Aportes voluntarios en fondo de pensiones: nueva posición doctrinal

Revista Nº 148 Jul.-Ago. 2008

Alfredo Enrique Calderón Gutiérrez 

Docente investigador Especialización en Ciencias Tributarias 

Desde hace varios años, efectuar aportes voluntarios a los fondos de pensiones se ha afianzado como una práctica común entre los asalariados y trabajadores independientes para aliviar la carga fiscal a la que se encuentran sometidos a causa del impuesto sobre la renta. Sin embargo, es importante revisar algunas recientes posiciones doctrinales de la DIAN, ya que señalan, con argumentos legales no muy claros, ciertas limitaciones para consolidar los beneficios otorgados por la ley.

Según el artículo 126-1 del estatuto tributario, los aportes voluntarios a los fondos de pensiones que realicen los empleados y trabajadores independientes no hacen parte de la base para aplicarles la retención en la fuente, considerándose ingresos no constitutivos de renta una suma que, adicionada al valor de los aportes obligatorios, no exceda del 30% de los ingresos laborales o ingresos tributarios del año, según el caso, para lo cual se requiere un periodo mínimo de permanencia en el fondo de cinco años, salvo en caso de muerte o incapacidad que dé derecho a pensión, debidamente certificada conforme con el régimen de la seguridad social.

Es así como el artículo mencionado en su parágrafo 1º señala, expresamente, que las pensiones que se paguen en cumplimiento del requisito de permanencia y los retiros, parciales o totales, de aportes y rendimientos que cumplan dicho requisito de permanencia estarán exentos del impuesto sobre la renta y complementarios.

No obstante, la aparente claridad de la norma aludida genera una gran inquietud a causa de lo concluido por la DIAN en el Concepto 34461 del 4 de abril del 2008, según el cual:

“Así las cosas, para que las prestaciones que se paguen en desarrollo de un plan de pensiones tengan el beneficio de que trata el parágrafo 1º del artículo 1261-1 del estatuto tributario, no basta solo con que los correlativos aportes hayan permanecido durante 5 años en el sistema, sino que cumplan con la finalidad autorizada por la Superintendencia Financiera, esto es, que esté asociada a la vejez, invalidez, viudez u orfandad de los partícipes o beneficiarios”.

Es decir, al parecer de la DIAN, los asalariados y trabajadores independientes no podrían otorgar el tratamiento de exentos a los retiros parciales o totales que permanezcan por más de cinco años en el fondo, cuando estos retiros no se asocien a la vejez, invalidez, viudez u orfandad de los partícipes o beneficiarios.

Sin lugar a dudas, esta nueva posición doctrinal de la DIAN afecta a un alto número de personas naturales contribuyentes del impuesto sobre la renta, dado que, del gran número de potenciales aportantes voluntarios a los fondos de pensiones, valga decir, personas naturales laboralmente activas, muy pocas se encuentran próximas a condiciones de vejez, invalidez, viudez u orfandad, como lo pretende exigir la administración.

Ahora bien, resulta discutible incorporar, vía interpretación oficial, un requisito no señalado expresamente por la norma, máxime cuando el texto legal del artículo 126-1 del estatuto tributario, parágrafo 1º, prevé la exención del impuesto sobre la renta, no solo para los pagos de pensiones, sino también para los “retiros, parciales o totales, de aportes y rendimientos, que cumplan dicho requisito de permanencia”.

Es curioso observar que la interpretación de la DIAN se fundamenta en una circular de la Superintendencia Financiera de Colombia(1), en la cual se declaran como prácticas inseguras y no autorizadas el ofrecimiento y celebración de planes de pensiones de jubilación e invalidez como mecanismos destinados a la obtención de prestaciones no asociadas a la vejez, invalidez, viudez u orfandad de los partícipes o beneficiarios, como por ejemplo, invertir los excedentes de liquidez de la entidad patrocinadora con el objeto de obtener rendimientos de los cuales esta misma sea la beneficiaria.

No debe olvidar la DIAN que la función principal de la Superintendencia Financiera de Colombia se enmarca en la vigilancia y control de las entidades sometidas a su competencia legal, situación que, en ningún momento, opta para que sus circulares sean atendidas e interpretadas para limitar disposiciones de ley, mucho menos si estas se refieren al ámbito tributario donde prevalece el principio de legalidad y reserva de ley.

Adicionalmente, revisada la Circular 17 de la Superfinanciera aludida por la DIAN, se observa que esta se dirige únicamente a los vigilados y que en ningún momento su intención era regular el tratamiento o consecuencias tributarias del retiro de aportes voluntarios a los fondos de pensiones, sino que el tema abordado, utilizado por la DIAN para fundamentar su doctrina, se refiere a la celebración de planes de pensiones de jubilación e invalidez por parte de entidades patrocinadoras, las cuales, lógicamente, por ser entidades, no obedecen al número de cotizantes o beneficiarios del sistema de seguridad social en pensiones.

En todo caso, este tema no puede pasar desapercibido para los asalariados y profesionales independientes que efectúen aportes voluntarios a los fondos de pensiones, dado que, si acogen la tesis de la DIAN, tendrían que sacrificar el beneficio tributario previsto en la ley de tratar como exento el retiro de aportes que cumplan con el requisito de permanencia mínima de cinco años, por el solo hecho de no asociarse el retiro a la vejez, invalidez, viudez u orfandad.

Claro está que esta doctrina también afecta a las entidades administradoras de los fondos de pensiones, dado que, en su calidad de agentes de retención, tendrían que aplicar esta sobre los retiros aunque hayan permanecido por más de cinco años en los fondos, lo cual está en contra de sus más fuertes argumentos comerciales a la hora de incentivar el aporte de los asalariados y partícipes independientes.

Por lo pronto, esta tesis expresada por la DIAN se vislumbra como el soporte de futuras investigaciones por parte del ente fiscalizador, donde se controvertirá la procedencia de la exención prevista en el parágrafo 1º del artículo 126-1 del estatuto tributario y la posible omisión de practicar las retenciones en la fuente por parte de las entidades administradoras de los fondos de pensiones.

(1) Superfinanciera, Circ. 17/2006.