Aproximaciones al tema de la competencia desleal entre abogados en Colombia y en otros países

Revista Nº 24 Jul.-Sep. 2009

por Natalia Tobón Franco 

1. Antecedentes

No está claro si en Colombia puede hablarse de competencia desleal entre abogados en el ejercicio de su profesión, pues existe legislación y jurisprudencia a favor de dos posiciones encontradas. En este artículo se presentará cada una de esas posiciones y se discutirá un caso de moda en Colombia: ¿hay competencia desleal entre abogados cuando uno de ellos deja una firma de la cual es empleado y luego ofrece sus servicios a un cliente de su anterior empleador?

2. Los abogados no son sujetos de competencia desleal

Quienes sostienen que los abogados, cuando prestan servicios relacionados con su profesión, no están sujetos a las normas de competencia desleal, se amparan en los siguientes argumentos:

a. La prestación de servicios legales no es un acto mercantil y, por lo tanto, no está sujeta a normas comerciales. En efecto, el artículo 23.5 del Código de Comercio establece que la prestación de servicios inherentes a las profesiones liberales no es un acto mercantil y el derecho, desde siempre, ha sido calificado como una profesión liberal. Según la jurisprudencia, son profesiones liberales “aquellas actividades en las cuales predomina el ejercicio del intelecto, que han sido reconocidas por el Estado y para cuyo ejercicio se requiere la habilitación a través de un título académico”(1).

b. La prestación de los servicios inherentes a las profesiones liberales, aun a través de una empresa, sigue siendo un acto no mercantil según el Consejo de Estado. Dicho tribunal consideró que el artículo 20.14 del Código de Comercio(2) no debe entenderse en el sentido de comprender absolutamente todas las empresas destinadas a la prestación de servicios, “sino que deben lógicamente entenderse excluidos aquellos servicios que por otras normas son expresamente exceptuados de la naturaleza mercantil, como es el caso precisamente de la prestación de servicios inherentes a las profesiones liberales”(3). Después de todo, “la norma excepcional contenida en el ordinal 5.º del artículo 23 del Código de Comercio no hace ninguna distinción al respecto y, según un principio generalmente aceptado, si la ley no hace distinción, no le es permitido hacerla al intérprete”(4).

c. El derecho, al igual que otras profesiones liberales, como la medicina y la ingeniería, no se puede reducir a su dimensión económica, porque se trata de una profesión que tiene una función social. Las normas sobre competencia desleal en cambio, buscan sancionar todos los actos de mercado que puedan atentar contra el orden justo de las actividades comerciales. No de otra forma puede entenderse la insistente cita que hace la Ley 256 de 1996 del Convenio de París, norma que define la deslealtad como todo acto contrario a las sanas costumbres mercantiles, a los usos honestos en materia comercial y al principio de la buena fe comercial(5).

d. Un abogado puede estar sujeto al régimen comercial y, por ende, a las normas sobre competencia desleal no por ser abogado —criterio subjetivo— sino por ejecutar actos de comercio —criterio objetivo—. Por ejemplo, cuando el abogado adquiere bienes a título oneroso con destino a enajenarlos en igual forma o arrienda inmuebles para uso comercial se encuentra sujeto a la legislación comercial.

e. Los abogados están sujetos a un régimen disciplinario específico —L. 1123/07— que se aplica a aquellos que cometen irregularidades en el ejercicio de su profesión.

f. La Corte Constitucional sentenció que las normas sobre competencia desleal no se aplican a los odontólogos —profesionales liberales—. En efecto, la Corte dijo que “la competencia entre profesionales de las carreras liberales, como ocurre en este caso en la prestación de servicios en el área de la salud oral, ha de realizarse de acuerdo con los conocimientos científicos y los medios técnicos que el odontólogo utilice en el tratamiento de sus pacientes, así como con respecto a los resultados de su labor profesional, elementos todos que constituyen el prestigio profesional, que, indudablemente, tendrán incidencia en la fijación de sus honorarios. No puede confundirse entonces, en ningún caso, esa competencia en el ejercicio de la profesión con la competencia desleal, institución propia del derecho mercantil que tiene elementos jurídicos distintos y finalidades diversas”(6).

