Association Henri Capitant. Algunos aspectos de la regulación española sobre la competencia desleal y la publicidad ilícita

Revista Nº 16 Jul.-Sep.

Las colaboraciones publicadas no comprometen la responsabilidad de la revista. Las opiniones expresadas pertenecen exclusivamente a sus autores

por Juan José Marín López(1) 

1. Competencia desleal y libertad de comercio

La Constitución Española —en adelante, CE— de 1978 establece las bases fundamentales del régimen económico español. Se trata de una economía basada en la propiedad privada y en la libertad de mercado. En su artículo 33(1), la CE reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia, en tanto que el 38 garantiza la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado.

Esta configuración eminentemente “liberal” del régimen económico español queda equilibrada con ciertos elementos que permiten una intervención “social” de los poderes públicos. Así, el mismo artículo 38, que confía a los poderes públicos la garantía de la libertad de mercado y la protección de su ejercicio, añade que estos han de hacerlo “de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación”. Por su parte, en esa misma dirección, el artículo 128(1) reconoce la iniciativa pública económica y el 131(1) le permite al Estado, mediante ley, “planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución”.

Desde la perspectiva constitucional, también resulta conveniente advertir que el artículo 51(1) les encomienda a los poderes públicos la garantía de “la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos”. Además, señala: “Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a estas en las cuestiones que puedan afectar a aquellos, en los términos que la ley establezca”.

Las libertades de comercio interior y comercio exterior están basadas en el mismo principio de libertad de mercado (CE, art. 38). En lo que se refiere concretamente a la libertad de comercio interior, el artículo 3º de la Ley 7/1996, de 16 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista —en adelante, LOCM—, dispone: “La actividad comercial se ejerce bajo el principio de libertad de empresa y en el marco de la economía de mercado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38 de la Constitución”. El artículo 4º consagra el principio de libertad de circulación de bienes, y el 5º el principio de libertad de establecimiento comercial, si bien existen ciertas restricciones en lo que se refiere a la instalación de grandes establecimientos (LOCM, art. 6º). De esta manera, los principios de libertad de comercio y de mercado, por un lado, y la reglamentación de la competencia desleal, por el otro, son compatibles.

En España, la competencia desleal se encuentra regulada por la Ley 3/1991, de 15 de enero, de Competencia Desleal —en adelante, LCD—. Se trata de una normativa moderna, inspirada en la regulación alemana sobre la materia —Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, del 7 de junio de 1909—. En su preámbulo, la LCD pone de manifiesto que la protección contra la competencia desleal es una exigencia directamente derivada del sistema de libertad de mercado consagrado en el artículo 38 CE.

Resulta interesante transcribir algunos de sus pasajes, dado que refleja de manera muy clara cuáles son los intereses que se tratan de proteger con la normativa contra la competencia desleal: “Obedece la ley, finalmente, a la necesidad de adecuar el ordenamiento concurrencial a los valores que han cuajado en nuestra constitución económica. La Constitución Española de 1978 hace gravitar nuestro sistema económico sobre el principio de libertad de empresa y, consiguientemente, en el plano institucional sobre el principio de libertad de competencia. De ello se deriva, para el legislador ordinario, la obligación de establecer los mecanismos precisos para impedir que tal principio pueda verse falseado por prácticas desleales susceptibles eventualmente de perturbar el funcionamiento concurrencial del mercado. Esta exigencia constitucional se complementa y refuerza por la derivada del principio de protección del consumidor en su calidad de parte débil de las relaciones típicas de mercado acogido por el artículo 51 del texto constitucional. Esta nueva vertiente del problema —concluye este pasaje del preámbulo—, en general desconocida por nuestro derecho tradicional de la competencia desleal, ha constituido un estímulo adicional de la máxima importancia para la emanación de la nueva legislación”.

