>>Apuntes sobre la obligatoriedad de los acuerdos de accionistas<<

Revista Nº 41 Oct.-Dic. 2013

por David Antonio Beltrán Dávila

1. Introducción

Debido al reciente pronunciamiento de la nueva Corte Societaria de la Superintendencia de Sociedades con relación al contenido y coercibilidad de los acuerdos de accionistas en Colombia(1), se ha resaltado la renovada importancia que el ordenamiento jurídico colombiano ha dado a ese tipo de acuerdos parasociales.

Desde la década de los noventa, la mayoría de las legislaciones societarias mundiales se ha volcado a la creación de nuevas formas societarias (McCahery & Vermeulen, 2010), en las cuales el “paternalismo” de las regulaciones estatales ha cedido espacio y, en cambio, se han generado esquemas societarios “flexibles”, en donde se privilegia el poder de negociación de los asociados, a quienes se les ha reconocido la capacidad de pactar, en los estatutos de las compañías, provisiones particulares sobre una gran cantidad de asuntos corporativos que antes estaban restringidos o determinados a priori por normas que ostentaban la calidad de “orden público” (Bainbridge, 2001), en aras de otorgar cierta protección —por vía legal— a accionistas minoritarios, acreedores y grupos de interés.

Ese cambio normativo se ha traducido, entre otras cosas, en la flexibilización de las formas sociales, con la consecuente preocupación sobre la desregulación de las sociedades, ya que, actualmente, conviven en el espectro legal regulaciones que describen minuciosamente la creación de un ente social —las formalidades para su constitución, su capital y estructura social—, regulaciones respecto de las cuales se había desarrollado toda una cultura legal y doctrinal, así como formas flexibles de creación de sociedades, en las que esos aspectos —antes inamovibles— pueden ser objeto de la más variada gama de pactos entre los asociados, siendo en todo caso aplicables las normas del régimen general de manera subsidiaria ante la ausencia de pacto entre los asociados.

Y es en ese punto donde se hace más evidente la necesidad de considerar o no la suscripción de un acuerdo de accionistas(2). Aun cuando, de vieja data, los asociados han considerado la celebración de acuerdos de accionistas ante una variada gama de necesidades (Duffy, 2008), la flexibilización del régimen societario obliga a mirar con más cuidado el proceso de negociación de la conformación de una sociedad, no siendo necesariamente deseable o seguro someterse sin más a unos estatutos propuestos por su contraparte negocial en los que, por ejemplo, las reglas clásicas de conformación del quórum de la asamblea de accionistas cedan a la posibilidad de que en una sociedad pluripersonal una sola persona constituya quórum.

En ese esquema es necesario revisar si las formas legales permiten adaptar la sociedad a los fines requeridos por los asociados, especialmente en lo que tiene que ver con la protección de su interés económico, o si además de los estatutos se requieren pactos accesorios para todo aquello que estos no pueden contemplar.

Lo anterior no implica que para la creación de una sociedad bajo esos esquemas flexibles el contenido de la ley no sea suficiente, ya que las normas supletorias pueden resolver casi la totalidad de las diferencias entre socios; lo que se desea resaltar es que, con ocasión de la invitación a un mayor esfuerzo negocial por parte de los socios, se hace latente el debate sobre la capacidad de los estatutos sociales de regular todos los aspectos de la vida social.

En efecto, según el tipo de necesidades de cada parte en la creación de una sociedad, o en la adaptación de la misma a tales necesidades en un momento determinado, al enfrentarse al proceso de tratativas, las partes se ven avocadas a negociar los términos de su asociación. En ese momento se identifica si, de acuerdo a cuatro factores específicos que adelante serán analizados, el posible contenido de los estatutos sociales puede reflejar todos los términos requeridos por los asociados (Sáez Lacave, 2009), y si la suscripción de los acuerdos de accionistas se hace necesaria para complementar los acuerdos alcanzados en los estatutos.

Y, en un ámbito de flexibilización de la regulación societaria, ese cuestionamiento se hace aún más evidente. Cuando los asociados negocian los términos de su relación, la posibilidad de pactar características particulares de la sociedad y de la relación entre los socios, tendrán incentivos para no supeditarse únicamente a la regulación supletoria y, en cambio, generar estructuras particulares para su asociación para satisfacer sus necesidades, que, como se analizará adelante, responden en todos los casos a intereses económicos.

En ese punto, por lo menos para las sociedades cerradas —con inversionistas informados— podrá concluirse que el posible contenido de los estatutos no resulta suficiente, por lo que surge la necesidad de regular los aspectos no comprendidos por la vía de un acuerdo de accionistas.

Ahora bien, debe anotarse que ese análisis no surge simplemente desde un plano netamente doctrinal. El cambio mundial en las estructuras societarias así lo refleja.

Aun cuando las formas tradicionales de creación de sociedades no han desaparecido, y tampoco resulta deseable que desaparezcan, pues constituyen el fundamento último de las formas flexibles, la utilización de las formas flexibles se ha disparado dramáticamente en las jurisdicciones en donde han sido introducidas, en un suceso que la doctrina ha identificado como el “auge de la des-incorporación” (McCahery, Vermeulen, & Priydershini, 2013), según el cual paulatinamente se ha abandonado la estructura de mega-sociedades hacia unas en las que los tipos sociales “flexibilizados” predominan.

Nótese que ese cambio no solo ocurre en la creación de nuevas sociedades, sino también en la migración de grandes sociedades a formas flexibles. A manera de ejemplo, en Francia Renault modificó su forma societaria pasando de ser una sociedad anónima a una por acciones simplificada. Por su parte, Chrysler Corporation, con ocasión de su adquisición por parte de Daimler-Benz AG, se convirtió Limited Liability Company(3). Muchos otros ejemplos pueden citarse en el contexto mundial.

En Colombia, la expedición de la figura de la sociedad por acciones simplificada se funda en una invitación a negociar de manera más profusa el contenido de los estatutos sociales y dota de mayores herramientas, en materia de coercibilidad de su objeto, a los acuerdos de accionistas, denominándosele la “sociedad contrato” (Reyes, 2010) —situación cierta, por lo menos para el caso de sociedades pluripersonales—.