g. Así mismo, la Corte Constitucional advirtió algo similar al analizar ciertas normas que restringían la publicidad de los médicos, existen otras herramientas diferentes de la competencia desleal “para controlar el uso indebido de la publicidad para promocionar los servicios médicos profesionales como sería la aplicación de las normas que reglamentan la publicidad en general y la definición concreta de faltas a la ética médica junto con sus respectivas sanciones de orden disciplinario, civil o penal”(7).

h. Un fallo europeo reciente parece defender la posición según la cual las normas sobre competencia desleal no se aplican a los abogados en el ejercicio de su profesión. En efecto, el 29 de junio del 2005, la Audiencia Nacional dispuso que las normas del Estatuto General de la Abogacía Española estaban fuera del control del Tribunal de Defensa de la Competencia, por no tratarse del derecho propio de las empresas y agentes económicos, que es el ámbito de aplicación de las leyes de competencia desleal. La Audiencia anuló un fallo que el Tribunal para la Defensa de la Competencia había proferido en el 2002 en el cual había sancionado al Consejo Nacional de la Abogacía Español con una multa de 180.000 euros. La sentencia anulada decía que los honorarios se debían fijar libremente en una negociación entre abogado y cliente(8) y que atentaba contra la libre competencia la fijación de unos honorarios mínimos como contraprestación al ejercicio de la profesión(9).

3. Los abogados sí están sujetos a las normas sobre competencia desleal

Quienes sostienen que la prestación de servicios legales está sujeta a las normas sobre competencia desleal se amparan en las siguientes razones:

a. La Ley 256 de 1996, más conocida como la Ley de Competencia Desleal —LCD—, está dirigida a todos los partícipes del mercado, no solo a los comerciantes(10). Dicha ley adoptó apartes del modelo social de competencia desleal según el cual no es necesario que las partes sean comerciantes y competidores entre sí como requisito para la existencia de competencia desleal(11).

b. Una persona participa en un mercado cuando toma parte del mismo, es decir, cuando concurre a él ofreciendo bienes o servicios, a fin de disputar una clientela. El mercado no es un lugar abstracto, sino un concepto que se precisa “teniendo en cuenta los factores que en cada caso particular toman en consideración los clientes o compradores para elegir entre las diferentes ofertas o alternativas que son puestas a su elección”(12). Los abogados se disputan la clientela en una plaza, según su especialidad, como cualquier prestador de servicios.

c. Según el artículo 5.º de la Ley 256 de 1996 “las prestaciones mercantiles pueden consistir en actos y operaciones de los participantes en el mercado, relacionados con la entrega de bienes y mercancías, la prestación de servicios o el cumplimiento de hechos positivos o negativos, susceptibles de apreciación pecuniaria”. Los abogados prestan servicios jurídicos a cambio de una contraprestación.

d. La enumeración de conductas que se pueden calificar como desleales en la Ley 256 de 1996 es meramente enunciativa(13). Por ejemplo, la jurisprudencia ha dicho que las tarifas establecidas por los colegios de abogados “sirven para precaver la competencia desleal entre litigantes”(14).

e. Las normas sobre competencia desleal, en el caso del ejercicio de las profesiones liberales, buscan proteger a los clientes más que a los competidores entre sí. En efecto, la Corte Constitucional al referirse a la exigencia de título profesional a los abogados sentenció que “de tiempo atrás se ha dicho que la exigencia de los títulos no está encaminada a librar al profesional de la competencia desleal de quien no lo es, sino a proteger a unos posibles usuarios del servicio, de quienes no tienen la formación académica requerida”(15).

f. Es posible incoar acción por competencia desleal ante la Superintendencia de Industria y Comercio o un juez civil, sin perjuicio de las demás acciones que se puedan derivar de la violación del Código Disciplinario del Abogado, en razón del carácter indemnizatorio de la primera y disciplinario de la segunda.

