Análisis del marco normativo y programas de reinserción vinculados al tratamiento penitenciario del internado en Cuba

Revista Nº 39 Abr.-Jun. 2012

Carlos Alberto Mejías Rodríguez 

Doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad de la Habana 

Profesor Titular de Derecho Penal de la Facultad Derecho de la Universidad de la Habana 

(Cuba) 

Sumario

Los programas de reinserción, constituyen entre otros factores, uno de los más importantes elementos para un correcto ejercicio de resocialización del delincuente, y con ello un impresindible medio de cumplimiento de los fines de la pena. El presente artículo estudia, explica y resalta la implementación y ejecución de estos programas al interior de la población cubana, ejemplarizando su modelo de operación.

Temas relacionados

Derecho procesal penal; régimen penitenciario; resocialización; ejecución de penas.

“Yo quiero que la ley primera de nuestra República, sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre”.

José Martí

Introducción

Es elocuente la idea de Ruiz Vadillo de que no solo la grandeza del Estado de derecho consiste en que mientras no se acredite el hecho y la participación culpable del imputado, este ha de ser presumido inocente, sino que, incluso después de ser condenado, ha de ser tratado como corresponde a su dignidad humana(1).

La importancia del tratamiento penitenciario radica en que está íntimamente vinculado a la ejecución de la pena de privación de libertad, con una finalidad de prevención especial positiva, llámese corrección, reeducación, reinserción social, resocialización o de cualquier otro modo(2). Y estará compuesto por el conjunto de derechos y deberes de los que es titular el interno en cada fase de la ejecución de la pena(3). De ahí su íntima relación con los derechos, principios y garantías constitucionales que le son comunes a todos los ciudadanos.

De esta forma, y a nuestro entender, la única manera que permitirá evaluar la respuesta que coherente y sistemáticamente el Estado da a esta difícil, compleja y casi decisiva etapa del proceso penal, será a través de los programas, técnicas, métodos y acciones razonables y científicamente pertinentes que éste realiza en los centros de reclusión, a efectos de lograr los fines de prevención que deben recaer en tales condiciones sobre el sancionado.

De poco vale una codificación penal moderna, como expresa el profesor argentino Vázquez Rossi, si su método realizativo no es adecuado para alcanzar esa compleja transformación del deber ser al ser, de lo general-abstracto a lo singular-concreto y de la norma a la realidad(4).

El enfoque de esta temática no solo debe tener un componente jurídico. El carácter humano que lleva implícito el tratamiento penitenciario, sólo es loable con voluntad y criterio político transformador. Los fenómenos que se suscitan en este angosto terreno, han dado lugar a estimar que la crisis de la prisión no se debe a la acción de factores externos, sino a su propia organización y a la aplicación de sus métodos(5). Por ello, cualquier análisis también partirá de la concepción humanista que el Estado refleja no solo en sus leyes o el llamado régimen penitenciario, sino también en su cotidianidad, a pesar de los escasos recursos económicos con que se cuente, tal como ocurre en el caso de Cuba.

Independientemente de la propagación constante de las más abyectas mentiras y tergiversaciones sobre la realidad cubana en lo que concierne al tratamiento penitenciario(6), a veces mediáticamente esgrimido e ignorando lo que acontece en otras partes y sistemas(7); el reconocimiento a la eficacia de nuestro modelo —con sus imperfecciones— ha sido expuesto en varios artículos y ponencias académicas, no solo como una suficiencia nacionalmente proyectada por autores cubanos, sino también por varios colegas y equipos de estudio desde el exterior y que, tras visitar nuestro país, definen las notables diferencias del modelo penitenciario cubano respecto a los instituidos en América Latina(8).

En un informe sobre los sistemas penitenciarios, elaborado en el año 2008 por especialistas e invitados del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, bajo la coordinación de Elías Carranza(9); se reconocieron los logros de Cuba describiendo las experiencias y prácticas exitosas que han permitido, junto con otros pocos países de la región, solucionar problemas específicos como la rehabilitación y reinserción a través del arte; las salidas de los inimputables del sistema penitenciario; la creación de los consejos familiares en los establecimientos penitenciarios, la correcta aplicación del régimen de progresividad, la salida al medio libre y el sistema de confianza; la concesión de rebaja de pena por conducta meritoria, generalmente vinculada a estudio o trabajo; las acciones emprendidas para disminuir la mora o retardo en el juzgamiento de personas privadas de libertad; las actividades multisectoriales destinadas a obtener la incorporación laboral de los egrsados de establecimientos penitenciarios y el mejoramiento en sentido general de la calidad de vida y del trabajo como un compromiso permanente del Estado cubano, todo lo que demuestra la eficacia de nuestro sistema penitenciario y el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por los organismos internacionales.

De otra parte, resulta interesante conocer que el régimen legislativo del tratamiento al internado en Cuba puede verse en diferentes normas. Esencialmente está compuesto por el Reglamento del Sistema Penitenciario, el Código Penal Cubano, la Ley de Procedimiento Penal y las leyes de la Fiscalía General de la República y del Tribunal Supremo Popular, a las que se les suman otras regulaciones en dependencia del interés específico que se pretenda salvaguardar u ordenar.

En tal sentido, en este trabajo haremos un sucinto esbozo del trato(10) que se da a los privados de la libertad en Cuba, sea este en su dimensión estricta e individual o en su sentido más amplio(11), con una mirada que incluye para su mejor comprensión, una doble perspectiva metodológica: la relativa a su enfoque legislativo y la de los programas que van complementando el proceso reeducativo y de reinserción al seno de la sociedad.

I. Imperiosa declaración preliminar

El sistema penitenciario en la modernidad viene de la vejación, la tortura y el crimen como métodos y procedimientos predominantes en etapas inquisitoriales anteriores a la proyección consecuente de los Estados democráticos de derecho y la orientación penitenciaria hacia los regímenes progresivos(12). Cuba no escapó a la construcción e implantación de sistemas arbitrarios y dicterios, bajo la construcción de prisiones denominadas “Modelos” en el tratamiento a los sancionados(13).

Todo ello sirvió para acrecentar el factor criminógeno de primera magnitud que desde Beccaria y Hooward, Dorado Montero o Concepción Arenal, hasta la actualidad —como ha referido Elias Neuman— ha primado en las cárceles(14).

Entre los pilares de la transformación que se acometió en el proceso de construcción de un nuevo sistema penitenciario en el país a partir de la década de los años 60 y hasta la actualidad, vale la pena singularizar que el perfeccionamiento de la legislación penitenciaria y de su base reglamentaria se realizó teniendo en cuenta los preceptos de las “Reglas Mínimas Internacionales para el Tratamiento a los Reclusos”, aprobadas en el Primer Congreso sobre la Prevención del Delito y el Tratamiento al Delincuente, celebrado en 1955 en Ginebra, Suiza; y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos, Penas Crueles Inhumanas o Degradantes, del que Cuba es firmante, así como de las sucesivas actualizaciones internacionales sobre esta temática.

Así mismo, es válido decir que Cuba participa activamente en los procesos de cooperación en materia de perfeccionamiento de los sistemas penitenciarios establecidos en el ámbito de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal del ECOSOC(15).

Aunque, a la fecha, no contamos con una ley que unifique y rija jerárquicamente el actual sistema penitenciario de tipo progresivo,(16) la presencia del reciente Reglamento del Sistema Penitenciario Cubano, perfeccionado por la Dirección de Establecimientos Penitenciarios en septiembre de año 2008, cubre en sentido general las proyecciones más modernas sobre el tratamiento al interno y satisface las exigencias que proclaman el resto de las normativas sobre esta materia que, como antes explicamos, aparece dispersa en nuestras leyes penales sustantivas y procedimentales.

Con nuestra actual legislación y la concreción de los programas educativos que se lleva a cabo en las prisiones, se asegura y reafirma la característica principal que deben contener los sistemas penitenciarios progresivos: el establecimiento de distintos períodos dentro del cumplimiento de la pena, a través de los cuales la dureza del régimen se mitiga progresivamente empezando desde el aislamiento hasta alcanzar el último período, el cual se cumple en libertad condicional(17).

Durante más de treinta años, la adopción y perfeccionamiento del sistema progresivo se ha ido conformando para permitir al recluso ir avanzando en diferentes regímenes penitenciarios hasta lograr su libertad condicional, a partir de su conducta y de los plazos mínimos de cumplimiento de su sanción.

Otro aspecto presente es el establecimiento de criterios de clasificación de la población penal que aseguran mejor trato colectivo e individualizado, reglamentándose el tratamiento que reciben las categorías de reclusos a partir de su situación legal, así como sexo, edades, características personales, niveles de dañosidad social —el cual se refleja en el tipo penal por el que fue sancionado— etc.

Un empeño logrado en el sistema lo constituye la capacitación técnica y profesional y la superación permanente del personal penitenciario integrado por juristas, psicólogos, pedagogos, defectólogos, sociólogos y funcionarios. Fue a la par un elemento fundamental para el perfeccionamiento de los objetivos reeducativos, la creación de una apropiada infraestructura carcelaria a partir de la construcción de locales adecuados para el cumplimiento y extinción de las penas, los cuales se crearon colectivos e individuales, dotados con ventilación, iluminación eléctrica, servicios sanitarios y duchas. De igual forma hubo progresos significativos en la incorporación voluntaria al trabajo socialmente útil y remunerado del sancionado y en el otorgamiento de ayudas económicas a los familiares de los reclusos.

A todo esto se suma la organización de un subsistema educacional en las prisiones diseñado para la enseñanza general y técnica, así como un subsistema de atención médica y estomatológica, primaria y especializada, para atender a los reclusos; y el desarrollo de actividades de amplia participación en las esferas artísticas, deportivas y recreativas.

Respecto a la atención y seguimiento de las problemáticas administrativas y jurídicas que acontecen durante la ejecución de la sentencia, hoy el mundo se decanta por una naturaleza con predominio de la actividad jurisdiccional(18). Este espinoso problema viene determinado por el carácter de los órganos que intervienen y de las funciones que tienen asignados en este campo. El contenido de la potestad jurisdiccional no se agota con el pronunciamiento dispositivo de la sentencia, en tanto la satisfacción de los derechos pronunciados en ella requiere de la intervención de un órgano jurisdiccional que le dé adecuado cumplimiento a lo dispuesto en el fallo. Por tanto la ejecución de la sentencia forma parte inescindible de la potestad jurisdiccional que ampara nuestras constituciones nacionales, sin lo cual carecerían de efectividad las resoluciones judiciales. De igual manera, la intervención del órgano jurisdiccional en la ejecución de la sentencia se constituye en término de derechos fundamentales como presupuesto al derecho de tutela judicial efectiva y a la seguridad jurídica a los que aspira un Estado de derecho.

A partir de tales proyecciones nuestro sistema penal instauró la figura del juez de ejecución, destinado al tratamiento, control y seguimiento de los sancionados a penas no privativas de libertad,(19) a quienes les concierne el cumplimiento de los fines y derechos fundamentales para la ejecución de sanciones que regulan los artículos 27,(20) 30(21) y 31(22) del Código Penal Cubano(23), así como el procedimiento a seguir establecido en los artículos 490 a 498 de la Ley de Procedimiento Penal(24) y con respecto a los internos, dada la actuación directa de los tribunales junto con otras instituciones que llevan a cabo el control de actividades penitenciarias, podríamos decir que en la práctica, la ejecución de la sentencia alcanza una mixtura a efectos de instrumentación entre el aparato jurisdiccional y los órganos administrativos.

No obstante, dada la interpretación del segundo párrafo del artículo 495 de la Ley de Tramites al establecer que la facultad del Tribunal para ejecutar la sentencia comprende la de resolver las cuestiones e incidentes que se susciten en relación a su ejecución y excluye, por tanto, la de otra autoridad, se asegura legalmente que la naturaleza jurídica de la ejecución de la sentencia en todos sus extremos es de tipo jurisdiccional, no solo para los trámites y registros que se realizan antes de la ubicación del sancionado en el lugar destinado a cumplir su sanción, sino que el tribunal está obligado a controlar y resolver los trámites, sucesos y el resto de los asuntos que se sometan a su competencia.

