Opinión

Análisis de la doctrina jurisprudencial sobre pensiones en los eventos de homicidio y suicidio

Revista Nº 207 Mayo-Jun. 2018

Marjorie Zúñiga Romero(1) 

Magistrada auxiliar Corte Suprema de Justicia; Profesora Universidad del Norte  

La seguridad social como derecho

El renovado interés por el derecho social, y especialmente por la seguridad social que lo integra, se debe precisamente a los casos difíciles que se presentan de forma recurrente y que precisan una constante reflexión en la ciencia jurídica. Si a eso se suma que en Colombia su desarrollo doctrinal se ha realizado de manera prevalente por la jurisdicción ordinaria y la constitucional que lo unifica, bien vale la pena una lectura analítica de estas decisiones.

Como lo ha señalado la OIT el objetivo principal de la seguridad social es garantizar a los individuos y sus familias la tranquilidad de que su nivel de vida no sufrirá, dentro de lo posible, un detrimento importante como consecuencia de las contingencias sociales o económicas. Una de las formas para conseguir este objetivo es impedir que la cobertura de los riesgos sociales siga siendo determinada por relaciones exclusivamente laborales, por esto, la filosofía en la que se asienta este derecho es la de permitir que todas las personas puedan acceder a prestaciones económicas, bien sea en dinero o en servicios, cuando se vean en algunas de las circunstancias que le imposibiliten resolver sus necesidades básicas, o que mengüen su calidad de vida; de allí que se generen prestaciones por desempleo, vejez, invalidez, sobrevivencia, maternidad, entre las más relevantes.

En este sentido, surge como un instrumento valioso el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo. Dicho convenio planteó un piso mínimo de derecho de la seguridad social, como asistencia médica, prestaciones monetarias de enfermedad, de desempleo, vejez, accidente de trabajo y enfermedad profesional, prestaciones familiares, de maternidad, de invalidez, sobrevivientes. Sesenta años después, la Recomendación 202 de la misma OIT acogida en el 2012, actualizó los criterios de protección social, señalando que “los sistemas de seguridad social actúan como estabilizadores sociales y económicos automáticos, ayudan a estimular la demanda agregada en tiempos de crisis y en las etapas posteriores y a facilitar la transición hacia una economía más sostenible”.

La recomendación también propuso el principio de universalidad para demarcar como derrotero la necesidad de proteger a toda la población, reafirmando que la seguridad social es un derecho humano, y que los Estados deben integrar a los ordenamientos, la solidaridad, la consideración de la diversidad de métodos y de enfoques; la igualdad de género y la capacidad de responder a las necesidades especiales; la sostenibilidad financiera, fiscal y económica; la inclusión en particular de los trabajadores informales y el respeto a la dignidad, principios que servirían para orientar de forma más estricta la justicia social expuesta en el convenio.

Por su carácter complejo, el derecho a la seguridad social excluye, desde su propia concepción, que se trate de derechos patrimoniales, y eso impide, por ejemplo, que algunas de tales prerrogativas, salvo las relacionadas con las cotizaciones en el régimen de ahorro individual con solidaridad, en los países que admiten ese modelo, puedan heredarse, pues fíjese que en el derecho a la seguridad social existen otros factores que son vehículos de acceso determinantes, como la dependencia económica o la convivencia, porque el bien jurídico que protegen no es solo el individuo, sino a la sociedad en su conjunto, y con él se busca la redistribución de la riqueza y el bienestar social.

La connotación colectiva y de justicia distributiva que tiene la seguridad social plantea, como se dijo, aspectos problemáticos. Una muestra de ello es el caso de la muerte como hecho jurídico, situación que en el terreno de la seguridad social deriva en prestaciones como la pensión de sobrevivientes altamente desarrollada por la jurisprudencia nacional. La existencia de ese beneficio pensional reafirma los fines de este derecho, pues ofrece un marco de protección a los familiares del afiliado o pensionado frente a las contingencias económicas derivadas del deceso. Ahora bien, la muerte intencional o provocada abre un nuevo campo complejo cuyos contornos comienzan a ser vislumbrados por la jurisdicción ordinaria y la constitucional.

De acuerdo con lo anterior, este texto busca analizar el tratamiento de la muerte como hecho generador de una situación límite para el derecho a la seguridad social, porque normalmente la muerte es una causa de protección no de restricción; el abordaje tendrá relación directa con la pensión de sobrevivientes en el caso de homicidio del causante impetrado por su propio beneficiario; exponiéndose la postura constitucional sobre la pérdida de la condición de beneficiarios de pensiones y, finalmente, se abordará el tema del suicidio de cara a la pensión de invalidez, acudiendo para ella a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral.