g. La Superintendencia de Industria y Comercio se ha referido a la posibilidad de que existan prácticas comerciales restrictivas entre abogados: “En conclusión, en la medida en que las tarifas señaladas por los colegios de abogados y en general por cualquier tipo de agremiación profesional no sean imperativas para sus agremiados y que por lo tanto, sean simplemente un punto de referencia y un mecanismo supletivo para fijar los honorarios a falta de pacto entre las partes, no constituyen violación a las normas sobre promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas”(16).

h. La Corte Constitucional, refiriéndose a la constitucionalidad del numeral 2.º del artículo 56 del Decreto 196 de 1971(17) afirmó que “la prohibición contenida en el precepto demandado tiene como finalidad evitar la competencia desleal entre colegas, por manera que para caer bajo el supuesto de hecho contemplado en la disposición, es indispensable no solo tener el título de abogado o de abogada y poder ejercer como tales la profesión sino, además, es preciso que se compruebe la presencia de un elemento subjetivo, a saber, que quien asume la gestión sabía de antemano que había sido encomendada previamente a otro o a otra colega y no obstante la aceptó desconociendo el postulado de lealtad profesional, pues no se pudo demostrar que había mediado autorización para la sustitución, o renuncia ni que se presentaban razones para justificar la sustitución”(18).

i. El Código Deontológico de la Abogacía Española establece que son actos de competencia desleal todos aquellos que contravengan las normas que tutelan la leal competencia, la utilización de procedimientos publicitarios directos e indirectos contrarios a las disposiciones de la Ley General de Publicidad, toda práctica de captación directa o indirecta de clientes que atente contra la dignidad de las personas o la función social de la abogacía y la percepción o el pago de contraprestaciones que infrinja las normas legales(19).

4. Posibilidad de una posición intermedia

Como se trata de dos posiciones serias, cada una llena de argumentos, cabe preguntarse si existe la posibilidad, por ejemplo, de considerar una posición intermedia, donde se acepte que los abogados no son sujetos de competencia desleal cuando desarrollan actos estrictamente relacionados con el ejercicio de su profesión, como sería la presentación de una demanda o la elaboración de un concepto legal, pero sí cuando ejecutan actos preparatorios o que solo están indirectamente relacionados con el ejercicio de su profesión, como, por ejemplo, cuando buscan clientes a través de diversas formas como la publicidad.

5. ¿Qué persiguen las normas sobre competencia desleal?

Las normas sobre competencia desleal se dictaron para sancionar la deslealtad, no la competencia en sí. Esta afirmación posiblemente no le guste a muchos abogados, sobretodo a quienes han entrenado abogados en sus despachos y firmas que luego se retiran para terminar haciéndoles competencia aplicando lo que han aprendido.

La Ley 256 de 1996 busca que todos los partícipes en el mercado “sean o no comerciantes, se abstengan en emplear en sus actos competitivos medios o mecanismos que puedan ser calificados como desleales”(20). En ese orden de ideas, la competencia desleal “no reprime la pérdida de clientela, ni el deseo por alcanzar mayores ingresos como consecuencia de la desviación de la clientela ajena, fines que son legítimos y naturales a un mercado competitivo, sino solamente la utilización de medios indebidos para competir, los cuales precisamente por ser indebidos, distorsionan la realidad del mercado, pueden causar perjuicio injustificado a quienes los sufren, y rompen la igualdad de quienes compiten lealmente en el comercio”(21).

6. La desviación de clientela

La desviación de clientela no siempre es desleal. En muchos casos los clientes cambian una firma de abogados a otra por razones que van desde la cercanía de sus oficinas hasta la simpatía de sus abogados, pasando por la calidad de sus servicios, la cantidad y forma en que se cobran honorarios, el horario de atención, en fin.