En todo caso faltarían por acreditarse aquellas cuestiones e incidentes que exclusiva e inexcusablemente tendría que resolver el tribunal. De ahí la importancia de abogar por una ley de ejecuciones que defina tales situaciones, la que delimitaría además estas facultades que en la actualidad realizan las autoridades y funcionarios del Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la República en los establecimientos penitenciarios(25).

Hay que destacar, a efectos de los objetivos perseguidos en este trabajo, que en la composición mixta del tratamiento al sancionado, a la que hacíamos referencia, participan en la protección y el aseguramiento de la legalidad el Ministerio del Interior, los tribunales populares, la Fiscalía General de la República y las comisiones de Prevención y Atención Social, así como los órganos, departamentos o direcciones de Atención a la Ciudadanía en las entidades mencionadas previamente, las cuales canalizan, tramitan y dan respuesta a toda denuncia sometida por cualquier persona acerca de supuestas violaciones de la legalidad y los derechos de los reclusos.

Mediante la supervisión y el control que realiza la Fiscalía General de la República, instancia con capacidad de reportar directamente los resultados de sus pesquisas e investigaciones al Consejo de Estado, se buscan garantías adicionales para la protección de los derechos de los reclusos y sus familiares y preservar el cumplimiento de la legalidad.

Otro dato que debemos ofrecer con el fin de reseñar la situación imperante hasta el año 2007(26) y que ilustra las características esenciales del actual sistema penitenciario cubano es que como promedio, un 40% del total de sancionados se encuentra en unidades abiertas, desprovistas de cercas y otros medios de seguridad, sin vestir uniforme de reclusos y laborando en condiciones similares a las de la población civil, disfrutando de pases o permisos especiales tras su adecuado comportamiento y buena conducta.

El 82 % de los reclusos que egresan, lo hacen sin cumplir totalmente su sanción. Más del 90 % de los reclusos se encuentra cumpliendo una sentencia firme. Del total de la población penal cubana solo un pequeño porcentaje, que oscila entre el 8 y el 10 %, corresponde a detenidos a los que no se les ha realizado o completado un proceso judicial. Este índice contrasta con las cifras promedios reportadas en varios países del área, que varían del 50 al 95 %, con alguna puntual excepción(27). Se ha informado, además, que en varios de esos países los períodos de retardo en la celebración de juicios pueden extenderse en un margen de entre 2 a 10 años(28).

Como veremos más adelante, las normas disciplinarias y su reglamento de aplicación prohíben expresamente la imposición de castigos corporales, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes o la reducción de la dieta alimenticia. A los reclusos no se les aplican en ningún caso cadenas, grilletes, ni camisas de fuerza. De esta forma la violencia y el maltrato, tanto físico como espiritual, están totalmente prohibidos y constituyen un delito previsto en la Ley Penal Sustantiva, la cual impone la obligación de sancionar a cualquier persona que cometa actos de dicha naturaleza en el desempeño de sus funciones en los centros penitenciarios(29).

El artículo 6.º del reglamento regula esta garantía constitucional(30) declarando que queda terminantemente prohibido someter a las personas privadas de libertad a cualquier clase de vejámenes, castigos corporales, tratos crueles e inhumanos o degradantes así como emplear contra estas medios ilícitos de coerción o cualquier tipo de medida que pueda causar sufrimientos físicos o psíquicos, o que atenten contra la dignidad humana.

Solo se autoriza la fuerza estrictamente indispensable para reducir al orden a quienes lo han alterado en forma violenta. Cabe destacar que el uso de armas de fuego está prohibido para las fuerzas que actúan en el interior de los penales, quedando limitado a los cordones externos de las prisiones cerradas, con serias restricciones para su uso.

Los reclusos reciben de la administración del centro penitenciario en el que se encuentran cumpliendo su sanción, una alimentación adecuada, con un valor nutritivo no inferior a las 2400 kilocalorías diarias y provisión de agua potable. Pueden, además, recibir de sus familiares hasta 40 libras de alimentos y otros enseres de primera necesidad en cada visita. Los internos que se hallen enfermos, en virtud de prescripción facultativa, reciben una dieta alimentaria en correspondencia a su padecimiento. Todo recluso recibe gratuitamente los artículos de aseo personal, lencería y uniforme.

Las internadas son ubicadas en centros penitenciarios exclusivos para mujeres, que son atendidos directamente por personal femenino debidamente preparado, y los jóvenes también reciben un tratamiento diferencial: se les ubica en estableci-mientos penitenciarios solo para jóvenes o en áreas separadas de las prisiones de adultos y son atendidos por personal seleccionado.

Los reclusos mantienen comunicación sistemática con sus familiares mediante visitas, uso de pabellones conyugales —beneficio que se extiende a reclusos de ambos sexos—, contactos telefónicos y correspondencia. Tienen el derecho a ser conducidos a hospitales, funerarias o entierros, en el caso de enfermedad grave o fallecimiento de familiares allegados. Las visitas se realizan sin mallas, rejas, paredes de vidrio u otro tipo de obstáculo al contacto directo del recluso con sus familiares.

El sistema penitenciario, a solicitud de las familias, de los trabajadores sociales o de los propios reclusos, promueve la concesión de ayudas financieras a los familiares de los reclusos que así lo requieran, que son entregadas por el sistema de seguridad y asistencia social del país.

Como parte del tratamiento integral que se dispensa a la población penal, y con vistas a reducir al mínimo indispensable los efectos negativos del aislamiento social, se realizan visitas bajo custodia a centros culturales, deportivos, históricos y económicos, a manera de estímulo por buena conducta durante el período de cumplimiento de la sanción. Se propicia también el disfrute por los reclusos de los medios masivos de difusión, especialmente la televisión, que puede ser atendida hasta el cierre de las transmisiones. Tienen además la oportunidad de compartir con personalidades destacadas del arte, la cultura y el deporte que visitan frecuentemente los centros penitenciarios(31).

Al detallar las amplias facilidades existentes para la comunicación con el exterior que tienen los reclusos, vale la pena destacar la importancia de los pabellones o visitas conyugales. Este beneficio ha sido garantizado a toda la población penal que lo solicite, desde los primeros años de la Revolución Cubana, dando cumplimiento a una de las recomendaciones incluidas en las Reglas Mínimas adoptadas por las Naciones Unidas(32).

El sistema penitenciario cubano permite la asistencia religiosa a los internos que lo soliciten y respeta la libertad de no profesar religión alguna, de esta forma el Reglamento Penitenciario en los artículos del 98 al 105 expande el tratamiento de este derecho constitucional(33), incluyendo el procedimiento para su cumplimiento.

Tal y como fue recomendado en el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente(34), los extranjeros que cumplen penas privativas de libertad se ubican en centros y áreas de reclusión independientes y se les garantiza la asistencia consular, el respeto a sus tradiciones culturales y se les brindan facilidades para la adquisición de productos alimenticios, de aseo y de uso personal.

Los acusados que son asegurados con prisión provisional, se encuentran en centros o áreas independientes al resto de la población penal. En coordinación con los órganos de la Fiscalía y los tribunales populares se promueve como política la aplicación de esta medida solo a los casos indispensables y se trabaja de modo intenso por reducir el plazo de enjuiciamiento y sentencia al mínimo indispensable, todo esto con el fin de garantizar el respeto estricto de los requerimientos del debido proceso. Por último, y como parte de los derechos que veremos, está garantizada la asistencia jurídica a los detenidos, tanto en materia de derecho civil como penal, y se facilitan los contactos personales con sus representantes legales.

2. Principios fundamentales y derechos que informan el sistema penitenciario cubano

La doctrina del derecho penal a la par del enfoque político y criminológico que sustentan la atención teórica sobre estos temas, a enunciado un catálogo de principios propios al sistema penitenciario, el cual viene a resumir esencialmente los estándares y pronunciamientos que han sido dictados por organismos e instituciones internacionales(35).

El cumplimiento de las penas como parte del sistema penitenciario se garantiza no solo a través de la custodia y vigilancia de los internos o con la utilización de medidas de estímulos y correcciones, sino también utilizando métodos educativos basados en la aplicación de principios básicos como la corregibilidad del hombre que ha delinquido, el humanismo, el respeto irrestricto a la legalidad y la responsabilidad de toda la sociedad en la atención a los recluidos en los establecimientos penitenciarios.

La corregibilidad del hombre que ha delinquido es un principio fundamental, pues el objetivo del sistema penitenciario cubano es que el sancionado al cumplir la pena se incorpore nuevamente a la sociedad. Para lograr esto es aplicable el trabajo socialmente útil a los reclusos como medio de corrección y reeducación, toda vez que contribuye al desarrollo de las cualidades físicas e intelectuales del individuo, logrando con ello la transformación de su conducta; además de propender mediante diferentes programas al incremento de los niveles de enseñanza, sean estos primarios, secundarios e incluso universitarios.

A tales fines se utilizan diferentes medios de divulgación masiva y de instrucción de manera sistemática, de forma tal que la población penal se mantenga informada sobre el acontecer nacional e internacional, de este modo no se interrumpen sus vínculos de conocimiento con el desarrollo de la sociedad. Igualmente, las actividades culturales, deportivas y recreativas forman parte también de esta reeducación y los conversatorios, conferencias, círculos de estudios, entre otros, coadyuvan en el trabajo educativo.

En cuanto al principio de humanidad este se conforma y aplica como parte de la naturaleza humanista del Estado cubano partiendo de la idea de que cada hombre es educable y que el desarrollo de la personalidad tiene lugar a través del enfrentamiento activo con el medio que le rodea, por lo que rechazamos las proyecciones legislativas que restringen y limitan las garantías fundamentales, como las estrategias de segregación punitiva(36) e incomunicación del sancionado, entre otras(37), como respuesta a la intolerancia del Estado, bajo el patrocinio de supuestas demandas sociales frente a marginados, estigmatizados o peligrosos, en cuyos grupos se hallan con frecuencia los sujetos que han delinquido.

El sentido del principio de humanidad fue expuesto por Ferrajoli al entender “que toda persona cualitativa y cuantitativamente mayor que la suficiente para frenar reacciones informales más aflictivas para el reo puede ser considerada lesiva para la dignidad de la persona” y agrega “… esta medida es el límite máximo no superable sin que el reo sea reducido a la condición de cosa y sacrificado a finalidades ajenas”(38).

Como dice Arocena, si la reinserción social ha de lograrse mediante un desarrollo personal que le permita comprender la conveniencia de una conducta futura respetuosa de la ley, es imprescindible que durante la ejecución de la pena se dispense a este un trato carcelario de respeto a la dignidad de la persona(39).

Como antes se explicó, este principio se sustenta en la Constitución de la República(40), en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y la Convención sobre Tratamiento al Delito y al Delincuente, Reglas Mínimas de Tratamiento a los Reclusos. Tiene como base la inviolabilidad de la integridad física y moral de los sancionados y asegurados, primando como rector de las relaciones entre los funcionarios del sistema penitenciarios y los privados de libertad.

Es un postulado permanente del trabajo penitenciario el trato justo, digno y respetuoso a los reclusos. La población penal joven y la femenina tienen un tratamiento diferenciado atendiendo a que siempre ha sido prioridad de nuestro Estado la atención a la juventud y a la mujer. De esta manera —como en un acápite aparte se explica— las sancionadas a privación de libertad que se encuentran en estado de gestación son ubicadas en locales aparte, reciben atención médica especializada durante y después del parto, tanto la madre como su hijo.

La vigencia del principio de legalidad en el contexto de la ejecución de penas de prisión en primer lugar, resulta medular en el entramado del sistema penitenciario: excluye la admisión de conductas arbitrarias en un ámbito especialmente sensible en el que se ponen en juego los derechos fundamentales de las personas que en ese momento están privadas jurídicamente de libertad y además reclama el respeto a la ley en la ejecución de las penas que tiene encomendadas(41).

