Antitrust y propiedad intelectual en los contratos de transferencia de tecnología

Revista Nº 17 Oct.-Dic. 2007

Jesús Pérez Villamizar 

1. Introducción.

Este escrito tiene como propósito analizar cómo los sistemas jurídicos estadounidense, europeo y andino estudian las cláusulas de licenciamiento de tecnología, como la grant-back. Después de mostrar un panorama sobre la materia, que va de lo general a lo particular, se podrá concluir qué tipo de regla —de la razón o per se— utilizan las cortes para interpretar los efectos que traen los diversos tipos de estipulaciones en el mercado.

En un primer acercamiento, se podría pensar que las normas de propiedad intelectual y las disposiciones antitrust se encuentran en orillas opuestas. En efecto, las primeras le conceden a un individuo un monopolio estatal, con el propósito de incentivarlo a que continúe con su producción de trabajo intelectual. Como consecuencia de lo anterior, a los beneficiarios de estos derechos —tales como patentes, secretos industriales o derechos de autor— se les confiere un derecho de exclusión, lo cual lleva a la conclusión de que la titularidad de un derecho de propiedad intelectual da lugar a unas características propias y a un tratamiento especial, de conformidad con las leyes de la competencia.

Por su parte, las leyes antitrust tienen como propósito mantener procesos competitivos justos y leales en el mercado. Al perseguir este fin, el Estado busca evitar los intentos de monopolización que generen un efecto anticompetitivo y que no surjan como consecuencia de eficiencias empresariales o de productos superiores, o simplemente como resultado de un hecho histórico. Se tiene entonces que mientras que con este tipo de disposiciones evitan monopolios en los mercados, las normas de propiedad intelectual los otorgan. Sin embargo, como se verá más adelante, ambas disciplinas tienen un mismo objetivo: el bienestar del mercado.

El licenciamiento de tecnología se ha convertido en un medio idóneo para generar bienestar en una sociedad. Esta práctica les permite a los titulares de derechos de propiedad intelectual integrar su tecnología con otras que se encuentren en el comercio, lo cual facilita la explotación y el desarrollo de esta. La consecuencia natural es que el consumidor final se beneficiará de mejores tecnologías a menores precios.

Además, el licenciamiento permite que quienes no tienen recursos para explotar sus inventos también puedan recibir una utilidad, a través de las regalías que pueden generar las licencias otorgadas. Con ello, se incentiva la creación, en la medida en que los titulares de tales derechos incrementan o generan unas ganancias y, como consecuencia indirecta, se fomenta investigación y desarrollo (I&D) en la sociedad(1).

2. Las leyes antitrust en los contratos de licenciamiento.

En casi todos los países del mundo se diferencian dos reglas para analizar las cláusulas de los contratos de licenciamiento. Estas tienen unas características propias que permiten su identificación:

a) Regla per se. Se aplica en los casos en que la conducta sea manifiestamente anticompetitiva. En su esencia y en su efecto, estos acuerdos resultan tan abiertamente anticompetitivos que no se necesita un estudio profundo de la conducta en el mercado.

b) Regla de la razón. Las conductas que no son per se ilegales deben ser estudiadas bajo la regla de la razón. En este caso, las cortes analizan el efecto anticompetitivo de la acción frente a su efecto procompetitivo. Si este último es superior, el juez decidirá que la conducta es legal bajo las normas antitrust.

Así las cosas, se ha generado un debate con relación a cuál regla se debe aplicar. Al respecto, los doctrinantes han afirmado que, cuando se usa la regla per se, las probabilidades de condenar a un inocente son altas —false conviction— y al aplicarse la regla de la razón existe una posibilidad mayor de declarar a un culpable inocente —false acquittal—. Otro elemento a tener en cuenta en la toma de la decisión es el costo administrativo que genera un proceso. Al respecto, Keyth Hylton dice que cuando el costo del false acquittal y del posible false conviction sea similar, debe aplicarse la regla per se. Por el contrario, si el costo de este último es alto, se debe preferir la regla de la razón(2).

En el derecho estadounidense, los acuerdos de precios y las restricciones a la producción usualmente son considerados ilegales per se. A continuación, se analizará si las posturas respecto de estos temas en el ámbito europeo, estadounidense y andino —especialmente, el caso colombiano— son similares o si, por el contrario, son opuestos.