Por eso las autoridades han señalado que en esta materia hay que analizar caso por caso para determinar si la desviación de clientela es fruto o no de una conducta censurable. Por ejemplo, en un caso específico, una compañía demandó a un ex empleado por aprovechar la experiencia adquirida en su antiguo trabajo en beneficio de su nuevo negocio. La Superintendencia de Industria y Comercio señaló que beneficiarse de lo aprendido en un empleo no solo no es ilícito, sino que es fomentado por el Estado para que las personas prosperen. Después de todo, la finalidad del derecho de la competencia, “no es otra que incentivar la creación de nuevas empresas que compitan con las establecidas. Aprovechar la experiencia y know how obtenido en una empresa para crear nuevas empresas es, en principio, lícito y acorde con las sanas costumbres mercantiles, los usos honestos industriales y comerciales y la buena fe comercial, a no ser que este know how tenga derechos de exclusiva como por ejemplo a través de una patente, o se haga violando los secretos empresariales o comerciales”(22).

En otro caso, una empresa dedicada a vender alimentos demandó por competencia desleal a quien fuera su gerente, pues este, con posterioridad a la terminación del contrato, puso en funcionamiento un establecimiento de comercio donde se preparaban y vendían a domicilio productos alimenticios con las mismas características de los que comercializaba su antiguo empleador(23). La Superintendencia de Industria y Comercio consideró que no había desviación de clientela por las siguientes razones(24):

a. No se probó que el ex gerente hubiese actuado de manera contraria a las sanas costumbres mercantiles o los usos en materia comercial, pues el solo hecho de haber organizado un establecimiento de comercio para la venta y distribución de sándwiches y ensaladas, actividad a la cual se dedicaba su anterior patrono y ahora competidor, no es en sí misma una actividad reprochable por la ley.

b. Demandante —ex empleador— y demandado —ex trabajador— prestan sus servicios de manera diferente: el demandante atiende en sus locales y a domicilio dentro de un área geográfica específica mientras que el demandado solo lo hace a través de servicios domiciliarios.

Sin embargo, en otro caso, la Superintendencia de Industria y Comercio encontró que sí había competencia desleal por esta causal, pues la demandante probó que la demandada, una empresa de artes gráficas, había engañado a los clientes de la demandante, haciéndoles creer que esta última no estaba interesada en continuar prestando sus servicios de artes gráficas, lo cual era falso(25).

En conclusión, se requiere el examen detenido de los hechos para determinar la ocurrencia de una pretendida deslealtad.

7. Las listas de clientes

Según la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia existen dos tipos de listas de clientes: el listado de clientes básico, que contiene el nombre y los datos de contacto de un cliente, y el listado de clientes complementario, que contiene información más detallada sobre las necesidades, hábitos de compra, precios, forma de pago y promociones que se aplica a cada uno(26).

En cuanto al primero de los contenidos, “puede decirse que lo más probable en el ámbito mercantil es que si de explorar un mercado con el ánimo de captar clientes se trata, una de las estrategias para obtener datos generales acerca de quienes, eventualmente, podrían necesitar el producto o servicio que se quiere ofrecer, sería la consulta de directorios generales o especializados, incluso, de registros públicos. Con lo que, las más de las veces, esa información simple puede coincidir con muchos listados de clientes de empresas que desarrollan el mismo objeto (...). Esta información por sí sola no podría constituir un conocimiento especial susceptible de ser protegido como secreto empresarial”(27).

En cambio, el conocimiento comercial de cada uno de esos clientes, sus necesidades y hábitos de compra, preferencias forma de pago, etc., “no es posible obtenerlo de los datos sobre existencia y ubicación, aún de activos y balances, socios o generalidades sobre la sociedad o entidad a la que va a dirigirse la acción del oferente”(28) sino que requiere de “un proceso de interrelación entre el empresario y sus clientes, durante el cual se hace necesaria la inversión de tiempo y dinero”(29). Esta información sí puede alcanzar el nivel de información privilegiada y reservada para la empresa, susceptible de ser protegida como secreto empresarial.