Pérdida de la protección social que brinda la pensión de sobrevivientes ¿es posible?

Para la Corte constitucional es dable perder la protección que brinda la pensión de sobrevivientes cuando existe una provocación de la muerte y ello repercute en el acceso al beneficio. Esta postura se construye principalmente en las sentencias T-270 del 2016 y T-122 del 2017. En la primera de estas decisiones, la curadora de dos menores, solicita que se condene al fondo de pensiones a reconocerles el 100% de la pensión de sobrevivientes causada por la muerte de su padre, como consecuencia del homicidio determinado por la cónyuge (madre de los menores), quien fue condenada a pena de prisión al reconocer el delito.

Tras la negativa de ambas instancias de acceder el amparo, la revisión del Tribunal Constitucional se plantea como interrogante, si el hecho de que la beneficiaria del derecho se encuentre condenada y en prisión por haber provocado la muerte, permite así sea transitoriamente, el acrecimiento del 100% en favor de los hijos. La Corte fundó su decisión principalmente en tres argumentos. En primer lugar, indicó que en los términos del artículo 13 de la Ley 797 del 2003, el fondo pensional actuó debidamente, pero encontró que tal determinación desatendió el principio constitucional derivado del artículo 95 superior, esto es, el de respetar los derechos de los demás y no abusar de los propios. Un segundo argumento que se expuso siguiendo la misma lógica, corresponde con el principio de buena fe consagrado en el artículo 83 como pauta de conducta en todas las actuaciones, tanto de las autoridades públicas como de los particulares; principio que en el caso concreto fue transgredido por la cónyuge beneficiaria de la prestación, y como consecuencia pierde la protección jurídica. Finalmente, decidió que quien haya atentado contra una vida puede tener restricción de derechos, y por la prevalencia del interés superior de los menores y fundado en la equidad, define acrecer la pensión al 100% en favor de estos.

La postura explicada en precedencia, se sostuvo en la reciente Sentencia T-122 del 2017 en la que se decidió un caso similar. En esta oportunidad, el cónyuge beneficiario causó la muerte de su esposa por lo que fue sentenciado a pena de prisión por homicidio agravado. La acción de tutela también fue presentada por la persona que asumió la patria potestad de los hijos menores cuya pretensión era obtener el 100% de la pensión de sobrevivientes; prestación que fue dispensada por la Corte, esta vez optando por otra salida jurídica.

El tribunal constitucional, aunque también se refiere al principio de prevalencia del interés de los menores, de los que desprende múltiples obligaciones, entiende que el caso da cuenta de lagunas axiológicas, esto es que la aplicación de una norma al caso concreto resulta incompatible con principios y valores constitucionales y por razón de tal dificultad erige la potestad discrecional del juez para fallar con base en los principios generales del derecho.

Para ello sostiene que, al ser la Constitución fuente principal de derechos, el juez puede acudir a ella, al bloque de constitucionalidad y, en descenso, al precedente judicial, a la ley, a la equidad, a los principios generales del derecho, a la analogía, y a la doctrina, de manera que justifica su remisión a la regla general del derecho de No se escucha a quien alega su propia culpa, la que arguye tiene plena compatibilidad con el ordenamiento jurídico, lo que complementa con la remisión a disposiciones del Código Civil. Resaltó el argumento según el cual se entiende al derecho civil como base del ordenamiento, y se asimila este evento a las figuras de indignidad y desheredamiento; a las del derecho comercial sobre causa ilícita en los seguros de vida y refiere que al ser de uso común pueden ser acogidas para llenar la mencionada laguna. Ese es el sustento por el cual estima inconstitucional que el responsable del delito de homicidio agravado, declarado penalmente responsable, pueda ser beneficiario y dispone el acrecimiento, definitivo, en favor de los hijos, elementos estos que se analizarán a continuación.

El homicidio como causal de pérdida de la calidad de beneficiario

En la última década, varios países han modificado sus leyes de seguridad social para impedir que quienes participaron o fueron determinadores en la muerte de un afiliado(a) o pensionado(a), puedan beneficiarse de derechos prestacionales. Por ejemplo, el sistema jurídico español, a través de la Ley 26 de 28 de julio del 2015, amplía la Ley Orgánica 1 del 2004 sobre medidas de protección integral contra la violencia de género y descarta la calidad de beneficiario de las prestaciones de sobrevivientes a quien hubiese sido condenado por sentencia en firme, por un delito doloso y cuya víctima sea el afiliado o pensionado; incluso en ella se habilita la revisión de las pensiones ya otorgadas, con la devolución de las mesadas.