En nuestro país el respeto irrestricto a la legalidad no es solo responsabilidad de quienes laboran directamente dentro del sistema penitenciario, también la Fiscalía General de la República direcciona su cumplimiento a través del control que ejerce en los establecimientos penitenciarios, ocupándose entre otros menesteres de la revisión de los expedientes carcelarios, de entrevistas con los sancionados y recluidos, de inspeccionar las instalaciones carcelarias y de cumplimiento de condena, entre otros; destacándose también en la atención que presta este órgano a las quejas y/o reclamaciones formuladas por los propios sancionados y sus familiares para detectar, erradicar y prevenir cualquier infracción de la legalidad que se haya cometido(42).

La responsabilidad que tiene de toda la sociedad en la atención a los recluidos en los establecimientos penitenciarios, como principio es un reclamo de la Asamblea de Naciones Unidas en la 68.ª sesión plenaria del 14 de diciembre de 1990, mediante Resolución 45/111, que estableció principios básicos para el tratamiento de los reclusos al enunciar, en el artículo 10, que con la participación y ayuda de la comunidad y de instituciones sociales, y con el debido respeto de los intereses de las víctimas, se crearán condiciones favorables para la reincorporación del ex recluso a la sociedad en las mejores condiciones posibles(43).

Este principio, también informado como de reinserción social(44), es un objetivo de la ejecución de la pena privativa de libertad y parte de que los recluidos en nuestro sistema penitenciario no estén alejados de la comunidad ni del resto de los sectores que componen la sociedad donde han de incorporarse al cumplir la pena impuesta. La atención no depende solo de la reeducación penal, también lo hace de la atención familiar y de la de la organización a la que estaban incorporados antes de ser sancionados; de esta manera no se siente enajenado y debe sentir el apoyo de la colectividad.

Viera Hernández tuvo el criterio de que la resocialización presupone un nivel de comunicación con el entorno, una cierta confrontación entre conducta individual y normas sociales. La interacción de los valores individuales del convicto —dijo— se “arregla” al calor de otras que se estructuran y que existen en el seno de la sociedad. Si no existe intercambio social y lingüístico con un medio más sano que el set carcelario, poco o nada se podrá lograr con fórmulas resocializantes(45).

En correspondencia con la aplicación consecuente del principio de reinserción social ya explicado, cuando se imponga la pena privativa de libertad, es necesaria la ejecución de una política penitenciaria que sitúe al sancionado en el centro de su contenido, adoptando las medidas imprescindibles para evitar la desocialización de los reclusos, facilitarles la comunicación con el exterior y siempre contando con su anuencia, propiciarles una adecuada preparación para su futura reincorporación a la vida en libertad, mediante la concesión de permisos de salida por períodos cortos de tiempo, la aplicación de un tratamiento progresivo, que le permita cambiar de régimen penitenciario y pasar a condiciones carcelarias de semilibertad que le posibiliten obtener la libertad condicional en el menor tiempo posible y reincorporarse así a la sociedad(46).

En el artículo 2.º del plurimencionado reglamento se expresa: “El proceso de ejecución de la sanción de privación de libertad, de la sanción de trabajo correccional con internamiento y de la medida de seguridad reeducativa de internamiento, tiene como finalidad educar a las personas sancionadas y aseguradas en los principios de una actitud honesta ante el trabajo, de estricto cumplimiento de las leyes y de respeto a las normas de convivencia social, para su posterior reincorporación a la sociedad”.

Las dos ideas básicas relacionadas con la resocialización del sujeto(47) parten de una resocialización hacia la moral y otra hacia la legalidad(48) y, amén de los criterios y de las posturas que se someten a debate sobre este punto, el enfoque lleva una mezcla de los elementos que componen ambos enfoques.

Nuestras consideraciones parten como bien expone Arocena(49), de que en un Estado democrático y de derecho la resocialización dirigida básicamente hacia la moral pudiera limitar derechos inalienables como el relativo a la dignidad humana y, de otra parte, el sistema de rehabilitación debe ir al rescate de los valores éticos y morales que por la conducta delictiva pudieron perderse. Solo resocializaremos o rehabilitaremos o como queramos decirle, que es lo de menos, dijo Ruiz Vadillo(50), si ahondamos en los valores humanos del que delinquió. De ahí la importancia y obligación del Estado de crear los mecanismos para lograr estos fines, más que imponerlos.

Una particular atención en el sistema penitenciario cubano se brinda al tratamiento educativo. Forman parte del mismo el trabajo socialmente útil, la instrucción escolar, la capacitación técnica en oficios, la educación cívica y patriótica y la realización de actividades artísticas, deportivas y recreativas, entre otras. Este amplio y humano enfoque del trabajo de rehabilitación está dirigido esencialmente a modificar hábitos de conducta, a propiciar el respeto a las leyes y a preparar a los sancionados para su reintegración social.

En cuanto a los derechos de los internos algunos serán explicados con más detalles en el desarrollo de este trabajo, valga en este instante enunciar el catálogo general de los que aparecen en el capítulo tercero del reglamento(51):

Los internos tienen los siguientes derechos:

— Rebaja de hasta 60 días por año cumplido del término de la sanción de privación de libertad por buena conducta.

— Rebaja adicional de sanción hasta 60 días del término de la sanción de privación de libertad por excepcional conducta y resultados relevantes en la instrucción escolar, capacitación técnica, trabajo socialmente útil y el resto de los programas educativos.

— Recibir alimentación, vestuario, asistencia médica y estomatológica, enseñanza general, educación patriótica, capacitación en oficio y técnica; así como practicar o disfrutar de actividades artísticas, deportivas, culturales y recreativas.

— Recibir los certificados de escolaridad o de oficios adquiridos durante su internamiento.

— Progresar en régimen o fase y proponérseles la libertad condicional, sustitución de la sanción privativa de libertad por alguna de las sanciones subsidiarias, suspensión de la sanción de trabajo correccional con internamiento y cambio o suspensión de la medida de seguridad, según lo establecido en el presente Reglamento y el Código Penal.

— Otorgárseles permisos de salida ordinarios al hogar.

— Ser conducidos o autorizados, según corresponda, a hospital, funeraria o domicilio, en casos de enfermedad grave o muerte de abuelos, padres, hermanos, cónyuge, hijos u otro familiar a cargo del cual estuvo la crianza y educación del interno.

— Recibir visitas de sus familiares y amigos que ejerzan influencia positiva.

— Recibir remuneración económica por el trabajo realizado, según las tarifas salariales vigentes.

— Recibir y enviar correspondencia.

— Realizar llamadas telefónicas.

— Disfrutar de visitas conyugales.

— Disfrutar de los servicios de la biblioteca.

— Tener libros de su propiedad y material de estudio, así como los documentos relacionados con su proceso penal.

— Recibir productos y artículos de sus familiares o amigos en las visitas reglamentarias, en correspondencia con los procedimientos de trabajo del orden interior.

— Realizar trámites de carácter legal a través de letrado o del propio jefe del centro penitenciario o lugar de internamiento.

— Disfrutar del aire libre, diariamente.

— Recibir visitas de sus abogados.

— Mantener un fondo fijo en efectivo de 500 pesos cubanos o su equivalente en CUC (moneda convertible cubana), en el caso de los ubicados en lugares de internamiento de condiciones cerradas, y disponer de una cantidad de dinero equivalente a un salario, en el caso de los ubicados en régimen abierto, para adquirir productos y artículos.

— Recibir asistencia religiosa individual o colectiva.

— Presentar quejas de forma verbal o escrita ante las autoridades, utilizando las vías adecuadas y recibir respuestas a estas.

— Recibir a su ingreso información sobre la reglamentación interna del centro, y en especial en lo relacionado con los derechos, obligaciones y prohibiciones establecidas.

— Suprimir de los controles una medida disciplinaria cumplida.

— Reclamar, hasta el nivel del jefe del lugar de internamiento o jefe provincial de establecimientos penitenciarios, según corresponda, cualquier medida disciplinaria que se le haya impuesto por el jefe del centro u otros jefes con facultades para ello.

— Recibir estímulos por los resultados obtenidos en la emulación.

— Efectuar reclamaciones y ser atendidos en todas las instancias.

En el artículo 53 del reglamento se consigna la importancia y relevancia que tendrá el disfrute de los derechos establecidos no solo en ese cuerpo sino los que aparecen en el resto de las leyes que conforman el régimen jurídico del sistema penitenciario, todo ello en correspondencia y dependiendo del lugar y las condiciones en que se encuentren ubicados.

3. Nomenclatura penitenciaria, observación y tratamiento en clasificación

El tratamiento al interno debe comenzar por la ruptura de los etiquetamientos tradicionales. Ruiz Vadillo hace unos años dijo: “… ni siquiera me gusta llamarle delincuente en principio, porque parece que el delito ha impreso en él carácter: si ha delinquido (verbo estar) no tiene por qué ser delincuente (verbo ser). Se trata de buscar en el fondo todo cuanto haya de positivo y, sin duda, que hay siempre mucho, en la persona a quien vamos, a tratar, respetando su libertad, su dignidad, su intimidad, de convencer de que no hay otro camino justo de convivencia que respetar…” (52).

En el artículo 5.º del reglamento se logra conceptualizar, a efectos de esa norma y evidentemente para el procedimiento ulterior, los diferentes momentos en el que aparecen las personas que reciben una sanción penal que lleva implícita reclusión. El enunciado en ocasiones responde a la nomenclatura exigida por las leyes penales, pero en otras logra romper con los etiquetamientos tradicionales, que como veremos tienen una repercusión en el tratamiento humanitario e individualizador.

Ese artículo enuncia un glosario que permite asegurar los objetivos del tratamiento en cada fase de ejecución y menciona, así, indistintamente al sancionado como la persona ejecutoriamente sancionada a privación de libertad o a trabajo correccional con internamiento y al asegurado, como la persona a quien se le hubiere impuesto una medida de seguridad reeducativa de internamiento.

Por su parte, se estima acusada a la persona a quien se le haya decretado medida cautelar de prisión provisional e interno se le llamará tanto a los sancionados, asegurados y acusados. Tiene a su vez el carácter de primarioel que resulte ejecutoriamente sancionado por primera vez, según los supuestos previstos en la Ley Penal y en la misma idea legislativa sustantiva será reincidente, cuando al delinquir el culpable ya hubiera sido ejecutoriamente sancionado con anterioridad por otro delito intencional, bien sea este de la misma especie o de especie diferente, siempre que esta condición conste en la correspondiente sentencia judicial emitida por el tribunal. También son denominados multirreincidentes cuando al delinquir el culpable ya había sido ejecutoriamente sancionado con anterioridad por dos o más delitos intencionales, bien sean estos de la misma especie o de especie diferente, siempre que esta condición conste en la correspondiente sentencia judicial emitida por el tribunal.

Por último se establecen las categorías de joven a la persona de hasta 20 años de edad; joven adulto, la persona de 20 años y 1 día hasta 30 años de edad; adulto, la persona con 30 años y 1 día hasta 60 años de edad y adulto mayor, la persona de 60 años y 1 día de edad o más.

No menos importante resulta la observación científica de la personalidad del sancionado, instrumento que también ayudará a la labor clasificatoria y posterior ubicación de este dentro del sistema y cuya práctica no puede depender de la voluntad del interno. A criterio de Mapelli, el fundamento jurídico que permite un conocimiento profundo del interno se encuentra en la imputación judicial de un delito, de la misma manera que el juicio de culpabilidad que implica un reproche a la persona solo se encuentra justificado desde una perspectiva ético-social(53).

Ello infiere que la observación científica no puede rebasar los límites que el derecho penal ha establecido para imponer la pena; se trata pues de un estudio criminológico del comportamiento del sujeto en general, lo que no excluye que se tenga a la vista el delito cometido por este, los móviles y sus antecedentes; siendo más trascendental partir de su historia individual, familiar y social para decidir en consecuencia las medidas y los métodos terapéuticos.

