Algunas notas sobre la responsabilidad penal por la comisión de delitos en estado de intoxicación voluntaria en Venezuela

Revista Nº 15 Abr.-Jun. 2006

Manuel A. Gómez Valdéz 

Profesor instructor Universidad Central de Venezuela. Candidato doctoral en la Universidad de Stanford. 

(Venezuela) 

Sumario

En este artículo, el autor presenta un estudio sobre la responsabilidad atribuible a la persona que comete un delito bajo la influencia de sustancias estimulantes, las cuales ha ingerido de manera libre y consciente quedando afectada su capacidad.

Este estudio está limitado a la legislación venezolana y complementado con jurisprudencia y comentarios doctrinales.

Temas relacionados

Actio liberae in causa; intoxicación voluntaria; intoxicación involuntaria; intoxicación culposa; intoxicación habitual; intoxicación fortuita; culpabilidad; pena.

Introducción

El presente artículo tiene por objeto describir el régimen venezolano sobre la responsabilidad penal derivada de la comisión de delitos en estado de intoxicación voluntaria. Para delimitar el tema que nos ocupa, es importante distinguirlo del carácter punible de la intoxicación como tal. La ley venezolana castiga la intoxicación en sí misma como delito o falta(1) y en algunos casos, simplemente establece la imposición de medidas de seguridad para preservar la integridad del intoxicado y de la colectividad en general(2). La ley también castiga la realización de ciertas actividades —que no son delito— ejecutadas por un sujeto bajo la influencia de sustancias(3) en atención al peligro que representa estar intoxicado(4). Estas modalidades, aunque interesantes de estudiar, escapan del ámbito de este trabajo.

Nuestro interés se limita al estudio de la responsabilidad atribuida al sujeto que comete un delito estando bajo la influencia de sustancias estimulantes que ha ingerido en forma consciente y libre, quedando afectada su capacidad —intoxicación voluntaria—. No nos interesa la responsabilidad que surge de la intoxicación por hecho fortuito o fuerza mayor —intoxicación involuntaria—, aunque nos referiremos incidentalmente a ella para entender su relación con la intoxicación voluntaria. Nuestro objetivo es simplemente presentar un análisis general sobre las normas pertinentes del Código Penal y de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Lossep) sobre la responsabilidad penal del intoxicado, así como alguna jurisprudencia y comentarios doctrinales relacionados con el tema.

Debemos advertir que en el derecho penal venezolano se suele hablar fundamentalmente de la embriaguez o ebriedad, es decir, la intoxicación resultante de la ingestión de bebidas alcohólicas. La razón estriba en que tradicionalmente las normas del Código Penal se han referido únicamente a ese supuesto(5) y hasta hace algún tiempo, los casos que más comúnmente tramitaban y decidían los tribunales venezolanos eran de delitos cometidos bajo la influencia del alcohol y no de otras sustancias. Además, no fue sino hasta la entrada en vigencia de la Lossep en 1993(6) cuando quedó regulada expresamente la responsabilidad de quienes cometen delitos bajo el efecto de drogas(7).

La norma rectora del Código Penal sobre la responsabilidad del que delinque en estado de embriaguez es la contenida en el artículo 64. En materia de intoxicación por drogas, la norma aplicable es el artículo 64 de la Lossep. Ambas normas tienen en común el hecho de que regulan el castigo para quienes cometen delitos bajo la influencia de sustancias —en el primer caso, el alcohol, y en el segundo caso, otras drogas— que han producido una grave perturbación mental. Otro elemento común es que en ambos casos el legislador ha hecho una excepción al principio de responsabilidad, por culpabilidad — nullum crimen sine culpa— vigente en el derecho penal venezolano, al admitir ciertos supuestos de responsabilidad objetiva(8) e imponer sanciones por la comisión de delitos con prescindencia de la culpabilidad del sujeto.

No obstante estas semejanzas, los regímenes del Código Penal y de la Lossep también tienen diferencias que notaremos infra en la parte 3 de este artículo.

Antes de entrar en el análisis particular de las normas sobre intoxicación voluntaria, creemos importante hacer unas precisiones generales sobre el derecho penal venezolano que nos permitirán entender mejor, la dimensión del tema escogido.

1. Los principios que informan el derecho penal venezolano

El marco regulatorio del derecho penal en Venezuela está constituido básicamente por el Código Penal(9), que contiene las normas sustantivas que definen los delitos, las faltas, las penas y su modo de aplicación; el Código Orgánico Procesal Penal(10), que contiene normas procedimentales aplicables a los juicios en general. Por otro lado, está el Código Orgánico de Justicia Militar(11), que incluye normas aplicables a los delitos y faltas cometidos por los miembros de las fuerzas armadas nacionales; y, un conjunto de otras leyes especiales —Ley Penal del Ambiente(12), Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, entre otras—. De la misma forma, existen también normas penales contenidas dentro de leyes referidas a otras materias.

El primer Código Penal venezolano fue promulgado en 1863 durante la dictadura del general José Antonio Páez, pero tuvo una vida efímera y poca trascendencia, al menos si se le compara con la de su sucesor, promulgado el 27 de abril de 1873, que ha tenido una notable influencia hasta el presente. La importancia del código de 1873 radica en que constituye el primer verdadero esfuerzo de sistematización de la legislación penal sustantiva en Venezuela(13). Este código tuvo el mérito de haber incluido, entre otras cosas, el principio de la voluntariedad de la acción(14), el sistema de eximentes de responsabilidad(15), las circunstancias atenuantes(16), las circunstancias agravantes(17), la responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito(18), “casi todas las penas, tanto corporales como no corporales”(19), así como también las normas sobre la prescripción(20) y sobre la extinción de la acción penal(21).

Es importante mencionar que fue también en este código cuando se incluyeron normas condenando la embriaguez como falta(22), aunque el régimen especial de responsabilidad penal del ebrio tal como lo tenemos en la actualidad fue incluido en una reforma posterior inspirada en el Código Italiano (Zanardelli) de 1889(23). En la redacción del Código Penal de 1873, “se tomaron en cuenta los códigos penales españoles de 1850 y 1870 y, posteriormente, el Código Penal boliviano de 1834, en lo que a penas se refiere(24)”. Luego de 1873, el Código Penal ha sufrido nueve reformas(25), pero gran parte de su estructura todavía permanece vigente.

1.1. La culpabilidad y sus modalidades

El principio de la responsabilidad por culpabilidad —nullum crimen sine culpa(26) es la piedra angular del derecho penal venezolano. Su postulado fundamental es que para que haya delito debe haber un nexo psíquico entre el autor y el hecho. Es necesario que el hecho cometido le sea reprochable a algún sujeto en particular, quien, además, debe tener capacidad de entender y querer —imputabilidad—. De esta manera, para que se considere que hay delito no basta que alguien cometa un hecho tipificado como tal por la ley penal, “sino que se exige la referencia a la voluntad que acompaña a tal hecho, en orden a determinar si por el hecho realizado se puede formular un juicio de reproche al sujeto, por ser tal hecho expresión de una voluntad contraria a las exigencias de la norma, contraria al deber que la norma impone”(27).