Por su parte, en Brasil la Ley 13.315 del 2015 modifica la 8.213 de 1991, en su artículo 74 incorpora la pérdida del derecho a la pensión también por similar supuesto, esto es la condena en firme por crimen doloso al asegurado; y en Uruguay, la Ley 16.713 dispone en el precepto 26 como pérdida del beneficio pensional, estar incurso dentro de una causal de indignidad.

En Colombia, a pesar de no estar vigente, es relevante el antecedente de la Ley 90 de 1946 que en su artículo 58 indicaba que la pensión de viudedad se causaba cualquiera hubiere sido la causa que la originara. Además de esta norma, no aparece en la doctrina o en la jurisprudencia un asunto que hubiere permitido con antelación decantar alguna tesis sobre el homicidio en la persona del afiliado o pensionado. Actualmente, la perdida de condición de beneficiario tiene reducidos eventos, relacionados exclusivamente con no estar catalogado dentro de los lazos de consanguinidad o afinidad, así como no cumplir con los parámetros de dependencia económica o no acreditar los tiempos de convivencia previstos por el legislador.

Esto, como ya se dijo, no fue impedimento para que la Corte Constitucional incorporara, vía jurisprudencia, tal pérdida de la condición, y a pesar de compartir que por regla general, en estos eventos, se excluya la posibilidad de recibir y disfrutar la pensión, considero que la postura del juez constitucional resulta problemática por las siguientes razones:

a) Remisión a principios generales y no a las reglas propias de la seguridad social

En términos de interpretación y argumentación jurídica el juez debe ser cuidadoso para evitar utilizar una discrecionalidad ilimitada y terminar con ello lesionando otros derechos. A pesar de que esto último no ocurre en los dos casos expuestos, pues como se dijo compartimos la decisión, no creo que aspectos tan generales como la buena fe o la prevalencia del interés superior, menos la equidad, puedan servir como únicas razones para anular garantías que también son constitucionales, como son la seguridad social, y los derechos mínimos e irrenunciables.

Bajo esa lectura que hace la Corte Constitucional se abre una compuerta de subjetivación sobre derechos que se asignan a las personas, las cuales bien podrían ser despojadas de estos, con alegaciones sobre la inmoralidad o sobre la afectación al honor (que también son causales de indignidad) que podrían utilizarse en conexión con la prevalencia de los menores, así que al fundarse exclusivamente en ellos, caben todo tipo de hipótesis, y lejos de crearse jurisprudencia se genera desde mi óptica, una solución que se opone a la función del derecho.

Más incierta en el derecho social es la salida jurídica por la que se opta en la última de las decisiones explicadas, pues el principio del derecho No se escucha a quien alega su propia culpa no podría ser el sustento de una decisión de esta naturaleza, y para ello me remito a un ejemplo sencillo, las prestaciones de invalidez o sobrevivientes derivadas de un accidente de trabajo son objetivas, es decir, aunque alguien pueda llegar a demostrar que un trabajador se lesionó o murió por razón de su propia culpa, ello no exonera al sistema del pago de tales garantías, y eso, por solo nombrar una de las múltiples variables posibles.

De allí que cuando la Corte Constitucional apela a este principio como línea vertebral para su conclusión, considero que distorsionó el sentido que tendría en la seguridad social cuyo pilar es la universalidad y no valoró las hipótesis jurídicas en las cuales operaría.

b) Equiparar el derecho social a las reglas del derecho contractual

La Corte al realizar una aplicación analógica de la figura de la indignidad propia del derecho civil, olvida que la seguridad social responde a unas lógicas absolutamente distintas, por lo cual la solución a los problemas planteados bajo una óptica u otra son diametralmente opuestas. En particular, estimo que el juez solo debe acudir a otras ramas del derecho cuando no encuentre una salida a la controversia legal y constitucional. En este orden, no se explica cómo si la pensión no tiene una naturaleza patrimonial, termina regulándose de esta forma en el caso expuesto, acogiéndose una tesis como la indignidad, que se opone a la propia naturaleza del derecho pensional, y al criterio de universalidad.

Otro elemento, que aparece contradictorio con el derecho a la seguridad social, es la remisión a las reglas comerciales de los seguros privados, pues ambos criterios se contradicen, para no ir más lejos, de forma recurrente la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha negado la posibilidad de declarar la caducidad de la acción de las aseguradoras que se convocan como garantes del capital que hiciere falta para completar alguna de las pensiones, fundada en que por la materia no es posible predicar tal límite, ni menos las reglas comerciales.