La nomenclatura penitenciaria y la observación científica, a cargo del área de evaluación y diagnóstico(54), permiten a su vez establecer una clasificación penitenciaria que coadyuvará a la observación y canalización institucional de los internos atendiendo a las necesidades de mínima, media y máxima seguridad, así como en la conformación de centros especializados para tratamientos específicos.

4. Régimen progresivo

El sistema penitenciario cubano en la actualidad está estructurado de acuerdo con el sistema progresivo, que tiene como ventaja criminológica el hecho de ofrecer una disminución en la intensidad de la pena(55). De esta manera, en cada régimen por el que va transitando el interno se reducen las reglas restrictivas y las medidas vinculadas a la custodia y al control de este, a la par que se incrementan las responsabilidades individuales y la libertad ambulatoria.

Este sistema progresivo por cómputo temporal, regulado en el reglamento, permite a la población penal gozar del beneficio de la transición desde los regímenes de mayor severidad a los de menor y la modificación de sanciones privativas de libertad por otras no privativas hasta la rebaja de sanción de hasta 2 meses cada año por buen comportamiento.

En el artículo 26.1 del reglamento se enuncian sus objetivos, al dejar marcado que el sistema educativo comprende la aplicación de un régimen progresivo como método para el cumplimiento de las sanciones privativas de libertad, dirigido a propiciar el desarrollo del proceso educativo y estimular la buena conducta observada por los internos, mediante la disminución gradual del rigor penitenciario como base para la posterior concesión de la libertad anticipada y para asegurar su adecuado proceso de reinserción social.

El régimen progresivo comprende a su vez los siguientes seis regímenes: régimen de mayor severidad, en sus fases primera y segunda; régimen severo; régimen de media severidad y por último el régimen de mínima severidad(56).

El artículo 45.3 explica que la progresión de los internos clasificados en régimen severo se estudia después de haber extinguido como mínimo los siguientes términos:

pag193-a.JPG
 

 

Mientras tanto el artículo 46.1 establece que la progresión del interno que ingrese directamente en el régimen de media severidad se analiza después de que este haya extinguido como mínimo los términos que aparecen en el recuadro siguiente:

pag193-b.JPG
 

De otra parte, el interno que ingrese directamente al régimen de mínima severidad se evalúa para la propuesta de libertad anticipada, después de haber consumado los términos que siguen:

pag193-c.JPG
 

El artículo 47 del reglamento penitenciario regula que el interno promovido o ubicado en régimen de mínima severidad, para el análisis de la libertad condicional, debe haber extinguido por lo menos la mitad de la sanción impuesta cuando se trate de interno primario; las dos terceras partes de la sanción impuesta cuando se trate de reincidentes y multirreincidentes; y la tercera parte de la sanción impuesta cuando se trate de un joven primario que al comenzar a cumplir la sanción no haya arribado a los 20 años de edad.

El artículo 48.1 se refiere a otros beneficios que pueden ser alcanzados por los sancionados a privación de libertad en aquellos casos en que la sanción impuesta no exceda de 5 años de prisión y que mantengan buena conducta durante el cumplimiento de la condena, siendo así que se le puede proponer al tribunal que lo juzgó la sustitución de esta sanción por las sanciones subsidiarias de trabajo correccional con internamiento, trabajo correccional sin internamiento y limitación de libertad, estas últimas alternativas a la reclusión, para lo cual deben haber extinguido por lo menos: la tercera parte de la sanción impuesta cuando se trate de sancionados primarios; la mitad de la sanción impuesta cuando se trate de reincidentes y las dos terceras partes si se trata de multirreincidentes, con un adelantamiento excepcional para estos últimos: al cumplimiento de la tercera parte de la sanción, cuando concurran varios requisitos que hagan relevante su comportamiento y justifiquen el otorgamiento anticipado de este beneficio.

5. Las rebajas por buena conducta a la pena impuesta

Otro aspecto interesante del tratamiento penitenciario es la rebaja de la pena impuesta, establecida como parte de una política penitenciaria dirigida a la atenuación progresiva y generalizada de la pena. Algunos autores estudian la rebaja como un componente en la determinación penitenciaria o administrativa de la pena(57), en tanto este elemento que forma parte de la ejecución de la pena, a criterio de Saleilles, debe ser regulado legalmente y controlado judicialmente(58).

Ella está condicionada también a la conducta del interno, incluyendo la llamada rebaja adicional, lo que sin dudas resultará estimulante para él, comprometiéndolo con las metas resocializadoras del centro penitenciario. Se ha puesto de relieve a través de estudios criminológicos que el acto de liberación debe ser entendido como un proceso a lo largo del cual el interno tenga ocasión de comprobar, aún bajo control institucional, sus relaciones sociales y poder planificar además, en el orden material, su futuro una vez que se encuentre fuera del establecimiento penitenciario(59).

La rebaja de la sanción por buena conducta constituye un derecho del estatus jurídico mínimo que tiene el interno, tal y como lo enuncia el artículo 109.1 del reglamento, y se podrá obtener por los sancionados que hayan extinguido un año de privación de libertad, a razón de hasta 60 días por año cumplido.

En los apartados que siguen al artículo 109 se hace explicita la posibilidad que tienen los que hubieren permanecido más de un año en prisión provisional para que una vez notificada y recibida la sentencia condenatoria sea practicada la liquidación de sanción y estos puedan ser analizados para la rebaja de sanción, teniendo en cuenta los requisitos de conducta establecidos en el propio reglamento.

Se exceptúan de este derecho los internos ubicados en el régimen de mayor severidad, los sancionados a trabajo correccional con internamiento y los asegurados por medida de seguridad reeducativa de internamiento.

Según el artículo 110, la propuesta de rebaja de sanción es formulada por el educador-guía que tiene a su cargo el interno, en períodos anuales, la que se analiza por el consejo de promoción y es aprobada por el jefe del centro penitenciario.

El tiempo de rebaja de sanción acumulado se computa a los efectos de los mínimos de permanencia para la progresión en régimen, la propuesta de libertad condicional y el cumplimiento de la sanción, según el testimonio de la liquidación de esta, tal y como lo expone el artículo 111. A su vez, en el artículo 112 se excluye su aplicación al interno que cometa delito o incurra en una indisciplina grave en condiciones de internamiento.

En este contexto el reglamento recoge el derecho a una rebaja adicional de la sanción por excepcional conducta y resultados relevantes en los programas educativos(60), la que se podrá obtener por los sancionados por haber promovido de nivel a razón de hasta 60 días por año cumplido, lo que se evalúa cada año en el mes de julio al concluir el curso escolar.

La excepcionalidad de la conducta y los logros relevantes en los programas educativos se materializan cuando el interno ha cumplido, de forma ejemplar, con las exigencias del régimen penitenciario; alcanzando la categoría de destacado en todos los períodos emulativos; y ha participado activamente en los programas educativos a los cuales está incorporado, con evaluación sobresaliente en la promoción escolar, la capacitación en oficios, los aportes productivos, o en el resto de las actividades culturales, artísticas o deportivas que se programen en el lugar de internamiento.

De igual forma, a quienes hubieren permanecido más de un año en prisión provisional, una vez recibida y notificada la sentencia y liquidación de sanción, se les puede evaluar su situación respecto a la rebaja de sanción adicional, teniendo en cuenta las exigencias establecidas, exceptuándose de este derecho a los internos ubicados en el régimen de mayor severidad, a los sancionados a trabajo correccional con internamiento y a los asegurados por medida de seguridad reeducativa de internamiento.

Para su aplicación y reconocimiento la propuesta de rebaja de sanción es formulada por el educador-guía a cuyo cargo está el interno, al concluir el curso escolar, tomando en consideración los avales de la dirección de la escuela o de la entidad empleadora de la administración del lugar donde se capacita el interno. Esta se analiza por el consejo de promoción de la unidad y se aprueba previo colegio en acta de su consejo de dirección, por los directivos del sistema penitenciario de las distintas regiones del país.

6. Tratamiento penitenciario en base a los servicios de salud y la maternidad

Atención especial se presta a los servicios de salud y maternidad, lo cual aparece regulado en el reglamento del sistema penitenciario. A toda la población penal se le garantiza de forma gratuita la atención médica y estomatológica(61), primaria y especializada. De esta manera, en el sistema nacional penitenciario existen hospitales, centros asistenciales y puestos médicos y se cuenta en todas las provincias con salas de penados, ubicadas en hospitales de la red asistencial, donde se garantiza al recluso el acceso pleno a los logros alcanzados por nuestro país en materia de salud(62).

Los reclusos tienen derecho a ser ingresados en cualquier servicio de la red hospitalaria del país. Se les garantiza, además, la asistencia especializada mediante visitas periódicas de equipos integrados por diferentes especialistas a los propios centros penitenciarios, como ocurre para los portadores del VIH-SIDA(63). La asistencia terciaria en los diferentes institutos del país es otro de los derechos asegurados a la población penal, tal y como lo regula el artículo 20 del reglamento(64).

Se dispone de un médico por cada 200 reclusos, un estomatólogo por cada 900 para la atención preventiva, asistencial y especializada y una enfermera por cada 100(65).

En el capítulo XIII del reglamento se expone el tratamiento a las internas embarazadas, en el entendido de las etapas de pre-maternidad y pos-maternidad(66). En los centros penitenciarios cubanos las internas embarazadas reciben una dieta alimentaria reforzada durante el período de gestación y hasta el cumplimiento del primer año de vida del niño o niña, período en el que la reclusa permanece junto a su hijo garantizándole su lactancia(67). Transcurrido este plazo de tiempo, pueden entregarlo a sus familiares o internarlo en un círculo infantil libre de costo. Las reclusas embarazadas reciben, como el resto de las embarazadas cubanas, una atención médica de alta especialización y un permanente control, incluyendo consultas en los hospitales gineco-obstétricos del país, así como en las instalaciones creadas en los propias complejos penitenciarios.

7. El tratamiento penitenciario atendiendo a la incorporación voluntaria al trabajo, programas educativos y de instrucción general y técnica

Resulta curioso que desde la óptica internacional haya una ausencia de declaración formal sobre la cuestión por parte de las Reglas Mínimas de Ginebra y de Estrasburgo sobre el reconocimiento penitenciario del derecho fundamental al trabajo, el cual se remonta al XII Congreso Penal y Penitenciario de la Haya, celebrado en 1950(68).

El trabajo, como habíamos adelantado, constituye uno de los eslabones primordiales de la cadena de actividades dirigidas a la rehabilitación de los reclusos para su plena reinserción social. No tiene un carácter aflictivo ni punitivo para los reclusos. La incorporación a la actividad laboral es voluntaria y los reclusos reciben remuneración salarial con arreglo a la legislación y las regulaciones vigentes en el país para cualquier otro ciudadano.

En nuestras instituciones penitenciarias el trabajo socialmente útil también se aplica atendiendo al siguiente principio constitucional: “El trabajo es un derecho, un deber y un motivo de honor para cada ciudadano”(69). Por su parte, el artículo 27 del Código Penal orienta como fin de la sanción en nuestro sistema no solo reprimir por el delito cometido sino también reeducar a los sancionados en los principios de actitud honesta hacia el trabajo(70). Ese postulado es asumido como un derecho en el contenido del artículo 30-9 y 31.1 de la propia Ley Penal Sustantiva, en tanto se define el derecho que les asiste a trabajar si acceden a ello, el que además tiene que ser remunerado(71).

Otros derechos son igualmente recogidos en la ley penal, como el derecho a obtener las prestaciones a largo plazo de seguridad social, en los casos de invalidez total originada por accidentes de trabajo, en ocasión de estar vinculado a las actividades laborales durante el cumplimiento de la sanción; todo lo cual viene a reafirmarse en el articulado del reglamento que estudiamos.

El artículo 68.1 del reglamento plantea que el trabajo constituye un medio fundamental en el proceso educativo de los internos, tiene un carácter formativo, creador o conservador de hábitos laborales con el fin de prepararlos para su reincorporación a la sociedad.