Con ocasión del fallo de la Superintendencia de Sociedades arriba mencionado y siguiendo la propuesta presentada en el mismo, el objeto de este documento será estudiar —de la mano de la jurisprudencia y doctrina nacional y extranjera— la racionalidad que se esconde tras la celebración de un acuerdo de accionistas, los requerimientos que deben revisarse a efectos de otorgar coercibilidad al mismo, así como los cambios en la concepción sobre su exigibilidad por vía judicial, para concluir (i) que en el estado actual del desarrollo del Derecho Societario, la utilización de los acuerdos de accionistas no se reduce únicamente a la necesidad de complejos esquemas de inversión, sino que son un instrumento cuya utilización deberá analizarse como necesaria en todas las relaciones societarias; y (ii) que la racionalidad económica de los acuerdos de accionistas debe guiar la decisión de incluir cláusulas específicas en los mismos, así como la elección de los mecanismos de coercibilidad aplicables, que resultarán en el fundamento sobre el cual ha de recaer la decisión que adopten las cortes societarias a efectos de dirimir una controversia en un caso específico.

2. La justificación económica detrás de un acuerdo de accionistas

a) Términos generales

Como premisa general de este estudio se partirá de la base de que un acuerdo de accionistas se suscribe con ocasión de la necesidad de regular los mecanismos de protección de un interés económico del accionista (Reyes, 2011).

Como se mencionó anteriormente, los accionistas en cualquier sociedad —pero especialmente en aquellas que se forman bajo esquemas flexibilizados—, realizan un estudio previo de la forma en que se van a asociar, y a partir de este escogen la forma asociativa más cercana a sus necesidades. Esa elección es cierta en la totalidad de los eventos en que se desea conformar una sociedad: sin importar el tipo de inversionista y el tipo de actividad, toda persona revisa los términos de su asociación, pasando desde las formalidades que implica hasta las ventajas económicas que reporta el tipo de asociación escogido (Gilson, Goldberg, Klausner, & Raff, 2006).

En la formación de sociedades, los inversionistas(4) han delimitado los elementos que se desean tener en una sociedad, presentes de manera general en la mayoría de las legislaciones societarias (Hansmann & Kraakman, 2004).

Ahora bien, con ocasión de la escogencia de la mejor forma societaria posible, surge la pregunta de si el posible contenido de los estatutos sociales, según las posibilidades que la ley aplicable a la jurisdicción específica ofrece, es suficiente para cubrir todas las necesidades del inversionista, o si acaso ese contrato social se debe complementar con acuerdos adicionales.

En efecto, además de los pilares fundamentales de la escogencia del tipo de vehículo, esos intereses generales se concretan en cada caso específico, lo que sugiere analizar elementos particulares, que podemos resumir en cuatro grandes grupos según el tipo de inversionista (Molano Leon, 2006) de que se trate —haciendo referencia específica a sociedades cerradas—, como se analiza a continuación y de acuerdo con la doctrina en el Derecho Comparado:

(i) Inversionista controlante 

También conocido como accionista mayoritario. Tiene interés en recibir una inversión de parte de terceros en el capital de la sociedad, ya sea por necesidades de capital de trabajo —por ejemplo ante la iliquidez de la sociedad—, o porque desea financiar un proyecto de expansión de la sociedad con capital de inversionistas —en caso que considere que esa fuente es más económica que el crédito—.

En este esquema, el interés del inversionista de suscribir un acuerdo de accionistas será crear una serie de incentivos que persuadan a otros a realizar un aporte de capital a la sociedad, cediendo una porción del control que posee en la sociedad —generalmente renunciando a la capacidad de adoptar unilateralmente las decisiones que afectan estructuralmente a la sociedad— y conservando la mayoría suficiente para seguir dirigiéndola, esto es, sin diluirse(5).

Así las cosas, existen dos intereses económicos involucrados: obtener financiación y mantener el valor agregado de la inversión, con posibilidad, incluso, de recomprar a futuro la porción del control cedida.

Este tipo de intereses son relevantes en el plano colombiano, dada la concentración del capital social en un único accionista o conjunto de accionistas —generalmente familiares—.

(ii) Inversionistas con un interés directo en la gestión de la sociedad 

Se trata de inversionistas que, además de ver a la sociedad como un objetivo de inversión, ven en ella una oportunidad de sustento: en efecto, desean involucrarse en el manejo administrativo de la sociedad, así como mantener una posición dentro de la misma, pues a partir de una mezcla entre dividendos y rentas permanentes derivan su capacidad económica (Moll, 2001).

Como se identifica a simple vista, existe en esos inversionistas un interés económico inmediato de asegurar una fuente de trabajo, y mediato de obtener un beneficio futuro por vía de dividendos, como es el ejemplo típico de los emprendedores.

En ese evento, el objeto primordial que se buscaría en el acuerdo de accionistas por ese tipo de inversionistas es asegurar su participación en la gestión directa de la sociedad, sin perjuicio de pactos adicionales en los que además se garantice el control de la sociedad y el reconocimiento sobre su participación en el valor generado por la sociedad, de cara, incluso, a una inversión de capital por parte de otro tipo de inversionistas.

Este interés se encuentra en el plano colombiano, por ejemplo, en los eventos de creación de empresas entre profesionales. Si bien, por la regulación exhaustiva de los tipos sociales “típicamente” no se hacían necesarios los acuerdos de accionistas, como se demuestra por la ausencia de precedente en materia de exigibilidad de ese tipo de acuerdos, las litigiosidad por abuso del derecho en el manejo de los órganos sociales —específicamente la dilución— da buena fe de la necesidad de implementar ese tipo de pactos parasociales.

(iii) Ángeles inversionistas 

Los denominados “angel investors” son inversionistas calificados que, al contar con un poder económico suficiente, ofrecen aportes de capital en sociedades que se encuentran en su etapa de inicio. Ese esquema, que usualmente ocurre en sociedades de emprendedores, sirve como fuente de capital de trabajo para el desarrollo de un proyecto específico (OECD, 2011).

En tales eventos, el interés del inversionista es conseguir un beneficio futuro, de forma que si el proyecto rinde sus frutos, obtenga el retorno de su inversión y una utilidad asociada a la misma —generalmente mediante la compra de su participación por un futuro inversionista—, conservando, entre tanto, un interés inmediato, según el cual, aun cuando no tenga una participación activa en la gestión de los negocios sociales, se reservará derechos de voto suficientes en los órganos sociales a efectos de poder vetar decisiones que puedan afectar el valor de su inversión —especialmente la dilución—.

En Colombia, los ángeles inversionistas típicamente eran familiares o amigos cercanos que financiaban proyectos de confianza, recientemente se ha incentivado el interés de inversionistas mas “institucionalizados” en realizar ese tipo de inversiones en Colombia(6).

(iv) Inversionistas institucionales 

Se trata de inversionistas calificados que buscan realizar un aporte de capital en una sociedad específica, con el fin de obtener un retorno mediato de su inversión y un beneficio futuro en un mayor valor de la misma (Lerner, 1998).

