Así quedó el escenario impositivo, tras la reciente reforma tributaria

Revista Nº 188 Mar.-Abr. 2015

Javier Nelson Rojas 

Especial para la Revista Impuestos 

El tono de los argumentos presentados por el Gobierno al Congreso de la República para buscar la aprobación del proyecto que dio origen a la Ley 1739 del 2014, la reciente reforma tributaria, no dejó duda del afán gubernamental por conseguir recursos para sobrellevar el año en curso, pues, en su momento, manifestó que se ponía a consideración del órgano legislativo una propuesta tributaria “fiscalmente responsable y macroeconómicamente consistente que da cumplimiento a la regla fiscal y permite garantizar la financiación del gasto presupuestal de la vigencia fiscal del 2015 de una manera que no afecta la sostenibilidad de las finanzas públicas”.

Para el consultor tributario y contador Horacio Ayala es “clarísimo que el Gobierno necesitaba recursos adicionales, porque hay un hueco fiscal. Entonces, tenía que recogerlos de alguna manera, y lo que escogió fue prorrogar el impuesto de patrimonio, con otro nombre, e igualmente mantener el gravamen del cuatro por mil (a los movimientos financieros), pero ya con la tarifa plena”.

Comenta también que frente a esta ley no se puede “hablar de reforma estructural o de razones distintas de cerrar un hueco fiscal”. Además, la propuesta inicial de la reforma tributaria causó sorpresa, “porque todo el mundo sabía que el impuesto de patrimonio se acababa en el 2014; uno no entiende por qué, a última hora, estaban tratando de revivirlo, si eso (ser temporal) estaba previsto desde cuando se creó en el 2009 para los años 2011 al 2014” indica el experto consultor.

Respecto al impuesto a la riqueza, Ayala afirma que “en esta ocasión la redacción es un poco distinta, no copiaron textualmente, como ocurrió con el impuesto del 2011 al 2014, la norma del impuesto del 2004 al 2007, pero, en esencia, sabemos que el impuesto a la riqueza es un impuesto al patrimonio”.

Y agrega: “no creo que ese impuesto sea bueno para el país en cuanto a la estructura tributaria. Como he venido sosteniendo tantas veces, los impuestos proporcionales, en cabeza de las sociedades, agravan el problema de la regresión del impuesto; cuando les imponen impuestos proporcionales, estos intensifican su regresividad, porque todo tributo, en cabeza de la sociedad, se refleja en los accionistas a la misma tarifa, sin consideración a su capacidad económica. De hecho, depender del impuesto a las sociedades, sin gravar dividendos, es un concepto regresivo, y si a eso se agregan otros impuestos proporcionales, pues se agrava esa situación”.

Por otra parte, Juan Camilo Serrano, experto en Derecho Tributario, afirma que no tiene claridad “sobre el sentido de establecer el impuesto a la riqueza” y no un impuesto al patrimonio, como se propuso en un principio. Sin embargo, anota que “hay algunas empresas, las más grandes, que tienen suscritos contratos de estabilidad jurídica y dentro de estos pudo haberse incluido toda la normativa relacionada con el impuesto al patrimonio, en consecuencia, la Ley 1739, al parecer, ha buscado exonerar de la obligación al Estado de respetar la situación jurídica de las compañías que tienen contrato de estabilidad en relación con el impuesto al patrimonio”.

Para Serrano, “si se suscribió un contrato de estabilidad jurídica en el cual se incluye que el impuesto al patrimonio únicamente es por cuatro años, del 2006 al 2010, no podría gravarse con un impuesto nuevo de patrimonio o con una extensión del mismo, de forma tal que una empresa con contrato de estabilidad jurídica quedaría gravada con el impuesto a la riqueza, independientemente de que en aquel contrato figure que no se puede gravar con el impuesto al patrimonio”.

Por otro lado, acota Serrano que “la Constitución establece que los impuestos nuevos no forman parte de las transferencias a los entes territoriales. Entonces, si se trata de un impuesto viejo, pues ya ha pasado el periodo de gracia en el cual el recaudo, por ese impuesto, no formaría parte de las trasferencias, entonces, entraría a ser parte de estas y quedaría como un ingreso distribuible entre la Nación y los entes territoriales a través de las trasferencias”. Mientras que “al establecerse como un impuesto nuevo, no forma parte” de aquellas.