Con respecto al empleo de la fuerza laboral interna, este se realiza conforme a lo establecido en la legislación laboral vigente en el país y los convenios suscritos entre el Ministerio del Interior y el Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social(72), lo cual se realiza atendiendo a los requisitos particulares que se deben garantizar para su empleo, mediante convenios firmados entre el director de la entidad empleadora y el jefe del lugar de internamiento.

Las condiciones de trabajo de los internos vienen previstas en el artículo 69 del mencionado reglamento y son las siguientes:

— No puede tener carácter aflictivo ni se aplica como medida disciplinaria.

— No puede atentar contra su dignidad humana.

— Se organiza atendiendo en lo posible a las aptitudes, capacidad física y calificación de los internos.

— Goza de la protección que les dispensa el Código del Trabajo y la Ley de Seguridad Social.

— Es remunerado de conformidad con las tarifas salariales vigentes en el país. De la remuneración se deducen los descuentos por avituallamiento y manutención, así como otros a los que legalmente estuviesen sujetos.

— Se acreditará como tiempo de servicio el laborado durante el cumplimiento de las sanciones o medidas de seguridad reeducativas de internamiento, a los efectos de la obtención de las prestaciones a largo plazo de la seguridad social.

Un derecho que responde al carácter humanista en el tratamiento a los internos es el expuesto en el artículo 72 del reglamento, el cual expresa que en caso de que el interno no se haya incorporado al trabajo, ello no afecta el disfrute de los beneficios que puedan recibir estos; esencialmente en los casos de incapacidad física, mental o ineptitud para poder desarrollar determinadas labores; el tratamiento médico por accidente o enfermedad o en los casos de haber quedado embarazada la mujer e incluso en aquellos en que por no existir demanda de fuerza laboral interna o de condiciones para el trabajo, este no se haya podido incorporar a las actividades productivas(73) o de prestación de servicios.

De igual forma, el sistema educativo se constituye como una de las tareas fundamentales del sistema penitenciario cubano y está formado por un proceso sistémico y continuo de influencias educativas, al amparo del artículo 25 del reglamento, que consigna que éste está dirigido a la transformación de conductas y hábitos delictivos o antisociales presentes en los internos y a la formación de valores, mediante el empleo de un conjunto de métodos y técnicas que favorecen el reforzamiento de sus cualidades positivas para formar en ellos principios y normas de convivencia social y una cultura general integral que permitan su progresiva reincorporación a la sociedad.

Como parte del amplio proceso de profundización de las transformaciones y esfuerzos dirigidos a promover una sociedad más justa, educada, equitativa y solidaria, en cuyo empeño han cumplido un papel de vanguardia los programas sociales en curso, se lleva a cabo en el país, con carácter prioritario, una verdadera revolución en el sistema penitenciario, sustentada en la premisa de convertir las prisiones en escuelas.

Desde el año 2000, el Gobierno Cubano ha venido impulsando e instrumentando, a través de un conjunto de acciones, el proceso encaminado a este perfeccionamiento, con especial énfasis en el tratamiento educativo de los reclusos, con el fin de lograr resultados aun más efectivos en su rehabilitación y ulterior reintegración social(74).

Esta actividad, que ha sido impulsada no solo para convertir en la práctica las prisiones en escuelas, sino para promover el rescate y orientación de jóvenes y menores proclives a cometer delitos en nuestra sociedad, lleva implícita una atención priorizada de los jóvenes que se sabe que al momento de la comisión del hecho delictivo estaban desvinculados del estudio o el trabajo.

En esta labor de prevención social, también han desempeñado un importante papel los trabajadores sociales, los maestros, los médicos de familia, las integrantes de la Federación de Mujeres Cubanas y el resto de las instituciones sociales y comunitarias cubanas.

De esta forma, en la actualidad, en el 100% de los establecimientos penitenciarios del país existen y funcionan los cursos de superación para los internos a los cuales están incorporados actualmente y de forma voluntaria más del 90% de quienes hoy cumplen condenas en prisiones(75).

Se ha establecido el denominado Programa Audiovisual, el cual comenzó de manera experimental en octubre del año 2001 y se encuentra implementado en todos los centros penitenciarios del país. A través de este programa se imparten cursos con el empleo de técnicas de video(76) circuitos cerrados de televisión(77), tabloides y materiales didácticos complementarios, contando con el asesoramiento de profesores del Ministerio de Educación insertados en los Centros Penitenciarios y con la activa participación de monitores seleccionados entre los propios reclusos, que son debidamente entrenados y preparados para las labores docentes e instructivas.

En coordinación con el Ministerio de Educación y otros organismos de la Administración Central del Estado, la instrucción escolar es hasta el 12.º grado por el Subsistema de Educación de Adultos y la capacitación técnica se ofrece en oficios como albañilería, carpintería, plomería, electricidad, artesanía, soldadura, barbería y peluquería. A lo anterior se han añadido cursos de computación.

Con la activa participación del Instituto Nacional de Deportes, Recreación y Cultura Física (INDER), se imparten en centros penitenciarios de todas las provincias del país cursos de profesores de educación física. Los educandos, una vez graduados, prestan servicios remunerados en los centros penitenciarios. También pueden realizar estudios superiores de Licenciatura en Cultura Física, en correspondencia con su actitud, disciplina y resultados académicos.

Por último, el fomento de las bibliotecas ha sido un factor importante de apoyo al Programa Audiovisual, a la instrucción escolar y a la capacitación técnica, así mismo ha venido potenciando gradualmente el hábito de lectura en la población penal, ampliando su acervo cultural.

La instrucción general y técnica representa la vía primordial para lograr la superación cultural y el aprendizaje de oficios de los internos como parte de las transformaciones de la personalidad que constituyen el objetivo del trabajo educativo. De esta manera y conforme a lo regulado en los artículos 74, 75 76 y 77 del reglamento, se define que la instrucción general se imparte hasta el nivel universitario. Los iletrados y los que posean un nivel escolar inferior a secundaria básica, son priorizados en la incorporación a esta actividad, siendo objeto de particular seguimiento y control.

El proceso de instrucción general de los internos está regido por los planes especiales de educación de adultos del Ministerio de Educación y por los programas de universalización de la enseñanza superior del Ministerio de Educación Superior. Las evaluaciones de promoción escolar de los internos se realizan de conformidad con las normas y los calendarios para los planes especiales de educación de adultos, establecidos por los ministerios de educación y de educación superior.

Asimismo, los internos que hubieren promovido de nivel, reciben el certificado establecido por los ministerios de educación y de educación superior, sin que se registre en el mismo su condición de privado de libertad. Se imparte igualmente el aprendizaje de oficios en los que son priorizados los internos jóvenes y los jóvenes adultos.

(1) Ruiz Vadillo, Enrique. “Las garantías del proceso, presupuesto del tratamiento del delincuente (programa de reglas mínimas de Naciones Unidas. Palma, 1992)”. En: Revista del Poder Judicial n.º 25. Consejo General del Poder Judicial, Madrid: 1992.

(2) Bueno Arus, Francisco. “Novedades en el concepto de tratamiento penitenciario”. En: Revista de Estudios Penitenciarios n.º 252. Dirección General de Instituciones Penitenciarias, España: 2006, p. 11.

(3) Ídem. p. 14.

(4) Ápud Ruiz Vadillo, Enrique. “Las garantías del proceso, presupuesto del tratamiento del delincuente (programa de reglas mínimas de Naciones Unidas. Palma, 1992)”. En: Revista del Poder Judicial n.º 25. Consejo General del Poder Judicial, Madrid: 1992.

(5) Rodríguez Manzanera, Luis. La crisis penitenciaria y los substitutivos de la prisión. . Editorial Porrúa, 3 ed, México: 2004, p. 1.

(6) Ver Libro Blanco del 2007. Capítulo 10: Convertir las prisiones en verdaderos centros de educación y mejoramiento humano. La Habana: 2007. Visible el 23 de diciembre de 2011 en: www.cubaminrex.cu/.../artículos/. Libro_ Blanco.

(7) El ejemplo más fehaciente en la actualidad lo constituyen las violaciones de los derechos humanos cometidas contra los detenidos que se encuentran en la base naval ilegal de Guantánamo. Ver todos los criterios de Elisa Massimino, presidente de la ONG Human Rights First “…Guantánamo permanece como un poderoso símbolo de injusticia y una mancha para la reputación de Estados Unidos”. Ver también Rob Freer de Amnistía Internacional “…Guantánamo se ha convertido en el símbolo de 10 años de fallas sistemáticas por parte de Estados Unidos en el respeto a los derechos humanos en su respuesta a los ataques del 11 de septiembre”. Ambas declaraciones tomadas de la agencia de noticias AFP Washington el 9 de enero del 2012. Visible el 12 de enero del 2012 en: www.noticias24.com/internacionales/noticia/date/2012/01/09/

(8) Ver Palma, María Florencia. Profesora de la Universidad de Buenos Aires, asistente al VII Encuentro Internacional de la Sociedad Cubana de Ciencias Penales, en el verano del año 2011en ocasión de una visita al Centro Penitenciario de Mujeres ubicado en La Habana. “El sistema Penitenciario cubano en el Marco del VII Evento Internacional Escuela de Verano. Pensamiento Penal Prensa Pensamiento Penal prensa@pensamientopenal.com.ar. Visible el 23 de Diciembre 2011.

(9) Cfr. Carranza Elías y otros. Cárcel y Justicia Penal en América Latina y el Caribe. Cómo implementar el modelo de derechos y obligaciones de las Naciones Unidas. Editores ILANUD, Instituto Raoul Wallenberg de Derechos Humanos y Derecho Humanitario, Siglo XXI Editores S.A. Guatemala: 2009, pp. 36 y ss.

(10) No hemos dado un enfoque semántico sobre el trato y el tratamiento penitenciario por lo inoperante que puede resultar a efectos de esta ponencia. No obstante, para ampliar y conocer definiciones se puede consultar a Bueno Arús. Francisco. “Novedades en el concepto de tratamiento penitenciario. Estudios e intervenciones”. En: Revista de Estudios Penitenciarios N.º 252. Ministerio del Interior, Secretaría General Técnica, España: 2006.

(11) En sentido estricto el tratamiento penitenciario es el conjunto de medios psicoténicos de condicionamiento de la conducta individual, cuyos fines son los de desarrollar en el interno tendencias de comportamiento sociales de acuerdo a las normas jurídicas. Por otra parte, en el sentido amplio el tratamiento se ciñe a las actividades que son desarrolladas por el resto de las instituciones penitenciarias. De las dos formas que grosso modo emplean las legislaciones penitenciarias, la amplia puede resultar más eficaz desde un punto preventivo especial. Cfr. Mapelli Caffarena, Borja. Sistema Progresivo y Tratamiento. Universidad de Cádiz. Lecciones de Derecho Penitenciario. Colección Aula Abierta. Universidad de Alcalá, 1989. pp.145 y 147.

(12) El Marqués de Beccaria con su libro “Tratado de Delitos y Penas” y Jhon Howard con la obra “El Estado de las Prisiones de Gales e Inglaterra”, escritas en el curso del siglo XVIII, marcaron las pautas a seguir en el tratamiento dado a los penados, insistiendo ambos en un sistema basado en la reforma moral de los reos por medio de la religión y el trabajo, la separación individual y un régimen alimenticio y humano. Ver Beccaria. Dos Delitos e Das Penas. Edición Ridendo Castigat Mores. Versión para www.ebboksbrasil.com. agosto 2001.

(13) Entre los años 1925 y1926 comienza la construcción del presidio modelo en el extremo inferior de la Sierra de Caballo, Isla de la Juventud, Cuba, para lo cual fueron aprovechadas las ruinas de la fortaleza militar donde se encontraba la cárcel Reina Amalia. Su proyecto fue tomado de la prisión de Juliett Illions, Estados Unidos de Norte América, concluido en 1931 y fue denominado el segundo modelo ampliado del Panóptico. Naranjo Gómez Joaquina. “El Sistema Penitenciario Cubano”. Ponencia presentada en: Evento Internacional Ciencias Penales, celebrado en la Habana, 2000, p. 4.

