ART. 5º—Los empleados públicos administrativos vinculados actualmente a las universidades estatales u oficiales continuarán sujetos al régimen salarial que efectivamente se les reconoció y pagó hasta el 31 de diciembre de 2014. El régimen de prestaciones sociales será el aplicable a los empleados públicos de la rama ejecutiva del orden nacional.

De conformidad con el parágrafo primero del artículo sexto de la Ley 4ª de 1992, facúltase a los rectores universitarios para determinar los reajustes a las asignaciones básicas del personal de carácter administrativo de sus correspondientes plantas de personal vigentes a 31 de diciembre de 2014, de conformidad con el porcentaje fijado en el artículo primero del presente decreto.

Los rectores universitarios expedirán los correspondientes actos administrativos antes del 30 de junio de 2015 y deberán remitir copia de los mismos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Departamento Administrativo de la Función Pública dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.

(Nota: Derogado por el Decreto 215 de 2016 artículo 10 del Departamento Administrativo De La Función Pública)

ART. 6º—La autoridad que dispusiere el pago de remuneraciones contraviniendo las prescripciones del presente decreto, será responsable de los valores indebidamente pagados y estará sujeta a las sanciones fiscales, administrativas, penales y civiles previstas en la ley. La Contraloría General de la República velará por el cumplimiento de esta disposición.

(Nota: Derogado por el Decreto 215 de 2016 artículo 10 del Departamento Administrativo De La Función Pública)

ART. 7º—Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatuido por las normas del presente decreto, en concordancia con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992. Cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos.

(Nota: Derogado por el Decreto 215 de 2016 artículo 10 del Departamento Administrativo De La Función Pública)

ART. 8º—Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las asignaciones de que trata el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992.

(Nota: Derogado por el Decreto 215 de 2016 artículo 10 del Departamento Administrativo De La Función Pública)

ART. 9º—El Departamento Administrativo de la Función Pública es el órgano competente para conceptuar en materia salarial y prestacional. Ningún otro órgano puede arrogarse esta competencia.

(Nota: Derogado por el Decreto 215 de 2016 artículo 10 del Departamento Administrativo De La Función Pública)

ART. 10.—EI presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga el Decreto 173 de 2014 y surte efectos fiscales a partir del 1º de enero de 2015.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D.C, a 26 de mayo de 2015.

(Nota: Derogado por el Decreto 215 de 2016 artículo 10 del Departamento Administrativo De La Función Pública)