2.1. Legislación europea.

2.1.1. Artículo 81 del Tratado de la CE 1997 O.J. (C 340) 173 – antiguo artículo 85 del tratado de Roma.

La disposición mencionada establece: “1. Serán incompatibles con el mercado común y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común y, en particular, los que consistan en:

a) Fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de transacción;

b) Limitar o controlar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o las inversiones;

c) Repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento;

d) Aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a estos una desventaja competitiva;

e) Subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos.

2. Los acuerdos o decisiones prohibidos por el presente artículo serán nulos de pleno derecho.

3. No obstante, las disposiciones del apartado 1 podrán ser declaradas inaplicables a:

—Cualquier acuerdo o categoría de acuerdos entre empresas;

—Cualquier decisión o categoría de decisiones de asociaciones de empresas;

—Cualquier práctica concertada o categoría de prácticas concertadas, que contribuyan a mejorar la producción o la distribución de los productos o a fomentar el progreso técnico o económico, y reserven al mismo tiempo a los usuarios una participación equitativa en el beneficio resultante, y sin que:

a) Impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables para alcanzar tales objetivos;

b) Ofrezcan a dichas empresas la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los productos de que se trate”.

Parecería, entonces, que el artículo transcrito relaciona algunas conductas que deberían ser estudiadas a la luz de la regla per se. Esto se percibe al expresar: “en particular, los que consistan en...”, y dada la enumeración de conductas como los acuerdos de precios y la limitación de la producción y repartición de mercados, las cuales han sido calificadas, en muchas legislaciones, como ilegales per se. Esto, en concordancia con el primer párrafo del artículo 81 (1), el cual, en su inicio, parece estar orientado a la aplicación de la regla de la razón.

El artículo 81(2) expresa que cualquier acuerdo prohibido en esa disposición será nulo de pleno derecho. Esta norma es aplicable a las dos categorías que se encuentran en el numeral 1.º, de manera tal que una corte podría concluir que las conductas establecidas en los literales a), b), c) ,d) y e) son ilegales per se, interpretando las demás bajo la regla de la razón.

Sin embargo, el artículo 81(3) no permite la posibilidad de aplicar la regla per se y revive el uso de la regla de la razón respecto de todas las actividades señaladas por esa disposición, incluidos los literales a), b), c), d) y e). El artículo señala que no serán aplicables las disposiciones del numeral 81(1), cuando el acuerdo, la decisión o la práctica tenga efectos procompetitivos(3). Es decir, los convenios que se enmarquen bajo el espectro del artículo 81(1) pueden ser justificados bajo el 81(3).

Entonces, la conclusión no puede ser otra que la de que, a la luz del artículo 81(3) del Tratado de la CE 1997 O.J. (C 340) 173 —antiguo artículo 85 del Tratado de Roma (en adelante, el Tratado de la CE)—, se obliga a que todas las prácticas sean analizadas bajo la regla de la razón. Esto significa que la Unión Europea no realiza la consideración utilitarista estadounidense para decidir qué regla usar. Como resultado del análisis de los tres numerales, y de conformidad con la disposición mencionada, se podría afirmar que en la Unión Europea no existe la aplicación de la regla per se.

2.1.2. Acuerdos de licenciamiento de tecnología – Reglamento Nº 772/2004 de la Comisión (CE): excepción al artículo 81 del Tratado(4). 

Es importante comenzar este apartado expresando que, en virtud del parágrafo 7º, la aplicación del Reglamento Nº 772/2004 se limita a los acuerdos de transferencia de tecnología donde el licenciante autoriza expresamente al licenciado a explotar la tecnología licenciada para la producción de bienes o servicios. Por otra parte, el artículo 2º establece una excepción al artículo 81(1) del Tratado de la CE, la cual consiste en que no será aplicable cuando en un contrato de licenciamiento se realice una transferencia de tecnología.

La excepción se establece frente a todos los supuestos del artículo 81(1). Como consecuencia de lo anterior, se abre la posibilidad de usar un sinnúmero de cláusulas en los licenciamientos de tecnología, las cuales están prohibidas por las normas antitrust para otro tipo de acuerdos. Un ejemplo de lo anterior son las estipulaciones que limitan el uso o restringen la I&D sobre la tecnología licenciada.