La consagración legal del principio de la responsabilidad por culpabilidad está en el artículo 61 del Código Penal según el cual: “Nadie puede ser castigado como reo de delito no habiendo tenido la intención de realizar el hecho que lo constituye, excepto cuando la ley se lo atribuye como consecuencia de su acción u omisión”(28). Sin embargo, como veremos más adelante, hay ciertas excepciones.

El principio de la responsabilidad por culpabilidad está estrechamente ligado a la noción de imputabilidad o capacidad penal. La imputabilidad se refiere a “la consciente determinación de la voluntad libre”(29). De esta forma, decimos que un sujeto es imputable cuando “está dotado de determinadas condiciones psíquicas que hacen posible que un hecho le pueda ser atribuido como a su causa consciente y libre”(30). Aun cuando el Código Penal no define expresamente la imputabilidad, al menos se refiere a ella en el artículo 62 al indicar que “no es punible el que ejecuta la acción hallándose dormido o en estado de enfermedad mental suficiente para privarlo de la conciencia o libertad de sus actos”. La regla general es que la imputabilidad debe existir al momento en que se ejecuta el delito.

En el derecho penal venezolano se reconocen tres modalidades de culpabilidad, a saber: el dolo, la culpa y la preterintención. El dolo o “intención de realizar un hecho antijurídico”(31) siempre se presume(32). El sujeto que actúa dolosamente lo hace con previsión —elemento cognoscitivo— y con intencionalidad —elemento volitivo—. Y dependiendo de qué tan intensa sea esa intencionalidad podemos hablar de dolo directo(33), dolo de consecuencias necesarias(34), dolo eventual(35), o culpa consciente(36).

Por otra parte, con respecto a la culpa propiamente dicha, el Código Penal venezolano no la define, pero su noción se infiere del artículo 61 al mencionársele como excepción a la responsabilidad a título de dolo cuando la ley atribuye a un sujeto la responsabilidad “como consecuencia de su acción y omisión”. El delito cometido de esta manera se llama culposo y se distingue porque en él “no se da la intención del hecho o la voluntariedad del resultado, aunque sí la voluntariedad de la acción y omisión según los principios implícitos en la propia norma y de acuerdo a la presunción de voluntariedad”(37).

Finalmente, la preterintención, consiste en “no haber tenido el culpable la intención de causar un mal de tanta gravedad como el que produjo”(38) y, por ello, se le considera como una circunstancia atenuante de responsabilidad penal. Como veremos más adelante, estas modalidades juegan un papel importante en el tratamiento que da el legislador venezolano al que delinque estando voluntariamente intoxicado.

2. Las circunstancias del delito y la aplicación de las penas

De acuerdo con las reglas sobre aplicación de las penas, la sanción que normalmente se impone como resultado de la comisión de un delito es el “término medio” que se obtiene luego de sumar los límites inferior y superior fijado por la ley para el delito específico, y tomando la mitad(39). La pena así determinada puede aumentarse hasta el límite superior o rebajarse hasta el límite inferior dependiendo del tipo de culpabilidad que haya presentado el sujeto y de las circunstancias atenuantes o agravantes que hayan concurrido según la apreciación del juez(40). Sin embargo, hay situaciones excepcionales en que la pena se puede aumentar aun más allá del límite superior(41).

Las circunstancias o elementos accidentales son aquellos hechos que modifican la responsabilidad penal sin afectar la esencia del delito. Por el efecto que producen sobre la pena pueden ser agravantes, cuando inciden en aumentarla, o atenuantes, cuando su presencia hace disminuirla. Las circunstancias que están reguladas independientemente se llaman genéricas(42), y las que están ligadas a un tipo penal determinado se llaman específicas.

El artículo 74 del Código Penal considera como atenuantes genéricas, la edad(43), la preterintención(44), la provocación de la víctima(45) y “cualquier otra circunstancia de igual entidad que a juicio del tribunal aminore la gravedad del hecho”(46). Algunas otras atenuantes aparecen previstas para determinados tipos de delito(47). Con respecto a las agravantes genéricas, el artículo 77 enumera 20 circunstancias diferentes que van desde ejecutar el delito con alevosía(48) hasta el carácter pendenciero del sujeto(49). El embriagarse deliberadamente para cometer un delito —actiones libera in causa— también aparece señalado como una circunstancia agravante(50).

Estos comentarios sobre las circunstancias del delito nos llevan a retomar el tema de la intoxicación voluntaria, pues como veremos, la valoración de la embriaguez como elemento que afecta la responsabilidad penal del agente comprende en cierta medida un examen sobre las circunstancias agravantes y atenuantes.

3. El régimen legal especial de la intoxicación voluntaria

Como hemos dicho, en Venezuela, en materia de culpabilidad, la regla general es la de considerar penalmente responsable a quien actúe con intención(51), lo cual requiere que el sujeto esté en pleno estado de lucidez al momento de realizar el acto antijurídico(52). Al seguir este postulado, la consecuencia natural sería eximir de responsabilidad a quien hubiere cometido un delito encontrándose en un estado grave de perturbación mental —como el derivado de la intoxicación proveniente de alcohol o drogas—, pues al no haber intención no debería haber castigo(53).

Sin embargo, guiado por la idea de que la embriaguez es un acto reprochable comúnmente asociado a la comisión de delitos en Venezuela(54) y que quien actúa estando intoxicado no debe ser eximido de las consecuencias dañosas de su conducta(55), el legislador venezolano adoptó un sistema sui géneris de responsabilidad penal que de alguna manera se aparta de las consideraciones dogmáticas sobre culpabilidad que rigen en el derecho penal venezolano(56).

De acuerdo con las reglas establecidas en el Código Penal para el caso de la embriaguez voluntaria, “el ebrio que delinque durante el estado de perturbación mental así caracterizado no es inimputable (C.P., art. 62), sino que es responsable y punible con sujeción a lo previsto en los cinco ordinales del artículo 64 que únicamente afectan la medida o el modo de cumplimiento de la pena sea, agravándola (ordinal 1.º), atenuándola en mayor o menor grado (ordinales 3.º y 5.º), manteniéndola incólume (ordinal 2.º), o disponiendo su cumplimiento en un establecimiento especial de corrección (ordinal 4.º)”(57). Algo similar ocurre en el caso del intoxicado por drogas, tal como lo dispone el artículo 64, Lossep.