Si bien algunos inversionistas tienen una vocación de temporalidad, otros pueden tenerla de permanencia —como ocurre con la obligación de “inversiones seguras” para fondos de pensiones—. En ambos casos, el inversionista desea tener cierto nivel de injerencia en las decisiones sociales, de manera que evite la dilución y, en cambio, obtenga un beneficio adicional en el valor de la inversión que recibe.

En todo caso, tales inversionistas siempre se reservan suficientes prerrogativas de “salida” en caso de que, por cualquier motivo, deseen retirar el capital de la sociedad (McCahery & Vermeulen, 2010).

Nótense entonces dos intereses asociados: uno inmediato, proteger el valor de la inversión y generar valor agregado a la misma, y uno futuro, obtener una salida de la sociedad con un valor agregado de la inversión.

En Colombia, desde la década de los 90, se ha experimentado ese interés mediante las leyes que reformaron el sistema de pensiones y la llegada de fondos de capital privado.

b) Contenido económico de las disposiciones típicas del acuerdo de accionistas

Ese cúmulo de intereses económicos antes señalado se instrumenta en cada caso concreto, de acuerdo con disposiciones contenidas tanto en los estatutos —cuando ello es posible o deseable, según se verá más adelante—, como en el texto del acuerdo de accionistas, mediante cláusulas específicas.

Diversos análisis doctrinales se han realizado con relación a la forma en que se redactan las cláusulas específicas de un acuerdo de accionistas. Sin perjuicio de ello, para efectos de este documento, se pretendió hacer un análisis de un grupo principal de disposiciones “típicas” presentes en un acuerdo de accionistas, según la propuesta del Comité de Derecho de Sociedades de la Asociación de la Barra de la ciudad de Nueva York (Corporation Law Committee of the Association of the Bar of the City of New York, 2010), el cual se presenta en la tabla 1.

En dicha tabla se incluye un análisis del contenido económico que se busca proteger con cada disposición típica, de acuerdo con el análisis de los intereses económicos según el tipo de inversionistas arriba señalado.

Tabla 1 - Análisis de disposiciones típicas

Disposición típicaContenido económico
Estructura corporativa y órganos socialesEl inversionista buscará que la sociedad tenga una estructura corporativa que le garantice tener injerencia en las decisiones sociales, de forman que no se adopten decisiones que puedan afectar el valor de su inversión y que las adoptadas generen, en cambio, un valor agregado (Moll, 2001). Para el inversionista con interés directo en la gestión social será de mayor relevancia garantizar su puesto en la administración de la sociedad.
Derechos de votación del accionista en los órganos socialesEl inversionista buscará obtener el mayor número de votos posibles o representación en los órganos sociales. De esa manera, podrá dirigir el destino de su inversión o vetar decisiones que conlleven a desmejorar su valor (Lerner, 1998). Este criterio es aplicable a todo tipo de inversionistas.
Derechos de informaciónLa información es vital para la toma de decisiones, así como para proteger la inversión frente a decisiones equivocadas por parte de la administración (Gilson, Goldberg, Klausner, & Raff, 2006). El inversionista buscará obtener la mayor cantidad de información posible, incluso, mediante la obligación a la sociedad para proveérsela. Este criterio es aplicable a todo tipo de inversores.
Poderes asignados a los órganos socialesLa limitación de los poderes de la administración busca evitar el conflicto de agenciamiento con los administradores, según el cual los últimos se hacen a la propiedad de recursos de la sociedad en perjuicio de los accionistas. En tal medida, los negocios sociales que superen un valor determinado deberán ser aprobados por órganos sociales superiores, en los que el accionista tiene representación. Este criterio es aplicable a todo tipo de inversionistas.
Designación, elección, remoción y/o reemplazo de miembros directivosPara efectos de poder controlar el funcionamiento de la sociedad y mantener el valor de la inversión, el inversionista querrá poder tener injerencia en la composición de los órganos administrativos. Igualmente, le interesará poder elegir no solo miembros que puedan representar sus intereses, sino aquellos miembros con una preparación especial para el negocio que se lleva a cabo en la sociedad, de manera que su opinión sea la más preparada e incluso sirva para resolver problemas críticos en el funcionamiento del órgano respectivo. Este criterio es aplicable a cualquier inversor, aun cuando en el caso de ángeles inversionistas su relevancia no sea tan marcada.
Decisión sobre oportunidades de negociosEl control sobre decisiones relevantes sobre la composición de los negocios sociales y sobre procesos de reorganización empresarial, o la capacidad de veto sobre las mismas, busca mantener indemne el valor de la inversión, así como su capacidad de generar rendimientos. Este criterio es aplicable a todo tipo de inversionistas.
Restricciones a la venta de acciones e ingreso de terceras partesEl control del ingreso de nuevos inversionistas, así como de la realización de capitalizaciones, busca preservar tanto los derechos políticos como económicos de estos. Además, pretende eliminar el riesgo de asociación con otros inversionistas que puedan poner en duda la validez de la asociación. Este criterio es aplicable a toda clase de inversionistas.
Mecanismos de “salida” del InversionistaPactar mecanismos de compra o venta de la inversión plantea un medio para realizar la inversión en un momento determinado o, incluso, para poder excluir inversionistas cuyo comportamiento distorsiona la capacidad de generación de beneficios de la sociedad (Chemla, Habib, & Ljungqvist, 2002). Este criterio es aplicable a todo tipo de inversores, con mayor relevancia en el caso de los institucionales.
Mecanismos de solución de conflictos de parálisis socialEl objetivo primordial consiste en solucionar situaciones de bloqueo de la sociedad que impidan su normal funcionamiento y capacidad de generación de utilidades, o, en caso extremo, si la diferencia es insalvable y afecta materialmente a la sociedad, poder realizar la inversión. Este criterio es aplicable a todo tipo de inversionistas.

3. Los elementos a ser tenidos en cuenta para otorgar coercibilidad a un acuerdo de accionistas

Los acuerdos de accionistas, dado su trasfondo económico, requieren, para la efectividad de sus fines, que puedan ser exigibles por el inversionista. En efecto, de nada serviría si la contraparte negocial pudiera evadir el cumplimiento de las prestaciones prometidas sin hacerse acreedor a una consecuencia desfavorable y un eventual beneficio al inversionista cumplido.

Y es que el interés del inversionista no se concreta únicamente en la redacción de un acuerdo de accionistas, si al mismo no se le dota de elementos serios de exigibilidad, ya sea de tipo contractual o judicial, en la medida que primordialmente con este se busca mantener los parámetros que sirvieron de base para la inversión inicial, pero además evitar un riesgo moral futuro en la renegociación del valor de la inversión ante un evento de salida del inversionista de la sociedad (Chemla, Habib, & Ljungqvist, 2002).