Tales dificultades obedecen, desde mi óptica, a que en ninguno de los dos pronunciamientos se hizo un cuestionamiento para resolver el problema jurídico desde las reglas y principios de la seguridad social, pese a que es una cláusula constitucional y que, como se sabe, está amparada como derecho humano en variados instrumentos internacionales.

c) Apartarse de lo preceptuado en la normativa internacional

Las inflexiones a las que la Corte Constitucional se abocó, no eran necesarias pues el Convenio 102 de la OIT, en los términos del artículo 93 de la Constitución Política era suficiente para resolver el asunto desde el derecho social, pues aun cuando no aparece ratificado expresamente, sí regula un derecho humano, como se acotó al inicio y, por tanto, resulta idóneo para la interpretación.

En el referido Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo se explica que la razón de ser de la pensión de sobrevivientes es la del amparo ante la pérdida de medios de existencia sufrida por la pareja o por los hijos, como consecuencia de la muerte del sostén de la familia, y su función se instala en los requerimientos de los Estados de procurar a todos los asociados condiciones dignas de existencia; y además, contiene un apartado que se aplica a todas las prestaciones, según la cual, una persona puede verse privada, justificadamente de un derecho prestacional derivado del sistema, entre otras “(d) cuando el interesado haya intentado fraudulentamente obtener una prestación; (e) cuando la contingencia haya sido provocada por un crimen o delito cometido por el interesado; (f) cuando la contingencia haya sido provocada por una falta intencionada del interesado”.

Sobre esa base y además entendiendo el giro normativo que han tenido los distintos países, como se refirió atrás, era posible construir una postura más sólida, desde el derecho a la seguridad social, pues la utilización del referido Convenio 102 no es algo extraño en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y para ello bien puede acudirse a la lectura de las sentencias T-414 del 2009 en la que se define una controversia relacionada con el régimen de transición en la pensión de vejez, y se acude a tal instrumento como un apartado que refuerza a las declaraciones de derechos humanos que incorporan tal garantía; así mismo, la T-774 del 2015 en la que se decanta el principio de universalidad y progresividad de la seguridad social y se declara superado el estado de cosas constitucional, allí se utiliza el convenio para equipararlo a una norma del bloque de constitucionalidad, es decir, no simplemente como interpretación, aunque esto último sí se hace en el pronunciamiento T- 525 del 2016 que sirvió de pauta en los casos de familias de hijos de crianza como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes.

De manera que la pérdida de condición de beneficiario por haber determinado o ejecu­tado un homicidio en la persona del afiliado o pensionado, es una disposición que está integrada en un instrumento internacional, esto es el Convenio 102 de la OIT que al ser una norma mínima de seguridad social, puede ser acogida como desarrollo de tal derecho humano, sin necesidad de acudir a otras estimaciones o, más bien, acoplando eventuales argumentos a su eje, en tanto que bajo aquella no se opone la exclusión de ese específico beneficio, como ya se explicó.

Pensión de invalidez tras un suicidio fallido ¿es viable?

El mencionado Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, que como ya se dijo, es la norma mínima en materia de seguridad social, define que deben existir prestaciones que permitan hacer frente a las necesidades de quien sea incapaz de subvenir las propias. Así mismo, establece que cuando se demuestre la ineptitud para ejercer una actividad profesional, derivada de la invalidez, en los baremos que defina cada país y que además se advierta que esto puede ser permanente, debe procurarse una pensión que permita hacer frente a esa situación calamitosa.

Esta vez las reglas internas no solo acogen tales elementos, sino que, además, el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, siguiendo el apartado también de esa norma mínima sobre fraude, dispone que se considera inválido quien por cualquier causa no provocada con intención hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral.

En esta oportunidad quien define la controversia es la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, al abordar un desafortunado evento, en la Sentencia CSJ SL 21811-2017 que estudia el caso de una persona que, bajo ira y dolor, y de forma intempestiva, utiliza un arma de fuego que encuentra en su casa para propinarse un disparo que, en vez de causarle la muerte, lo deja con una pérdida de capacidad laboral de más del 80%.

Para disponer el pago de la pensión de invalidez la Corte Suprema encuentra que cuando el suicidio se desencadena de manera causal y no premeditada, no se considera como un acto provocado intencionalmente y, por esto, escoge disponer el pago de la pensión.

Esta posición jurídica que acoge la Sala de Casación Laboral pudo haberse nutrido del concepto de fraude que se refirió en líneas precedentes, para fortalecer no solo esta tesis, sino las subsiguientes, esto es, que si lo que se cuestiona es el ánimo defraudatorio al sistema, pues ello tendría efectos colaterales sobre los demás afiliados, y solo cuando efectivamente este se encuentre acreditado es que va a poder desligarse de la pensión de invalidez.