Este mismo régimen especial permite considerar imputable al sujeto que ingiere licor o consume sustancias estupefacientes con el fin de prepararse para cometer un delito y que en forma deliberada e intencional se emplea a sí mismo como instrumento para perpetrarlo —actiones libera in causa—(58). El carácter punible en este caso se basa en la consideración de que el sujeto realiza una conducta corporal “cuando su capacidad de entender o de querer está ausente”(59) pero la causa decisiva del hecho la ha puesto en un momento anterior cuando tenía capacidad de comprender.

4. La gravedad de la intoxicación

El régimen especial sobre intoxicación voluntaria contenido en el artículo 64 del Código Penal es aplicable únicamente para los casos en que la perturbación mental ocasionada por el consumo de alcohol es grave, vale decir, cuando la embriaguez es plena(60). “Si la embriaguez no es total o plena, suficiente para causar perturbación mental, sino que se conserva lucidez y conciencia de los actos, no procede la aplicación del artículo 64”(61).

Tal como lo dejó expresado la Corte Suprema de Justicia en una decisión dictada el 31 de julio de 1953, “lo que el legislador ha querido en el artículo 64 del Código Penal es separar claramente la simple excitación producida por un pequeño exceso de las bebidas alcohólicas, estado en el cual el individuo, si bien alegre y eufórico aún no sufre la profunda perturbación de las facultades psíquicas que caracteriza el segundo grado de la embriaguez en el que las facultades morales sí están debidamente limitadas y relajados los frenos inhibitorios de la voluntad”(62). De esta forma, cuando la obnubilación del sujeto no es total, lo que rige son las normas ordinarias de responsabilidad penal, pero nunca el artículo 64. El mismo razonamiento debería aplicarse para los supuestos regulados por la Lossep.

5. Las diferentes clases de intoxicación voluntaria. El enfoque de los artículos 64 del Código Penal y de la Lossep

Como ya hemos mencionado, el régimen del Código Penal venezolano sobre la embriaguez voluntaria está contenido en el artículo 64. Esta norma, inspirada originalmente en el Código Penal italiano de 1889(63), establece 5 reglas sobre embriaguez voluntaria tomando en cuenta su causa, frecuencia y efectos que produce(64). En el caso de la Lossep, el artículo 64 es la norma que contiene el régimen aplicable al caso de la comisión de delitos perpetrados bajo el efecto de drogas, pero de forma diferente al Código Penal, pues en el artículo 64 de la Lossep también se abarcan los supuestos que el Código Penal previó en los artículos 62 y 63 sobre imputabilidad(65).

5.1. Intoxicación preordenada

Prevista en el ordinal 1.º del artículo 64 tanto del Código Penal como de la Lossep, es la forma más grave de intoxicación y se da cuando la ingesta de alcohol o de sustancias estupefacientes ha sido hecha por el sujeto para prepararse en la comisión de un delito. En este caso, el sujeto se intoxica a propósito para delinquir —pues de estar sobrio no tendría valor para cometer el hecho— o para procurarse una excusa —de manera que pueda alegar posteriormente que cometió el delito estando fuera de sí mismo—. La ley considera que este caso es particularmente grave porque el sujeto se utiliza a sí mismo como un instrumento para delinquir y si bien al momento del hecho se encuentra afectada su capacidad mental, en la etapa anterior en que planificó el delito sí estaba plenamente consciente y actuó deliberadamente con maldad.

Este caso encuadra dentro de la noción ya explicada(66) de las actiones libera in causa, y constituye un motivo para que se aumente la pena —agravante de responsabilidad penal— “de un quinto a un tercio” para el caso de la embriaguez(67) y de “un tercio a la mitad” para el caso de intoxicación por sustancias estupefacientes y psicotrópicas(68). Adicionalmente, esta misma circunstancia aparece enumerada entre las agravantes genéricas del artículo 77 del Código Penal(69), pero la regla de la especialidad obliga a que cuando se trate de una intoxicación plena se aplique directamente el artículo 64 y no el 77.

5.2. Intoxicación voluntaria con efectos previsibles(70), voluntaria dolosa(71), o intencional

Debemos comenzar por decir que este supuesto aparece regulado únicamente en el Código Penal para el caso de la embriaguez y no en la Lossep para quienes actúan bajo el efecto de drogas. Este tipo de intoxicación es el resultado de un acto voluntario del sujeto que decide embriagarse a pesar de conocer las consecuencias perniciosas del alcohol en su organismo —“Es notorio que la embriaguez lo hace provocador y pendenciero”—. La ley considera que el sujeto actuó con dolo eventual, pues aceptó el riesgo dañoso de su conducta a pesar de haber previsto que su actuación sería punible.

Por ello, se prevé que “se le aplicarán sin atenuación las penas que para el delito cometido establece este código”(72). La diferencia con la intoxicación preordenada es que en el caso que nos ocupa “la embriaguez no ha sido buscada de propósito para cometer el delito, pero se ha dado voluntariamente, con la circunstancia de que el sujeto sabía, y ello era notorio, que la embriaguez lo hacía provocador y pendenciero”(73).

5.3. Intoxicación culposa(74), ordinaria(75) o imprudente

Tanto el Código Penal como la Lossep consideran a esta como una regla residual, al enunciar que se aplica en caso de que no hayan sido probados los extremos de las dos pautas anteriores(76). Se trata de una intoxicación que resulta de haberse embriagado el sujeto sin el propósito de cometer un delito —diferencia con la intoxicación preordenada— y sin haber podido prever la consecuencia punible de su conducta —diferencia con la intoxicación intencio-nal—. En este caso, lo que la ley considera antijurídico no es la intención del sujeto —pues simplemente no la hay— sino el exceso o la imprudencia de este al embriagarse. Se le reprocha por haberse intoxicado y se prescinde de las consideraciones dogmáticas sobre su culpabilidad(77). Es por ello que en la doctrina se ha dicho que este es un supuesto de responsabilidad objetiva(78).

Para que pueda alegarse esta circunstancia, el Código Penal y la Lossep exigen como requisito común que se pruebe la perturbación mental causada por la sustancia ingerida(79); pero, sin embargo, consagran distintas soluciones. En el primer caso, se prevé la reducción de las penas a los dos tercios y la sustitución del presidio por la prisión(80). Y en el caso de la Lossep, se prevé simplemente la aplicación de la pena correspondiente sin atenuación(81), al igual que como vimos para la embriaguez intencional (art. 64, 2).