Así las cosas, a él le interesará dotarse de las herramientas suficientes para garantizar que sus derechos políticos en los órganos sociales sean respetados, de manera que pueda supervisar o guiar el desarrollo de su inversión, pero también disponer de mecanismos que le permitan abandonar la sociedad en un momento dado, de manera que ab initio se establezca la forma de valoración de su inversión y no se vea afectado por un oportunismo futuro que lo lleve a disminuir su valor.

A partir de estas premisas, se analizarán cuatro aspectos generales que deben ser considerarse al momento de la negociación de un acuerdo de accionistas, a efectos de que el mismo cuente con la mayor capacidad de ser exigible y cumplir con sus propósitos.

a) Ley de los contratos: principios generales de los contratos

No debe olvidarse que el acuerdo de accionistas es un contrato entre los asociados (Martínez Neira, 2010). La doctrina extranjera ha mencionado que el este es un acuerdo de voluntades entre accionistas, ocasionalmente entre accionistas y la sociedad misma, regido igualmente por los postulados de la autonomía de la voluntad (Andenæs & Ueda, 2007).

No obstante, aun cuando exista una capacidad real de los asociados de determinar el contenido del acuerdo de accionistas —como ocurre con la suscripción de cualquier contrato—, las partes que lo celebren deberán, inicialmente, sujetarse a los postulados legales aplicables para que este sea válido, lo que allana el camino para su posterior coercibilidad.

Así las cosas, deberán reunirse los siguientes elementos:

• Una manifestación de voluntad por parte del inversionista, con capacidad real para suscribir el acuerdo de accionistas, siendo una carga importante de este verificar esas condiciones de su contraparte negocial.

• Una causa lícita, es decir, que el interés subyacente (el económico, para el caso concreto), sea un interés válido ante la ley.

• Un objeto lícito, es decir, que no contradiga a la ley imperativa, pudiendo apartarse de la ley supletiva. De igual manera, que no se aparte del precedente judicial, cuando el mismo sea exigible de acuerdo con la ley aplicable.

Ahora bien, con relación a la autonomía de la voluntad de las partes en la redacción de un acuerdo de esta clase —sin perjuicio de los elementos para la validez de este, antes mencionados— aquella puede ser plena o restringida (Sáez Lacave, 2009).

La doctrina extranjera señala que será plena en el evento de acuerdos entre todos los inversionistas, comoquiera que cuando todos los asociados suscriben el acuerdo podrán pactar cualquier posibilidad de acuerdos —siempre que sean lícitos, esto es, que no contravengan una norma de ley imperativa—.

Por otra parte, será restringida en el evento en que no todos los asociados sean parte del acuerdo y/o cuando afecte directamente la estructura de la sociedad, en la medida que no todos los pactos que impliquen la afectación de un derecho de una tercera parte son válidos legalmente sin la aceptación de esa tercera parte, ni la sociedad estará, en todos los casos, obligada a hacer respetar el acuerdo de accionistas.

Sobre ese último punto, sin perjuicio del debate que más adelante se presentará respecto a la relación entre acuerdos de accionistas y estatutos sociales, es pertinente destacar que cuando quiera que se pretenda vincular a accionistas que no celebraron el acuerdo o a la sociedad misma —naturalmente en lo relativo a su cumplimiento— habrá de verificarse en todo caso la posibilidad legal de vinculación de terceras partes y las formalidades necesarias para hacerlo:

Es un principio general de derecho que los contratos solo vinculan y pueden ser exigibles a las partes que lo celebran. Sin embargo, en algunos casos podrán llegar a ser exigibles a terceras partes cuando quiera que se cumpla con ciertas formalidades específicas, o esas terceras partes, de alguna manera, manifiesten posteriormente su “aquiescencia” al contenido del acuerdo.

Como lo señala la doctrina española (Sáez Lacave, 2009), el conflicto relacionado con la capacidad del acuerdo de accionistas y su oponibilidad a la sociedad, a los demás accionistas, o incluso a las mismas partes que lo suscriben, ha sido el “frente de batalla” por conducto del cual las cortes europeas han centrado su análisis en cuanto a la exigibilidad de los mismos, por lo cual resulta un aspecto de no menor calado que debe ser analizado al suscribir un acuerdo de accionistas.

Esa misma doctrina ha señalado cómo, eventualmente, la existencia de un “deber fiduciario” de las partes del acuerdo de accionistas se torna fundamento para su exigibilidad. Nótese que si bien ese puede ser un argumento que justifique que se pueda dar efectos a ese acuerdo con relación a una persona que no es parte del mismo, es más un argumento para que una tercera parte sea la que exija de los contratantes el cumplimiento del mismo, en la medida en que si con ocasión de dicho acuerdo se llega, por ejemplo, a un evento de bloqueo de los órganos sociales, eventualmente una tercera parte podría alegar un “abuso del derecho” por parte de las partes del acuerdo que llevaron al bloqueo, y obtener un pronunciamiento judicial en el que se obligue a las partes del acuerdo a cumplir con el contenido del mismo para superar la situación de bloqueo.

Así las cosas, más allá de limitarse a presentar una regla absoluta sobre la forma de hacer oponible el acuerdo de accionistas a terceros, a partir del análisis hecho en este acápite, en la Tabla 2 se proponen tres aspectos básicos a ser revisados al momento de suscribir un acuerdo de accionistas de cara a darle exigibilidad en lo que respecta a las terceras partes:

Tabla 2 – Oponibilidad del acuerdo de accionistas

AspectoContenido
Relatividad e los actos
Deberá verificarse, según la ley de los contratos, si los efectos de un acto jurídico pueden trasladarse o no a terceras partes que no intervienen en su celebración o no son parte del mismo. En ese sentido, deberá estudiarse si se requiere o no una manifestación posterior de voluntad de las terceras partes para que queden vinculadas a los efectos del acuerdo.
Formalidad de las estipulaciones
Ciertas estipulaciones de un acuerdo de accionistas pueden generar efectos para las partes que los suscriben exigibles por parte de terceros, o la obligación a una de las partes para que obtenga de dicho tercero el cumplimiento de la obligación prometida.
En tales eventos, es necesario, entonces, determinar cómo, bajo la ley aplicable, el lenguaje dado a la obligación específica tiene la capacidad de vincular a la tercera parte, o si se trata de un compromiso asumido por la parte del acuerdo de que el tercero cumplirá. En ambos casos, aunque el fin sea el mismo, el nivel de responsabilidad difiere, siendo en ocasiones preferible exigir el cumplimiento de la prestación directamente de la parte obligada, mientras que en otras, del tercero, como ocurre en el evento de que se pueda hacer exigible a la sociedad no reconocer un voto que contraviene una obligación contenida en el acuerdo.
Publicidad
Según el contenido de la ley, para otorgar coercibilidad al acuerdo de accionistas, por lo menos en lo que tiene que ver en sus efectos para terceros, puede requerirse o no que cumpla con ciertos parámetros de publicidad, de manera que los terceros se enteren de su contenido y deban sujetarse a los resultados que del mismo surjan.
Esa publicidad es especialmente necesaria en las compañías listadas en bolsa, sin perjuicio de que para compañías cerradas, la misma sea aplicable en distintos eventos, cuando quiera que se pretenda que la sociedad misma reconozca efectos jurídicos al acuerdo de accionistas, como sucede en el caso de los sindicatos de voto, respecto de los cuales se pretende que los órganos sociales no reconozcan validez al voto proferido en contravención a lo previsto en el acuerdo.