En consecuencia, para que una lista de clientes adquiera el carácter de secreto industrial o comercial será necesario probar lo siguiente:

• Que en verdad existe una lista de clientes

• Que dicha lista está decantada según las preferencias de los clientes —lista plus—.

Así, se deduce de una resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio que al analizar el tema de la lista de clientes a la luz del artículo 16 de la Ley 256 de 1996 advirtió:

“Pero el utilizar la lista de clientes en cuanto a la información que no constituye secreto empresarial como son nombre, dirección y teléfonos de los clientes, no puede constituir violación a secreto industrial o comercial (...) esta información no tiene la capacidad de ser información secreta, y en este sentido no se configura el ilícito concurrencial deprecado.

Diferente situación sería que en el expediente existiera prueba alguna de la divulgación o explotación de la información reservada de la base de datos de XX, como hábitos de consumo de los clientes, ofertas, o cualquier otra información considerada como secreta, que hubiese permitido a YY sacar un provecho especial de esta información, lo que no se encuentra probado dentro del expediente”(30).

La posición de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia que se ha venido presentando no es aislada, pues es la que sostiene hace décadas el derecho anglosajón(31), y lo que se aplica a quienes venden productos o servicios bien podría aplicarse al proveedor de servicios legales.

8. El ofrecimiento de empleo a abogados de la competencia por sí solo no es desleal, pero contratar a los directivos y al personal más calificado de la firma de la competencia sí puede serlo

Si se acepta que la ley de competencia desleal se aplica a los abogados, o por lo menos, que el ofrecimiento y la aceptación de un trabajo no es un “servicio inherente a la profesión liberal” entonces ¿qué sucede cuando una firma de abogados ofrece trabajo a los abogados de otra?

En principio nada, pues el simple ofrecimiento de vinculación laboral, sin que se induzca a los trabajadores a incumplir sus deberes contractuales no constituye competencia desleal: “El hecho de ofrecer trabajo a un grupo de personas es legítimo, mientras que este ofrecimiento no sea acompañado de engaño, o de mecanismos ilegítimos que tengan como finalidad la expansión de un sector industrial o comercial o la eliminación de un competidor del mercado”(32).

El pronunciamiento se produjo al decidir el caso de una empresa que había contratado al presidente y a la mitad de los funcionarios de un área estratégica de la competencia. La autoridad administrativa encontró que sí se había producido competencia desleal por dos razones: primero, se había desorganizado y alterado el orden, estructura y desenvolvimiento ordinario de la empresa y, segundo, se había generado el grave riesgo de que dichos directivos y empleados trasmitieran la información confidencial que habían obtenido gracias a los cargos que ocupaban en la empresa de su anterior empleador(33).

La superintendencia explicó que “crear empresa es un acto natural en el mercado, como también lo es realizar ofertas de trabajo a personas que conozcan las labores que desarrollarían. No obstante lo anterior, cuando con dichas conductas se desorganiza internamente una empresa ajena, particularmente una competidora, la Ley 256 de 1996 considera que tal actitud constituye un acto de competencia desleal”(34).

La autoridad administrativa agregó que contra los ex directivos que revelaban información confidencial existía una acción adicional que es la acción de responsabilidad social, según la cual el representante legal, liquidador, factor, o miembros de juntas o consejos directivos, por ser administradores, están sujetos a las normas del Código de Comercio, específicamente a la Ley 222 de 1995, y deberán responder solidaria e ilimitadamente por los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a los terceros(35).