Según ha expresado Mendoza al realizar un estudio sobre este problema, a pesar de que en la mayoría de los casos de delitos cometidos bajo los efectos de sustancias estaban dadas las condiciones para aplicar la atenuante de responsabilidad penal por ebriedad, la tendencia de los jueces venezolanos era la de castigar casi todos los casos como si fueren dolosos(82). La razón de ello estriba en lo difícil que resulta probar la circunstancia atenuante en este caso, que según sostiene el mismo autor, “comprende: 1. El grado de perturbación; 2. El punto a que ha llegado el desorden; y, 3. Lo completo o incompleto de la privación”(83). No es la ebriedad por sí sola lo que incide en la atenuación de la pena, sino “la perturbación mental del indiciado, proveniente de la embriaguez, la que puede dar lugar a la aplicación del artículo 64 del Código Penal”(84) y ello resulta muy difícil de demostrar en la práctica(85).

5.4. Intoxicación habitual

Se trata de un supuesto regulado en el ordinal 4.º del artículo 64 del Código Penal sin equivalente en el artículo 64 de la Lossep(86). Se dispone simplemente en este caso que “si la embriaguez fuere habitual, la pena corporal que deba sufrirse podrá mandarse cumplir en un establecimiento especial de corrección”(87). Como vemos, lo que aquí se pretende es castigar —por vía de responsabilidad objetiva— al sujeto por el hecho de embriagarse habitualmente y no tanto por el delito que cometió(88), pero a la vez se vela por su bienestar al permitirle cumplir la condena en una institución especial.

Como ha explicado Mendoza, “el hecho material de embriagarse, a pesar de ser voluntario —voluntaria insania—, está desprovisto de la intención de cometer un delito y (...) solo puede castigarse en razón de la culpa que su autor comete tomando licor: ebrius punitur non propter delictum, sed propter ebrietatem, esto es, no se castiga en razón del delito cometido, sino en razón de la imprudencia de beber, conociendo las consecuencias de la bebida”(89).

5.5. Intoxicación casual, excepcional o como excusa

Al igual que el supuesto anterior, se trata de un caso que solo está regulado en el Código Penal y que no tiene equivalente en la Lossep. En el ordinal 5.º del artículo 64 del Código Penal se dice que: “Si la embriaguez fuere enteramente casual o excepcional, que no tenga precedente, las penas en que haya incurrido el encausado se reducirán de la mitad a un cuarto, en su duración, sustituyéndose la pena de presidio con la de prisión”.

Se trata aquí de una intoxicación que haya producido una perturbación mental plena en el agente quien a pesar de haber procedido voluntariamente, se ha intoxicado sin dolo ni culpa y sin percatarse de los efectos del alcohol(90), “pues si los conocía por haberse embriagado otras veces, no procede ninguna atenuación de pena aun cuando hubiera delinquido en estado de perturbación producido por el licor ingerido voluntariamente y a sabiendas de sus consecuencias”(91). En este caso, la embriaguez es empleada como excusa para reducir la pena y debe distinguirse de la atenuante genérica por embriaguez que es aplicada por los tribunales para “los casos de ebriedad parcial, relativa, incompleta o semiplena”(92) y que tiene fundamento legal en la norma que considera como atenuante genérica a “cualquier circunstancia que a juicio del tribunal aminore la gravedad del hecho”(93).

6. Las categorías especiales del artículo 64 de la Lossep y su regulación equivalente en el Código Penal para los casos de embriaguez

Una diferencia importante entre el artículo 64 de la Lossep y el 64 del Código Penal es que aquel no se limita a regular los efectos de la intoxicación voluntaria —la preordenada, en el numeral 1.º y la ordinaria, en el numeral 3.º— sino que extiende su aplicación tanto al supuesto de la intoxicación fortuita (art. 64, num. 2.º) como a los casos de inimputabilidad (art. 64, num. 4.º) y de atenuación de responsabilidad por enfermedad mental (art. 64, num. 5.º). En el Código Penal, estos casos no están regulados expresamente para la embriaguez pero la doctrina y la jurisprudencia han considerado resolverlos aplicando las normas generales de los artículos 61, 62 y 63, respectivamente.

6.1. La intoxicación fortuita

Con respecto a la intoxicación fortuita por drogas, el numeral 2.º del artículo 64 de la Lossep establece la exención de pena cuando “se probare que el agente ha perdido la capacidad de comprender o querer, por empleo de alguna de dichas sustancias, debido a caso fortuito o fuerza mayor”. Se refiere este supuesto a un caso en que el agente haya ingerido drogas en forma accidental o contra su voluntad, y por ello la intoxicación se considera involuntaria. Al estar totalmente ausente la intención del sujeto —tanto para embriagarse como para cometer el hecho punible—, mal puede considerarse que se ha configurado un delito y es por ello que la ley declara la eximente de responsabilidad.

En el caso de la ebriedad —intoxicación por consumo de bebidas alcohólicas—, la solución es la misma, pero por aplicación del artículo 61 del Código Penal que permite la exención de pena cuando se demuestra que el delito no resulta de un acto voluntario(94). A esta solución llegaron los tribunales venezolanos a comienzos de los años sesenta, cuando dejaron de un lado la interpretación tradicional que confundía “la ebriedad fortuita o proveniente de fuerza mayor de la prevista en el ordinal 5.º del artículo 64”(95). Por muchos años, la Corte Suprema de Justicia mantuvo la posición de que en ningún caso —ni aun en el de la ebriedad fortuita— la embriaguez podía considerarse como eximente de responsabilidad pues, según su criterio, el legislador había sido claro en su intención de imponer siempre una pena(96).

En 1961, la Corte Suprema de Justicia modificó su criterio reconociendo finalmente diferencias entre las hipótesis de embriaguez casual o excepcional (ordinal 5.º, artículo 64) y de embriaguez fortuita, dejando establecido que esta última debía resolverse con la “declaratoria de irresponsabilidad absoluta por falta de culpabilidad”(97), resultante de la aplicación del artículo 61(98). Según la Corte, la embriaguez fortuita podría ocurrir “por ignorancia absoluta de los efectos de la bebida, o por errado cálculo sobre la cantidad de esta, o bien por coacción ajena”(99), siendo la ausencia de voluntariedad el rasgo común en estos casos.

Aunque jurisprudencialmente el problema se considera resuelto, la doctrina venezolana se ha pronunciado por la necesidad de que en el Código Penal se incluya una norma expresa que regule la ebriedad fortuita(100), pero ello no ha ocurrido aún.

6.2. La inimputabilidad del consumidor crónico

El segundo caso especial, regulado por el artículo 64 de la Lossep, es el del consumidor crónico. A tal respecto, se dice que “no es punible el fármaco dependiente —consumidor crónico— cuando su dependencia sea tal, que tenga los efectos de una enfermedad mental que le haga perder la capacidad de comprender y de querer”(101). Se trata en este caso, del sujeto que por una predisposición de su organismo reacciona de modo anormal ante el estímulo de determinadas drogas —aun consumidas en pequeñas cantidades— y ello le produce un estado de locura transitoria. El factor determinante reside en el estado mental anormal que se produce en el sujeto y que impide la formación del elemento volitivo necesario para que exista delito.