En otras palabras, si lo que busca la seguridad social es la ampliación de la cobertura, en armonía con lo preceptuado en el artículo 2º de la Ley 100 de 1993, y como se lee en la pluralidad de instrumentos internacionales de derechos humanos que la contienen, solo la lesión provocada con intento de fraude al sistema es la que debería ser excluida, pues los otros eventos, derivados de condiciones de todo tipo que pueden tener las personas, y de sus propias decisiones en uso de su autonomía de la voluntad y bajo el criterio de libertad, no podrían ser gravadas de forma lesiva, sino que debiera ponderarse con la finalidad última del sistema.

Conclusiones

La protección social, como se ha intentado explicar a lo largo de este texto, impone a la ciencia jurídica un análisis más complejo, pues tiene múltiples facetas, no solo contiene un derecho fundamental, también entremezcla una variopinta participación de política pública, administración de recursos, instituciones, en fin, todo aquello que permita ser eficaz para extenderse y cobijar al mayor número de beneficiarios.

En el ámbito jurídico enfrenta distintas tensiones, como las que contraponen algunas técnicas o instrumentos del seguro privado para definir expectativas futuras; o incidencias en el pago de las prestaciones con la necesidad de proteger cada vez más a los ciudadanos; también el esfuerzo permanente de que el aspecto arterial que la atraviesa, cual es la solidaridad, no pueda verse menguado con lecturas en su contra o que puedan llegar a impedir su desarrollo progresivo, en los términos del artículo 2º de la Ley 100 de 1993.

En este sentido, sobre el primer análisis de la Corte Constitucional considero problemáticas las reglas en las cuales se soportó para decidir la prestación, pues el principio de buena fe y el de prevalencia de los derechos de los menores no pueden llevar a interpretaciones que terminen sancionando o declinando sobre derechos también de rango constitucional; no es posible hacer una lectura de la pensión como si se tratara de un derecho patrimonial; la figura de la indignidad presenta problemas no solo por equipararse la pensión a la herencia, sino además porque de aplicarse por analogía esas reglas civiles, los hijos no podrían intentarla y además esta puede conjurarse, lo que va en contra de la filosofía que inspira la seguridad social. Tampoco es posible acudir al principio de que nadie puede alegar su propio dolo o culpa para exonerarse, pues ello tiene unos efectos contraproducentes en materia de seguridad social; y la regla según la cual el derecho comercial puede servir de regulación por las exigencias del seguro privado desconoce la naturaleza de la seguridad social que está un estadio arriba de ese tipo de aseguramiento.

La pérdida de condición de beneficiario por haber determinado o ejecutado un homicidio en la persona del afiliado o pensionado, deriva de una disposición que está integrada en un instrumento internacional, esto es el Convenio 102 de la OIT que al ser una norma mínima de seguridad social, puede ser acogida como desarrollo de tal derecho humano, sin necesidad de acudir a otras estimaciones o, más bien acoplando eventuales argumentos a su eje, en tanto bajo aquella no se opone la exclusión de ese específico beneficio, como ya se explicó.

El tema reviste gran trascendencia e incluso un desarrollo con perspectiva de género ya que la Ley Rosa Elvira Cely (L. 1761/2015) no abordó este efecto colateral, pero decisivo a la hora de definir la pensión en supuestos como el estudiado. Vale la pena estudiar una posible regulación en los eventos en que, por la comisión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas, se pierde la condición de beneficiario de la pensión de sobrevivientes, en los casos en que la víctima de dicho delito fuera la causante de la prestación, con independencia del sexo de la persona fallecida o de la declarada culpable. En consecuencia, surgen varios interrogantes que ameritan una agenda de investigación en torno a temas que se conectan directamente con la problemática estudiada, tales como el principio de legalidad para el derecho penal, el debido proceso, el fraude en la seguridad social entre otros.

En el segundo de los eventos, la doctrina de la Corte Suprema de Justicia en el caso del suicidio, es la que mejor se aviene con el criterio del derecho a la seguridad social y con la finalidad de la misma, pues si bien el Convenio 102 de la OIT sustenta la pérdida del derecho por razón de fraude, este debe ser comprobado, y en ese entendido, estar frente a una circunstancia como esta no conduce automáticamente a la exclusión de la garantía, pues será menester que se acredite que, en efecto, el motivo por el cual se produjo el suceso fue la de defraudar al sistema, sin que pueda invertirse en detrimento del afiliado, la carga de la prueba.