(14) Neuman E. e Irurzun V.J. La sociedad carcelaria, Depalma, 4ª edición, Buenos Aires:_1994. También ver Neuman en “La Prisión en tiempos de Neoliberalismo”, p. 5.

(15) Ver Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal. (A/HRC/11/22), 2009. Visible el 12 de enero de 2012 en:

http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session4/CU/A_HRC_11_22_Add1_CUB_S 

(16) Los sistemas progresivos suponen un avance respecto a sus predecesores desde el punto de vista de su orientación, en la medida en que la idea central es la progresiva preparación del penado para la libertad. Por tanto, participan de las tesis rehabilitadoras más elaboradas y superadoras que de la mera expiación y corrección moral del condenado que se encontraba presente en los anteriores sistemas. Cfr. Muñoz Conde, Francisco y García Arán, Mercedes. Derecho Penal. Parte General, 6ª edición, revisada y puesta al día. Tirant lo Blanch, Valencia: 2004, p. 550.

(17) Ídem, p. 551.

(18) Cfr. por todos a Murillo Rodríguez, Roy. Ejecución de la pena. 1ª edición, CONAMAJ, San José: 2002, pp. 45 y ss.

(19) Ver Instrucción 163-bis del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular de fecha 22 de abril del 2002. Boletín del TSP, 2002.

(20) La Ley 62, Código Penal, estipula en el artículo 27 los fines de la sanción, que no son solo reprimir por el delito cometido, sino también reeducar a los sancionados en los principios de la actitud honesta hacia el trabajo, el estricto cumplimiento de las leyes, el respeto a las normas de convivencia socialista, así como prevenirlos en una nueva comisión de delitos.

(21) Artículo 30.1. del Código Penal cubano. La sanción de privación de libertad no puede exceder del término de veinte años. Sin embargo, respecto a los delitos para los cuales se establece alternativamente con la de muerte, el tribunal puede extender su término hasta treinta años. El tiempo de detención o de prisión provisional sufrido por el sancionado se abona de pleno derecho al de duración de la sanción. 2. La sanción de privación de libertad se cumple en los establecimientos penitenciarios que dispongan la ley y sus reglamentos. 3. Las características de dichos establecimientos y los períodos mínimos en que los sancionados deben permanecer en cada uno se determinan en los reglamentos correspondientes. 4. Los sancionados a privación de libertad cumplen la sanción distribuidos en grupos, y solo en los casos previstos en los reglamentos puede disponerse que la cumplan aislados. 5. Los hombres y las mujeres cumplen la sanción de privación de libertad en establecimientos distintos, o en secciones separadas de los mismos. 6. Los menores de 20 años de edad cumplen la sanción en establecimientos especialmente destinados a ellos, o en secciones separadas de los destinados a mayores de esa edad. No obstante, respecto a los de 20 a 27 años podrá disponerse que cumplan su sanción en iguales condiciones que aquéllos. 7. En los establecimientos penitenciarios se aplica el régimen progresivo como método para el cumplimiento de las sanciones de privación de libertad y como base para la concesión de la libertad condicional que se establece en este código. 8. El sancionado no puede ser objeto de castigos corporales ni es admisible emplear contra él medida alguna que signifique humillación o que redunde en menoscabo de su dignidad. 9. Durante el cumplimiento de la sanción, los sancionados aptos para el trabajo efectúan labores útiles, si acceden a ello.

(22) Artículo 31.1. A los sancionados a privación de libertad, recluidos en establecimientos penitenciarios: a) se les remunera por el trabajo socialmente útil que realizan. De dicha remuneración se descuentan las cantidades necesarias para cubrir el costo de su manutención, subvenir a las necesidades de su familia y satisfacer las responsabilidades civiles declaradas en la sentencia, así como otras obligaciones legalmente establecidas; b) se les provee de ropa, calzado y artículos de primera necesidad, apropiados; c) se les facilita el reposo diario normal y un día de descanso semanal; ch) se les proporciona asistencia médica y hospitalaria, en caso de enfermedad; d) se les concede el derecho a obtener las prestaciones a largo plazo de seguridad social, en los casos de invalidez total originada por accidentes del trabajo. Si, por la propia causa, el recluso falleciere, su familia recibirá la pensión correspondiente; e) se les da oportunidad de recibir y ampliar su preparación cultural y técnica; f) con arreglo a lo establecido en los reglamentos, se les proporciona la posibilidad de intercambiar correspondencia con personas no recluidas en centros penitenciarios y de recibir visitas y artículos de consumo; se les autoriza el uso del pabellón conyugal; se les concede permisos de salida del establecimiento penitenciario por tiempo limitado; se les proporciona oportunidad y medios de disfrutar de recreación y de practicar deportes de acuerdo con las actividades programadas por el establecimiento penitenciario; y se les promueve a mejores condiciones penitenciarias. 2. El tribunal sancionador puede conceder a los sancionados a privación de libertad, por causas justificadas y previa solicitud, licencia extrapenal durante el tiempo que se considere necesario. También puede concederla el Ministro del Interior, por motivos extraordinarios, comunicándolo al Presidente del Tribunal Supremo Popular. 3. Las personas menores de 27 años de edad recluidas en establecimientos penitenciarios reciben una enseñanza técnica o se les adiestra en el ejercicio de un oficio acorde con su capacidad y grado de escolaridad. 4. El tiempo de las licencias extrapenales y de los permisos de salida del establecimiento penitenciario se abonan al término de duración de la sanción privativa de libertad, siempre que el sancionado, en el disfrute de la licencia o del permiso, haya observado buena conducta. Asimismo se abonan a dicho término las rebajas de sanción que se le hayan concedido al sancionado durante el cumplimiento de aquella. 5. El tiempo que el sancionado permanezca en un establecimiento hospitalario por habérsele apreciado la condición de dipsómano o toxicómano habitual que requiera tratamiento, se computará al término de la sanción impuesta. En cuanto al sancionado recluido en establecimiento penitenciario que, por presentar síntomas de enajenación mental, haya sido sometido a medida de seguridad, se estará, a los efectos del cómputo del tiempo que permanezca en esta situación, a lo que dispone la Ley de Procedimiento Penal.

(23) El Código Penal Cubano es fruto de la Ley 62 de 1987 en vigor desde el 30 de abril de 1988 y ha sido modificado mediante los decretos-leyes 140 de 13 de agosto de 1993, 150 de 6 de junio de 1994, 175 de 17 de junio de 1997 y por la Ley 87 de 16 de febrero de 1999.

(24) Artículo 492. La ejecución de la sentencia sancionadora, una vez firme, corresponde al tribunal que haya conocido de la causa en primera instancia. El tribunal superior remitirá inmediatamente a la inferior copia autorizada de la resolución por virtud de la cual la sentencia haya quedado firme, devolviéndole al mismo tiempo las actuaciones que le hubiere elevado.

Artículo 493. Para la ejecución de la sentencia el tribunal correspondiente adoptará, sin dilación, las medidas y disposiciones que en cada caso se requieran, librando las órdenes y despachos indispensables a ese fin. Cuando el tribunal a quien corresponda la ejecución no pueda practicar por sí mismo todas las diligencias necesarias comisionará al de la localidad en que deban tener efecto, para que las practique.

Artículo 495. Corresponde al tribunal llamado a ejecutar la sentencia practicar la liquidación de la sanción, que sirve de base a las autoridades y funcionarios encargados de los establecimientos penitenciarios y otros centros en que haya de cumplirse para determinar la fecha de su extinción. De igual modo, practica (sic) las rectificaciones que procedan en los casos de interrupción del cumplimiento a virtud de circunstancias que así lo determinen. Las sanciones y medidas de seguridad se ejecutan de acuerdo con las disposiciones de la ley penal sustantiva que las establezca u otras disposiciones legales o reglamentarias dictadas a ese efecto, y siempre del modo que resulte más acorde con la naturaleza o índole de cada una. Para el cumplimiento de la ejecutoria en los extremos que se refiere a la responsabilidad civil, el tribunal libra los testimonios y facilita los datos y antecedentes necesarios que se le requieran por los funcionarios y organismos encargados de satisfacerla. La facultad del tribunal para ejecutar la sentencia comprende la de resolver las cuestiones e incidentes que se susciten en relación a su ejecución y excluye, por tanto, la de otra autoridad.

Artículo 497. Cuando una persona que se halle en algún establecimiento penitenciario u otro centro extinguiendo una sanción presente síntomas de enajenación mental, se dará cuenta inmediatamente al tribunal encargado del cumplimiento de la ejecutoria, el cual, comprobada la enfermedad, acordará la suspensión de la sanción y adoptará en su lugar la medida de seguridad que corresponda con sujeción a las disposiciones de la ley penal sustantiva. Si el sancionado recupera su salud mental se reingresa en el establecimiento penitenciario correspondiente para extinguir el resto de la sanción impuesta con abono del tiempo en que haya estado privado de libertad por consecuencia de la medida de seguridad acordada.

Artículo 498. La ejecución de la sanción de privación de libertad puede aplazarse por el tribunal que la dicte a petición del fiscal, la dirección de un centro laboral o el propio acusado, en los casos siguientes: 1) cuando, conforme al resultado del examen médico, se compruebe que el sancionado está imposibilitado de cumplir la sanción; 2) cuando la sanción recaiga en una mujer en estado de gestación o con hijos menores de un año. En el primer caso, la ejecución se aplaza hasta que se produzca el parto y en ambos hasta que el menor rebase la edad mencionada; 3) cuando no debe cumplirse inmediatamente la sanción por circunstancias especiales del centro laboral a que se encuentre vinculado el sancionado. En este caso el cumplimiento de la ejecución de la sanción solo puede aplazarse durante tres meses y por una sola vez. Si el sancionado no se presenta ante el tribunal correspondiente al vencerse el término del aplazamiento, este lo comunicará a la Policía para su búsqueda, captura y presentación.

(25) El artículo 28.1 de la Ley 83 de 1997 en su capítulo VI relativo al control de la legalidad en los establecimientos penitenciarios, establece lo concerniente a la ejecución de las sanciones y otras medidas privativas de la libertad personal: “Los órganos de la Fiscalía General de la República están facultados para realizar inspecciones, con el fin de comprobar el cumplimiento de la legalidad en los establecimientos penitenciarios, centros de reclusión de asegurados, centros correccionales, unidades en que se cumpla la prisión provisional de acusados y cualquier otro centro de reclusión, internamiento o detención. 2. Fiscal (sic) actuante tiene las facultades siguientes: a) examinar los documentos y expedientes de cualquier detenido, acusado, sancionado o asegurado, b) revisar las instalaciones y locales habilitados al efecto. c) comprobar el cumplimiento y legalidad de las órdenes y disposiciones dictadas por el órgano o autoridad correspondiente, d) entrevistar detenidos, acusados en prisión provisional, sancionados o asegurados. e) realizar las verificaciones que procedan, f) formular recomendaciones para el mejor cumplimiento de las leyes y reglamentos, proponiendo las medidas para la erradicación de las infracciones así como las causas y condiciones que las propicien, g) emitir resoluciones para que se restablezca la legalidad quebrantada en caso de infracción. Si la violación se refiere a la detención ilegal de cualquier persona, puede disponer, mediante auto, su inmediata libertad. Si la violación se refiere a la privación de libertad ilegal de cualquier persona, el fiscal actuará conforme al procedimiento establecido según el caso; h) examinar los documentos que acrediten la concesión de la libertad a detenidos, acusados, sancionados o asegurados, así como estudiar y dictaminar los casos en que pudiera concederse la libertad condicional a partir del cumplimiento de los requisitos fijados por la ley, formulando los pronunciamientos que procedan”.

(26) Libro Blanco, 2007, ob. cit.