Respecto a la creación del impuesto a la riqueza, Serrano observa que “en la medida en que se prevea un déficit fiscal, es necesario tomar medidas” para recaudar tributos; el nuevo impuesto es razonable desde este punto de vista, pero “no me gusta la forma, porque los impuestos a la riqueza, sobre todo en relación con las sociedades, tal y como están definidos en la ley, son proporcionales, muy progresivos”. Coincide con Ayala en que el impuesto a la riqueza “está afectando el patrimonio de todos los contribuyentes que tienen participación accionaria en todas las sociedades, en la misma proporción, sin considerar ni su capacidad contributiva ni su verdadera riqueza”.

Serrano agrega que “no solo va contra el patrimonio, sino que, adicionalmente, no afecta las utilidades, que es otro elemento importante, porque el impuesto al patrimonio afecta la cuenta de revalorización y no las utilidades distribuibles (de las sociedades). Entonces, le pega directamente al patrimonio del contribuyente, grande o pequeño”. Precisa que ese impuesto no merma el “patrimonio fiscal, pero sí el patrimonio efectivo, aun a quien no es contribuyente directo, porque se está gravando, de manera indirecta, a los accionistas de sociedades”.

En general, manifiesta Serrano, un “impuesto al patrimonio siempre es negativo, en la medida en que desestimula la inversión. Sin embargo, me parece que tal y como fue planteado es posible que el efecto directo no sea muy grande, porque es una tarifa muy pequeña, está diferida en varios años. Adicionalmente, para las rentas de capital terminó sustituyéndose por una sobretasa del impuesto sobre la renta para la equidad (CREE) que, finalmente, lo hace más técnico, en la medida en que se paga impuesto sobre lo que genera de rentas y no sobre lo que ya ha generado en años anteriores, que es el patrimonio del contribuyente”.

Serrano recalca que “lo importante es que sí se grava con más suavidad la renta de capital que la renta de trabajo, como ha sido tradicional en estos últimos años”. En ese contexto, hay una situación de desigualdad, “porque a las personas naturales se les grava con una tarifa más alta respecto de su patrimonio y a las personas jurídicas con una más baja, que va descendiendo, adicionalmente, y únicamente se establece sobretasa para rentas grandes, o sea para aquellas superiores a 800 millones de pesos de utilidad. Es decir que para las rentas de capital de empresas que generen menos de 800 millones, al final, las tarifas del impuesto al patrimonio son muy bajas y terminan desapareciendo en el 2018. Mientras que para las personas naturales la tarifa se mantiene constante por cuatro años”.

“Es evidente que esa idea incompleta de que es necesario que las personas naturales tributen más sigue aplicándose”. Serrano subraya que tal tendencia de las últimas reformas tributarias parece justificarse con dos razones: “una que puede ser de impulso a la economía, y es que la riqueza se hace en las sociedades mediante la unión de capitales. Entonces, están estimulando, seguramente, la inversión en las sociedades. Y la segunda es que ha sido constante la obsesión de algunos macroeconomistas de incrementar la participación de la tributación de las personas naturales”.

Critica que aquellos expertos hagan “una comparación con otros sistemas tributarios, en donde las personas naturales tributan más, en mayor proporción, sin considerar que en Colombia estas no tributan sobre los dividendos, lo que sí pasa en esos sistemas con los que nos están comparando, lo que pone de manifiesto situaciones totalmente distintas”.

Serrano sostiene que tanto la Ley 1607 del 2012, como la Ley 1739, son reformas tributarias que han acentuado las dificultades para cumplir la normativa impositiva colombiana, pues la primera “tuvo disposiciones absolutamente perversas, como el desconocimiento de costos y gastos, por ejemplo, a las personas naturales que la ley calificó como empleados, sin serlo, desconociendo todos los gastos en los que incurre una persona natural que ejerce su actividad de manera independiente”.

Así mismo, “la Ley 1739 profundizó esa situación perversa. Cuando se toman decisiones, por ejemplo, de establecer que las personas naturales, no asalariadas, pueden acudir a la exención del 25% de sus ingresos, pero les prohíbe la afectación de costos y gastos cuando liquidan su impuesto por el sistema ordinario, eso quiere decir, en ‘plata blanca’, que el sistema ordinario, para las personas naturales, fue radicalmente modificado y virtualmente extinguido”.

“O sea, las personas naturales que tienen costos y gastos empiezan a tributar como si fueran asalariados y la situación económica de ambos es radicalmente distinta, porque los costos de los asalariados los pagan sus empleadores, para quienes son deducibles (al liquidar el impuesto de renta), mientras que los costos de los independientes los pagan ellos mismos y la ley les dice que no son deducibles. Entonces, ahí se genera una enorme falta de equidad”.

