Algunos aspectos tributarios del Decreto Ley Antitrámites

Revista Nº 170 Mar.-Abr. 2012

Con el objetivo de suprimir y reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración pública, el Presidente de la República expidió el Decreto-Ley 19 del 2012, con base en facultades extraordinarias conferidas mediante la Ley 1474 del 2011. En esta normativa se establecen los principios que deben observar las autoridades encargadas de los procedimientos administrativos.

La regulación antitrámites dispuso como principios de la administración la moralidad, celeridad, economía y simplicidad y contempló varias prohibiciones en aras de favorecer dichos principios, entre las que se encuentran: (i) exigir documentos que reposen en la entidad, (ii) comprobación de pagos anteriores, (iii) rechazar solicitudes por errores de citas, ortografía, mecanografía o aritmética, (iv) exigir documentos autenticados o con reconocimientos.

Una vez definido el marco general de actuación de la administración en relación con sus trámites y procedimientos, el decreto-ley dedicó todo un título al sector de hacienda y crédito público, en el que, como era de preverse se ocupó de aspectos sustanciales del procedimiento tributario.

Notificaciones

Se establece que cuando no haya sido posible establecer la dirección del contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, por ninguno de los medios señalados en el artículo 563 del estatuto tributario, los actos serán notificados por medio de publicación en el portal web de la DIAN y ya no en un diario de amplia circulación. Igual procedimiento deberá emplearse cuando la administración se encuentre ante notificaciones devueltas por el correo.

En este sentido, una regulación que permite a la DIAN simplificar su actuación y que, en cualquier caso, garantiza en mayor medida el debido proceso de los contribuyentes (el decreto-ley dispone que el portal de la entidad deberá contar con un mecanismo de búsqueda por número de identificación), se ve afectada por la ausencia de técnica y rigor en la modificación de las normas. En efecto, el artículo 59 del decreto-ley, modificatorio del artículo 563 del estatuto tributario, parece revivir una disposición que ya se encontraba derogada tácitamente y cuya vigencia había sido descartada. Se trata de la posibilidad de notificar las actuaciones de la administración tributaria a la dirección informada por el contribuyente en su última declaración de renta o de ingresos y patrimonio, norma contenida en el primer inciso del artículo 563, derogada tácitamente por el artículo 555-2; en tanto que este último prescribió que el RUT constituye el único mecanismo de identificación, ubicación y clasificación de los sujetos que deben cumplir obligaciones ante la DIAN.

Ineficacia de la declaración de retención en la fuente

Esta regla fue introducida al ordenamiento jurídico mediante la Ley 1430 del 2010. El Decreto-Ley 19 dilucidó una cuestión que se convirtió en fuente de constantes y reiteradas consultas a la DIAN, todas respondidas con el mismo argumento. Hablamos de la presentación y el pago de la declaración de retención en momentos diferentes, pero siempre antes del vencimiento del plazo para declarar. Sostuvo la administración que en ese caso la presentación y el pago debían ser concomitantes, de suerte que una declaración presentada un día y pagada al siguiente, antes del vencimiento del plazo, se entendería ineficaz.

El decreto-ley antitrámites, en el artículo 57 que adicionó el artículo 580-1 del estatuto tributario, dispuso lo contrario: una declaración de retención presentada sin pago antes del vencimiento, produce efectos legales siempre y cuando el pago se efectúe dentro del plazo legalmente establecido.

Ahora bien, adicionando el mismo artículo 580-1 que se refiere a las declaraciones de retención en la fuente, el artículo 67 del decreto-ley dispone que las declaraciones diligenciadas a través de los servicios informáticos electrónicos de la DIAN por los años gravables 2006 a 2011, que no se presentaron en bancos, se tendrán como presentadas, siempre que se haya ingresado el correspondiente recibo oficial de pago. No obstante lo anterior, la titulación del artículo de la regulación antitrámites señala: “Declaraciones diligenciadas virtualmente no presentadas en bancos” y menciona en su contenido a “las declaraciones” y a las figuras del agente retenedor, la del contribuyente y responsable, por lo que podría entenderse que la norma no es solamente aplicable para las declaraciones de retención en la fuente. Nuevamente nos encontramos frente a una deficiencia en la redacción o ubicación de la norma que origina diversas interpretaciones.

Libros de contabilidad inscritos en cámara de comercio

De acuerdo con el artículo 175 del Decreto-Ley 19, del 10 de enero del 2012, que modificó el numeral 7º del artículo 28 del Código de Comercio, se elimina la obligación de inscribir los libros de contabilidad en el registro mercantil de la cámara de comercio. Por tanto, desde la fecha de expedición del mencionado decreto, los comerciantes no están obligados a inscribir dichos libros en el registro mercantil. El artículo 173 de la misma norma prevé que los libros se puedan llevar en archivos electrónicos.