo, esto se puede lograr como una operación de conversión de cifras de estados financieros, sin necesidad de cambiar el proceso contable base de la gestión interna empresarial.

En Colombia, carecemos de estadísticas fiables en muchos aspectos. Uno de ellos es el de la existencia, permanencia y clasificación de las empresas. En 2003 un estudio del Departamento Nacional de Planeación suministró unos datos aproximados de 250.000 empresas pequeñas, medianas y grandes, las cuales se distribuían en porcentajes aproximados del 94% (235.000), 5% (12.500) y 1% (2.500), respectivamente. Este estudio no incluyó las microempresas, las cuales se han calculado en más de un millón, con una vida promedio de tres años, según estadísticas de las cámaras de comercio. La Ley 905 del 2004 incrementó los valores absolutos de los parámetros para clasificar las empresas en cada categoría, exigidos por la Ley 590 del 2000 —número de empleados y valor bruto de los activos—, lo que posiblemente haya incrementado el porcentaje de las pequeñas y disminuido el de las grandes y medianas(7).

Tomando como base las cifras precedentes no sería desacertado afirmar que las necesidades de la gran mayoría de las empresas de Colombia, en lo que a información contable se refiere no es la orientada a la búsqueda de capital de riesgo en el entorno internacional, ya que la inmensa mayoría de las empresas no cotizan en bolsa, sino la de información para la gestión y el control empresarial, para fijación de precios y control de costos, para mantener su capital y permanecer en el mercado y para decisiones de tipo fiscal, entre las principales.

Se puede concluir de lo anterior, que aparecen en el escenario económico-financiero diversos usuarios de la información contable en competencia, motivo por el cual debe propugnarse por un sistema o interpretación contable que satisfaga la mayoría y los más pertinentes requerimientos de los legítimos usuarios de dicha información. Esto significa que no todos los requerimientos son legítimos o, por lo menos, igual de pertinentes, y que no todos los requerimientos van a ser satisfechos por el sistema. Deben seleccionarse los más adecuados al entorno y para aquellos cuya respuesta no será satisfactoria, debe buscarse otra solución, como la de la conversión de estados contables sobre bases diferentes a las del sistema.

Para responder a estas legítimas inquietudes debe procederse a realizar las investigaciones y estudios de rigor, esto es, la evaluación empírica de las condiciones que acusan las empresas en el entorno colombiano. A partir de estudios de campo, en el terreno de la actividad industrial, comercial y de servicios, valorando las condiciones, necesidades y requerimientos de las empresas, es como debe sustentarse una decisión trascendental como la que se pretende adoptar con el Proyecto de Ley 165 del 2007. Los ponentes no muestran ninguna evaluación empírica realizada como sustento de su propuesta. ¿Cuál es entonces la base tecno-científica de su argumentación?

3. Identificación de algunas diferencias entre las orientaciones del modelo IASB y las disposiciones de la fiscalidad colombiana

Las bases tributarias para determinar los impuestos en Colombia, tanto de renta, ventas como de industria y comercio, están fuertemente ligadas a la información contable financiera, hoy fundamentada en el Decreto 2649 de 1993. Como decíamos arriba, no se ha hecho ningún estudio evaluativo del impacto que acarreará el cambio del modelo contable; esta observación también se aplica al campo fiscal y las consecuencias pueden ser profundas y traumáticas, tanto para las empresas como para el fisco.

Veamos algunos de los posibles casos de diferencias que deben ser estudiados para establecer medidas que atenúen el impacto:

• Las valorizaciones o revaluaciones resultantes de la aplicación del valor razonable o del valor revaluado son registradas como un mayor valor del activo, con contrapartida en el patrimonio como un mayor valor. Si fuera una desvalorización se llevaría a resultado del periodo. Estos movimientos no tienen un referente paralelo en la regulación tributaria.

• La incorporación de la noción de propiedades de inversión (NIC 40) implica el reconocimiento de los derechos-activos, específicamente en terrenos y edificaciones, no solo por su naturaleza, sino también por su uso. La prioridad en la aplicación de criterios de valoración —alternativamente el modelo de costo o de valor razonable, revaluación— dependerá del uso dado por cada entidad. La consecuencia es que un mismo activo, dependiendo del lugar de su clasificación, se presta para realizar diferentes representaciones financieras de su valor, con efecto de llevar a patrimonio, como reservas, las plusvalías o mayores valores, o al Estado de Resultados, como ingresos por tenencia que se tornan en distribuibles. Tal impacto no es solo fiscal, sino también económico. Dependiendo de la clasificación del activo, podrían o no anticiparse utilidades no realizadas, con los consecuentes efectos de descapitalización y riesgo. De tal manera que esto no administraría el riesgo, sino que implicaría más volatilidad. Ello genera mecanismos para el “gestionamiento”, un alisamiento de las obligaciones en materia impositiva.