9. Estados Unidos: entre abogados hay que evitar la apariencia de ilicitud o impropiedad

En otros países los abogados que se pasan de una firma de abogados a otra están sujetos a reglas muy estrictas, especialmente cuando la nueva firma atiende a clientes que son contrapartes de la firma anterior. En un caso concreto se conceptuó lo siguiente(36):

a. No es necesario que la firma que contrata al abogado deje de atender al cliente que es contraparte de un cliente de la firma donde anteriormente laboraba el abogado, si se prueba que este no tuvo acceso a información confidencial sobre ese caso en su anterior empleo.

b. Si no hubo acceso a información confidencial de todas formas es necesario vigilar al abogado para evitar la apariencia de ilicitud o impropiedad “the appearance of impropriety”.

c. El cliente afectado puede renunciar a la descalificación del abogado o de la firma.

d. Quien pide la descalificación del abogado es quien debe probar que dicho abogado tiene información que lo puede perjudicar en el proceso. No hay presunciones.

Ciertamente el tema de la “competencia desleal” entre abogados genera muchas pasiones y aun, como se vio por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, no ha sido resuelto en el plano internacional. Tal vez la solución del Tribunal de ética de la barra de abogados de Los Ángeles, que centra su análisis más en la afectación del cliente que en el interés económico del abogado y habla, además, de “evitar la apariencia de impropiedad” en los actos de los abogados, es un primer paso.

Bibliografía

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— (2001) Concepto 01095348, Rad. 01095348, trámite 113, actuación 440, folios 003, dic. 21/01.

(1) Consejo de Estado de Colombia, Sección Primera. Sentencia 1323, mayo 16, 1991, Exp. 1323, M.P. Libardo Rodríguez Rodríguez. El Consejo de Estado calificó a la contaduría como una profesión liberal.

(2) Código de Comercio, artículo 20: "Son mercantiles para todos los efectos legales:

(...).

14. Las empresas editoriales, litográficas, fotográficas, informativas o de propaganda y las demás destinadas a la prestación de servicios...”.

(3) Consejo de Estado de Colombia, Sección Primera. Sentencia 1323, mayo 16, 1991, Exp. 1323, M.P. Libardo Rodríguez Rodríguez.

(4) Ibíd.

(5) Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, suscrito en París el 20 de marzo de 1883, vigente en Colombia a partir de la Ley 178 de 1994. Dicho Convenio dice, en el numeral 2.º del artículo 10 bis, que se considera competencia desleal todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial.

(6) Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-537, mayo 24, 2005, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

(7) Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-116, febrero 24, 1999, M.P. Martha Victoria Sáchica M.

(8) La Audiencia Nacional española también tomó en consideración para decidir el caso la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que consideró determinada norma deontológica del Colegio de Abogados de los Países Bajos, pese a su carácter restrictivo, no infringía las normas de la competencia, porque podría ser "necesaria para el buen ejercicio de la abogacía tal y como está organizada en el Estado miembro del que se trata". As. Wouters (C-309/99), feb. 19/02.

(9) La norma que generó la sanción que luego fue anulada por la Audiencia Nacional era el artículo 16 del Código Deontológico de la Abogacía Española que establece lo siguiente:

"ART. 16.-Cuota litis

1. Se prohíbe, en todo caso, la cuota litis en sentido estricto, que no está comprendida en el concepto de honorarios profesionales.

2. Se entiende por cuota litis, en sentido estricto, aquel acuerdo entre el abogado y su cliente, formalizado con anterioridad a terminar el asunto, en virtud del cual el cliente se compromete a pagar al Abogado únicamente un porcentaje del resultado del asunto, independientemente de que consista en una suma de dinero o cualquier otro beneficio, bien o valor que consiga el cliente por el asunto.

3. No es cuota litis el pacto que tenga por objeto fijar unos honorarios alternativos según el resultado del asunto, siempre que se contemple el pago efectivo de alguna cantidad que cubra como mínimo los costes de prestación del servicio jurídico concertado para el supuesto de que el resultado sea totalmente adverso, y dicha cantidad sea tal que, por las circunstancias concurrentes o las cifras contempladas, no pueda inducir razonablemente a estimar que se trata de una mera simulación.

4. La retribución de los servicios profesionales también pueden consistir en la percepción de una cantidad fija, periódica, o por horas, siempre que su importe constituya adecuada, justa y digna compensación a los servicios prestados”.