b) Conflicto entre estatutos y contrato

Sin perjuicio de las anotaciones sobre la validez y oponibilidad del acuerdo de accionistas, es necesario señalar que los mayores avances jurisprudenciales y discusiones doctrinales acerca de la aplicación de este tipo de acuerdos han tenido que ver con la relación que existe entre la primacía de los estatutos sociales y la calidad de complementariedad o no de estos.

En efecto, como ha reconocido la doctrina(7), los mayores debates judiciales se han centrado en determinar la primacía de los estatutos sociales respecto del acuerdo de accionistas, siendo los últimos simplemente complementarios de los estatutos y garantizándose una libertad en la redacción de los acuerdos de accionistas, salvo en lo que toca con la limitación de los poderes de la sociedad.

De acuerdo con la tesis esbozada, existe autonomía en la redacción de los acuerdos sociales, siempre y cuando no toquen con la organización interna de la sociedad, en cuyo caso esa clase de estipulaciones han de ser contenidas en los estatutos. Lo anterior no implica que si el acuerdo de accionistas pretende limitar los poderes propios de la sociedad - tales como la capacidad de su asamblea de reformar los estatutos – el acuerdo se repute inválido per se, en tales eventos el acuerdo podría reputarse válido únicamente respecto de los accionistas que lo suscribieron pero no oponible a la sociedad (Sáez Lacave, 2009).

Ahora bien, la Tabla 3 incluye algunas referencias a casos relevantes en el Derecho Comparado en los que la relación entre los acuerdos de accionistas y los estatutos sociales ha sido analizada:

Tabla 3 - Jurisprudencia. Relación acuerdos de accionistas y estatutos sociales(8)

País
Caso
Fallo
Inglaterra
Duomatic Ltd.
Un acuerdo de accionistas suscrito por todas las personas con capacidad de voto en el máximo órgano social implicará tácitamente la reforma de los estatutos sociales con relación al objeto de dicho acuerdo - “Principio Duomatic”.
Inglaterra
Russell v Northern Bank Development Corporation Ltd.
Una sociedad no puede ser parte de un acuerdo de accionistas que limita su capacidad legal. En estos casos, el acuerdo es válido únicamente para las partes que lo celebraron y es exigible como una manifestación del ejercicio del derecho de voto, no siendo oponible a terceros.
Estados
Unidos
McQuade v. Stoneham
Los pactos relacionados con la composición de los órganos administrativos son válidos, en cuanto no impliquen una obligación al administrador de atender intereses distintos a sus deberes fiduciarios, pues en caso contrario se atenta contra el orden público.
Estados Unidos
Zion v. Kurtz
Un acuerdo de accionistas que genera la obligación de obtener el consentimiento previo de un accionista para que la sociedad adelante ciertos negocios es válido, aun cuando no se hayan cumplido las formalidades para ser incluido en los estatutos sociales, en la medida en que no afecte derechos de terceros ni sea contrario a la ley.
Estados Unidos
Blount v. Taft
Un acuerdo de accionistas es un contrato que permite la más amplia gama de pactos entre los estos con relación a la forma en que se conducirán los negocios sociales, siempre que sus propósitos sean lícitos y no violen el orden público.
Australia
Gambotto v WCP Ltd.
El cumplimiento de un acuerdo de accionistas que provee el derecho de exclusión del accionista minoritario, es permitido siempre que se haya estipulado en los estatutos y que su ejercicio se dé bajo un propósito adecuado y no resulte en un mecanismo de opresión a los minoritarios.

Finalmente, la doctrina ha reconocido, incluso, que para el caso de algunos países europeos, y específicamente para Inglaterra, resulta altamente conveniente que el contenido de los acuerdos de accionistas deban ser reflejados de manera integral en los estatutos sociales, mientras que otros sectores discuten si esto es recomendable en todos los casos, en la medida en que eventualmente los inversionistas desean mantener sin publicidad ciertos acuerdos alcanzados, que entonces serán exigibles únicamente entre ellos (Sáez Lacave, 2009).

De acuerdo con el anterior análisis, puede concluirse que no existe un criterio definitivo sobre la primacía o no de los estatutos respecto de los acuerdos de accionistas y viceversa, sino mas bien la necesidad en cada caso concreto de analizar si, con fundamento en la ley aplicable, es necesario o no reflejar el contenido del acuerdo en los estatutos y, a partir de ello, adoptar la decisión final de su inclusión o no, a partir de 3 parámetros que se proponen a continuación:

(i) Pactos que solo pueden regularse por vía de los estatutos 

La determinación de la estructura de la sociedad es un elemento que, típicamente, debe estar regulado en los estatutos, no siendo oponible a terceros la determinación del mismo en un acuerdo de accionistas.

En efecto, si por ejemplo se creara un comité administrativo especial, del cual dependa la autorización para la celebración de contratos, las decisiones de dicho comité no podrían serle exigibles a un tercero, si la necesidad de ese requisito formal no tuviera la publicidad suficiente para que el tercero estuviera enterado de su existencia.

Ahora bien, como se desprende del principio Duomatic y del fallo Zion v. Kurtz, arriba mencionados, será necesario en todo caso determinar el tipo de formalidades necesarias ante la ley aplicable para poder reflejar el contenido del acuerdo de accionistas en los estatutos, pero además, para poder blindar el acuerdo de “modificaciones tácitas” que desvirtúen su obligatoriedad.