• Anualmente debe revisarse el valor de los activos desde la perspectiva de su deterioro, aplicando la NIC 36. Si lo hubiere, tal disminución se registraría como un gasto o se reversaría una provisión previa, para el caso de los activos en uso o de propiedad, planta y equipo. Este valor no tiene referente en el régimen fiscal, sería un gasto no deducible.

• Los costos atribuibles a intereses que se pagan o causan antes de que un activo esté en funcionamiento o venta y que puedan generar beneficios económicos futuros, se pueden capitalizar. Los efectos fiscales de tal opción son amplios y reclaman una evaluación de tal decisión.

• Las valorizaciones o revaluaciones al valor razonable de los activos pueden ser amortizables en los activos de vida definida, pues pasan a formar parte del valor de los activos. Esta circunstancia no tiene referente en la regulación tributaria colombiana.

• Las propiedades de inversión que se llevan al valor razonable, cuyo ajuste se hace a través cuentas de resultados con contrapartida en los activos, en el balance, no tienen correspondencia con los actuales procedimientos tributarios.

• Otro ejemplo de aspectos a tener en cuenta es el tratamiento contable de los impuestos diferidos. En el modelo IASB no se reconocen las diferencias permanentes y solo se hace alusión a las diferencias temporarias que generan impuesto diferidos por el método del activo-pasivo.

• También existen diferencias entre el tratamiento del leasing financiero, pues en Colombia hay una regulación particular, en la que se trata el leasing operativo como financiero, no compatible con el criterio establecido en la NIC 17 Arrendamientos.

• Finalmente, sin intentar ser exhaustivos, podríamos señalar un elemento más de las consecuencias fiscales de la adopción del modelo NIC-NIIF. Es bien sabido que los impuestos indirectos, específicamente el IVA, se están convirtiendo en la principal fuente de financiamiento estatal por la vía tributaria, no solo en Colombia sino a nivel internacional. Los impuestos al consumo son generados por los hechos específicos de compra y venta. El monto efectivo depende del valor de las transacciones. Si el modelo contable internacional busca desprenderse de la fiscalidad, ¿cuál será la fuente de información y control del Estado, para conocer la responsabilidad sobre los impuestos indirectos, cuya única fuente de captación es la contabilidad? Dado que las NIC-NIIF no tienen propósitos de control fiscal, sus alternativas de reconocimiento y valoración así lo muestran, los Estados finalmente terminarán requiriendo a las empresas con otros criterios de información que sirva para su objetivo de control. Es decir que la exigencia de estas normas no puede justificarse diciendo que reducirán las exigencias de información y los costos de las empresas. ¿Qué implicará esto, especialmente para las Mipymes?

4. Puntos de vista favorables a la adopción del modelo IASB desde las necesidades de información para los oferentes y demandantes de capital de inversión

Existe una tendencia cada vez más marcada, impulsada desde los escenarios de grandes mercados bursátiles, de valorar los productos al valor de mercado —reposición o realización— o al valor presente neto, antes de comercializarlos, contabilizando la ganancia no realizada como un ingreso o como un incremento patrimonial, previo al intercambio con el consumidor intermedio o final. Las grandes instancias del poder, llámense IOSCO(8), SEC, bolsas de valores —Bolsa de Nueva York, Bolsa de Londres, de Tokio, etc.—, grandes transnacionales de la producción y comercialización de bienes y servicios —General Motors, Chevron, Sony, Ericsson, Motorola, Telefónica, J.P. Morgan Chase, Carrefour, Exxon Mobil, etc.—, ligas o clubes de países líderes mundiales —G8, G3, Unión Europea, Foro de Davos, etc.—, organismos de financiación —FMI, BM, BID, BIRF, etc.—, todos ellos, reconocidos como legítimos representantes del mundo globalizado, están abogando por sistemas regulados globalmente, entre estos el contable, orientados a satisfacer sus intereses.