El legislador ha considerado que la solución está en declarar inimputable al autor del hecho y no simplemente eximirlo de sanción, pues la ausencia de voluntad para intoxicarse y delinquir es el resultado de una patología existente en el propio individuo.

El mismo resultado lo conseguimos al aplicar el artículo 62 del Código Penal para el caso que en la doctrina se conoce como ebriedad patológica y que ocurre cuando la embriaguez resulta de “una reacción extraordinaria y anormal, producida por una cantidad relativamente pequeña, a consecuencia de una especial intolerancia alcohólica, que puede ser permanente, constitucional o simplemente pasajera”(102). Esta solución legal para el caso de la embriaguez tiene raigambre en la interpretación de la doctrina(103) y jurisprudencia venezolanas(104) que han abordado el tema.

6.3. La atenuación de responsabilidad por enfermedad mental

El último caso especial incluido en el artículo 64 de la Lossep es el de la atenuación de responsabilidad en el caso de la perturbación grave causada por enfermedad mental. En tal sentido, el ordinal 5.º, en una norma muy similar al artículo 63 del Código Penal, declara: “Cuando el estado mental sea tal, que atenúe en alto la responsabilidad sin excluirla totalmente, la pena establecida para el delito o falta se rebajará conforme a las reglas establecidas en el artículo 63 del Código Penal”(105). Al igual que en el caso anterior, este supuesto versa sobre la enfermedad mental que priva al individuo de conciencia y libertad para actuar, pero con la diferencia de que en aquel caso la patología era tan grave que permitía declarar inimputable al autor del hecho.

En cambio, el supuesto que ocupa nuestra atención trata de un estado mental menos grave —“que atenúe en alto la responsabilidad sin excluirla totalmente”— por lo cual el legislador ha optado por simplemente rebajar la pena.

7. Conclusión

En las páginas que preceden, hemos podido apreciar cómo, basado en razones de política criminal, el legislador venezolano creó un régimen especial para la responsabilidad penal del intoxicado que relaja el principio de responsabilidad por culpabilidad vigente en Venezuela.

Por muchos años, la legislación venezolana se limitó a regular el caso de la embriaguez y solo recientemente se incluyeron normas especiales sobre la intoxicación proveniente del consumo de drogas. Con la promulgación de la Lossep, se concibió un régimen muy parecido al ya existente en el Código Penal, aunque —como pudimos ver— con importantes diferencias en cuanto a la organización del contenido de los artículos. Una muestra de esto la tenemos en el intento del legislador por condensar en un solo artículo de la Lossep, todo el régimen de la responsabilidad penal —incluyendo la derivada de la intoxicación voluntaria— contenido en cuatro artículos del Código Penal (arts. 61 al 64, ambos inclusive).

No podemos dudar de que la inclusión de normas en la Lossep sobre responsabilidad penal del intoxicado por drogas haya sido positiva, pero a la vez debemos mencionar que la forma como se organizó el contenido de las mismas fue menos que deseable. En la redacción de la Lossep se debió mantener cierta armonía con el Código Penal en lugar de consagrar un régimen paralelo como efectivamente se hizo.

Sería beneficioso que en el futuro se uniformaran las normas sobre responsabilidad del intoxicado en la legislación penal venezolana y que, además, se diera fuerza de ley a las soluciones que la doctrina y la jurisprudencia han orquestado para resolver los casos no expresamente regulados. No creemos que ello ocurra pronto, pues este asunto no parece ser una prioridad en la agenda del legislador venezolano que en los últimos cinco años ha reformado el Código Penal dos veces dejando por fuera este y otros temas que revisten una importancia enorme.

(1) Por ejemplo, lo que dispone el artículo 48 de la Lossep en el caso del centinela militar; el artículo 50 de la Lossep para el caso de oficiales, suboficiales y otros funcionarios; el artículo 536 del Código Penal venezolano que establece una multa para el caso de la embriaguez manifiesta en un lugar público; y, artículos 536 y 537 del Código Penal venezolano, que consagran el caso de la embriaguez como falta.

(2) Artículos 75 al 81, Lossep.

(3) Artículo 88, Lossep para la conducción de naves y vehículos; artículo 89, Lossep para la realización de trabajo.

(4) Por ejemplo, artículo 90, Lossep para los que trabajan al servicio de otras personas.

(5) Véase, artículo 64 del Código Penal.

(6) Publicada en Gaceta Oficial n.º 4.636 (extraordinaria) de fecha 30 de septiembre de 1993.

(7) La misma Lossep en el numeral 2.º de su artículo 2.º define como “sustancias estupefacientes y psicotrópicas” a aquellas cuyo “consumo pueda producir un estado de dependencia, estimulación o depresión del sistema nervioso central, o que tenga como resultado alucinaciones, trastornos de la función motora, del juicio, del comportamiento, de la percepción o del estado de ánimo o que su consumo ilícito pueda producir efectos análogos a los que produce el consumo de una de las sustancias de las listas a que se refiere el ordinal 1.º de este artículo”.

(8) Como veremos más adelante, el principio según el cual para que haya delito debe estar presente algún tipo de culpabilidad —nullum crimen sine culpa— es la regla en Venezuela. Para ello, es menester que el acto antijurídico sea el resultado de una conducta reprochable por un sujeto capaz de entender y querer. Sin embargo, hay casos excepcionales en los cuales el legislador ha admitido supuestos de responsabilidad objetiva. Se trata pues, de situaciones en las cuales se impone una pena por la comisión de un determinado hecho prescindiéndose de toda consideración sobre la culpabilidad del agente. Esto es lo que ocurre con el supuesto previsto en los ordinales 3.º y 4.º del artículo 64 del Código Penal para el caso de la embriaguez imprudente y habitual, así como también el ordinal 3.º del artículo 64 de la Lossep para el caso de la intoxicación por drogas. Algunos otros ejemplos de responsabilidad objetiva los conseguimos en los delitos calificados por el resultado regulados en los artículos 268, aparte único, 331 primer aparte; 349 aparte único; 243 segundo aparte; 268 aparte único; 394, 433 primer aparte; 434 primer aparte; y 437 primer aparte, todos del Código Penal. Ver, Arteaga Sánchez, Alberto. Derecho penal venezolano. Parte General, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1984, pp. 219-20.

(9) Gaceta Oficial Extraordinario NC 5.763 del 16 de marzo del 2005

(10) Gaceta Oficial n.º 5.208 Extraordinario del 23 de enero de 1998.

(11) Gaceta Oficial n.º 5263 Extraordinario de fecha 17 de septiembre de 1998.

(12) Gaceta Oficial n.º 4.358 de fecha 3 de enero de 1992.

