Aspectos que se deben considerar en la planeación tributaria

Revista Nº 128 Mar.-Abr. 2005

William Clavijo 

Deloitte. 

Es necesario evaluar las nuevas posiciones doctrinales y jurisprudenciales.

Los planteamientos que a continuación se presentan incluyen algunas consideraciones críticas de carácter general que, si bien se fundamentan en jurisprudencias, conceptos y reglamentaciones, no implican posiciones definitivas ya que deben ser evaluadas dentro del contexto en el que se pretendan aplicar.

Capitalización de empresas

a) La capitalización de la prima en colocación de acciones y posterior disminución del capital, convierte su reembolso en ingreso gravable para el accionista(1).

b) En los aportes en especie no se genera renta cuando el costo fiscal del bien aportado es igual al valor nominal de las acciones recibidas(2).

Esta operación implica una enajenación donde indiscutiblemente debe determinarse un precio y un costo para calcular la utilidad o pérdida. El mayor valor recibido y representado en la inversión, origina renta gravada pero el menor valor no es deducible.

c) Al momento de la enajenación de acciones, es importante considerar lo siguiente:

• De acuerdo con el artículo 153 del estatuto tributario, las pérdidas en la enajenación de acciones no son deducibles.

• Por otra parte, es importante señalar que las pérdidas ocasionales obtenidas en la enajenación de activos fijos poseídos durante más de dos años, son deducibles según se indica en el artículo 352 del estatuto.

El Consejo de Estado en Sentencia 12350 del 2002, planteó la posibilidad de efectuar la deducción independientemente del tiempo de posesión.

Reajustes fiscales

El valor de los reajustes fiscales y de los correspondientes ajustes por inflación hace parte del costo fiscal para determinar la renta en la enajenación(3).

Un pronunciamiento similar aplicable al impuesto al patrimonio se presentó para el saneamiento de bienes.

Pérdidas de activos

a) En renta, según lo dispuesto en el artículo 148 del estatuto tributario, son deducibles las pérdidas originadas por fuerza mayor.

Para la autoridad tributaria el incendio, la inundación y el hurto no constituyen fuerza mayor o caso fortuito porque son previsibles(4).

La Corte Constitucional en la Sentencia T-520 del 26 de junio del 2003, al respecto consideró:

“Ninguna circunstancia definida a priori es susceptible de calificarse genéricamente como constitutiva de fuerza mayor”.

b) No son deducibles las pérdidas de mercancías que conforman activo movible cuando se utiliza el sistema de inventarios permanentes o continuos(5); sin embargo, en el Acta 2 del 23 de junio del 2004, se elimina la restricción, al precisar:

“Cuando se trate de mercancías de fácil destrucción o pérdida, las unidades del inventario final pueden disminuirse hasta en un cinco (5%) de la suma del inventario inicial más las compras, sin tener en cuenta las restricciones establecidas posteriormente por medio de conceptos para el caso de los inventarios permanentes”(6).

c) La obsolescencia aplica en la medida en que corresponda a bienes usados en el negocio o actividades productoras de renta, se hace efectiva con la depreciación(7).

Activos fijos productivos

La Ley 863 del 2003 contempló la deducción especial del 30% del valor de las inversiones efectivas en activos fijos reales productivos adquiridos, aun bajo la modalidad de leasing.

El decreto reglamentario al establecer algunas condiciones no previstas en la ley, hace ilegal el acto dando lugar a una posible demanda que, en últimas, será decidida por el Consejo de Estado, pero que mientras tanto debe ser acatado por el contribuyente al amparo del principio mismo de legalidad.

Precios de transferencia

Si bien es cierto que un estudio de precios de transferencia da lugar a modificaciones en las declaraciones de renta y, por lo tanto, a la corrección de las mismas, salvo que el efecto ya estuviera contemplado, una de las preocupaciones es la aplicación de la sanción de inexactitud si esto deriva de un proceso de fiscalización. De acuerdo con el artículo 260-10, parágrafo transitorio 2º, la aplicación tendría efecto a partir de este año.

Renta presuntiva

El artículo 189 del estatuto tributario establece la posibilidad de restar los valores correspondientes al valor patrimonial neto de los bienes vinculados a empresas en período improductivo. El Consejo de Estado, en la Sentencia 13723 de febrero del 2004, ratifica que esta apreciación se extiende no a algunos, sino al conjunto de bienes de la empresa. La situación en relación con la improductividad es la que de alguna manera da lugar a controversia por cuanto, según Sentencia 12446 del 9 de noviembre del 2001, la norma que establece las etapas en el período improductivo, perdió su fuerza ejecutoria (D.R. 353/84)

Régimen tributario especial

El Decreto 4400 del 2004, modificado por el Decreto 640 del 2005, que reglamentaron el artículo 19 y el título VI, libro I del estatuto tributario referente al régimen tributario especial, ha establecido los aspectos que regulan a este tipo de contribuyentes.

CAN

Con la entrada en vigencia de la Decisión 578 de la Comisión de la Comunidad Andina, la cual actualiza el régimen tributario aplicable a los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), contenido en la Decisión 40 y en el artículo 19 de la Decisión 292 del Acuerdo de Cartagena aplicable a Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela, se vuelven a presentar interrogantes, que aparentemente se habían superado con anterioridad.

Entre los aspectos que deben considerarse está el del principio de la fuente y lugar donde se grava el patrimonio. Estos hechos, que son el objeto mismo de regulación dentro de la decisión, continúan generando controversias por imprecisiones o falta de claridad de la disposición.

(1) DIAN, Concepto 51657 del 17 de agosto del 2004.

(2) DIAN, Concepto 32965 del 28 de mayo del 2004.

(3) DIAN, Concepto 51652 del 17 de agosto del 2004.

(4) DIAN, Concepto Unificado 1 de 1982.

(5) DIAN, Concepto 71050 del 2002.

(6) Publicación ICDT, boletín Nº 1678 del 20 de agosto del 2004.

(7) DIAN, Concepto 33349 del 31 de mayo del 2004.