El criterio que subyace como base de esta orientación valorativa e informativa es el denominado valor razonable, columna vertebral del modelo propulsado por IASB y definido en principio como el importe por el cual puede ser intercambiado un activo entre un comprador y un vendedor debidamente informados, o puede ser cancelada una obligación entre un deudor y un acreedor con suficiente información, que realizan una transacción libre. A veces —pero solo a veces— se exige que la transacción se realice en un ámbito de mercado activo(9) —mercado eficiente—, considerado este como aquel escenario donde existen múltiples bienes homogéneos de condiciones similares al activo o a la obligación objeto de negocio, precios debidamente informados al público y múltiples oferentes y demandantes en el mercado.

Un mercado activo, bastante raro por cierto, dadas las actuales formas monopolísticas y oligopolísticas de dominio de las grandes empresas transnacionales, implica una cierta seguridad y neutralidad en el proceso de fijación de precios, que no estaría garantizada en los casos en que no se presenta esta clase de mercado, posibilitando en estas últimas circunstancias —cuando se reemplaza el mercado activo por metodologías subjetivas de valoración— las manipulaciones de precios, como las que se presentaron a fines de los noventa y que ocasionaron los grandes escándalos financieros, ampliamente conocidos, que no produjeron pérdidas precisamente a los grandes sino a los pequeños ahorradores e inversionistas.

Existen otras alternativas de definición del valor razonable, alternativas subjetivas, que, en subsidio de la anterior, pueden servir, según el modelo IASB, como reemplazo en algunos casos específicos, así: a) valor de uso: valor presente de los flujos futuros de efectivo estimados que se espera obtener de un activo o de una unidad generadora de efectivo. b) valor revaluado: valor razonable, en el momento de la revaluación, menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor que haya sufrido.

Dada la tendencia dominante de imposición de las condiciones de libre mercado, esta alternativa de valoración tendrá amplio respaldo en el futuro de las relaciones económicas internacionales. Es otra versión de la valoración neoclásica que se aplica, en principio, a bienes cuyo comercio no es tradicional en el mercado, sino que han sido desarrollados por avances tecnológico-técnicos, como los bienes intangibles o los activos financieros. Sin embargo, es una alternativa que se está extendiendo a casi todo tipo de bien que se intercambie en un mercado y cuyo comercio sea de suficiente importancia para interesar a los mercados financieros.

Finalmente esta dinámica valorativa significa poner toda la información contable de las economías mundiales al servicio del gran capital financiero, arriesgando la supervivencia de muchas empresas pequeñas y medianas que no podrían financiar diversos subsistemas de contabilización y, por ello, quedarían sin su bitácora de vuelo, la información pertinente para soportar la gestión empresarial. Y de paso afectando profundamente las economías de los países de origen, que ya han visto cómo sus indicadores de empleo, crecimiento y pobreza marcan la magnitud de la crisis producida.

En este sentido debe aclararse el panorama de los sistemas y modelos contables que un país y sus empresas utilizan, de los objetivos de tales sistemas y modelos coherentes con el entorno socio-económico, de las características de la información a producir pertinentes con las necesidades de gestión de dichas entidades y con los intereses del país, relacionados con las estructuras impositivas y de fiscalización en los diversos niveles de recaudo y vigilancia.

El panorama empresarial de Colombia, como el de la mayoría de los países, incluso los desarrollados, muestra la gran importancia porcentual que tienen las empresas micro, pequeña y mediana, entidades que generalmente no requieren informar al público en general, puesto que son empresas unipersonales o familiares, cuya financiación proviene de capitales domésticos, préstamos bancarios, ahorros y, por lo tanto, no necesitan recurrir al capital financiero de riesgo.

Estas son condiciones concretas que caracterizan el entorno, por lo que deben estar en primer término cuando se trata de diseñar un modelo contable. La respuesta a tales condiciones y requerimientos, que son particulares de cada entorno socio-económico, no puede estar dada por un modelo contable general global, más aún cuando el modelo internacional propuesto está identificado claramente en sus objetivos e intereses con los del capital financiero bursátil, los cuales no coinciden con los de las pequeñas y medianas empresas ni con los propios del Estado colombiano.

En este sentido, muchos países, que han realizado los debidos estudios de impacto en sus economías, han decidido mantener las estructuras regulativas para la mayoría de sus entes económicos, dejando en libertad solo a las grandes empresas que, por sus negocios de tipo internacional, estarían interesadas en una estructura informativa como la propuesta por IASB.