(13) “La importancia del Código Penal de 1873 es extraordinaria, no solo por la función que cumplió en cuanto a la legalidad y en cuanto a la eliminación de la ‘dictadura judicial’ de que los documentos oficiales venían quejándose desde 1865” luego de haber quedado derogado el Código Penal promulgado por Páez. Ver, vigencia del Código Penal de 1873, Universidad Central de Venezuela, Colección de Libros Homenaje. Caracas, 1973, p. 23.

(14) “La acción u omisión penada por la ley se repute siempre voluntaria a no ser que conste lo contrario”. Artículo 3.º, Código Penal de 1873.

(15) “Están exentos de responsabilidad criminal: 1. El que ejecuta la acción hallándose dormido o en estado de demencia o delirio, o estando de cualquier otra manera privado absolutamente de la razón”. Artículo 119, Código Penal de 1873.

(16) Artículo 21, Código Penal de 1873. Es importante destacar que el ordinal 6.º de este artículo incluyó dentro de las circunstancias atenuantes “la de haberse ejecutado el hecho en estado de embriaguez cuando esta no fuere habitual o posterior al proyecto de cometer el delito”.

(17) Artículo 22, Código Penal de 1873.

(18) Artículo 24, Código Penal de 1873.

(19) Vigencia del Código Penal de 1873, Universidad Central de Venezuela, Colección de Libros Homenaje. Caracas, 1973, p. 39.

(20) Artículo 85, Código Penal de 1873.

(21) Artículo 93, Código Penal de 1873.

(22) “Serán castigados con arresto por tiempo de cinco a veinte días: (...) 13. Los que causaren perturbación o escándalo con su embriaguez”. Artículo 55, Código Penal de 1873. En Venezuela, los hechos punibles son de dos categorías: delitos y faltas (C.P., art. 1.º) Ante la ausencia de una definición legal sobre qué constituye un delito y qué constituye una falta, en la doctrina se han elaborado diversas explicaciones (véase, Arteaga, ob. cit., p. 142), pero ninguna parece satisfactoria. En el caso venezolano, los delitos son los hechos punibles tipificados en el libro II —de los delitos— y las faltas, en el libro III —de las faltas—. La diferencia, sin embargo, parece estar en que los delitos, generalmente, “producen una lesión jurídica, en tanto que las faltas, aun pudiendo ser hechos inocuos en sí mismos, representan un peligro para la tranquilidad pública o el derecho ajeno” (Íd.).

(23) Véase, Chiossone, T. Manual de derecho penal venezolano. Universidad Central de Venezuela, Caracas: 1981, p. 120; véase también, sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 10 de agosto de 1961, G.F. n.º 33, 1961, 2da. Etapa, 121-124, citada por Jorge Frías Caballero. Los fallos de la casación penal en materia de embriaguez y el código vigente en Venezuela. Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María, p. 109.

(24) Vigencia del Código Penal de 1873, Universidad Central de Venezuela, Colección de Libros Homenaje. Caracas, 1973, p. 20.

(25) Luego de 1873, el Código Penal venezolano ha sido reformado en 1897, 1904, 1912, 1915, 1926, 1958, 1964, 2000 y muy recientemente el 16 de marzo del 2005. —véase, Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela NC 5.763 Extraordinario de 16 de marzo del 2005—. La reforma de 1897 es una de las más importantes, pues en ella Venezuela adoptó el modelo del Código Zanardelli. Véase, vigencia del Código Penal de 1873, p. 59.

(26) La mayoría de los autores se refieren a este principio simplemente como el de la culpabilidad. Sin embargo, Frías Caballero considera que su nomenclatura correcta es la de “principio de responsabilidad por culpabilidad” con lo cual estamos de acuerdo. Véase, Frías Caballero, J. Ob. cit., p. 115.

(27) Véase, Arteaga Sánchez, A. Derecho penal venezolano, p. 220. Para un estudio extenso sobre el principio de la culpabilidad, véase, Arteaga Sánchez, A. La culpabilidad en la teoría general del hecho punible. Universidad Central de Venezuela, Caracas: 1975.

(28) Código Penal venezolano, artículo 61.

(29) Véase, Mendoza Troconis, J.R. La atenuación de perturbación mental por ebriedad y su prueba. En: Separata de la Revista del Colegio de Abogados del Distrito Federal, n.º 131, 1966, Caracas: 1967, p. 17.

(30) Arteaga Sánchez, A. Derecho penal venezolano, p. 226.

(31) Ibídem, p. 234.

(32) Artículo 61 del Código Penal: “La acción u omisión penada por la ley se presumirá voluntaria, a no ser que conste lo contrario”.

(33) “Cuando el sujeto ha dirigido su voluntad hacia un hecho o un resultado antijurídico que ha previsto como cierto con el fin de determinarlo”. Arteaga, p. 245.

(34) “Cuando el sujeto, al dirigir su voluntad hacia un determinado hecho, que quiere de modo directo e inmediato, se represente otras consecuencias que están unidas a lo querido directamente, ya de modo necesario, ya de modo posible”. (Íd.) Se trata de un acto que no es estrictamente intencional, pero que está directamente ligado a uno intencional.

(35) “Cuando las consecuencias no están necesariamente ligadas al hecho directamente querido, sino tan solo lo están con un nexo de posibilidad”. Es el caso en el que el sujeto “prevé la posibilidad de que el resultado se verifique y a pesar de ello actúa, aceptando el riesgo de que se produzca tal resultado o actuando sin la segura convicción de que no se producirá”. Arteaga, Derecho penal venezolano. p. 246.

(36) “El sujeto a pesar de la representación del posible resultado ha actuado con la persuasión de que este no ha de producirse” (Íd.).

(37) Ibídem, p. 260.

(38) Artículo 74, num. 3.º, Código Penal.

(39) Artículo 37 del Código Penal.

(40) Ibídem.

(41) Véase, artículo 78 del Código Penal.

(42) Véase, artículo 74 y 78 del Código Penal.

(43) Artículo 74, num. 1.º del Código Penal: “Ser el reo menor de veintiún años y mayor de dieciocho cuando cometió el delito”.

(44) Artículo 74, num. 2.º del Código Penal: “No haber tenido el culpable la intención de causar un mal de tanta gravedad como el que produjo”.

(45) Artículo 74, num. 3.º del Código Penal: “Haber precedido injuria o amenaza de parte del ofendido, cuando no sea de tal gravedad que de lugar a la aplicación del artículo 67”.

(46) Artículo 74, num. 4.º del Código Penal.

(47) Por ejemplo, artículo 412 del Código Penal para el delito de homicidio; artículo 421 para el delito de lesiones; y artículo 64, numerales 3.º y 5.º para el caso de la embriaguez voluntaria.

(48) Artículo 77, numeral 1.º del Código Penal: “Hay alevosía cuando el culpable obra a traición o sobre seguro”.

(49) Artículo 77, numeral 20 del Código Penal.