Un aspecto negativo

Entonces, asevera Serrano, “se llega al punto más perverso de los sistemas tributarios, y es que el impuesto de renta no es tal, sino un impuesto al ingreso como el impuesto (municipal) de industria y comercio (ICA), con la diferencia de que este tiene unas tarifas que, en el peor de los casos, son del 1%, mientras que la del impuesto de renta es del 33%; termina siendo un sistema de tributación de imposible cumplimiento para quien tiene costos en su actividad”.

En el entorno de la tributación de los asalariados y de los trabajadores independientes, Ayala sostiene que “también hay una confusión en el tema de empleados que no son asalariados, porque la Ley 1739 pareciera dar a entender que los no asalariados, que tienen la categoría de empleados, están metidos en una dificultad de interpretación, en relación con la exención del 25%, a que tienen derecho los asalariados de acuerdo con el estatuto tributario, que parece aplicar en algunos casos, pero no en otros”.

Para Ayala, en la norma se da “a entender que solo en aquellos casos cuando el profesional independiente, por ejemplo, está prestando servicios bajo la responsabilidad del contratante entraría en la categoría de empleado. Es decir, hay más de una interpretación en relación con ese tema. Estas son muestras, simplemente, a vuelo de pájaro, de las inquietudes que dejó, de nuevo, esta reforma, por deficiencias en la redacción”.

De otro lado, Serrano asegura que la Ley 1739 es “absolutamente recaudatoria; no tiene ninguna estructura tributaria. O sea, es una reforma hecha sin pensar en el sistema, sino exclusivamente en la caja, al punto de que solo con dos años de diferencia se aprobaron las amnistías; se aprobó una amnistía patrimonial, se adoptó una amnistía de intereses y de sanciones, mucho más amplia que la anterior, y se adoptaron unas amnistías de procesos de investigación y de discusión ante la jurisdicción contenciosa”.

Precisa que mediante “la Ley 1607 del 2012 hubo una amnistía y ahora hay otra. La diferencia fundamental de la nueva amnistía es que no es tan generosa, pero la otra pasó hace dos años únicamente. Además, la Ley 1739 tiene otro defecto de legitimidad y es que está creando una amnistía patrimonial que ya la Corte Constitucional había declarado inexequible” en la Ley 1607, y que en la reforma tributaria del 2014 aparece con el nombre de impuesto complementario de normalización tributaria al impuesto a la riqueza. “Aquí están haciendo una cosa que es más perversa: burlando el Estado de Derecho. Están aprobando normas a sabiendas de su inconstitucionalidad”.

Afirma que el impuesto a la riqueza “va a terminar siendo permanente como viene desde el 2006. La Ley 1111 del 2006 creó el impuesto al patrimonio, que después fue reciclado como uno nuevo a partir del 2011; no le cambiaron, ni siquiera, el nombre. Ahora, en el 2015, es nuevamente reciclado, renovado con el nombre del impuesto a la riqueza. Para el 2019 esos recursos van a hacer falta, entonces, en el 2018 habrá una nueva reforma que lo volverá a reciclar, salvo que el Estado, definitivamente, asuma el compromiso y la responsabilidad de hacer una reforma para ajustar el sistema tributario”.

En materia de control a la elusión y la evasión, Serrano afirma que en la Ley 1739 “hay un retroceso”, pues existe “un elemento muy importante para el control tributario, que es la información, y hay una fuente de información fundamental, que es el sistema financiero. En la medida en que se logre bancarizar, se va a tener información. Y se promulgan dos disposiciones que disminuyen la posibilidad de información financiera; una, el aplazamiento de la obligación de realizar pagos a través del sistema financiero: tarjetas débito y crédito. El Estado aprobó la norma y no se preparó, y los pocos avances que se hubieran podido obtener en el 2014 con la aplicación de la disposición dan marcha atrás hasta el 2019. Y la previsión es que de aquí al 2019 el Estado tampoco se va preparar y va ser una norma de imposible aplicación”.

“Otra norma que había traído buenos resultados, en materia de información, era la que permitía devolverle dos puntos del impuesto sobre las ventas (IVA) al comprador que pagara sus consumos de bienes y servicios con tarjetas de crédito o débito. Advierte que esos dos puntos representaban un relativo menor costo fiscal, frente al beneficio de contar con información acerca del consumo de los contribuyentes. Sin embargo, la derogaron, porque ya cumplió su objetivo. Pero, en materia de información, nada cumple su objetivo; lo cumple cada año, pero para el siguiente va a ser igualmente necesaria”.