5. Necesidad de estudios teóricos y empíricos de impacto para afianzar la decisión de modificación del marco regulatorio para Colombia

Hemos buscado a lo largo de este documento argumentar ampliamente una postura metodológica y académica de evaluación del modelo contable internacional y de algunos inconvenientes teóricos y pragmáticos de su aplicación por la vía de la adopción en todas las empresas del país. No obstante ello, nuestra línea de pensamiento tiene muy claro que esta evaluación debe ampliarse. Para esto deben realizarse trabajos con base en estudios empíricos concretos, que fundamenten los diagnósticos y que promuevan una línea estratégica de política regulatoria.

Nos parece que la importancia, la dimensión y los efectos económicos y sociales de la regulación contable son tan profundos que demandan investigación básica y aplicada. No es un propósito simplemente altruista asociado con la evolución del conocimiento, es una necesidad y una demanda pragmática para concebir, diseñar y aplicar una línea de política sobre la información contable del país. Si la información es un recurso económico valioso, no podemos seguir dando palos de ciego con la política de regulación de la información contable y financiera en Colombia. No podemos seguir quedando a disposición de los intereses de turno que hacen lobby en las corporaciones políticas, para agenciar los cambios que más les convengan. Necesitamos concebir a la información contable y financiera, seriamente, como un bien público. Por ello debemos soportar técnica y políticamente las decisiones asociadas con tal regulación. Así, no pensaremos que nos modernizamos en materia de regulación, cuando copiamos algo que, según cuenta una parte de los interesados, es lo más avanzado. ¿Avanzado para quién? ¿Dónde están las evidencias de tal avance?

Los organismos de regulación contable a nivel internacional más tradicionales y fortalecidos —como FASB en USA, ICAC en España o el más nuevo, CINIF(10) de México—, tanto públicos como privados, llevan años realizando investigación básica y aplicada. También han contrastado sus pronunciamientos y reglas con investigaciones de terceros independientes como las universidades, los centros de investigaciones y otros agentes.

Planteamos que el primer tipo de investigación que requerimos es el de caracterización y descripción. La información disponible sobre la estructura de nuestras empresas es escasa y de muy baja calidad. Solo basta con discutir la calidad, solvencia técnica y la fiabilidad de las estadísticas en el país. Ni siquiera la información contable pública, es decir, los estados financieros de propósito general, están a disposición de los agentes económicos. El reconocimiento de las estructuras de nuestras empresas —y de los diversos tipos de ellas, tanto micro, pequeñas, medianas y grandes—, de las estructuras de los mercados y de los procesos de interacción económica concretos de las empresas es vital al momento de definir una política de regulación contable. De esta forma, se podrán identificar los usuarios reales y potenciales de la información, sus necesidades y los objetivos concretos que la información debería perseguir.

Luego de esta descripción y caracterización, requerimos estudios de contrastación, comparación y medición del impacto de la aplicación de diferentes tipos de normas. Una vez caracterizada, conocida y documentada nuestra realidad organizacional, debemos identificar las bondades de aplicar diversos criterios, así como los obstáculos, riesgos y resultados comparativos de una representación contable-financiera atendiendo diversos criterios normativos. Aquí debe considerarse no solo la búsqueda de representaciones financieras, sino las mejores opciones que concilien las necesidades sociales y los objetivos de la política fiscal.

El puente que comunica la caracterización con las investigaciones de impacto es la investigación básica. La necesidad de relacionar el estado actual de cosas con las posibles vías para el cambio es el espacio para definir el lugar al que queremos llegar y el por qué de tal meta. El diseño de una regulación atendiendo a objetivos, metas y caminos posibles reclama investigación básica. Preguntas como: ¿Qué visión, si patrimonial, financiera o financiarizada, debe guiar las normas contables de las empresas en general? Son siempre preguntas básicas y conceptuales de la regulación. La manera en que se integran las exigencias del medio externo e internacional, para reconocer y enriquecer lo local y no simplemente arrollando o descomponiendo lo que venimos haciendo, es la vía para pensar el camino que deseamos construir. Esto hace de la regulación contable un campo no solo de decisiones técnicas o económicas de los agentes privados, sino de decisiones sociales y públicas. Este es el camino para decir que la contabilidad no es simplemente una técnica de registro, sino un importante medio para la información y el control, para las decisiones de los agentes sociales y para el bienestar público general.