(50) Véase, artículo 77, numeral 18 del Código Penal: “Que el autor, con ocasión de ejecutar el hecho y para prepararse a perpetrarlo, se hubiere embriagado deliberadamente, conforme se establece en la regla 1 del artículo 64”.

(51) “En el derecho penal venezolano se funda la culpabilidad en la autoría moral, se exige que el autor tenga conocimiento y quiera la acción y que, además, aprecie el valor jurídico penal de dicha acción”. Ver, Mendoza Troconis, J. R. La atenuación de perturbación mental por ebriedad y su prueba, p. 18.

(52) Artículo 62, Código Penal: “No es punible el que ejecuta la acción quedándose dormido o en estado de enfermedad suficiente para privarlo de la conciencia o de la libertad de sus actos”.

(53) Véase, artículo 61, Código Penal: “Nadie puede ser castigado como reo de delito no habiendo tenido la intención de realizar el hecho que lo constituye”.

(54) “En ningún caso de perturbación mental por ebriedad (el Código Penal) exime de responsabilidad penal por una razón de política criminal, ya que en un ochenta por ciento de los hechos de sangre cometidos en el país, interviene el alcohol como causa coadyuvante o desencadenante”. Véase, Mendoza, J. R. La ebriedad patológica como causa de exención de la responsabilidad penal en el derecho penal venezolano. En: Revista del Colegio de Abogados del Distrito Federal, año XXV, n.º 125-126, Caracas: 1952, p. 198.

(55) “El legislador patrio en ninguno de los casos previstos exime de responsabilidad por ebriedad”, véase, Mendoza Troconis, J. R. La atenuación de perturbación mental por ebriedad y su prueba, p. 21.

(56) Véase, Arteaga Sánchez, A. Derecho penal venezolano, p. 340.

(57) Frías Caballero, J. Los fallos de la casación penal en materia de embriaguez y el código vigente en Venezuela. En: Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María, p. 111.

(58) Ibídem.

(59) Ibídem, p. 232.

(60) Véase, Mendoza, J. R. La atenuación de perturbación mental por ebriedad y su prueba, p. 44.

(61) Ibídem, p. 46.

(62) Sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 31 de julio de 1953, G.F., 1, 614-615 citada por Frías Caballero, Jorge en: Los fallos de la casación penal, p. 101.

(63) Sin embargo, tal como lo señala Frías Caballero, “en rigor, el Código Italiano de 1889, comúnmente indicado como fuente de las normas que prevé el artículo 64, no describe exactamente las mismas hipótesis ni consagra siempre soluciones equivalentes”. Ver, Frías Caballero, ob. cit., p. 110.

(64) Véase, Mendoza. La atenuación, p. 21.

(65) Tal es el caso de los ordinales 4.º y 5.º del artículo 64, Lossep, que tienen contenido similar a los artículos 62 y 63 del Código Penal.

(66) Véase, supra, p. 9.

(67) Artículo 64, 1 del Código Penal: “Si se probare que, con el fin de facilitarse la perpetración del delito, o preparar una excusa, el acusado había hecho uso del licor, se aumentará la pena que debiera aplicársele de un quinto a un tercio, con tal que la totalidad no exceda del máximum fijado por la ley a este genero de pena. Si la pena que debiere imponérsele fuere la de presidio, se mantendrá esta”.

(68) Artículo 64, 1 de la Ley Orgánica de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas: “Si se probare que el agente ingirió la droga con el fin de facilitarse la perpetración del hecho punible o de prepararse una excusa, las penas correspondientes se aumentarán de un tercio a la mitad”.

(69) Artículo 77 del Código Penal: “Son circunstancias agravantes de todo hecho punible las siguientes (...) 18. Que el autor, con ocasión de ejecutar el hecho y para prepararse a perpetrarlo, se hubiere embriagado deliberadamente, conforme se establece en la regla 1 del artículo 64”.

(70) Mendoza, J. R. La ebriedad patológica, p. 197. Sin embargo, Frías Caballero denomina “culposa” a este tipo de intoxicación. Véase, Frías Caballero, J., ob. cit., p. 112.

(71) Chiossone, citado por Frías Caballero, J., ob. cit., p. 129.

(72) Artículo 64, 2 del Código Penal: “Si resultare probado que el procesado sabía y era notorio entre sus relaciones que la embriaguez le hacia provocador y pendenciero, se le aplicarán sin atenuación las penas que para el delito cometido establece este código”.

(73) Arteaga Sánchez, A. Derecho penal venezolano, p. 340-1.

(74) Véase, Mendoza, J. R. La ebriedad patológica como causa de exención de la responsabilidad penal en el derecho penal venezolano. En: Revista del Colegio de Abogados del Distrito Federal, Caracas, p. 197.

(75) Frías Caballero, Jorge, ob. cit., p. 112.

(76) En el caso del Código Penal, las dos reglas anteriores se refieren a la embriaguez preordenada (art. 64, 1) y a la intencional (art. 64, 2), y en el caso de la Lossep, a la intoxicación preordenada (art. 64, 1) y a la intoxicación fortuita (art. 64, 2).

(77) Si se aplicare puramente la teoría de nullum crime sine culpa a este supuesto, habría que excluir la responsabilidad del sujeto al no haber mediado su intención para delinquir, pero por razones de política criminal el legislador no lo ha querido así y ha preferido castigar la conducta aunque en forma atenuada o al menos, sin agravarla.

(78) Véase, Arteaga Sánchez, A., p. 341.

(79) Como hemos dicho supra (véase, p. 13) debe tratarse de una perturbación plena y no de una simple alteración parcial de la conciencia.

(80) Artículo 64, 3, Código Penal: “Si no probada ninguna de las dos circunstancias de los dos números anteriores, resultare demostrada la perturbación mental por causa de la embriaguez, las penas se reducirán a los dos tercios, sustituyéndose la prisión al presidio”.

(81) Artículo 64, 3, Lossep: “Si no fuera probada ninguna de las circunstancias a que se contraen las dos (2) reglas anteriores y resultara demostrada la perturbación por causa del consumo de las sustancias a que se refiere este artículo, se aplicarán, sin atenuación, las penas correspondientes al hecho punible cometido”.

(82) Véase, Mendoza, La atenuación, pp. 22, 24.

(83) Véase, ibídem, p. 25.

(84) “Ha sido jurisprudencia de esta Sala de Casación Penal, que la ebriedad por sí sola no incide en la atenuación de la pena, siendo la perturbación mental del indiciado, proveniente de la embriaguez, la que puede dar lugar a la aplicación del artículo 64 del Código Penal”. Sentencia 436 de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 9 de diciembre del 2003 con ponencia del magistrado Rafael Pérez Perdomo.