(ii) Pactos que aun cuando no requieran regulación exclusiva por vía estatutaria, es recomendable que sean integrados a los mismos 

Existen pactos contenidos en el acuerdo de accionistas que aunque tienen que ver con el funcionamiento de los órganos sociales, no requieren necesariamente constar en los estatutos, pero resulta, en distintos eventos, recomendable incluirlos o dotarlos de publicidad, a efectos de que su observancia sea exigible no solo a la sociedad, sino que deba ser tenida en cuenta por otros accionistas que no hacen parte del acuerdo de accionistas.

El ejemplo típico de ese tipo de pactos son los sindicatos de voto (Zaldivar et al., 1980), es decir, los compromisos entre inversionistas de adecuar su voto en el máximo órgano de cada sociedad en un sentido determinado según el tipo de decisión que se trate. Por ese tipo de acuerdos pueden crearse efectivos mecanismos de veto a decisiones propuestas por accionistas mayoritarios, así como “garantías” para la nominación de representantes de los inversionistas en los órganos sociales.

En este punto vale la pena hacer una clara distinción: una cosa son los sindicatos de voto y otra es el régimen de mayorías en los órganos sociales. Si bien en algunos eventos se confunden, es claro que el régimen de quórum deliberatorio y decisorio en los órganos sociales es un asunto generalmente reservado exclusivamente a los estatutos, por lo cual siempre será recomendable que el mismo sea allí reflejado, mientras que en la creación de “poderes” de voto en los órganos sociales solo será necesario dotarlo de publicidad cuando quiera que los inversionistas deseen que su cumplimento sea supervisado y exigido por la sociedad misma.

(iii) Pactos que los inversionistas no desean que figuren explícitamente en los estatutos 

Como se ha mencionado, la decisión sobre la publicidad del acuerdo de accionistas, entendida esta como su proyección dentro de los estatutos sociales, o su publicación por los medios requeridos por la ley —como lo es el depósito ante la administración y/o su revelación al mercado público de valores—, se hace necesaria solo cuando, de acuerdo con la ley aplicable, esa publicidad sea necesaria para otorgar oponibilidad al contenido del acuerdo frente a la sociedad y frente a terceros.

Ese principio marca una pauta para la decisión de los inversionistas de dar de publicidad o no a su acuerdo. Un ejemplo que da la doctrina española (Sáez Lacave, 2009) es el pacto de unanimidad en las decisiones del máximo órgano social: en algunos eventos su inclusión en los estatutos sociales puede volver al pacto “pétreo” y dificultar la dinámica de las decisiones, lo que puede incluso llevar a una situación de bloqueo que afecte estructuralmente a la sociedad.

Así las cosas, la publicidad de este tipo de acuerdos deberá finalmente analizarse no solo respecto de la capacidad del mismo de vincular a terceros, sino también de cara al mejor mecanismo de publicidad que no conlleve en un momento dado a la ingobernabilidad de la sociedad.

c) Incentivos a las partes para el cumplimiento de los acuerdos

Como en cualquier contrato, el acuerdo de accionistas deberá blindarse de recursos suficientes a favor de cada parte contratante y en contra de su contraparte, de manera que se asegure para la primera el cumplimiento de las obligaciones, en la medida en que por conducto de esos mecanismos se influencie la voluntad de su contraparte en ese sentido.

Esos mecanismos, a los que haremos referencia como “incentivos”, premian o castigan la actitud de la contraparte, de manera que aquella, al analizar la aplicación del incentivo en un caso concreto, adecue su actitud de cara al cumplimiento de las obligaciones que ha prometido en el acuerdo de accionistas.

Ahora bien, los incentivos no solo pueden analizarse en relación al simple cumplimiento del acuerdo, sino para que el mismo sea cumplido con un propósito lícito.

En efecto, bastante se habla de la protección del accionista minoritario como uno de los principios fundamentales del régimen societario, presente igualmente en los acuerdos de accionistas. En ese sentido, la mayoría de las regulaciones propende por crear incentivos que estimulen al accionista mayoritario para que, en el desarrollo de las relaciones sociales, no abuse de sus derechos en desmedro del accionista minoritario.

No obstante, tampoco puede olvidarse que el accionista minoritario tiene también intereses económicos, los cuales deben también incentivarse para que no se conviertan en un mecanismo desproporcionado de presión que conlleve a la ingobernabilidad de la sociedad, interfiriendo sin un propósito justo en los intereses del mayoritario, en lo que la doctrina ha denominado la “dictadura de los minoritarios”.

En ese sentido, deberá propenderse por que en la redacción del acuerdo de accionistas, a través de incentivos, el cumplimiento de las obligaciones del mismo no implique que en un ámbito de una aparente legalidad se llegue al abuso, como sería el ejemplo de que “legítimamente” se provoque un evento de bloqueo de los órganos sociales, que lleve a la obligación del mayoritario de comprar las acciones del minoritario a un precio privilegiado que no debía pagar, pues las condiciones reales del bloqueo fueron inventadas por el minoritario.

En consecuencia, la creación de un acuerdo de accionistas es un proceso dinámico, en el que debe analizarse la capacidad de los incentivos de guiar la voluntad de los inversionistas, para que cumplan las obligaciones allí contenidas, pero igualmente, para que su cumplimiento sea debido de conformidad con la ley aplicable y los principios de la buena fe comercial.

d) Exigibilidad por vía legal

La coercibilidad de estos acuerdos tendrá que ver también con la capacidad de exigir legalmente las obligaciones allí contenidas.

Sin perjuicio de las consideraciones que adelante se presentarán con relación a la ejecución judicial de los acuerdos de accionistas, baste por ahora hacer una reflexión sobre el contenido del tipo de obligaciones que pueden pactarse respecto al resultado de su incumplimiento.

La doctrina y la jurisprudencia internacional han analizado la necesidad o no de incluir en el acuerdo de accionistas la consecuencia del incumplimiento de las obligaciones allí contenidas, de manera que por esa vía se garantice su coercibilidad. Como lo resume Gomtsian, ese debate ha tenido lugar ante las cortes inglesas, entre otros casos, de la siguiente manera (Gomtsian, 2012):

— Russell v. Northern Bank Development Corporation Ltd.: en dicho fallo, las cortes inglesas impartieron la orden de suspensión de una conducta que iba en contra de lo pactado en el acuerdo de accionistas, según el cual el capital de la sociedad no se aumentaría sin el consentimiento de todas las partes del acuerdo.

— Thomas Abercrombie Welton v Joseph John Saffery: en este caso, en el que se analizó el incumplimiento de un sindicato de voto, no se reconoció la posibilidad de que se pudiera exigir a la sociedad el cumplimiento de una obligación contenida en el acuerdo de accionistas, sino que una vez incumplido el único remedio era la indemnización de perjuicios por el incumplimiento de una obligación de tipo personal de la parte del acuerdo de accionistas.

