ART. 5º—La autoridad que dispusiere el pago de remuneraciones contraviniendo las prescripciones del presente decreto, será responsable de los valores indebidamente pagados y estará sujeta a las sanciones fiscales, administrativas, penales y civiles previstas en la ley. La Contraloría General de la República velará por el cumplimiento de esta disposición.

Los docentes no podrán percibir sumas diferentes a las obtenidas en aplicación del presente decreto.

(Nota: Derogado por el Decreto 216 de 2016 artículo 8° del Departamento Administrativo De La Función Pública)

ART. 6º—Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatuido por las normas del presente decreto, en concordancia con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992. Cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos.

Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las asignaciones de que trata el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992.

(Nota: Derogado por el Decreto 216 de 2016 artículo 8° del Departamento Administrativo De La Función Pública)

ART. 7º—El Departamento Administrativo de la Función Pública es el órgano competente para conceptuar en materia salarial y prestacional. Ningún otro órgano puede arrogarse esta competencia.

(Nota: Derogado por el Decreto 216 de 2016 artículo 8° del Departamento Administrativo De La Función Pública)

ART. 8º—El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga el Decreto 175 de 2014 y surte efectos fiscales a partir del 1º de enero de 2015, salvo lo dispuesto en el artículo 4º del presente decreto.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D.C., a 26 de mayo de 2015.

(Nota: Derogado por el Decreto 216 de 2016 artículo 8° del Departamento Administrativo De La Función Pública)