Aspectos jurisprudenciales sobre la ilegalidad de la huelga

Revista N° 157 Ene.-Feb. 2010

Mayra Rico 

Abogada laboralista 

I. Sentencia de 3 de junio de 2009 Radicación 40428, M.P. Luis Javier Osorio López: declaró ilegal el cese colectivo de labores que “Sintraime”(1) adelantó en Fenoco S.A.(2). Los puntos que analizó fueron los siguientes:

• Coexistencia de varias convenciones colectivas en una empresa: al respecto, la Corte expresa que el artículo 19 de la Ley 584 de 2000, y los fallos que declararon la inexequibilidad del artículo 26 del Decreto 2351 de 1965, crearon un “nuevo panorama” que no permite la interpretación según la cual en una empresa no puede existir más de una convención colectiva de trabajo.

En materia de representación sindical y para los efectos de la negociación y de la contratación colectiva, en la actualidad cada sindicato la tiene por sí mismo y ello supone que tienen titularidad y legitimidad para promover y llevar hasta su terminación un conflicto colectivo económico (reitera fallo de abr. 29/2008 Rad. 33988 y Sent. C-063/2008).

• El pliego presentado por el sindicato: el sindicato inició querella administrativa ante el Ministerio de la Protección Social contra la empresa, por haberse negado a negociar el pliego de peticiones, que fue resuelta por Resolución 616 el 16 de marzo de 2009, que declaró la existencia de un conflicto jurídico cuya definición era de la justicia laboral ordinaria. Pese a que esta decisión fue apelada por el sindicato hubo cese colectivo de labores. La Corte sostuvo que la actitud del sindicato fue injustificada, ya que debió esperar la definición del recurso, pues no puede afirmarse con certeza que la empresa haya incumplido sus obligaciones dado que le corresponde al ministerio la potestad legal de definir la petición (CST, art. 433-2).

• La declaración de huelga: conforme con la Constitución y las normas internacionales ratificadas por Colombia, el derecho a la huelga no es un derecho fundamental, requiere una reglamentación y se ejerce conforme los lineamientos señalados por ley. Solo se excluye en el caso de servicios públicos esenciales, definidos legalmente, como protectores de los derechos individuales y del interés general, a efecto de evitar la alteración del orden público.

La ley laboral señala entonces que son dos las situaciones que posibilitan el ejercicio de la huelga por parte de los trabajadores, en las cuales deben examinarse los objetivos de una u otra cesación para definir la legalidad o no de una huelga, en los términos del artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo:

1) La declarada conforme a la ley: surge del conflicto colectivo de trabajo, cuando los trabajadores, al finalizar la etapa de arreglo directo, eligen la medida de cesar labores. Para su declaración, inicio y desarrollo, los trabajadores deben seguir los requisitos exigidos por los artículos 444 y 445 del Código Sustantivo del Trabajo, en los que se exigen plazos, pues se busca obligar al empleador a solucionar directamente el conflicto. Como efecto principal, esta medida suspende los contratos de trabajo (CST, arts. 51-7 y 53).

2) La imputable al empleador por incumplimiento de las obligaciones: la ley tajantemente señala que “No puede efectuarse una suspensión colectiva de trabajo, cualquiera que sea su origen, sin que antes se hayan cumplido los procedimientos que regulan los artículos siguientes…”. (CST, art. 431). Esta suspensión tiene origen en la conducta del empleador manifiestamente contraria a sus obligaciones y que afecta el normal desenvolvimiento de las relaciones con sus trabajadores tales como el no pago de los salarios o de aportes a la seguridad social, luego no cualquier incumplimiento justifica la huelga (Sent. C-201/02). Esta decisión de los trabajadores puede ser adoptada en cualquier momento mientras persista el incumplimiento, y aclara la Corte, que en aras de respetar el debido proceso, las reglas señaladas para la huelga en un conflicto colectivo económico, también deben seguirse con el fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones del empleador para con sus asalariados, y finalizar el enfrentamiento. La Corte precisó que en este evento los contratos de trabajo no se suspenden dado que el incumplimiento patronal hace que este deba asumir todas las contingencias, según loprevisto en el artículo 140 del Código Sustantivo de Trabajo.

En el caso bajo análisis, la Corte encontró que el cese realizado por “Sintraime” era ilegal por haberse realizado por fuera de los términos legales previstos.

• ¿Esel transporte ferroviario un servicio público esencial?: Fenoco S.A.sostuvo que su actividad era un servicio público esencial según el artículo 80 de la Ley 336 de 1996 y conforme la Sentencia C-450 de 1995, que consideró el transporte por tierra, mar y aire, como tal. Sin embargo, con base en la doctrina constitucional, la Corte Suprema sostuvo que aun cuando exista definición legal sobre la calidad de esencial de un servicio público, ello no impide que el intérprete pueda determinar si en un caso concreto cierta actividad puede ser considerada servicio público esencial en atención a su contenido material. Así, la Corte afirmó que el transporte ferroviario de carga que ejecuta la sociedad Fenoco S.A. no es un servicio público esencial, “pues no aparece evidencia que con dicha actividad se esté procurando la protección de bienes o a la satisfacción de intereses o a la realización de valores, ligados con el respeto, vigencia, ejercicio y efectividad de los derechos fundamentales”.