(27) En Centroamérica la población total carcelaria en el año 2000 es de 195.842 personas. De ellos entre el 12 y el 88 % de la población se encuentran bajo la condición de detenidos en espera de sentencia. Por su parte, en Suramérica la población alcanza a 396. 132 personas en prisión. En esa región entre el 36 y el 92 % de la población carcelaria se encuentran en situación de detenidos; se destaca el caso de Paraguay con 92,7 % de la población bajo esa condición y Bolivia con la escala menor para el conjunto de la subregión con 36 %. Tomado del Centro Internacional para Estudios Penitenciarios. El Sistema Carcelario Latinoamericano. Comisión Latinoamericana por los Derechos y Libertades de los Trabajadores y los Pueblos CLADEHLT, 2004.

(28) Ibídem.

(29) Cfr. Cuba y los Derechos Humanos. Por un Mundo de Humanos con Derechos. El Sistema Penitenciario Cubano, abril, 2005. Visible el 24 de diciembre de 2011 en: http://www.cubaminrex.cu/CDH/61cdh/Derechos% 20Humanos%20en%20Cuba/Sistema%20Penitenciario.htm.

(30) El artículo 58 de la Constitución de la República de Cuba declara que el detenido o preso es inviolable en su integridad personal. Ver Gaceta Oficial de la República de Cuba. Edición extraordinaria del 31 de enero de 2003, visible a través del sitio web: http://www.gacetaoficial.cu

(31) Cfr. Nota de prensa digital: “Silvio Rodríguez concluyó en Santa Clara sus conciertos por las prisiones cubanas”. Portal Provincial de Villa Clara. Visible en: http://www.vcl.jovenclub.cu/

(32) Regla 37. Los reclusos estarán autorizados para comunicarse periódicamente, bajo la debida vigilancia, con su familiar y con amigos de buena reputación, tanto por correspondencia como mediante visitas. Cfr. Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos. Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977.

(33) Artículo 98. La asistencia religiosa es un derecho de los internos y tiene un carácter voluntario, lo que es informado a su ingreso por las autoridades penitenciarias. Este servicio puede ser de carácter individual o colectivo y comprende: la realización de confesiones, entrevistas individuales privadas, la comunión y la celebración de misas o cultos con un contenido meramente religioso. La asistencia religiosa se realiza en días y horarios que no afecten el desarrollo de otras actividades previstas en los centros penitenciarios, en especial, las relacionadas con los programas educativos.

Artículo 99. La asistencia religiosa es ofrecida por las personas que ofician pública y oficialmente en las instituciones religiosas legalmente reconocidas en el país. En ningún caso se autoriza a internos como representantes o activistas de alguna religión.

Artículo 100. La asistencia religiosa solo se les brinda a los internos en los centros penitenciarios cerrados. Aquellos que se encuentren en centros abiertos pueden recibir esta atención durante el tiempo que se encuentren de permiso de salida.

Artículo 101. La periodicidad de la asistencia religiosa individual es de 1 vez al mes y el tiempo máximo de duración es de 1 hora. Cuando el interno se encuentra gravemente enfermo o imposibilitado, el jefe del centro penitenciario puede autorizar excepcionalmente esta asistencia. La visita o entrevista extraordinaria, se adecuará a las circunstancias del lugar donde se encuentra el interno y siempre con el consentimiento médico correspondiente.

Artículo 102. La asistencia religiosa colectiva se realiza en aquellos centros penitenciarios cuyo número de internos que profesen una religión determinada así lo amerite. Este servicio incluye la realización de la misa o culto. Se realizan, como regla, en ocasión de festividades religiosas nacionales y en otras fechas que se determinen, con un tiempo de duración de hasta 2 horas, pudiendo analizarse de manera puntual una ampliación del tiempo, a partir del número de feligreses que participen en dicho servicio.

Artículo 103. El acceso de los representantes religiosos autorizados, se limita estrictamente a las oficinas o locales donde es atendido por el jefe del centro penitenciario en aquellos lugares destinados para la asistencia religiosa individual o colectiva.

Las autoridades religiosas, previo a la realización de las misas o cultos, son las encargadas de traer los símbolos y atributos, según la denominación religiosa que se trate.

Artículo 104. Los jefes de los centros penitenciarios y en su ausencia el segundo jefe que este designe son los responsables de atender directamente a las autoridades religiosas designadas.

El oficiante es acompañado siempre por un funcionario designado, que lo guiará y velará por su seguridad y protección, no siendo necesario que permanezca en los locales donde se efectúe el oficio religioso.

Artículo 105. Las autoridades penitenciarias no aceptarán ningún tipo de ofrecimiento de ayuda material dirigida a un interno, grupo de estos, o al centro penitenciario, que provenga de las autoridades religiosas; debiendo expresarse la negativa de forma cuidadosa y profesional.

(34) Ver Anexo II. Acuerdo Modelo sobre el Traslado de Reclusos Extranjeros y Recomendaciones sobre el Tratamiento de Reclusos Extranjeros. Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente.

(35) Entre los tratados y convenios internacionales relacionados con el tratamiento penitenciario se encuentran: Convención Americana sobre Derechos Humanos; Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad; Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y su Protocolo Opcional; Convención sobre los Derechos del Niño; Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas; Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares; Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; Convención sobre el Estatuto de los Refugiados; Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, y sus protocolos adicionales de 1977; Declaración Universal de Derechos Humanos; Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder; Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos; Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión; Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental; Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos; Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing); Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad; Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas no Privativas de Libertad (Reglas de Tokio). Ver el documento el documento aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su 131º período ordinario de sesiones, celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008, Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas.

(36) Cfr. Schianni, María Marta. El modelo de exclusión del derecho penal. Derecho penitenciario Discusiones actuales, Colección Derecho de Ejecución Penal. Ediciones Alveroni, Argentina: 2011, p. 142.

(37) Cfr. Riquer Fabián y Palacios Leonardo. “El Derecho Penal del Enemigo o las Excepciones Permanentes”. En: La Ley. Revista Universitaria, año V, n.º 3, junio, 2003, p.. 5.

(38) Cfr. Ferrajoli. Luigi. Derecho y razón. Teoría del garantismo penal. 7.ª edición. Trotta, Madrid: 2005, p. 396.

(39) Citado por Pacheco Natalia. Reflexiones sobre la constitucionalidad del artículo 14, 2.ª parte del Código Penal Argentino (Ley Nacional 25.892.). Derecho Penitenciario Discusiones actuales, ob. cit., p. 116.

(40) El respaldo constitucional aparece en los artículos 41 al 44 de la Constitución de la República, donde se regula la igualdad de derechos y deberes de todos los ciudadanos, así como la prohibición de discriminación por razón de sexo, color de la piel, raza, origen nacional, creencias religiosas y cualquier otra forma lesiva a la dignidad humana. Pero lo que a nuestro juicio resulta de particular interés —a los fines de la investigación— es la parte final del artículo 44 donde se prescribe que el Estado se esfuerza por crear todas las condiciones que propicien la realización del principio de igualdad, presupuesto legal que nos permitiría justificar nuestras concepciones de igualdad basada en la equidad como táctica y el principio de paridad de los diferentes. Ver Pérez Duharte, Arlin; Méndez López, Mirna y Alarcón Borges, Ramón. Ponencia “Género y adulto mayor. Binomio para una propuesta de la normativa penitenciaria en la sociedad cubana actual”, junio, 2005.

(41) Cfr. Mata y Martín Ricardo M. “El principio de legalidad en el ámbito penitenciario”. En: Revista General de Derecho Penal n.º 14, 2010, p. 1.

(42) El artículo 8.º de la Ley de la Fiscalía General de la República entre otros aspectos enumera que para el cumplimiento de sus objetivos tiene las siguientes funciones principales: velar por el cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones legales por los organismos del Estado, las entidades económicas y sociales y por los ciudadanos; actuar ante violaciones de los derechos constitucionales y las garantías legalmente establecidas y frente a las infracciones de la legalidad en los actos y disposiciones de organismos del Estado y sus dependencias, las direcciones subordinadas a los órganos locales y demás entidades económicas y sociales, exigiendo su restablecimiento; atender las reclamaciones que presenten los ciudadanos sobre presuntas violaciones de sus derechos; comprobar el respeto de las garantías constitucionales y procesales durante la investigación de denuncias y otras informaciones sobre hechos delictivos o índices de peligrosidad y velar por la legalidad en la tramitación de los procesos judiciales, de conformidad con las leyes y comprobar el cumplimiento de las sanciones y medidas de seguridad detentivas, conforme a lo dispuesto en la ley y en las correspondientes resoluciones judiciales y velar por el respeto de los derechos de las personas detenidas, aseguradas o sancionadas.

(43) Ver Resolución 45/111. Visible el 23 de diciembre de 2011 en: http://www.upoli.edu.ni/icep/legisinter/2.4%20Principios%20basicos%20para%20el%20tratamiento%20de%20los%20reclusos.pdf

(44) Cfr. Arocena Gustavo Alberto. Los Principios Básicos de la Ejecución Penitenciaria. Derecho Penitenciario. Discusiones actuales, ob. cit., p. 37.

(45) Viera Hernández, Margarita. “La reeducación del convicto, dentro de las alternativas criminológicas y en el contexto de un desarrollo sostenible. Notas para la discusión de un control social alternativo”. En: Margarita Viera Hernández (comp.). Lecturas Complementarias sobre Criminología, Universidad de La Habana, Facultad de Derecho, La Habana: 1988.

(46) Medina Cuenca, Arnel. “El expansionismo del derecho penal y su expresión en el incremento de las penas y en el sistema penitenciario”. Memorias del “I Congreso Latinoamericano de Derecho Penal y Criminología. Retos y Desafíos del Derecho Penal y la Criminología”. En reconocimiento al Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni. Convocado por la Universidad San Carlos de Guatemala, entre el 11 y el 15 de abril de 2011, con el auspicio de las universidades de La Habana, Cuba y de Valencia, España.

(47) El principio de resocialización debe entenderse en el sentido que hemos explicado anteriormente y no como sustitución coactiva de los valores del sujeto, ni como manipulación de su personalidad, sino como un intento de ampliar las posibilidades de participación en la vida social, una oferta de alternativas al comportamiento criminal. Mir Puig, Santiago. Derecho Penal. Parte General (Fundamentos y teoría del delito). Promociones Publicaciones Universitarias, Barcelona: 1984, p. 85.

(48) En los paradigmas de la resocialización para la moralidad, el objetivo del encierro carcelario es que el individuo interiorice y haga suyos los criterios valorativos dominantes en la sociedad a la que de integrarse, pues la regeneración moral es la única vía de retorno a la sociedad sin que haya riesgo de la comisión de futuros delitos. De la Cuesta Arzamendi, José L. La resocialización: objetivo de la ejecución penitenciaria. Citado por Arocena Gustavo. Derecho penitenciario Discusiones actuales. Colección derecho de ejecución penal. Ediciones Alveroni, Argentina: 2011,p. 38.

(49) Arocena, Gustavo, ob. cit., p. 39.

(50) Ruiz Vadillo, Enrique, ob. cit.

(51) Artículo 54 del Reglamento del Sistema Penitenciario, ob. cit.

(52) Ruiz Vadillo, Enrique. “Las garantías del proceso, presupuesto del tratamiento del delincuente (programa de Reglas Mínimas de Naciones Unidas. Palma, 1992)”. En: . Revista del Poder Judicial n.º 25, Consejo General del Poder Judicial, marzo, Madrid:1992.

(53) Mapelli Caffarena, ob. cit., p. 158.

(54) El artículo 13 del reglamento especifica que el área de evaluación y diagnóstico, es el segmento del área del interior penal que se destina para la recepción, estudio, caracterización y evaluación, por las diferentes especialidades para el ingreso o traslado de los internos.

(55) Mapelli Caffarena. ob. cit., p. 150.