Esta excepción puede ser entendida, si se comprende que uno de los fines perseguidos por los derechos de propiedad intelectual es promover la tecnología en la sociedad, supuesto que inspira la excepción del artículo 81(3). En consecuencia, es importante considerar si es necesaria la excepción del Reglamento Nº 772, teniendo en cuenta que se encuentra prevista en el artículo 81(3) del Tratado de la CE.

2.1.3. Excepción hecha para las cláusulas en licenciamientos de tecnología, como las ‘grant-back(5). 

Si bien es cierto que el bloque de excepciones del Reglamento Nº 772/2004 permite que los acuerdos de licenciamiento de tecnología no sean analizados bajo las provisiones del 81(1), también lo es que el artículo 5º del mismo instrumento establece una excepción al excluir de la “zona de seguridad”(6) del artículo 2º a ciertas cláusulas como las grant-back. Esto significa que este tipo de estipulaciones deben analizarse dentro del espectro del artículo 81(1) como cualquier otra cláusula de un acuerdo que no involucre transferencia de tecnología.

Como se aprecia, toda esta construcción permite cuestionar si en realidad no bastaba con darle aplicación armónica al artículo 81 del instrumento comunitario en sus tres literales. De ahí que se pueda afirmar entonces que las cláusulas de los contratos de licenciamiento de tecnología serán declaradas válidas en Europa, así restrinjan la competencia, solamente si contribuyen al progreso tecnológico. Es decir, siempre serán evaluadas a la luz de la regla de la razón.

2.2. Legislación estadounidense.

En innumerables ocasiones, la Agencia para el Libre Comercio de Estados Unidos ha expresado que los derechos de propiedad intelectual —en adelante, PI— tienen una naturaleza negativa. Además, el organismo no presume que los titulares de estos derechos tengan una posición de dominio(7). Sin embargo, en caso de que llegaran a tenerlo, muchas conductas que en otros escenarios serían anticompetitivas no lo serían frente al licenciamiento de tecnología.

En consecuencia, bajo ninguna circunstancia los titulares de derechos de PI están obligados a licenciar su tecnología a terceros en el mercado(8). En el caso Kodak, por ejemplo, el 9º Circuito —California— estableció: “... dos principios habían surgido en el juego entre las leyes antitrust y los derechos de PI: (i) ni los titulares de patentes ni los de derechos de autor son inmunes a la responsabilidad frente a las leyes antitrust y (ii) titulares de derechos de patentes o de derechos de autor pueden rehusarse a vender o licenciar sus trabajos protegidos”(9).

Es más, la Agencia es consciente de los beneficios procompetitivos del licenciamiento de derechos de PI, ya que permite que el titular de la PI fusione sus derechos con los de otros actores y así pueda entrar más fácilmente o más eficientemente al mercado. Además, el licenciamiento resuelve el problema del bloqueo de derechos —blocking patents— permitiendo que los dueños de las tecnologías —protegidas— que generan la restricción coordinen el desarrollo de estas, de manera que se permitan los avances tecnológicos que se bloquean entre sí(10).

En las diferentes legislaciones, lo realmente complicado es precisar cuál es el efecto procompetitivo de las limitaciones en los acuerdos de licenciamiento. Para la Agencia, estas limitaciones pueden ser procompetitivas en la medida en que, por ejemplo, se les permita a los titulares de la PI explotar sus derechos de una forma más eficiente o dejar en el dominio público las innovaciones a la tecnología licenciada (11). Por esta razón, salvo que se trate de un acuerdo de precios evidente o una abierta restricción a la producción, estos casos siempre se estudiarán de conformidad con la regla de la razón.

Sin embargo, el análisis se torna más complicado aún, cuando se está frente a cláusulas como la grant-back. Estas estipulaciones siempre deben ser interpretadas a la luz de la regla de la razón.

Es necesario aclarar entonces que hay diferentes tipos de cláusulas grant back. En efecto, existen del tipo en que el licenciatario tiene que asignarle al licenciante cualquier mejora o innovación tecnológica que realice sobre el producto o servicio protegido por la PI. También las hay no-exclusivas, las cuales le permiten al licenciatario otorgar licencias a terceros respecto de su innovación tecnológica.