En otra parte de la exposición de motivos de la LCD, al señalar los principios en que se basa la nueva normativa, se afirma lo siguiente: “La ley introduce un cambio radical en la concepción tradicional del derecho de la competencia desleal. Este deja de concebirse como un ordenamiento primariamente dirigido a resolver los conflictos entre los competidores para convertirse en un instrumento de ordenación y control de las conductas en el mercado. La institución de la competencia pasa a ser así el objeto directo de protección. Significativo a este respecto es, entre otros muchos, el artículo 1º. También, y muy especialmente, el artículo 5º en el que, implícitamente al menos, se consagra la noción de abuso de la competencia. Esta nueva orientación de la disciplina trae consigo una apertura de la misma hacia la tutela de intereses que tradicionalmente habían escapado a la atención del legislador mercantil. La nueva ley, en efecto, se hace portadora no solo de los intereses privados de los empresarios en conflicto, sino también de los intereses colectivos del consumo. Esta ampliación y reordenación de los intereses protegidos está presente a lo largo de todos los preceptos de la ley. Particularmente ilustrativo resulta el artículo 19 —concluye el preámbulo en este aspecto—, que atribuye legitimación activa para el ejercicio de las acciones derivadas de la competencia desleal a los consumidores —individual y colectivamente considerados—”.

La finalidad perseguida por la LCD no es atender “prioritariamente” los conflictos que se suscitan entre los empresarios competidores, sino que pretende convertirse en un instrumento “de ordenación y control de las conductas en el mercado”. Por otro lado, esta normativa se relaciona directamente con la CE, tanto con su artículo 38 —se trata de impedir que el principio de libre mercado “pueda verse falseado por prácticas desleales susceptibles eventualmente de perturbar el funcionamiento concurrencial del mercado”— como con su artículo 51 —el “principio de protección del consumidor en su calidad de parte débil de las relaciones típicas de mercado”—.

En el ordenamiento jurídico español, además de la LCD, existe la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia —en adelante, LDC—. Estas dos normativas son complementarias porque ambas tienen por objeto la protección de un mercado competencialmente “limpio” y “saneado”. Sin embargo, defienden la concurrencia en el mercado desde perspectivas diferentes. Así, mientras que la LCD reprime las prácticas comerciales desleales, la LDC trata de salvaguardar la competencia frente a las prácticas colusorias y de abuso de posición dominante —normativa antitrust—. De este modo, la respuesta dada al cuestionario de la Association Henri Capitant se contestó únicamente a la protección de la competencia en el sentido indicado en primer lugar —competencia desleal—.

2. Competencia desleal: moral de los negocios, fundamento normativo y prácticas agresivas

En el derecho español no existe una “moral” de los negocios reconocida por el ordenamiento jurídico o que se encuentre configurada por los tribunales con un determinado contenido, o que integre normas de conducta vinculantes para los participantes en el mercado. Como se desprende de los pasajes del preámbulo de la LCD reproducidos con anterioridad, el derecho contra la competencia desleal pretende la protección de un mercado donde la libertad de empresa se ejerza en condiciones de lealtad, es decir, un mercado no falseado por conductas desleales.

Para conseguir esta finalidad, la LCD actúa de una doble manera. En primer lugar, en el artículo 5º establece una cláusula general de prácticas desleales y, en segundo término, los artículos 6º al 17 tipifican expresamente los actos desleales más comunes o frecuentes en el mercado. Entonces, en la LCD existe una cláusula general de deslealtad —la del artículo 5º— y otras disposiciones particulares que tipifican concretas conductas desleales —las de los artículos 6º al 17—:

a) Cláusula general: “Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe”.

b) Cláusulas especiales: son desleales los siguientes actos, en las condiciones descritas por la ley:

• Actos de confusión (art. 6°).

• Actos de engaño (art. 7º).

• Obsequios, primas y supuestos análogos (art. 8º).

• Actos de denigración (art. 9º).

• Actos de comparación (art. 10).

• Actos de imitación (art. 11).

• Explotación de la reputación ajena (art. 12).

• Violación de secretos (art. 13).

• Inducción a la ruptura contractual (art. 14).

