Aportes a seguridad social de independientes según la Ley 1753 del 2015

Revista Nº 191 Sep.-Oct. 2015

Alexandra Gnecco Mendoza 

Asesora independiente 

La reciente aprobación de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, 1753 del 2015, modificó el IBC de los independientes para efectos de sus aportes a seguridad social. No obstante, se delega en el Gobierno Nacional la regulación de algunos aspectos, con lo cual continúa el vacío normativo sobre el tema.

Los siguientes son los principales aspectos que trae el artículo 135 de la Ley 1753:

1) Se establecen dos categorías de independientes para determinar el IBC, que para efectos de este artículo denominaremos grupo 1 y grupo 2.

En el grupo 1 se encuentran los trabajadores independientes por cuenta propia y los independientes diferentes a prestación de servicios.

Conforme se encuentra la disposición de la interpretación integral del artículo 135, así como de disposiciones anteriores y pronunciamientos de la Corte Constitucional, podría concluirse inicialmente que:

a) Los trabajadores independientes por cuenta propia son aquellos que no cumplen con los requisitos para estar en el grupo 2. A estos haremos referencia más adelante.

b) No es claro a qué se refiere la ley con independientes diferentes a prestación de servicios. Considerando que no se hace alusión a la palabra trabajadores, podría interpretarse que dentro de estos estarían aquellas personas que tienen capacidad de pago, pero que no prestan servicios(1) y los cuales, de acuerdo con el artículo 32 de la Ley 1438 del 2011, deberán ser afiliados (por lo menos al sistema general de seguridad social en salud), en virtud del principio de universalidad del aseguramiento señalado en dicha ley(2).

Lo anterior también en consonancia con lo que ha indicado la Corte Constitucional en Sentencia C-578 del 2009, según la cual, “es trabajador independiente toda persona natural que ejerce personal y directamente una profesión, oficio o actividad económica, con o sin trabajadores a su servicio, sin sujeción a contrato de trabajo, con lo cual se concluye que la expresión trabajadores independientes incluye a todas las personas económicamente activas”.

De otra parte, aun cuando no se hizo referencia expresa de estos en la ley pero sí en el proyecto de ley, en este subgrupo, bajo esta interpretación quedarían los rentistas de capital, por tener capacidad de pago y quienes han sido incluidos como contribuyentes en disposiciones legales y por la Corte Constitucional en la misma sentencia anterior(3).

Por otro lado, en el grupo 2 se encuentran los trabajadores independientes que tienen contrato de prestación de servicios personales relacionados con las funciones de la entidad contratante y que no impliquen subcontratación alguna o compra de insumos o expensas relacionados directamente con la ejecución del contrato.

2) La base de aportes para ambos grupos no puede ser inferior al salario mínimo y los aportes se establecerán mes vencido. Lo anterior supondría que los ingresos a tener en cuenta para efectos del aporte son los recibidos en el mes inmediatamente anterior, y serán estos y no los del mes de facturación, los que los contratantes tengan en cuenta al momento de la verificación de los aportes, según los artículos 27 de la Ley 1393 del 2010 y 3º del Decreto 1070 del 2013.

3) Para los independientes de ambos grupos, el IBC será mínimo el 40% del valor mensualizado del contrato, excluyendo el total de IVA.

Recuérdese que el artículo 18 de la Ley 1122 del 2007 señala el porcentaje obligatorio para salud sobre una base de la cotización máxima de un 40% del valor mensualizado del contrato, es decir, que el 60% correspondía a los costos operacionales en que incurría el independiente para el desarrollo de su actividad, pero, si bien esto no se daba en la práctica, la redacción de la norma daba pie para que si el independiente incurría en más costos y gastos, cotizara sobre una base menor al 40%, pues esta era la base máxima.

Al establecer la Ley 1753 una base mínima, se considera que así el independiente incurra en más costos y gastos para su operación, no podrá deducirlos para determinar la base, lo cual sería lo justo y tendrá que cotizar sobre el 40% del ingreso bruto.

4) Los independientes del grupo 1 podrán deducir las expensas que se generen de la ejecución de la actividad o renta que originen los ingresos, siempre que cumplan los requisitos del artículo 107 del estatuto tributario(4).

No obstante, el IBC al restar las expensas, no podrá ser inferior al determinado por el sistema de presunción de ingresos que determine el Gobierno Nacional y, si ello es así, tendrá fiscalización preferente por parte de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).

5) Para los independientes del grupo 2, el ingreso base de cotización será en todos los casos mínimo el 40% del valor mensualizado de cada contrato, sin incluir el valor total del impuesto al valor agregado (IVA) y no aplicará el sistema de presunción de ingresos ni la deducción de expensas.

Aparte de la modificación frente a la base, la novedad es que los contratantes, previa regulación del Gobierno, serán quienes deban hacer la retención de la cotización, lo cual generará sin duda un mayor recaudo.

6) Cuando los independientes perciban ingresos de forma simultanea provenientes de la ejecución de varias actividades o contratos, las cotizaciones correspondientes serán efectuadas por cada uno de los ingresos percibidos.

Se requiere de una regulación urgente por parte del Gobierno, y mientras ello no se dé, parecería que lo único que ya tendría aplicación es que el IBC para todos los independientes incluyendo (en nuestro criterio y de acuerdo con lo arriba expuesto) aquellos con capacidad de pago, siendo este mínimo el 40% del ingreso bruto excluyendo el IVA, sin que dicho 40% sea inferior al salario mínimo(5).

(1) De acuerdo con el principio de universalidad en el aseguramiento, señalado en el artículo 32 de la Ley 1438 del 2011, todos los residentes en el país deberán ser afiliados al sistema general de seguridad social en salud.

(2) El artículo 26 el Decreto 806 de 1998 establece igualmente que son afiliados al régimen contributivo las personas con capacidad de pago, incluyendo a los rentistas, los propietarios de las empresas y en general todas las personas naturales residentes en el país.

(3) Además del artículo 26 del Decreto 806 de 1998, el artículo 1º del Decreto 1406 de 1999 y la sentencia de la Corte Constitucional C-578 del 2009, señalan que los rentistas son afiliados obligatorios en materia de salud.

(4) Esta posibilidad viene dada desde el artículo 1º del Decreto 510 del 2003.

(5) Artículo 18 de la Ley 100 de 1993.