— Puddephatt v Leith: la corte obligó al demandado a votar de conformidad con las instrucciones del demandante en los términos del acuerdo de accionistas, ante su negativa a votar en dicho sentido.

Ahora bien, como lo señala el mismo autor, en la jurisprudencia inglesa las medidas para el cumplimiento del acuerdo —remedies— que pueden ser adoptadas pueden ser impredecibles con ocasión de la flexibilidad que resulta del concepto de “equidad”. Aun cuando en algunos eventos las partes del acuerdo incluyen en el mismo un resultado específico —specific performance— a ser llevado a cabo en el evento del incumplimiento. Sin embargo, las cortes inglesas no se declaran necesariamente atadas a dicho resultado y en diversos casos proceden con la indemnización de perjuicios sin aplicar el resultado previsto en el acuerdo de accionistas.

Por su parte, la doctrina española ha estudiado la aplicación de consecuencias previstas en el acuerdo de accionistas a través de las cortes españolas, quienes han fallado favorablemente el cumplimiento de las obligaciones contenidas en este tipo de acuerdos, no por la violación misma de este, sino por vía de la impugnación de las decisiones sociales adoptadas en violación del acuerdo (Sáez Lacave, 2009).

De igual manera, las cortes españolas han aceptado el cumplimiento forzado del acuerdo de accionistas, en la medida que su violación comporte una violación de una norma legal superior, de los estatutos mismos o de una obligación de un deber fiduciario de conducta.

En este punto, es necesario entonces concluir que no existe un criterio definitivo sobre la forma de exigir el cumplimiento de esta clase de acuerdos, pues mundialmente no existe un parámetro único, ni tampoco una posición mayoritaria que permita adoptarlo.

Lo que la doctrina y la jurisprudencia han demostrado es que comúnmente la violación de un acuerdo de accionistas deriva necesariamente en la indemnización de perjuicios, cuando quiera que el mismo no esté dotado de suficientes elementos de publicidad que conlleven a su observancia por la sociedad misma y por los terceros, ya sea porque se refleja en los estatutos sociales o porque la sociedad queda vinculada a su cumplimiento, por ejemplo, con causa del depósito del acuerdo de accionistas.

Ahora bien, en los eventos en que el acuerdo de accionistas prevé una consecuencia específica con ocasión de su incumplimiento, tampoco existe un criterio definitivo sobre su aplicación. En esos eventos, la labor de los inversionistas al suscribir el contrato será la de analizar la capacidad de que, bajo la ley aplicable, pueda obtenerse la declaración de la consecuencia acordada, esto es, si puede, por ejemplo, enmarcarse dentro de un evento de violación de la ley societaria que conlleve a la inaplicación de las decisiones adoptadas por los órganos sociales en violación del acuerdo de accionistas, o si se puede mantener únicamente en el plano de la violación de un acuerdo típicamente comercial, en el que pueda exigirse igualmente una prestación sin que la misma necesariamente afecte el plano social —más allá, por ejemplo, de la venta de la participación del inversionista—.

En todo caso, puede resultar incluso recomendable que su redacción contemple varias posibilidades de elección a favor del inversionista cumplido en contra del inversionista incumplido, como puede ser persistir en el cumplimiento de la prestación prometida o la venta forzada de su inversión, de manera que pueda elegir si, en un caso concreto, la actitud de su contraparte negocial presenta suficientes incentivos para continuar en la asociación.

4. La ejecución por vía judicial de los acuerdos de accionistas: los cambios estructurales en la concepción legal de su coercibilidad en la legislación colombiana

Como se mencionó anteriormente, la doctrina y jurisprudencia nacional no contaban con un desarrollo amplio en materia de decisión de conflictos relacionados con la ejecución judicial de los acuerdos de accionistas.

En efecto, como lo señala el profesor Martínez Neira, la evolución de la coercibilidad de los acuerdos de accionistas puede analizarse bajo las siguientes etapas (Martínez Neira, 2010):

a) Régimen del Código de Comercio

Originalmente, desde el Código de Comercio —art. 118— se admitió la posibilidad de pactar cualquier tipo de acuerdos relacionados con el funcionamiento de la sociedad, en sujeción a lo establecido por la ley imperativa en materia de sociedades.

La coercibilidad de los acuerdos de accionistas regulados en esta forma dependería de que los mismos fueran incluidos en los estatutos sociales. Así las cosas, el incumplimiento de estos sería tratado —por lo menos teóricamente— bajo el amparo del incumplimiento de las normas relativas al incumplimiento de los estatutos sociales.

En caso contrario, esto es, que lo regulado en los acuerdos de accionistas no fuera reflejado en los estatutos sociales, ese pacto no sería oponible a la sociedad ni a terceros y, finalmente, se quedaría en el incumplimiento de un acuerdo privado, siendo su incumplimiento juzgado bajo las leyes comerciales comunes.

En todo caso, dicho régimen no regulaba lo concerniente a la inclusión de normas en el acuerdo de accionistas relativas a la descripción de las consecuencias que conllevaría el incumplimiento del mismo, por lo cual, ante tales eventos, teóricamente el accionista afectado no tendría remedio distinto a reclamar una indemnización de perjuicios, salvo que la conducta se constituyera en el incumplimiento de una norma societaria, en cuyo caso podría solicitar la declaración de nulidad del acto o el reconocimiento de los presupuestos de ineficacia.

b) La Ley 222

La Ley 222 de 1995, en su artículo 70, admitió la posibilidad de que los acuerdos de accionistas donde constaban sindicatos de voto fueran depositados ante la sociedad y hacerlos oponibles a la misma, en lo que tiene que ver con el sindicato de voto.

La norma, en todo caso, restringía el ámbito de acción del acuerdo de accionistas, pues excluía que esa oponibilidad fuera válida en el evento que la parte del acuerdo fuera administrador de la sociedad.

Respecto de esas decisiones oponibles, la sociedad y los administradores estaban sujetos a su cumplimiento. No obstante, no estaba clara la consecuencia en el evento de su incumplimiento, dado que, por lo menos teóricamente, esa situación únicamente derivaría en un evento de indemnización de perjuicios, salvo que implicara en sí misma una violación al régimen de la ley de sociedades, esto es, por ejemplo, que constituyera una violación de las mayorías en los órganos sociales.

En lo demás, es decir, en los acuerdos de accionistas que reflejaran disposiciones distintas a un acuerdo de votos, se seguiría lo establecido en el Código de Comercio, pues ese régimen no fue derogado por la Ley 222.

c) Mercado público de valores

En materia del mercado público de valores, el artículo 43 de la Ley 964 señalaba que los acuerdos de accionistas que, además de cumplir con lo establecido en el artículo 70 de la Ley 222, deberían ser divulgados al mercado, so pena de ineficacia.