Por todas estas razones, pensamos que consolidar la investigación y los estudios de impacto en una fuente para la regulación, no solo es una urgencia actual, sino una necesidad estructural. Todos los interesados debemos participar de este esfuerzo. Las agremiaciones profesionales, los órganos de gobierno de la profesión, los órganos del gobierno nacional, las universidades, los practicantes, los empresarios, los órganos de decisión política, entre otros. Ante esta diversidad, y ante el imperativo de concebir a la información financiera externa como lo que es, como un bien público, el mejor camino es la consolidación de un organismo de regulación local, en el sentido en que hemos propuesto a lo largo del documento. Tal instancia deberá coordinar y ejecutar buena parte de tales investigaciones.

Conclusiones

Años de concepciones simplificadoras y poco rigurosas han caracterizado el desenvolvimiento de la política pública en materia de la regulación contable en el país. Acciones recientes, como la propuesta del Proyecto de Ley 165 del 2007, muestran que se intenta mantener esta línea de concepción y acción. Esto lo evidencia la existencia de dos borradores de propuesta: el primero, radicado en el segundo semestre del 2007 y el segundo es el reciente pliego de modificaciones al proyecto, radicado a finales del primer semestre del 2008.

A la fecha de edición de este documento la propuesta sustitutiva con 18 artículos relacionada con la convergencia de los principios de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia con los estándares internacionales de aceptación mundial, fue aprobada con modificaciones en primer debate en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes del Congreso de Colombia. De acuerdo con lo anterior, se advierte que las modificaciones a la propuesta no fueron consideradas en la elaboración de este artículo, por desconocer su texto.

La adopción —ahora eufemísticamente planteada en el título de las modificaciones como “convergencia”— del modelo contable internacional, NIC-NIIF, es una posibilidad poco conveniente, para el logro del objetivo de regular con eficiencia una materia de la más alta sensibilidad social, económica y política, como es la información contable empresarial.

Las justificaciones basadas en la emulación internacional, por cierto soportadas en enunciados parciales de lo que acontece en otras partes, hace necesaria una consideración más profunda de la dimensión social, económica y política de la contabilidad, para no reducirla a una técnica de registro en la que se pueden cambiar sin apreciación alguna las normas que la regulan, unas por otras.

Es posible que el modelo NIC-NIIF cumpla roles financieros(11) importantes para algunas empresas. Quizá primordialmente para las empresas cotizantes en mercados bursátiles y para la satisfacción de los intereses de los inversores que transan títulos en tales mercados. Pero extender tales exigencias como norma general para todas las empresas y las organizaciones del tejido productivo de un país, sin ninguna consideración de los impactos económicos, fiscales, sociales y productivos, es una decisión, como mínimo, no pertinente.

El modelo NIC-NIIF, que está siendo implementado en los mercados financieros a nivel internacional, no se aplica por su superioridad técnica o eficiencia comprobada para evitar las crisis financieras, se implementa por autoridad. La autoridad es importante para la convivencia gregaria. Pero cada vez más la autoridad debe observar las condiciones del contexto, basarse en la participación democrática amplia y de los interesados con menos poder y, finalmente, observar el avance científico, social y humano. Solo así, la autoridad es legítima.

Por ello, para optar por un camino regulatorio que sea conveniente para el país, debemos consolidar procesos investigativos y construir una instancia con idoneidad técnica, capacidad jurídica y tecnológica, respaldo social y profesional y soporte investigativo y metodológico que regule en materia contable en el país. Este es el único camino prospectivo. Prestar la debida atención al modelo NIC-NIIF es uno de los roles que jugaría en un contexto de presiones externas muy fuertes. Pero sobre todo, su papel primordial debe ser el reconocimiento de la realidad de las organizaciones del contexto, así como la identificación de las necesidades concretas de información de las empresas y los usuarios. Allí, por la prevalencia de algunos usuarios significativos, como los empresarios y el Estado, se deben construir puentes en los que las demandas fiscales y de gestión de las empresas sean armonizadas a partir de criterios y posibilidades técnicas.