Serrano cree que la “revocaron, porque infortunadamente de dos años para acá, cuando se presentaron los ajustes en los sistemas, le quedó grande —a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)— el manejo de la devolución de los dos puntos del IVA; hace dos años no los devuelven”. Al parecer la decisión fue: “archívese por difícil”, ante la incapacidad para administrar ese instrumento.

Por otra parte, Mónica Reyes, experta en Derecho Tributario, reconoce que en la Ley 1739 hay avances en la lucha contra la elusión y la evasión fiscales, de manera que esta reforma tributaria “junto con todo el entorno de los tratados de intercambio de información tributaria, van a tener un impacto muy favorable en el recaudo, en Colombia, porque la gente va a reportar los activos que tiene en el exterior y va a pagar sobre estos y sobre las rentas que generen”.

Reyes agrega que los contribuyentes colombianos “están siendo muy presionados por todos los lados. EE. UU. está intercambiando información, todos los Estados europeos tienen un acuerdo de intercambio de información que involucró a la mayoría de los paraísos fiscales”. Entonces, la presión para que los contribuyentes declaren los activos ocultos “no solamente es de la más reciente reforma tributaria, sino del entorno mundial”.

En otro frente de análisis, Serrano recuerda que de una reforma tributaria estructural se ha venido hablando en el país desde hace muchos años, pero no se ha “tenido la fortaleza institucional para aprobarla. Como se ha dicho, siempre que hay reformas tributarias, esta era la mejor oportunidad. Pero no ha habido una mejor que esta, porque fue una reforma tributaria que pasó sin debate. Todas las reformas tributarias, por lo menos, surten un debate en el Congreso. Esta ni siquiera fue discutida; se concertó con los gremios a puerta cerrada y en las plenarias de la Cámara y del Senado la aprobaron, en cada una, en 24 horas, de manera que no tuvo ningún debate. Y cuando uno tiene la capacidad política de adelantar una reforma tributaria, que es un tema tan sensible, sin debate, sí ha debido tenerse la fuerza y la decisión de hacer una reforma estructural”.

Además, expresa que “hicieron una votación en bloque, sin análisis, sin discusión, distinta a la discusión y a la concertación con los gremios, pero estos representan unos sectores económicos, no a todos, porque no hay gremios de profesionales independientes, ni de asalariados, ni de accionistas. Todos aquellos representan sectores económicos específicos”.

En cuanto a la creación de la Comisión de Estudio del Sistema Tributario Colombiano, Serrano piensa que es una iniciativa para “tranquilizar la galería, porque es ad honorem (para sus miembros), sin un compromiso específico, porque no solo le da la posibilidad de hacer estudios sobre temas tributarios, sino sobre asuntos económicos, en general, no solo de fundaciones, sino sobre todo el sistema, y no solo acerca del modelo tributario, sino en relación con todos los demás aspectos que quiera. Es una comisión académica, aun cuando de alguna manera están anunciando una nueva reforma tributaria. Ahí lo importante es que la comisión cuente con expertos tributarios, no solo con macroeconomistas que no conocen los detalles del sistema tributario”.

En relación con la propuesta para formular una reforma tributaria estructural, a Ayala le “parece difícil, porque hemos visto que hay unos grandes debates, pero, de todo eso, a pesar de las buenas intenciones, no resultan normas técnicas, coherentes, ordenadas, sino que surgen más complicaciones para el Estatuto Tributario”. En una iniciativa como la de un proyecto preparado a muchas manos y su posterior discusión en el Congreso, “no veo, realmente, que podamos pensar seriamente en una reforma estructural”.

En contraste, Reyes cree que “sí va a haber una reforma tributaria integral muy pronto” y espera que se corrijan varias inconsistencias del “régimen vigente que hacen que aplicar las disposiciones de ley se vuelva un galimatías”.

Entre tanto, Serrano opina que “hay unos elementos nuevos interesantes en la Ley 1739 que no guardan relación con las exenciones, pero sí involucran a contribuyentes que no venían contribuyendo”. Con el impuesto a la riqueza, la ley empieza a gravar patrimonios localizados en el país de personas no contribuyentes, los cuales se habían convertido en una gran brecha de elusión; “es la primera vez que se toma una decisión frente a esos patrimonios, al determinarse que aquellos propiedad de extranjeros no residentes en Colombia, que no tengan establecimiento permanente en el país, tienen que tributar impuesto a la riqueza. Es un avance”.