• Violación de normas (art. 15).

• Discriminación o dependencia económica (art. 16).

• Venta a pérdida (art. 17).

El fundamento de la lealtad concurrencial en el derecho español es la buena fe. Así se desprende de la cláusula general contenida en el artículo 5º de la LCD, que tipifica como desleal todo comportamiento “que resulte objetivamente contrario a la buena fe”. En su preámbulo, la normativa aclara las razones por las cuales el legislador ha optado por este criterio: “El aspecto tal vez más significativo de la cláusula general radica en los criterios seleccionados para evaluar la deslealtad del acto. Se ha optado por establecer un criterio de obrar, como es la ‘buena fe’ de alcance general, con lo cual, implícitamente, se han rechazado los más tradicionales —’corrección profesional’, ‘usos honestos en materia comercial e industrial’, etc.—, todos ellos sectoriales y de inequívoco sabor corporativo”.

La LCD se refiere también al enriquecimiento sin causa y a la responsabilidad civil, pero no como “fundamentos” de la normativa sobre competencia desleal, sino como consecuencias civilmente relevantes de los actos de competencia desleal cometidos por quienes participan en el mercado. En la respuesta al cuestionario de la Association Henri Capitant, en lo relacionado con la responsabilidad civil derivada de los actos desleales, se analizaron las previsiones de la LCD relativas al enriquecimiento sin causa y a la responsabilidad civil.

Junto con la buena fe, hay que tener igualmente en consideración —como fundamento de la normativa contra la competencia desleal— la noción de “abuso de la competencia”, contemplada en el preámbulo de la normativa. Desde esa perspectiva, los actos de competencia desleal constituyen un abuso en el ejercicio del derecho a la competencia por los participantes en el mercado. Esta característica entronca directamente con la prohibición general del abuso de derecho establecida en el artículo 7(2) del Código Civil español.

La transparencia en las reglas del mercado no es suficiente para asegurar una competencia leal, al menos en el sentido que esta expresión tiene en el derecho español. Un mercado cuyas reglas de funcionamiento sean transparentes y conocidas por todos los operadores —es decir, por todos los que participan en el mercado— no trae implícito que no se presenten comportamientos desleales. En otras palabras: la transparencia de las reglas de mercado es una condición necesaria para que este no se vea falseado por conductas desleales, pero no es una condición suficiente para asegurar un mercado “limpio”.

Por otra parte, el concepto de “transparencia de las reglas de mercado” es difuso y de contornos poco claros. En efecto, ¿quién determina cuándo un mercado es “transparente”? ¿Una autoridad pública —cuál— o los propios participantes en el mercado? ¿Cuál es el grado mínimo de transparencia necesario para hablar con rigor de “transparencia en el mercado”?, ¿Cómo se puede garantizar en términos reales que las reglas de ese “mercado transparente” sean conocidas por todos los que participan en él?

Por sus propias indefiniciones, la expresión “transparencia en las reglas de mercado” no permite solucionar todos los conflictos que pueden plantearse en el mercado ni toma en consideración la pluralidad de intereses a los que responde la normativa sobre competencia desleal —intereses públicos en mantener un mercado libre y no falseado; intereses públicos en alcanzar un elevado nivel de protección de los consumidores; intereses privados de quienes participan en el mercado—.

En el estado actual del ordenamiento español, las prácticas comerciales tales como la venta en la calle o “puerta a puerta” no están prohibidas, sino que pueden ser ejercitadas con libertad. Son prácticas jurídicamente lícitas que no pueden ser perseguidas con arreglo a la normativa sobre competencia desleal. Ahora bien, puesto que se trata de prácticas comerciales incómodas para los consumidores, estos encuentran un alto nivel de protección frente a los empresarios que venden sus productos o prestan sus servicios utilizando tales usos.