II. Sentencia de 29 de septiembre de 2009 Radicación 42272, M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón: declaró la ilegalidad del cese de labores que“Sintramienergética”(3) promovió en Drummond Ltd.

Aspectos formales: en el fallo fueron estudiados los siguientes aspectos procesales:

 Acumulación de procesos: sin duda, el procedimiento de la Ley 1210 de 2008 permite este fenómeno procesal (art. 4º, num. 2º). En el caso, inexplicablemente el sindicato formuló la solicitud de acumulación y la acusó de ilegalidad por cuanto “los procesos no se encontraban en el mismo estadio procesal”. Para la Corte no existe ilegalidad, pues el trámite especial de la referida ley (conocimiento a prevención) fue cumplido literalmente.

• Aspecto sustancial principal: la diferencia entre “huelga” y “paro”: Para efectos de la declaratoria de ilegalidad, es intrascendente distinguir entre estos dos conceptos, máxime cuando ni la ley ni la jurisprudencia diferencian de fondo los términos que aluden al cese colectivo de labores. Este fue el argumento del tribunal que validó la Corte, y que fundamentó la declaratoria de ilegalidad del “cese colectivo” de labores, vocablo general que abarca los términos usados en la Ley 1012 de 2008.

Debe tenerse en cuenta para señalar la ilegalidad de un cese colectivo, la prohibición a los sindicatos del artículo 379 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por la Ley 584 de 2000, que les impide: “e) Promover cualesquiera cesaciones o paros en el trabajo, excepto en los casos de huelga declarada de conformidad con la ley y de huelga imputable al empleador, por incumplimiento de las obligaciones con sus trabajadores”.

III. Sentencia de 15 de octubre de 2009 Radicación 42273, Conjuez Ponente Rafael Méndez Arango: declaró la ilegalidad de la suspensión colectiva de trabajo efectuada por la asociación nacional de funcionarios y empleados de la rama jurisdiccional desde el 3 de septiembre hasta el 17 de octubre de 2008.

• Fundamento constitucional del derecho de huelga: el artículo 56 superior estatuye que la ley reglamenta el derecho de huelga, excluyendo los que se definan como servicios públicos esenciales, luego constitucionalmente sólo está garantizada la huelga si se ejerce conforme la reglamentación legal.

• Definición legal de huelga: parámetro para que el juez competente califique la legalidad de una suspensión colectiva del trabajo, evaluando que se realice “con fines económicos y profesionales” o por incumplimiento de obligaciones del empleador con sus trabajadores; la ley no ha reglamentado las huelgas con fines “políticos” o las que desconocen la ley o “actos de autoridad legítima”, siendo esta una conducta prohibida a los sindicatos (CST, art. 379). La Corte concluye enfáticamente que se reprime como delito el exigir en forma tumultuaria a la autoridad “la ejecución u omisión de algún acto propio de sus funciones”.

• Huelga y negociación colectiva: cuando no está garantizado el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales, dentro de las excepciones señaladas por la ley, no puede ejercerse el derecho de huelga.

• La ley no exige solemnidad ad substantiam actus para probar el paro colectivo: el juez laboral no está sujeto a tarifa legal probatoria y es libre para formar su convencimiento de manera racional (CPL, art. 61), exceptuando los casos de solemnidades ad substantiam actus. El procedimiento de la Ley 1210 de 2008 no exige el cumplimiento de formalidades para probar el hecho del cese de actividades, por lo que cualquier medio probatorio establecido en la ley es admisible para ello.

• No existe norma legal que haya establecido que el juez pierda la competencia al vencerse los términos procesales.

• Incumplimiento de las obligaciones por el Gobierno Nacional como justificación del paro colectivo: este argumento es inconstitucional dada la calificación de esencial del servicio público de la administración de justicia (L. 270/96, art. 125), y dado que este tipo de servicios no goza del derecho de huelga.

Este argumento, además, es impropio porque según la estructura constitucional del Estado, los jueces no pertenecen a la rama ejecutiva, no son empleados gubernamentales y la circunstancia de que el Gobierno fije el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, no significa que los jueces estén sometidos al Gobierno o al Congreso, pues estos solo están “sometidos al imperio de la ley” (Const., art. 230).

• Artículo 19 de la Ley 584 de 2000: al no haber arreglo directo ¿era la solución?: No, por dos razones: a) Porque esencialmente el fallo arbitral tiene “el carácter de convención colectiva en cuanto a las condiciones de trabajo” (CST, art. 461) y al ser el vínculo laboral de los magistrados de corporaciones judiciales, jueces y fiscales, y “las demás personas que ocupen cargos en las corporaciones y despachos judiciales y en los órganos y entidades administrativas de la rama judicial”, una relación legal y reglamentaria, no le es aplicable esta normativa (L. 270/96). Y b) Porque el régimen salarial y prestacional de los funcionarios y empleados de la rama judicial no puede fijarse mediante laudo arbitral (Const., art. 150 ord. 19 lit. e)).

(1) Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metalmecánica, metálica, metalúrgica, siderúrgica, electrometálica, ferroviaria, transportadora y comercializadora del sector “Sintraime” subdirectiva seccional Santa Marta.

(2) Ferrocarriles del Norte de Colombia S.A.

(3) Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera y Energética.