Análisis de la sentencia proferida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica del 17 de julio del 2015, sobre el uso de las nuevas tecnologías como formas de libertad de expresión y derecho de información

Revista Nº 194 Mar.-Abr. 2016

Juan Manuel Charria Segura 

Gerente General Charria Segura Abogados Asociados SAS 

Introducción

En fallo proferido por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, se señala la relación que existe entre la libertad de expresión y el uso de las nuevas tecnologías. Además, se explica que los derechos fundamentales como el caso de la libertad de expresión e información se adaptan a los cambios derivados del paso del tiempo, como las redes sociales, los dispositivos móviles, Facebook, el correo electrónico, etc.; sin que implique que se modifique el núcleo esencial de estos derechos, pues estos no varían en virtud de los desarrollos tecnológicos sino de acuerdo con la forma como los utilicen las personas.

Este tipo de fallos ante el uso de las nuevas tecnologías, son formas de ejercer la libertad de expresión y el derecho de información, que tienen unos límites como los derechos fundamentales a la intimidad, al buen nombre, a la honra y a la propia imagen.

Situación de hecho

1. El 5 de junio del 2015 el señor Roger Espinoza Celedón procedió a abrir en la aplicación del WhatsApp el grupo denominado Laboratorio Clínico 2308, de uso personal y no institucional.

2. El 8 de junio del 2015 la directora del Laboratorio Clínico del Hospital Max Terán Valls le solicitó al señor Espinoza Celedón que cerrara el grupo denominado Laboratorio Clínico 2308, por el tipo de conversaciones que se daban y por cuanto figuraban como miembros de ese grupo personas que ya no laboraban allí, lo que, a su juicio [el de la Directora], resultaba preocupante por los asuntos que se podían ventilar. Además, señaló que estos medios novedosos no han sido autorizados por la gerencia médica, especialmente en relación con el uso del celular.

3. El 19 de junio del 2015 el señor Espinoza Celedón presentó el recurso de amparo contra el Hospital Max Terán Valls, en el que afirma que el chat fue abierto para fines exclusivamente privados de los compañeros del laboratorio y no como un instrumento de trabajo o control. Así mismo señala que la actuación de la directora del Laboratorio Clínico del Hospital constituye una censura que vulnera la libertad de expresión, si se tiene en cuenta que el uso del chat es personal y no institucional.

4. Por su parte, la directora del Laboratorio Clínico del Hospital argumenta que algunos de los integrantes del grupo ya no laboran en el sitio, por lo que la información del chat podría utilizarse para fines que afecten directa o indirectamente al servicio del Laboratorio Clínico del nosocomio, tanto en el ámbito de las relaciones interpersonales como en el resguardo de la información del servicio y de la institución.

Fundamentos de la Sentencia

La Sentencia expone diversos aspectos sobre la libertad de expresión y el uso de las nuevas tecnologías de la siguiente manera:

1. Señala la importancia que tiene la libertad de expresión e información, como derechos fundamentales en un Estado social de derecho, porque son la base fundamental en un régimen democrático. Esto ha sido reconocido en la Constitución de Costa Rica en los artículos 28 y 29. Así mismo está consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos –artículo 19, el Pacto de San José de Costa Rica– y el artículo 13, entre otros. Por tal razón, se reitera el alcance de estos derechos fundamentales.

2. Si hacemos un ejercicio de derecho comparado con nuestro país, nuestra Constitución consagra estos derechos fundamentales en su artículo 20; así mismo, por medio del bloque de constitucionalidad, las disposiciones relativas en Declaraciones Internacionales de Derechos Humanos conforman con la Constitución este bloque, que incluye los derechos fundamentales a la libertad de expresión y el derecho de información.

3. La libertad de expresión e información se adapta a los cambios que se producen con el tiempo. Ellos se ejercen mediante diversos medios que ofrece la tecnología, como las redes sociales, el correo electrónico, la Internet o las aplicaciones para la transmisión de mensajes mediante dispositivos móviles. Los desarrollos tecnológicos no pueden afectar el núcleo esencial del derecho, sino la forma como las personas lo aplican en la actualidad.

4. En el presente caso, se evidencia que la Directora del Laboratorio Clínico del Hospital Max Terán Valls vulnera los mencionados derechos, ya que al tratarse del chat Laboratorio Clínico 2308 de un grupo de naturaleza privada y no institucional, no se podía solicitar su cierre, toda vez que implicaba una censura para que el accionante y los demás miembros del grupo pudieran expresar libremente sus opiniones, con las responsabilidades del caso. Si el accionante que creó el grupo cometió una falta, lo procedente es que esta planteara las denuncias del caso ante las instancias correspondientes, para que se sentaran las responsabilidades y no se adoptara una medida como la cuestionada, abiertamente desproporcionada.