Entonces, esta última disposición implica que sin el requisito de publicidad, los acuerdos de accionistas no tendrán efectos incluso entre las partes contratantes.

Así las cosas, la coercibilidad del acuerdo de accionistas estaba limitada, en la medida que la falta de publicidad no solo acarrearía la inoponibilidad sino la ausencia de efectos.

Además, tampoco se encuentra un antecedente de los efectos de su incumplimiento, por lo que —teóricamente— se seguirían los efectos de la Ley 222 y, en cuanto no contuvieran un acuerdo de votos, lo establecido en el Código de Comercio.

d) Reformas societarias a partir del 2008 

La Ley 1258 vino a reformar el régimen de coercibilidad de los acuerdos de accionistas por dos vías para las sociedades por acciones simplificadas.

Por una parte, admitió que estos versaran sobre “cualquier asunto lícito” y sean oponibles a la sociedad, siempre que sean depositados ante la misma.

Adicionalmente, admitió que se obtenga por vía judicial la ejecución específica de las obligaciones contenidas en el acuerdo, mediante un proceso a ser adelantado ante la Superintendencia de Sociedades. Esa facultad fue posteriormente extendida a la totalidad de las sociedades sujetas a la jurisdicción de esa superintendencia.

Esta última disposición resulta novedosa en el régimen colombiano, en la medida que, además de prever una corte especializada para la solución de asuntos derivados de los acuerdos de accionistas, admitió la posibilidad de obtener la ejecución judicial de una obligación contenida en los acuerdos, incluso si no está reflejada en los estatutos sociales.

En efecto, mucho se ha discutido en el mundo con relación a la posibilidad de que un ente típicamente administrativo tenga facultades jurisdiccionales. No obstante, la práctica ha demostrado que esa tendencia ha tenido una acogida favorable, por lo menos desde el punto de vista práctico, pues sin distinción de la autoridad que imparta justicia, lo que se prefiere es que esta sea impartida en debida forma.

De acuerdo a lo anterior, las cortes societarias especializadas, incluso nacidas en el seno de entes administrativos, cuentan con aceptación y su existencia resulta un criterio determinante en la elección de una jurisdicción para la celebración de acuerdos sociales.

Por otra parte, la posibilidad de ejecución de los acuerdos de accionistas, con independencia de su inclusión o no en los estatutos sociales y muy posiblemente de su depósito ante la administración social, resulta completamente innovadora, pero a su vez plantea un reto en términos de juzgamiento.

En efecto, sin perjuicio de los fundamentos por los que en un caso concreto llegare a admitirse, por ejemplo, la nulidad de decisiones de los órganos sociales que no consultan el contenido del acuerdo de accionistas, lo cierto es que el cumplimiento de obligaciones específicas contenidas en el acuerdo no puede darse simplemente al analizar el contenido puro y simple de la obligación incumplida o de la consecuencia sancionatoria allí prevista.

Comoquiera que el acuerdo de accionistas tiene un fin económico que le sirve de fundamento, entonces el juzgamiento del cumplimiento de la obligación no puede abandonar tal fundamento, en tanto que la racionalidad del inversionista al dar ejecución al acuerdo también tendrá en cuenta la oportunidad de pérdida o ganancia que pueda derivarse de su actitud.

Así, debe señalarse que el cumplimiento forzado del acuerdo de accionistas puede también implicar una conducta abusiva del contratante, que puede deslegitimar su pretensión, como el evento de quien de manera injustificada elabora una situación de bloqueo para comprar las acciones de su contraparte a un precio privilegiado.

De manera que, si se tiene en cuenta ese tipo de criterios, la solución al conflicto puede derivar en lo que parece ser una solución más acertada. Y esa es una de las situaciones más relevantes del fallo de la Superintendencia de Sociedades del pasado 23 de abril de 2013, ya que, sin perjuicio de la opinión sobre el sentido de la decisión y otros fundamentos del fallo, rescató el reconocimiento del interés de la parte al suscribir el acuerdo en aras de adoptar la decisión.

Finalmente, la aplicación de los criterios debe guiar entonces igualmente al tipo de pretensiones a ser exigidas por el inversionista. En efecto, deberá sopesar si el cumplimiento forzado de las disposiciones del acuerdo de accionistas le resulta económicamente más eficiente o si acaso la terminación de la asociación y el retorno de su inversión pueden ser más adecuados.

5. Conclusiones

Este documento resalta la importancia de los intereses que sirven de base para la suscripción de un acuerdo de accionistas, de manera que se tengan en cuenta al momento de redactar las disposiciones propias de ese tipo de contratos y obtener así la protección de los mismos. Intereses que son propios a cualquier calidad de inversionistas y que, por lo tanto, resultan importantes en cualquier esquema de asociación.

De igual manera, en este texto se presentaron algunos criterios relativos a la coercibilidad de los acuerdos de accionistas, así como una invitación para analizar su aplicación general y determinar su utilización en cada caso concreto.

Finalmente, se demostró la importancia de esos criterios al momento de juzgar el cumplimiento de los acuerdos de accionistas, razón que habrá de guiar las pretensiones de quien busca su cumplimiento y, en buena medida, el análisis sobre el que debería recaer la decisión judicial.

(1) Superintendencia de Sociedades, Sentencia de fecha 23 de abril de 2013, Proedinsa Calle & Cía S. en C. Vs. Inversiones Vermont Uno S. en C. y otros.

(2) Este término de utilizará indistintamente en este documento para denominar a los pactos parasociales. Se ha preferido el uso de esa denominación, en la medida en que bajo la ley colombiana, su mayor desarrollo ha sido con relación a las sociedades de capital.

(3) Fuente: Securities and Exchange Commission.

(4) El término Inversionistas se utiliza en este documento, para definir a las personas que se encuentran interesados en suscribir o ingresar a un contrato de sociedad, sin perjuicio del interés económico que les asista, o la realización de un aporte directo o no en el capital de una sociedad.

(5) Entendido como una reducción de la representación proporcional del aporte del Inversionista en el capital de una sociedad.

(6) Pueden apreciarse las noticias desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo sobre eventos de redes de ángeles Inversionistas en Colombia: https://www.mincomercio.gov.co/englishmin/publicaciones.php?id=720.

(7) Fuentes: (Andenæs & Ueda, 2007); (Molano Leon, 2006); (Sáez Lacave, 2009)

(8) Fuentes: (Gomtsian, 2012) y (Molano Leon, 2006)