La Ley 26/1991, del 21 de noviembre, contiene una serie de normas para la protección de los consumidores respecto de los contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales. Esta normativa constituye la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 85/577/CE del Consejo, del 20 de diciembre de 1985. Así, la Ley 26/1991 se aplica a los contratos celebrados fuera del establecimiento comercial del empresario, como sucede, por ejemplo, con los contratos celebrados en la calle, en la vivienda del consumidor, en su centro de trabajo o en un medio de transporte público. Se trata de situaciones en las cuales el consumidor puede ser “sorprendido” con la oferta de venta realizada por el empresario y puede aceptar dicha oferta de manera poco meditada o reflexiva.

El mecanismo de protección establecido por la Ley 26/1991 en relación con los contratos celebrados fuera del establecimiento mercantil del empresario es el siguiente: (i) se exige que el contrato se celebre por escrito en doble ejemplar y acompañado de un documento de revocación. Tanto el contrato como el documento de revocación irán fechados y firmados de puño y letra por el consumidor; (ii) el contrato deberá contener, en caracteres destacados, una referencia clara y precisa al derecho del consumidor a revocar el consentimiento otorgado; (iii) el contrato que no cumpla los requisitos indicados, o no vaya acompañado del documento de revocación, puede ser anulado por el consumidor y (iv) el consumidor dispone de un plazo de siete días para revocar su consentimiento sin alegar causa alguna ni sufrir penalización.

La situación que se acaba de describir acerca de la legalidad de determinadas prácticas comerciales se verá modificada con la aprobación de la normativa española de transposición al derecho interno de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 11 de mayo, Relativa a las Prácticas Comerciales Desleales de las Empresas en sus Relaciones con los Consumidores en el Mercado Interior (2), la cual deberá ser implementada en el país antes del 12 de junio del 2007. El anexo I de esta normativa contiene un listado, vinculante para los Estados miembros, de prácticas comerciales que se consideran desleales en cualquier circunstancia.

En el derecho español no existe una diferencia entre “competencia desleal” y “competencia prohibida”. En términos generales, la única competencia prohibida es la tipificada como desleal en la LCD y en las condiciones establecidas en esa normativa. Conforme a la ley, la competencia no desleal es permitida y lícita.

En España tampoco existe un concepto normativo de competencia “agresiva”. Esta modalidad no está prohibida per se por la LCD, que únicamente sanciona aquellos comportamientos que o están comprendidos en algunas de las cláusulas particulares de los artículos 6º al 17 o que tienen cabida en la cláusula general del artículo 5º. El preámbulo de la LCD establece que la redacción de los preceptos en los que se tipifican conductas desleales concretas “... ha estado presidida por la permanente preocupación de evitar que prácticas concurrenciales incómodas para los competidores puedan ser calificadas, simplemente por ello, de desleales”. Por consiguiente, es posible —y lícita— la competencia “agresiva”, siempre que no consista en alguna de las conductas tipificadas en los artículos 6º al 17 de la ley o que constituya una conducta que resulte objetivamente contraria a las exigencias de la buena fe (art. 5º).

La situación se verá modificada cuando se apruebe la normativa nacional de implementación de la directiva sobre prácticas comerciales desleales. A partir de ese momento, algunas modalidades que pueden considerarse como de competencia “agresiva” pasarán a estar prohibidas, dado que, como se ha señalado anteriormente, el anexo I de la normativa comunitaria contiene un listado de prácticas comerciales que, en cualquier circunstancia, son consideradas como prácticas desleales.

3. Formas, técnicas y prácticas de publicidad engañosa y competencia desleal: publicidad denigratoria, comparativa y parasitaria

En España no existe una lista “oficial” de formas o prácticas consideradas como absoluta y categóricamente prohibidas por constituir una publicidad engañosa y desleal. Esta situación se modificará cuando se apruebe la normativa interna de implementación de la Directiva sobre Prácticas Comerciales Desleales, dado que algunas de las prácticas contempladas en el anexo I de esa normativa se refieren precisamente a supuestos de publicidad engañosa.