Como se puede observar, esta estipulación puede adquirir diferentes formas(12), algunas con evidentes efectos procompetitivos, como en el último caso, en donde se previene que el licenciatario bloquee al licenciante para poder usar la innovación tecnológica y así poder seguir trabajando sobre nueva tecnología y optimizar el proceso innovador. Incluso, se pueden encontrar formas un poco más controversiales.

Como los efectos procompetitivos pueden ser diversos, también se puede citar, por ejemplo, el hecho de la recompensa económica que se le genera al inventor y al licenciante que no pueda poner en marcha su invento por razones económicas, lo cual hace que el creador le revele prontamente al público su invención. De otro lado, puede generar un efecto perverso en el mercado, en la medida en que se cercena el espíritu innovador del licenciatario al no recibir retribución por sus mejoras.

La Agencia estudia las cláusulas grant back a la luz de la regla de la razón. Es decir, realiza el balance de los efectos anticompetitivos frente a los procompetitivos de la conducta. Esta decisión fue acogida por el organismo con base en el pronunciamiento de la Corte Suprema estadounidense en el caso Transparent Wrap Machine Corp.(13), en donde se estableció que este tipo de estipulaciones no es ilegal per se.

Al analizar el asunto desde un primer acercamiento, el alto tribunal expresó que las cláusulas de licenciamientos de tecnología grant-back no promueven la innovación de la tecnología. Para ello, argumentó que el licenciatario no tiene ningún incentivo en realizar alguna innovación si está obligado a entregarle al licenciante el producto de su ingenio(14). Esta posición de la Corte se encuentra en concordancia con las políticas y lineamientos que busca la PI —específicamente, en materia de patentes—, como lo son la promoción y el progreso de las ciencias y las artes.

Sin embargo, la Corte entró a analizar más a fondo su tesis y concluyó que, en este caso, no aplica la teoría esbozada en un principio, puesto que el licenciatario e innovador no tendría que pagarle regalías por su innovación al licenciante(15). Este argumento resulta debatible. Según la corporación de justicia, el innovador está motivado a innovar por el simple hecho de que no tendrá que pagar por su propia innovación. Esta postura parece más una ironía que un argumento sólido para decir que estas cláusulas deberían ser estudiadas en su totalidad bajo la regla de la razón.

Por increíble que parezca, la Agencia se ha basado en esta tesis para aceptar todo tipo de cláusulas grant-back. Tal vez valdría la pena que las cortes estudiaran la posibilidad de estipular algunas disposiciones de este tipo en cláusulas ilegales per se o anticompetitivas en el mercado. Como se señaló con anterioridad, una estipulación así puede generar un monopolio eterno —por el tiempo de la protección de cada innovación— en cabeza de una persona. Esta conducta se presentaría en la medida en que el licenciante obligue en el contrato a los licenciatarios a entregarle todas las innovaciones que estos últimos hagan sobre la creación inicial. De allí se puede afirmar entonces que este tipo de cláusulas en Estados Unidos son interpretadas bajo la regla de la razón. Así mismo, en los dos sistemas jurídicos analizados hasta ahora, las cláusulas grant-back nunca son miradas bajo el esquema de la regla per se.

A continuación se examinará si en la Región Andina, y particularmente en Colombia, prima la regla de la razón o si, por el contrario, se aplica la regla per se.

2.3. Legislación andina —Colombia—.

En la Comunidad Andina de Naciones (CAN) se ha presentado una interesante evolución legal, desde la restrictiva Decisión 24 de 1970 hasta la flexible Decisión 291 de 1991. Según la primera normativa, se requería de aprobación gubernamental para que los contratos de licenciamiento fueran válidos, con el objeto de realizar un escrutinio ex ante del acuerdo. Esta posición fue asumida previamente por Europa en el artículo 81 del Tratado de la CE, lo que conllevó a que el número de autorizaciones pedidas y el costo administrativo se incrementaran a tal punto que se concluyera acertadamente que no era la forma más eficaz de manejar este asunto legal.

Como respuesta a la congestión generada se profirió la Decisión 291. Esta normativa pasó del requerimiento de aprobación al sistema de registro, el cual se encontraba más acorde con los principios internacionales de publicidad.

Según Detlev Vagts, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard(16), existen aspectos similares entre los regímenes establecidos por las dos decisiones. Esta afirmación puede resultar bastante criticable, puesto que basta con leer las normas para darse cuenta de la enorme diferencia que significa un control del Gobierno ex ante, que implica un escrutinio al contenido del acuerdo, frente a un simple registro que tan solo conlleva un chequeo sistemático de forma.