(56) Conforme al artículo 13 del reglamento, el régimen de mayor severidad es aplicado a sancionados por delitos muy graves, en el entendido de haber recibido penas superiores a los 15 años de privación de libertad. El severo para otros tipos de delitos, aplicado a casos de personas sancionadas a una pena mayor de cinco años de privación de libertad. La severidad media, en el que son ubicados los reclusos sancionados a entre 3 y 5 años de privación de libertad. Por su parte, el artículo 14 establece que el de mínima severidad, que se aplica en lugares abiertos, o sea, campamentos de trabajo de régimen abierto, puede ser concedido incluso a personas sancionadas hasta tres años de privación de libertad por delitos cometidos con intencionalidad y hasta cinco años de privación de libertad por delitos cometidos a partir de la imprudencia.

(57) Por todos Mir Puig, Santiago. Derecho Penal. Parte General, 8.ª edición. Reimpresión. Editorial de Buenos Aires, Buenos Aires: 2008, p. 721.

(58) Citado por Mir Puig, ob. cit., p.. 721.

(59) Mapelli Caffarena, ob. cit., pp. 163 y 164.

(60) Artículo 113 del reglamento, ob. cit.

(61) Artículo 91.1. En los lugares de internamiento se desarrollan sistemáticamente las actividades preventivo-curativas correspondientes a la atención primaria médico-estomatológica, brindándose en coordinación con las instituciones de salud de cada área y de forma ambulatoria, elementos de la atención secundaria.

(62) Consultar sitio www.cubaminrex.cu/cdh/61cdh/CDH_61_Index.htm,, visible el 23 de diciembre de 2011.

(63) Artículo 19. Prisiones hospitales y prisiones-sanatorios para portadores del VIH- SIDA. Son centros especializados destinados a aquellos internos con patologías que requieren asistencia hospitalaria; así como portadores del VIH o enfermos de SIDA, que requieren de una atención médica y estomatológica diferenciada. Estos centros son cerrados y reúnen las condiciones de media seguridad, a partir de la peligrosidad y estado de salud de los internos. También artículo 29. 3. Para dispensar un tratamiento médico especializado a los internos portadores del VIH SIDA, se ubican en las prisiones hospitales creadas al efecto.

Artículo 92.1. Para garantizar la atención médica a los internos enfermos de VIH SIDA, evitar el contagio o propagación de esta enfermedad hacia otros segmentos de los mismos y asegurar el cumplimiento de las sanciones y medidas privativas de libertad, se crean centros de internamiento destinados exclusivamente para esta categoría hasta niveles de provincias o territorios. El tratamiento diferenciado a estos internos se regula en los procedimientos de trabajo para esta categoría. 2. Los internos sospechosos de haber contraído esta enfermedad son compartimentados del resto de los internos hasta tanto se compruebe mediante dictamen del facultativo.

(64) Artículo 20. Salas de penados de hospitales provinciales. En los hospitales provinciales de la Red Nacional de Salud Pública, se habilitan las salas de penados destinadas a aquellos internos que por su estado de salud requieren de una atención médica especializada y diferenciada. Dichas salas reúnen las condiciones de seguridad necesarias para asegurar el control, vigilancia y custodia de los internos.

(65) Cfr. Cuba y los Derechos Humanos. Por un Mundo de Humanos con Derechos. El Sistema Penitenciario Cubano.

(66) Artículo 93. Las internas en estado de gestación y en períodos de lactancia son ubicadas en locales habilitados para estos fines dentro del lugar de internamiento, donde reciben el tratamiento asistencial adecuado y se les exime de las obligaciones que resulten incompatibles con su estado durante ese tiempo y según las especificaciones del dictamen médico.

Artículo 94. Las internas en estado de gestación, incorporadas al trabajo, recesan sus actividades laborales de conformidad con lo establecido en la legislación laboral vigente, recibiendo los haberes correspondientes durante todo este período.

(67) Artículo 95.1. Con el objetivo de garantizar la debida atención materna durante el primer año de vida, el nacido puede permanecer al cuidado de la madre en el lugar donde esta extinga sanción o medida. 2. Asimismo, siempre que se tenga el consentimiento de la madre, el niño puede ser entregado a un familiar u otra persona para su guarda y cuidado, antes o a partir de la edad señalada, o se gestionará su ingreso en un círculo infantil.

(68) Cfr. De la Cuesta Arzamendi, José L. “Un deber (no obligación) y derecho de los privados de libertad: el trabajo penitenciario”. En: Lecciones de Derecho Penitenciario. Alcalá de Henares, 1985, (reimpresión 1989), p..133 (también publicado En: Papers d’estudis i formaciò. La qüestiò penitenciària, número especial, abril, 1987, pp. 103-130).

(69) Ver artículo 45 de la Constitución de la República de Cuba. Gaceta Oficial Extraordinaria n.º 3 de 31 de enero de 2003. Visible el 27 de diciembre 2011 en: http://www.gacetaoficial.cu.

(70) Artículo 27 del Código Penal Cubano. La sanción no tiene solo por finalidad la de reprimir por el delito cometido, sino también la de reeducar a los sancionados en los principios de actitud honesta hacia el trabajo, de estricto cumplimiento de las leyes y de respeto a las normas de la convivencia socialista, así como prevenir la comisión de nuevos delitos, tanto por los propios sancionados como por otras personas.

(71) El artículo 30, apartado 9.º del Código Penal establece: Durante el cumplimiento de la sanción, los sancionados aptos para el trabajo efectúan labores útiles, si acceden a ello. Y asimismo, el artículo 31.1. regula este asunto en los siguientes términos: a los sancionados a privación de libertad, recluidos en establecimientos penitenciarios a) se les remunera por el trabajo socialmente útil que realizan. De dicha remuneración se descuentan las cantidades necesarias para cubrir el costo de su manutención, subvenir a las necesidades de su familia y satisfacer las responsabilidades civiles declaradas en la sentencia, así como otras obligaciones legalmente establecidas.

(72) Consultar el sitio web Leyes - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social www.mtss.cu › Legislación laboral. Visible el 23 de diciembre de 2011.

(73) Dentro de las actividades productivas se destaca en la actualidad el programa alimentario dirigido a mejorar la alimentación de los reclusos y también de los combatientes que cumplen con las labores de seguridad y custodia de las instalaciones penitenciarias. Este plan está activando las capacidades productivas de las prisiones para desarrollar la producción de alimentos. Debe tenerse presente que las penitenciarías cubanas sufren los mismos rigores y limitaciones en el tema de la alimentación que el resto de la sociedad cubana, como consecuencia del prolongado y recrudecido bloqueo impuesto a Cuba por Estados Unidos. Ver Libro Blanco, 2007, ob. cit.

Para tales fines fueron construidas o acondicionadas instalaciones como centros penitenciarios con mejores condiciones de reclusión, la población penal participó activamente en la ejecución de obras sociales y económicas (escuelas, centros productivos, viviendas y otras) así como en la producción de alimentos, producciones varias y de materiales de construcción, las cuales, además de contribuir a formar valores humanos, representaron importantes aportes económicos y sociales y tuvieron un importante impacto social en los reclusos y sus familiares.

(74) En el sistema de prisiones en la actualidad se desarrollan los siguientes programas:

El Programa Audiovisual: este programa comenzó a materializarse en octubre del año 2001 y hoy se encuentra implantado en todos los centros penitenciarios del país. A tales fines se dotó a cada centro penitenciario de televisores y equipos de vídeo con fines educativos, organizándose un plan de estudio denominado “Por Nuevos Caminos”, sustentado en cursos de diferentes materias contenidas en el programa “Universidad para Todos” (de cultura general para toda la población) y otros materiales educativos y películas. De igual forma y siguiendo los métodos propedéuticos y pedagógicos se creó la figura del recluso–monitor, que se afianzó positivamente como un líder del proceso de enseñanza y aprendizaje, que a la vez de contribuye a la superación del resto de la población penal y contribuye a su propia formación en el camino de su reincorporación a la sociedad.

El Proyecto Reincorporación: este se constituye como el más avanzado de los programas que se ejecutan en la actualidad. Partiendo de una dotación de profesionales con alta calificación que realizan sus labores directamente con los internos y de una estructura organizativa en grupos de 25 a 30 internos, se realiza una labor formativa, instructiva o correctiva individualizada. Cada interno es valorado por un grupo multidisciplinario de psicólogos, pedagogos y juristas. Se realizan pruebas psicométricas y entrevistas tanto a ellos como a sus familiares allegados, con el fin de elaborar un plan de acción individual lograr el compromiso consciente y voluntario de estos de trabajar unidos para su adecuada reinserción a la sociedad.

Programa de Tratamiento Diferenciado a los Jóvenes Reclusos: muy asociado al programa anterior, se encuentra el proceso diferenciado que se sigue con los jóvenes reclusos. A pesar de las limitaciones económicas con pocos recursos y esfuerzos propios, el sistema penitenciario cubano ha ido creando instalaciones especializadas para jóvenes reclusos en todo el país, donde además de garantizar una adecuada clasificación de estoscon respecto al resto de la población penal, se crean las condiciones para lograr la aplicación de un sistema de tratamiento educativo acorde a edades jóvenes, en las que aún está en proceso de formación la personalidad.

Programa para el Desarrollo de las Bibliotecas en las Prisiones: en la actualidad todos los centros penitenciarios cuentan con bibliotecas y fondos bibliográficos suficientes como para establecer estilos y hábitos de lectura dentro de la población penal, de utilidad no solo para los penados sino también para los funcionarios que prestan sus servicios en estos lugares. A estos efectos se han realizado convenios con las bibliotecas de todo el país las cuales facilitan, además de la capacitación anteriormente señalada, el préstamo y donación de libros. En muchos establecimientos penitenciarios se han promovido actividades de donación de libros a sus respectivas bibliotecas por organizaciones sociales y de masas, por los propios funcionarios penitenciarios y por los familiares de los reclusos.

Programa para el Desarrollo de Cursos de Enfermería: este programa, organizado con la cooperación del Ministerio de Salud Pública, comenzó a ejecutarse en marzo del 2004. De esta forma, los cursos de enfermería se imparten a reclusos y reclusas, previamente seleccionados al ostentar el título escolar de Bachiller o duodécimo grado de escolaridad, que se acojan a los principios de voluntariedad y buena disciplina, para que en el futuro y una vez graduados ejerzan en la sociedad como enfermeros y enfermeras en las policlínicas y hospitales o cualquier otro lugar que forme parte del sistema de salud en Cuba. El curso se imparte en el Hospital Docente Nacional de Reclusos, ubicado en la Prisión Combinado del Este, en la capital del país y en la actualidad se proyecta su ampliación a las demás provincias del país.

(75) Libro Blanco, 2007, ob. cit.

(76) En septiembre del 2002 se inició la aplicación de una novedosa iniciativa en el terreno de la reeducación denominada “Por nuevos caminos”, la cual abarca a 84 centros penales e incluyó la instalación de 1076 televisores y 195 equipos de video, que mediante circuito cerrado permiten disfrutar los diferentes materiales educativos, culturales y recreativos en los locales habilitados para ello.

(77) Estas actividades están amparadas en los artículos 81 y siguientes del reglamento, el que cubre el contenido legal siguiente: artículo 81. El Programa Audiovisual Patriótico abarca los programas que tienen como objetivo la superación cultural, política y técnica de los internos.

Artículo 82. Para garantizar el desarrollo del Programa Audiovisual Patriótico, los lugares de internamiento son equipados con medios técnicos y la base material de estudio correspondiente, que permitan la preparación metodológica y la transmisión simultánea de las clases a los distintos grupos que se organicen.

Artículo 83. El Programa Audiovisual Patriótico tiene carácter voluntario y a él pueden incorporarse todos los internos que así lo soliciten, previa aprobación de las autoridades penitenciarias.

Artículo 84. Como parte del desarrollo de este programa se realizan actividades educativas de carácter patriótico relacionadas con la conmemoración de fechas históricas y la divulgación de información relacionada al acontecer nacional e internacional.

Artículo 85. Los resultados obtenidos por los internos en los cursos del Programa Audiovisual Patriótico son registrados en sus evaluaciones periódicas y se tienen en cuenta para el otorgamiento de los beneficios establecidos en este reglamento.