En la actualidad, la definición de publicidad engañosa en el derecho español se encuentra en el artículo 4º de la Ley 34/1988, del 11 de noviembre, General de Publicidad —en adelante, LGP—: “[Es engañosa] la publicidad que de cualquier manera, incluida su presentación, induce o puede inducir a error a sus destinatarios, pudiendo afectar a su comportamiento económico o perjudicar o ser capaz de perjudicar a un competidor”. Así mismo, aquella “... que silencie datos fundamentales de los bienes, actividades o servicios cuando dicha omisión induzca a error de los destinatarios”. En la Unión Europea existe una regulación armonizada de la publicidad engañosa, contenida en la Directiva 1984/450/CEE, del 10 de septiembre.

Por otro lado, si bien la LCD no contempla ninguna conducta desleal que de manera expresa se relacione con la publicidad engañosa, es evidente que la realización de una publicidad puede entrar en el ámbito de aplicación de varios preceptos de la LCD si concurren las circunstancias previstas en ellos. Así, bajo determinadas situaciones, una publicidad engañosa puede constituir un acto de engaño según el artículo 7º de la LCD.

Esta norma considera desleal la utilización o difusión de indicaciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que, por las circunstancias en que tenga lugar, sea susceptible de inducir a error a las personas a las que se dirige o alcanza, sobre la naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud en el empleo, calidad y cantidad de los productos y, en general, sobre las ventajas realmente ofrecidas. Además, cabe la posibilidad de que, al menos en determinados casos, la publicidad engañosa constituya un acto de confusión previsto en el artículo 6º de la LCD: “todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos”.

Debe advertirse que la publicidad engañosa puede ser reprimida basándose, de manera simultánea y concurrente tanto en la LGP como en la LCD. Le corresponde al demandante basar sus peticiones en una de estas leyes o en las dos, de manera conjunta.

En la jurisprudencia del Tribunal Supremo español existen numerosos ejemplos de publicidad engañosa. Así, se pueden citar los siguientes:

a) La sentencia del 8 de mayo de 1997(3) aprecia la existencia de publicidad engañosa en el anuncio de un producto de tratamiento del agua de las piscinas, ya que “resaltando los peligros del cloro y ocultando que su producto [de la demandada] también tenía cloro, se falsean los resultados”.

b) La sentencia del 20 de marzo del 2000(4) considera que se realiza una publicidad engañosa de determinados vinos cuando se anuncia que se encuentran acogidos a una denominación de origen, siendo así que la empresa productora no se encuentra inscrita en ningún registro de ese bien de la propiedad intelectual.

c) La sentencia del 24 de julio del 2003(5) sostiene que hay publicidad engañosa porque la empresa demandada afirmaba que tenía la exclusividad para impartir determinados cursos de formación, circunstancia que no era cierta.

d) La sentencia del 25 de abril del 2006(6) considera igualmente que hay publicidad engañosa en la publicidad relativa a un “suplemento odontológico” incluido en un seguro de asistencia sanitaria, puesto que el asegurado realmente pagaba la prestación recibida.

La publicidad denigratoria está prohibida en el derecho español. Por una parte, el artículo 6(a) de la LGP la considera como publicidad desleal: “La que por su contenido, forma de presentación o difusión provoca el descrédito, denigración o menosprecio directo o indirecto de una persona o empresa, de sus productos, servicios, actividades o circunstancias o de sus marcas, nombres comerciales u otros signos distintivos”.

Además, lo es por cuanto puede constituir un acto de competencia desleal. En efecto, el artículo 9º de la LCD tipifica como conducta desleal: “La realización o difusión de manifestaciones sobre la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero que sean aptas para menoscabar su crédito en el mercado, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes”. Lo anterior con la aclaración de que “No se estiman pertinentes las manifestaciones que tengan por objeto la nacionalidad, las creencias o ideología, la vida privada o cualesquiera otras circunstancias estrictamente personales del afectado”.