Adicionalmente, la Decisión 291 expresa que el registro no es un requisito de existencia, es decir, así no se haya registrado la licencia, esta es válida para las partes. El registro sirve para dar publicidad, pues permite que los terceros puedan conocer si una tecnología específica tiene una licencia o no y a nombre de quién se expide.

En este punto se hace preciso mencionar cuáles son las normas que se deben aplicar cuando se realiza un contrato de licencia de tecnología en la CAN y qué regla se usa para estudiar las conductas en el mercado. En efecto, la Decisión 608 del 2005 es la normativa que protege y promueve la competencia en la región Andina. Es así como el artículo 7º expresa: “Se presume que constituyen conductas restrictivas a la libre competencia, entre otros, los acuerdos que tengan el propósito o el efecto de:

a) Fijar directa o indirectamente precios u otras condiciones de comercialización;

b) Restringir la oferta o demanda de bienes o servicios;

c) Repartir el mercado de bienes o servicios;

d) Impedir o dificultar el acceso o permanencia de competidores actuales o potenciales en el mercado; o,

e) Establecer, concertar o coordinar posturas, abstenciones o resultados en licitaciones, concursos o subastas públicas.

Se excluyen los acuerdos intergubernamentales de carácter multilateral”.

Por su parte, el artículo 8º establece las conductas que se presumen abuso de la posición de dominio: “Se presume que constituyen conductas de abuso de una posición de dominio en el mercado:

a) La fijación de precios predatorios;

b) La fijación, imposición o establecimiento injustificado de la distribución exclusiva de bienes o servicios;

c) La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o arreglo al uso comercial, no guarden relación con el objeto de tales contratos;

d) La adopción de condiciones desiguales con relación a terceros contratantes de situación análoga, en el caso de prestaciones u operaciones equivalentes, colocándolos en desventaja competitiva;

e) La negativa injustificada, a satisfacer demandas de compra o adquisición, o a aceptar ofertas de venta o prestación, de productos o servicios;

f) La incitación a terceros a no aceptar la entrega de bienes o la prestación de servicios; a impedir su prestación o adquisición; o, a no vender materias primas o insumos, o prestar servicios a otros; y,

g) Aquellas conductas que impidan o dificulten el acceso o permanencia de competidores actuales o potenciales en el mercado por razones diferentes a la eficiencia económica”.

Al igual que ocurre en Estados Unidos y en Europa, la CAN tampoco proscribe la posición de dominio en el mercado, si esta es adquirida por las vías adecuadas, sin perjuicio de que se prohíban: (i) el abuso de esta posición en el mercado y (ii) la celebración de acuerdos que tengan como objeto o como efecto la prevención, restricción o distorsión de la competencia. Como se puede observar, se mantiene una posición muy similar a la del artículo 81 del Tratado de la CE, razón por la cual se puede afirmar que tampoco existe una aplicación de la regla per se en relación con los contratos de licenciamiento de tecnología en esta legislación.

Sin embargo, en Colombia también se ha dado el debate de si las conductas que se encuentran en los artículos 47, 48 y 50 del Decreto 2153 de 1992 son conductas ilegales per se, es decir, se da una presunción de derecho y, por consiguiente, no pueden ser analizadas conforme a la regla de la razón. Se trata de una discusión en la cual no se ha dado la última palabra, pues se está a la espera de una posición al respecto por parte del Consejo de Estado.

En materia de contratos de licenciamiento de tecnología, se puede observar que el artículo 49 del Decreto 2153 de 1992 crea una excepción idéntica a la del Reglamento Nº 772 del 2004 de la Unión Europea. En esta disposición se afirma que las conductas que tengan por objeto la cooperación en I&D con el fin de generar nuevas tecnologías no se tendrán como contrarias a la libre competencia.

A este respecto, el Consejo de Estado colombiano ya tomó posición y ha expresado que las cláusulas de los contratos de licenciamiento de tecnología no serán declaradas ilegales o anticompetitivas, si su objeto es fomentar una transferencia tecnológica que lleve a un crecimiento en la economía del país(17). Por ende, si se cumplen estos requisitos, las cláusulas grant-back no serán consideradas como anticompetitivas.