Explica que antes de la Ley 1739, un patrimonio improductivo de un extranjero, por ejemplo, un bien inmueble, no pagaba impuesto sobre la renta, porque no tenía ingresos ni rentas. Tampoco pagaba el impuesto sobre la renta por renta presuntiva, porque la ley expresamente lo exoneraba. Entonces, ese ciudadano del exterior tenía su patrimonio guardado en Colombia, a través de la figura de una sociedad extranjera, y no tributaba más que el impuesto predial.

Luz interpretativa

Serrano comenta que la reforma tributaria del 2014 contiene otro pequeño ajuste que puede ser importante en relación con la residencia fiscal: establece que “no son residentes fiscales en Colombia, a pesar de ser colombianos, cuando el 50% o más de sus ingresos provienen de su lugar de residencia o de donde están domiciliados fiscalmente. Eso elimina problemas de personas que, eventualmente, a pesar de no tener ya ningún vínculo directo con el país, pudieran considerarse residentes nacionales”.

Por otra parte, dice Ayala, en la Ley 1739 se “tomaron unas decisiones que infortunadamente tampoco son claras. Concretamente, hay grandes dudas sobre las retenciones en la fuente de las sociedades extranjeras que no tienen domicilio en Colombia, ni establecimiento ni sucursal. Ese tema, seguramente, tendrá que ser objeto de reglamentación e, inclusive, de una aclaración en la ley, porque podría darse el caso de que las retenciones de los paraísos fiscales sean menores que las retenciones ordinarias de las demás sociedades. Eso obedece a una deficiencia en la redacción de la norma que confunde y que no precisa la situación de un tema tan específico como los paraísos fiscales”.

En cuanto al impuesto complementario de normalización tributaria al impuesto a la renta, Ayala comenta que “el efecto práctico es el mismo que tenían las anteriores normas en tal sentido: disminuirle la tarifa a quienes vienen incumpliendo la ley con relación a esos activos omitidos ante la administración tributaria. Se le llama de diferentes maneras y en este caso es una sobretasa al impuesto a la riqueza, pero, finalmente, el efecto práctico es que quien ha venido ocultando bienes paga menos que quien ha cumplido con su obligación. Ha sido tan reiterada esa costumbre que, muchas veces, la gente le dice a uno: voy a esperar la próxima amnistía”.

Reyes afirma que, ante la vigencia de la Ley 1739, ha sido necesario actualizar a sus clientes acerca de las “alternativas en relación con la estructuración de inversiones en el exterior, porque esta norma se refiere, principalmente, a todo lo que es la tributación de activos poseídos en el exterior por contribuyentes que están obligados a tributar con base global”.

Con la reforma tributaria “están buscando que los residentes colombianos que deben tributar sobre activos poseídos en el exterior y sobre rentas de fuente extranjera paguen los impuestos en Colombia”, indica Reyes.

Igualmente, señala que “los colombianos siempre habíamos estado obligados a reportar rentas de fuente extranjera, pero no lo veníamos haciendo, porque estábamos evadiendo. La gente no se sentía obligada a reportar ni los activos en el exterior, ni las rentas provenientes del exterior”.

Además, en la Ley 1739 se incluyó una nueva reglamentación sobre trust (fideicomisos) y fundaciones. Estas últimas, por ejemplo, se califican como sociedades de responsabilidad limitada para efectos del impuesto sobre la renta.

Según Reyes, en esta reforma, las fundaciones se asimilan a fideicomisos en lo concerniente al impuesto a la riqueza, al impuesto complementario de normalización tributaria al impuesto a la riqueza y al impuesto de las ganancias ocasionales. Los fideicomisos o “trust, por otro lado, no han sido definidos para efectos del impuesto sobre la renta y tienen el mismo tratamiento que las fundaciones respecto a las ganancias ocasionales y al impuesto de normalización tributaria”.

En reciente jornada de actualización respecto a la Ley 1739, la firma consultora de Mónica Reyes le comunicó a sus clientes “sobre los avances en términos de tratados de intercambio de información y sobre las regulaciones de calificación de paraísos fiscales, pues resulta evidente que no es posible, actualmente, mantener ocultos los activos y las rentas en el exterior”.