Conclusiones

1. La sentencia analizada reitera que la libertad de expresión e información son derechos fundamentales que están señalados en la Constitución de Costa Rica –artículos 28 y 29–, así como en Colombia están consagrados en el artícu­lo 20 de la Constitución de 1991.

2. Se destaca que estos derechos están señalados en diferentes Declaraciones de Derechos Humanos que hacen el bloque de constitucionalidad.

3. Igualmente, se debe exponer que las nuevas tecnologías que imperan en la actualidad no deben afectar el núcleo esencial de la libertad de expresión e información, sino su aplicación. En Colombia la jurisprudencia constitucional ha reconocido la libertad de expresión en Internet en las sentencias T-15 del 2015 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-277 del 2015 M.P. María Victoria Calle Correa, entre otras.

4. La libertad de expresión e información no es un derecho fundamental absoluto, sino que puede existir medidas que lo limiten; lo importante es que estas sean idóneas, necesarias y proporcionales, es decir, que toda medida que restrinja un derecho fundamental debe superar el juicio de proporcionalidad con los elementos señalados y el juez constitucional, en el ejercicio del control de constitucionalidad estricto, lo determinará. En el caso señalado la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica consideró que la medida adoptada por la directora del Laboratorio Clínico del Hospital Max Terán Valls de cerrar el grupo de WhatsApp creado por el accionante era desproporcionada.

5. La libertad expresión e información puede colisionar con otros derechos fundamentales, tales como la intimidad, el buen nombre, la honra y la propia imagen. Por lo anterior, el Juez Constitucional en cada caso —mediante el método de la ponderación— podrá resolver cuál es el derecho fundamental aplicable, sin que signifique que el derecho fundamental no aplicable al caso concreto deje de existir. (Sentencias T-949 del 2011 M.P. Nilson Pinilla Pinilla, T-260 del 2012 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-634 del 2013 M.P. María Victoria Calle Correa, T-357 del 2015 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, entre otras).

6. La Corte Constitucional colombiana diferencia la libertad de expresión del derecho de información de la siguiente manera: la libertad de expresión, protege la transmisión de pensamientos, opiniones, ideas e informaciones personales de quien se expresa. El derecho de información, por su parte, ampara la comunicación de versiones sobre hechos, eventos, acontecimientos, gobiernos, funcionarios, personas, grupos y, en general, situaciones, en aras de que el receptor se entere de lo que está ocurriendo. Este derecho incluye informar y recibir la información. Por lo anterior, la información debe ser veraz e imparcial.

7. En materia de redes sociales la Corte Constitucional emite una sentencia muy reciente la T-50 de 2016 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo en la cual señala que las reglas aplicables en materia de libertad de expresión para medios de comunicación formales se extienden a las redes sociales. Entre ellas se destaca la presunción a favor de la libertad de expresión y el derecho a la información sobre el derecho a la intimidad, buen nombre y honra; salvo que la información divulgada contenga una intención dañina al presentar hechos parciales, incompletos e inexactos. No se pueden admitir expresiones insultantes o desproporcionadas que vulneren los derechos de los demás, en ese sentido se tendrá que hacer un análisis objetivo y neutral para concluir si se vulnera en cada caso el núcleo esencial del derecho al buen nombre, honra, etc.

En síntesis, lo publicado en redes sociales o internet está amparado por la libertad de expresión y el derecho a la información, pero se suje­ta a unos límites en los cuales las manifestaciones groseras, insultantes, etc., no se encuentran bajo la protección del artículo 20 de la Constitución. En éste aspecto, será en cada caso concreto que el Juez en su análisis identificará si el mensaje tiene un fin difamatorio, injustificado, desproporcionado, etc.; si es así la libertad debe ceder.

8. Así mismo, existe el derecho fundamental a la rectificación para obligar a quien transgrede los derechos fundamentales al buen nombre, intimidad, etc.; a rectificar en las mismas circunstancias en las que se difundió el mensaje vulnerador en la red social correspondiente sea facebook, twitter, etc.

9. Es importante destacar que los tribunales de Costa Rica (Sala Constitucional – Corte Suprema de Justicia) y Colombia (Corte Constitucional), se pronuncien sobre la libertad de expresión y las nuevas tecnologías, pues las redes sociales tienen un gran impacto en las sociedades contemporáneas.

10. Finalmente, tanto la libertad de expresión como el derecho de información son fundamentales en un Estado democrático. Son elementos que identifican a una democracia de otro tipo de regímenes como el caso de las dictaduras. Por lo anterior, es que estos derechos fundamentales se encuentran no solamente regulados en las constituciones de los diferentes países, sino en las diversas declaraciones y convenciones internacionales de derechos humanos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 o la Convención Americana de Derechos Humanos de 1948, entre otros instrumentos internacionales.