(85) La embriaguez por sí sola está sancionada como una falta concerniente a la moralidad pública en los artículos 536 y 537 del Código Penal y por ello “apreciada aisladamente, no es ni agravante ni atenuante de la responsabilidad penal del agente del delito”. Véase, Mendoza, La atenuación, p. 43. De acuerdo con el primer artículo, “Cualquiera que en un lugar público se encuentre en estado de embriaguez manifiesta, molesta o repugnante, será penado con multa hasta de treinta bolívares (...). Si el hecho es habitual, la pena será de arresto por un mes y la autoridad podrá imponer, además, que se cumpla en una casa de trabajo o mediante la prestación de un servicio en alguna empresa de utilidad pública. Por su parte, el artículo 537 dispone que, “El que en lugar público o abierto al público, haya ocasionado la embriaguez de otro, haciéndole tomar con ese fin bebidas o sustancias capaces de producirla, y así mismo el que haya hecho tomar más a una persona ya ebria, será penado hasta con diez días de arresto (...). Si el hecho se hubiere cometido en persona menor de quince años o que manifiestamente se hallase en estado anormal, por consecuencia de debilidad o alteración de sus facultades mentales, el arresto será de diez a treinta días (...). Como pena accesoria se impondrá según los casos, la suspensión del ejercicio del arte, industria o profesión, si el contraventor fuere comerciante en bebidas o sustancias embriagantes”.

(86) Aunque, sin embargo, la Lossep consagra medidas similares en los artículos 65, 76 y 77.

(87) Artículo 64, 4 del Código Penal.

(88) Arteaga Sánchez, A. Derecho penal venezolano, p. 342.

(89) Mendoza, La ebriedad patológica, p. 19.

(90) Con anterioridad a 1961 los tribunales exigían que para beneficiarse de la rebaja de pena prevista en el ordinal 5.º, el sujeto debía desconocer completamente los efectos que produciría el licor en su organismo. Sin embargo, mediante sentencia del 10 de agosto de 1961 (citada por Frías Caballero, p. 106) la Corte dijo que aquí se trataba simplemente de “la embriaguez en que pueden incurrir los hombres morigerados en sus costumbres, no adictos al consumo de bebidas alcohólicas, que excepcionalmente llegan a sufrir intoxicación alcohólica suficiente para ocasionar perturbación mental”. Y con respecto a la ignorancia de los efectos se dijo, “No es necesario que el perturbado ignore el efecto embriagante de la bebida, ni que el sujeto no haya bebido nunca para que proceda la atenuación (...). Lo primero, porque la conducta dejaría de ser incriminable por error de hecho; y lo segundo, porque la condición impuesta en la ley no es (...) que el perturbado no haya tomado licor en ninguna ocasión de su vida”. Véase, sentencia de la Corte Suprema de Justicia de fecha 10 de agosto de 1961, G.F., n.º 33, 1961 2.ª etapa, 121-124, citada por Frías Caballero, J., ob. cit., p. 106.

(91) Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de fecha 17 de noviembre de 1945, M. 1944, II, 232, citada por Frías Caballero, J., ob. cit., p. 105.

(92) Véase, Frías Caballero, ob. cit., p. 114.

(93) Artículo 74 del Código Penal: “Se consideraran circunstancias atenuantes que, salvo disposiciones especiales de la ley, no dan lugar a rebaja especial de pena, sino a que se las tome en cuenta para aplicar‚ esta en menos del término medio, pero sin bajar del límite inferior de la que al respectivo hecho punible asigne la ley, las siguientes: (...) 4. Cualquier otra circunstancia de igual entidad que a juicio del tribunal aminore la gravedad del hecho”.

(94) “La acción u omisión penada por la ley se presumirá voluntaria, a no ser que conste lo contrario”. Artículo 61, último apartado del Código Penal.

(95) Véase, Frías Caballero, ob. cit., p. 113.

(96) “Nuestro legislador ha considerado que la perturbación mental producida por la ebriedad en ningún caso y por ningún motivo es causal de inimputabilidad, y aun en el caso de la total embriaguez fortuita, en que la inimputabilidad la reconocen nuestros intérpretes (…) el legislador impone siempre una pena”. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 7 de marzo de 1950, Pacanins, I, 212, n.º 11. citada por Frías Caballero, ob. cit., p. 103.

(97) “Esta embriaguez, dice la Corte, adquirida ‘sin dolo ni culpa’ del autor, no es punible. Nullum crimen est in casu. Lo que corresponde es ‘la declaratoria de irresponsabilidad absoluta por falta de culpabilidad’”. Véase, Frías Caballero, op. cit., p. 112.

(98) “El caso fortuito excluye la intencionalidad de la acción conforme al artículo 61 del Código Penal. Por consiguiente, la perturbación mental derivada de la ingestión involuntaria de bebidas embriagantes por ignorancia absoluta de los efectos de la bebida, o por errado cálculo sobre la cantidad de esta, o bien por coacción ajena, no podría ser considerada, de acuerdo con los términos de nuestras disposiciones legales, como un motivo de aminoración de la pena, lo que resultaría inicuo, sino como una eximente de responsabilidad penal”. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 10 de agosto de 1961, G.F. 2.ª etapa, n.º 33, 121 a 124, citada por Frías Caballero, p. 104.

(99) Ibídem.

(100) “En el proyecto de Código Penal que redactamos, el profesor Jiménez de Asúa con el suscrito y el doctor José Agustín Méndez, consideramos que la ebriedad fortuita debería ser causa de exención de la responsabilidad penal”. Mendoza, J. R. La atenuación de perturbación mental, p. 38.

(101) Artículo 64, 4, Lossep.

(102) Dictamen del profesor Luis Jiménez de Asúa, citado por Mendoza, J. R. La ebriedad patológica, p. 201.

(103) “En cuando a la embriaguez no normal o patológica (...) en la doctrina enseña José Rafael Mendoza que esta hipótesis constitutiva de una inconciencia patológica, y que cabe dentro de los vocablos ‘enfermedad mental’ del artículo 62, reviste la calidad de eximente porque en ella la enfermedad ‘absorbe la atenuante’, fundando su opinión en la de diversos autores psiquiatras y penalistas”. Véase, Frías Caballero, ob. cit., p. 122.

(104) Véase, Mendoza, J. R. La ebriedad patológica, pp. 200-5.

(105) El artículo 63 del Código Penal dice: “Cuando el estado mental indicado en el artículo anterior sea tal que atenúe en alto grado la responsabilidad, sin excluirla totalmente, la pena establecida para el delito o falta se rebajará conforme a las siguientes reglas: 1. En lugar de la de presidio, se aplicará la de prisión, disminuida entre dos tercios y la mitad. 2. En lugar de la de prisión, se aplicará la de arresto, con la disminución indicada. 3. Las otras penas divisibles se aplicarán rebajadas por la mitad”.