(10) Congreso de la República de Colombia. Ley 256 de 1996: "ART. 3.º-Ámbito subjetivo de aplicación. Esta ley se le aplicará tanto a los comerciantes como a cualesquiera otros participantes en el mercado".

(11) Polo, Miguel y Karma, Salim. Teoría del modelo social en el derecho de la competencia. Tesis de grado. Universidad Javeriana, Bogotá: 2002, marzo. Disponible en: www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere4/Tesis-13.pdf. Última consulta 9 de agosto del 2007. También Gaceta del Congreso. Proyecto de ley 67 de 1994, Exposición de motivos, p. 4.

(12) Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Auto 2477, noviembre 4, 2003.

(13) Ibíd., Concepto 01082774, octubre 23, 2001.

(14) Corte Suprema de Justicia de Colombia. Sentencia, enero 24, 1997.

(15) Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-377, agosto 25, 1994, M.P. Jorge Arango Mejía.

(16) Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Concepto 01095348, Rad. 01095348, trámite 113, actuación 440, folios 003, diciembre 21, 2001. Disponible en: www.sic.gov.co/Conceptos/Conceptos/2001/Diciembre/01095348.php.

(17) Ministerio de Justicia de Colombia. Decreto 196 de 1971, artículo 56, numeral 2.º: "Aceptar la gestión profesional a sabiendas de que le fue encomendada a otro abogado, salvo que medie la renuncia, paz y salvo o autorización del colega reemplazado, o que se justifique la sustitución".

(18) Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-212, marzo 21, 2007, M.P. Humberto Sierra Porto.

(19) Código Deontológico de la Abogacía Española, artículo 8.º. Disponible en: www.icae.es/Estatuto2.htm#Punto8. Última consulta 9 de septiembre del 2007.

(20) Superintendencia de Industria y Comercio, Sentencia 0001, agosto 19, 2005, en "Compendio de doctrina y jurisprudencia de Industria y Comercio". Disponible en: www.sic.gov.co/Normatividad/Jurisprudencia/Competencia_Desleal.pdf. Última consulta 19 de agosto del 2007.

(21) Ibíd.

(22) Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Resolución 11090, abril 29, 2003.

(23) Ibíd., Sentencia 005, abril 3, 2006.

(24) Ibíd.

(25) Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Resolución 31714, noviembre 19, 2003. Cabarrìa y Cía. v. Grafix. Disponible en: www.sic.gov.co/Normatividad/Jurisprudencia/Competencia_Desleal.pdf. Última consulta 8 de septiembre del 2007.

(26) Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Resolución 11090, abril 29, 2003.

(27) Ibíd.

(28) Ibíd.

(29) Ibíd.

(30) Ibíd.

(31) Galán Corona, Eduardo. El objeto del secreto empresarial y la necesidad de una técnica de tutela complementaria: propiedad industrial, propiedad intelectual y secreto empresarial. Citando Restatement, comentario b, § 757, p. 156. Disponible en: www.tesisenxarxa.net/TESIS_UAB/AVAILABLE/TDX-0405102-104031//eml4de5.pdf. Última consulta 25 de mayo del 2008.

(32) Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Resolución 31714, noviembre 19, 2003. Disponible en: www.sic.gov.co/Normatividad/Jurisprudencia/Competencia_Desleal.pdf. Última consulta 8 de septiembre del 2007.

(33) Ibíd.

(34) Ibíd.

(35) Congreso de la República de Colombia. Ley 222 de 1995, artículos 22 y siguientes; Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Resolución 31714, noviembre 19, 2003. Disponible en: www.sic.gov.co/Normatividad/Jurisprudencia/Competencia_Desleal.pdf. Última consulta 8 de septiembre del 2007.

(36) Los Angeles County Bar Association. Professional Responsibility and Ethics Committee. Formal Opinion n.º 514, august 19, 2005. Disponible en: www.legalethics.com/include/content/eth514%208-19-05.doc. Última consulta 15 de septiembre del 2007.