El interés público general demanda de los contadores cambios fundamentales en nuestra concepción de lo que hacemos y de lo que hace la contabilidad. Pero las diferentes instancias del Estado, sea el gobierno o los parlamentarios, deben cambiar también su concepción de la contabilidad y de los contadores públicos. Ni la contabilidad está solo al servicio del Estado, para hablar únicamente de impuestos, ni la contabilidad está solo al servicio de los inversores financieros especulativos para apropiarse de riqueza que aun no ha sido realizada en los procesos económicos reales.

Aclarar quiénes somos y qué hacemos, ayudará a que entendamos que el articulado y la exposición de motivos del Proyecto de Ley 165 no solucionan los problemas que vivimos en materia de regulación y contabilidad en el país. Tal propuesta no nos globaliza, solo globaliza y pone en evidencia nuestro desconocimiento de nosotros mismos.

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(1) Llamamos “corriente internacionalista contable” al sector profesional contable que, con apoyo de organismos internacionales interesados —Banco Mundial, Fondo Monetario, OMC, etc.— promueven la desregulación nacional contable y la adopción del modelo internacional de contaduría. Dentro de este grupo existen varios colegas que conocen ampliamente los aspectos de regulación contable internacional. Así mismo, también se encuentran allí otros profesionales que desafortunadamente desconocen aspectos metodológicos y técnicos de la contabilidad y la profesión y que simplemente obran como amplificadores acríticos de las instancias con autoridad o poder.

(2) Tomado de la exposición de motivos del Proyecto de Ley 165 del 2007. Necesidad de la Ley, punto II, p. 1.

(3) Según datos recientes del PNUD, en su Informe de desarrollo humano —Portafolio, noviembre 28 del 2007—, Colombia ha alcanzado un ingreso per cápita de U.S.$ 7.500 anuales. Sin embargo, según datos de Planeación Nacional, 2006, el ingreso promedio anual per cápita del 50% más pobre de la población apenas alcanza los U.S.$ 1.000. Colombia es uno de los países más inequitativos del mundo en cuanto a distribución de la riqueza, calculada según el índice de Gini (0.56), y aparece en el puesto 16 entre los de mayor concentración de ingreso —fuente: Nation Master, www.nationmaster.com, año 2007—.

(4) European Financial Reporting Advisory Group. Organismo de asesoramiento a la Comisión de comunidades europeas en materia de regulación contable para la armonización en la Unión Europea. Está compuesto por dos estamentos uno técnico y otro político. http://www.efrag.org.

(5) Este acápite ha sido desarrollado con base en el artículo Contabilidad, valoración y distribución de riqueza: una visión crítica, escrito por H. Álvarez, Revista Lúmina, Universidad de Manizales, n.º 8, enero-diciembre del 2007.

(6) Joseph Stiglitz, premio Nobel de economía 2001 y en los años noventa jefe de economistas del Banco Mundial (BM), concedió una entrevista a Grez Palast, periodista de la BBC y The Guardian de Londres, cuando dejó de prestar sus servicios profesionales al BM, en la que afirmó aproximadamente lo siguiente: Era triste ver cómo los ahorros de los países pequeños se dilapidaban en un segundo por los gerentes y representantes de las empresas públicas, que se obnubilaban ante las ofertas de posibles compradores, quienes les ofrecían como comisión hasta un diez por ciento del valor que lograran rebajar al precio de venta de dichas entidades, valor que sería consignado en dólares en cuentas cifradas en Suiza. Este es un caso de aplicación del valor razonable, como precio convenido entre dos negociadores, “debidamente informados”, en una transacción “libre”.

(7) De acuerdo con el artículo 75 de la Ley 1151 del 2007, que modificó el artículo 2.º de la Ley 590 del 2000, las definiciones contenidas en esta última disposición modificadas por la Ley 905 del 2004, continúan vigentes, hasta que se expida la correspondiente reglamentación.

(8) Internacional Organization of Securities and Exchange Commission, ‘Organización Internacional de Valores y Bolsa’, gremio al que pertenecen más de cien bolsas de valores de los diversos países y que dirige la Securities and Exchange Commissión, SEC, ‘Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU.’.

(9) En el contexto del modelo IASB se denomina mercado activo al escenario mercantil que cumple tres requisitos: 1. Existen numerosos compradores y vendedores, 2. Existen múltiples bienes homogéneos, 3.º Existen precios informados al público.

(10) Consejo Mexicano para la Investigación y el Desarrollo de Normas de Información Financiera, CINIF.

(11) Recordemos que la dimensión financiera de los hechos no es igual a su dimensión económica.