La Ley 1739 estableció que los trust (fideicomisos) y las fundaciones “se calificaban y se trataban como fidecomisos, pero únicamente para efectos del impuesto de normalización tributaria”. Para el resto de aspectos tributarios “dejó todo suelto”, sin reglas. Reyes considera negativa esa situación, “porque nosotros necesitamos una regulación consistente en materia de trust y fundaciones. Teníamos otras normas desparramadas, una para ganancias ocasionales, otra para impuesto sobre la renta. Pero necesitamos, primero, que entiendan de qué se trata un trust (fideicomiso) y cómo funciona y, segundo, que la reglamentación sea consistente para un impuesto y para el otro”.

Al hablar de las consecuencias de este vacío legal, también asegura que “no tenemos ni idea de cómo tributan las fundaciones, ni los trust. Una de las preguntas más importantes de nuestros clientes ha sido sobre las donaciones de los fundadores a sus fundaciones. Les contestamos, a la luz de la reciente reforma tributaria, que esas fundaciones son sociedades de responsabilidad limitada, pero no les podemos contestar fácilmente, porque, por un lado, se tratan como sociedades de responsabilidad limitada y, por el otro, como fidecomisos”, e insiste en que en relación con el impuesto de normalización tributaria las fundaciones son fideicomisos.

Así mismo, Reyes explica que “después de las sociedades off shore (fuera del territorio nacional), los trust son la estructura más común, en cuanto a la inversión de colombianos en el exterior. Las razones por las cuales invierten en trust, en EE. UU., son, en muchos casos, distintas de las tributarias; la primera, la seguridad (riesgo de secuestro, por ejemplo), que sigue siendo un factor definitivo por el cual la gente tiene los activos en el exterior”.

“La segunda es que con los trust las leyes sucesorias colombianas no aplican. Entonces, ellos pueden dejar en un fideicomiso las herencias a su segunda esposa, a los hijos, a unos hijos preferidos por oposición a los otros, a terceros a quienes no les podrían dejar, bajo la ley colombiana”, pues en materia de sucesiones solamente le permite, a un testador, disponer libremente de la cuarta parte del patrimonio a ser legado.

En cuanto a los beneficios de la reciente reforma tributaria, Reyes subraya “la posibilidad de vincular los patrimonios del exterior a Colombia, mediante el pago de un impuesto de normalización tributaria. Esa es una alternativa muy importante a tener en cuenta en este momento, cuando Colombia todavía no ha incluido en su legislación disposiciones que levanten el velo corporativo para sociedades del exterior”.

Frente al argumento que podría esgrimirse para que la Corte Constitucional no declarara inexequible el impuesto de normalización tributaria, Reyes comenta que “se ha dicho que es un impuesto sobre activos omitidos que no existía y no se puede decir que se esté perdonando u omitiendo aplicar sanciones, porque antes no lo contemplaba la normativa tributaria y, por lo tanto, al ser nuevo, no se estaría incurriendo en un tratamiento desigual de los contribuyentes. Sin embargo, no me atrevo a dejar de considerar el impuesto de normalización tributaria como una amnistía; hay un riesgo importante de que la Corte Constitucional, eventualmente, considere que se trata de un beneficio de esta naturaleza.

Reyes señala, entre las situaciones tributarias preocupantes, “el manejo de los paraísos fiscales y, en particular, el tratamiento de Panamá; el memorando de entendimiento genera una grave inseguridad jurídica” y asevera que tiene un alcance absolutamente incierto.

Por otra parte, sostiene que “me parece gravísimo que no exista la determinación de cuándo una sociedad se entiende administrada efectivamente en Colombia; se necesita precisión al respecto, porque lo que incluye la ley es cuándo no necesariamente se entiende que una sociedad está administrada en Colombia”.

Además, precisa que “la DIAN no pudo administrar la obtención del RUT por parte de esas sociedades; sacaron una disposición vigente desde el 2013 y, básicamente, la reglamentaron en octubre del 2014 y aun así no se sabe cómo y cuándo se entiende que una sociedad del exterior está administrada en Colombia”.

En consecuencia, sigue Reyes, “las sociedades no saben si tienen que tributar como sociedades nacionales o como extranjeras”. Para iniciar la solución, “primero habría que leer las guías de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y adecuar nuestra legislación a esas guías. Pero, lo que señala la ley en Colombia contradice lo que recomienda ese organismo”.

Esta reciente reforma tributaria ha puesto en evidencia, una vez más, la importancia de rediseñar el modelo tributario colombiano, en aras de buscar una auténtica equidad impositiva a partir de la cual los principales contribuyentes del fisco sean las personas naturales que están atesorando la riqueza del país.