Por su parte, vale la pena mencionar que en relación con los contratos de transferencia de tecnología, la Decisión 291 establece la posibilidad de que en la legislación interna de los países miembros de la CAN se consagren: “... f) Cláusulas que obliguen al comprador de tecnología a transferir al proveedor, los inventos o mejoras que se obtengan en virtud del uso de dicha tecnología...”. Por ello, se puede concluir que esta es tan solo una posibilidad que la normativa andina les da a los países miembros y, por ende, claramente no se trata de una imposición. Además, como se señaló en el párrafo anterior, Colombia no tomó esta vía, sino, por el contrario, admite la inclusión en los contratos de este tipo de cláusulas cuando contribuyan al crecimiento tecnológico del país.

En conclusión, al igual que sucede con Estados Unidos y la Unión Europea, la CAN y, en especial, Colombia, permiten la estipulación de este tipo de cláusulas, las cuales deben ser analizadas conforme a la luz de la regla de la razón. Es decir, nunca las consideran per se ilegales cuando su efecto anticompetitivo en el mercado se encuentre en entredicho.

3. Conclusiones.

De los asuntos tratados hasta este punto se pueden extraer las siguientes conclusiones:

a) Analizados los contratos de licenciamiento de tecnología, y particularmente la cláusula grant back, se puede afirmar que los sistemas jurídicos estadounidense, europeo y andino —en especial, el colombiano— adoptan el mismo tipo de escrutinio para estudiar esta clase de estipulaciones. Independientemente de la forma como cada uno de estos sistemas llega a esa conclusión, en cada uno de ellos tales cláusulas son analizadas a la luz de la regla de la razón, balanceando los efectos anticompetitivos frente a los procompetitivos y decidiendo basados en los hechos.

b) En todos los sistemas jurídicos analizados, la regla per se no es aplicable a cláusulas, como la grant back en los contratos de licenciamiento de tecnología.

c) Una conducta que se encuentre entre las consideradas como anticompetitivas será aceptada en la medida en que los contratos de licenciamiento favorezcan el crecimiento tecnológico de los países. Esto es comprensible, si se tiene en cuenta que su efecto en el crecimiento del país es más importante que su efecto anticompetitivo.

(1) Loctite Corp. v. Ultraseal Ltd. En: 781 F.2d 861, 876 (Fed. Cir. 1985).

(2) Hylton, K. Antitrust law, economic theory & common law evolution. 130, Cambridge University press ed., 2003.

(3) Elhauge, E. y Gerardin, D. Global antitrust law and economics. Foundation Press ed., 2007.

(4) Reglamento (CE) n.º 772/2004 de la Comisión, del 27 de abril del 2004, relativo a la Aplicación del Apartado 3.º del Artículo 81 del Tratado a Determinadas Categorías de Acuerdos de Transferencia de Tecnología.

(5) Consiste en la obligación que tiene el licenciatario de concederle derechos al licenciante sobre sus propios perfeccionamientos o aplicaciones a la tecnología licenciada.

(6) Término usado en: Departamento de Justicia de Estados Unidos de América & Comisión Federal de Comercio. Antitrust guidelines para el licenciamiento de la propiedad intelectual para el licenciamiento de propiedad intelectual. Rev. 1995 § 4(3).

(7) Ibídem, rev. 1995 § 2(2)

(8) Data General Corporation v. Grumman Systems Support Corporation. En: 36 F.3d 1147, 1160 (U.S. Court of Appeals, First Circuit).

(9) Image Technical Services, Inc. v. Eastman Kodak Co. En: 125 F. 3d 1215 (9.th Circuit 1997).

(10) Antitrust guidelines…, cit. § 2(0).

(11) Ibídem, § 3(2).

(12) Greiman, V.A. International business agreements. Class 7: technology licensing, course packet supplement 5. Material de clase.

(13) Transparent – Wrap Machine Corp v. Stokes & Smith Co. En: 329 U.S. 637 (1947).

(14) Ibídem.

(15) Merges. R.P. et al. Patent law and policy: cases and materials. 1391, Lexis Nexis, 3.a ed., 2002.

(16) Vagts, D.F. et al. Transnational business problems. 386, Foundation Press, 3.a ed., 2003 (1986).

(17) C.E. de Colombia, Sec. Primera, Exp. 2335, dic. 7/93. C.P. Libardo Rodríguez Rodríguez.