El ámbito de aplicación del artículo 9º de la LCD es más amplio que el del artículo 6(a) de la LGP pues, mientras este último únicamente contempla la publicidad denigratoria, el primero de ellos considera desleales cualesquiera “actos” que reúnan los requisitos indicados en el precepto, sin que sea preciso que constituyan “publicidad” en el sentido estricto del término. Lo característico de los actos denigratorios desleales es que menoscaban el crédito en el mercado del competidor o, al menos, son idóneos para producir ese efecto. Sin embargo, la deslealtad no se produce si las manifestaciones relativas al competidor son “exactas, verdaderas y pertinentes” —una suerte de exceptio veritatis que anula cualquier efecto denigratorio—.

La publicidad comparativa es lícita en España siempre que se ajuste a las exigencias impuestas por el artículo 6º(bis) de la LGP, que fue introducido en el derecho español en virtud de la Ley 39/2002, del 28 de octubre, con la finalidad de incorporar al ordenamiento jurídico interno la Directiva 97/55/CE, del 6 de octubre de 1997, sobre Publicidad Comparativa. Si la publicidad comparativa no cumple las exigencias allí señaladas, incurrirá en una publicidad desleal y, por ende, se encuentra prohibida.

Publicidad comparativa es aquella que alude explícita o implícitamente a un competidor o a los bienes o servicios ofrecidos por él (LGP, art. 6º(bis)(1)). La comparación está permitida siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Los bienes o servicios comparados deben tener la misma finalidad o satisfacer las mismas necesidades.

b) La comparación se realizará de modo objetivo entre una o más características esenciales, pertinentes, verificables y representativas de los bienes o servicios, entre las cuales podrá incluirse el precio.

c) En el supuesto de productos amparados por una denominación de origen o indicación geográfica, denominación específica o especialidad tradicional garantizada, la comparación solo podrá efectuarse con otros productos de la misma denominación.

d) No podrán presentarse bienes o servicios como imitaciones o réplicas de otros a los que se aplique un nombre o marca comercial protegido.

e) Si la comparación hace referencia a una oferta especial, se indicará su fecha de inicio, si no hubiere comenzado aún, y la de su terminación.

f) No podrá sacarse una ventaja indebida de la reputación de una marca, nombre comercial u otro signo distintivo de algún competidor ni de las denominaciones de origen o indicaciones geográficas, denominaciones específicas o especialidades tradicionales que amparen los productos competidores. Tampoco podrá sacarse una ventaja indebida, en su caso, del método de producción ecológica de los productos competidores.

Además de lo anterior, en determinados casos la publicidad comparativa también puede constituir un acto de competencia desleal. En efecto, el artículo 10(1) de la LCD, relativo a los actos de comparación, considera desleal: “La comparación pública de la actividad, las prestaciones o el establecimiento propios o ajenos con los de un tercero cuando aquella se refiera a extremos que no sean análogos, ni relevantes ni comparables”; también se reputa desleal: “La comparación que contravenga lo establecido por los artículos 7º y 9º en materia de prácticas engañosas y denigrantes” (LCD, art. 10(2)).

En la jurisprudencia española, el principal caso de publicidad comparativa fue el resuelto por la sentencia del Tribunal Supremo del 24 de febrero de 1997(7), en un litigio que enfrentaba a Coca Cola v. Pepsi Cola. El anuncio consistía en la actuación de un cantante de música rap que durante un concierto consumía Pepsi Cola. En un momento determinado una voz en off anunciaba el cambio de la bebida “por otro refresco de cola”. En ese instante, el protagonista del anuncio bebía de un vaso de color blanco, sin ningún tipo de distintivo o referencia y cambiaba de manera brusca el ritmo de su actuación, abandonando la trepidante música rap y comenzando a entonar una canción melódica ante el desconcierto del auditorio, hasta que uno de los espectadores le lanzaba un bote de Pepsi Cola. Así, el cantante probaba su contenido y volvía a interpretar música rap, finalizando el comercial con la frase: “Pepsi es lo de hoy”.

En el anuncio se empleaba además la palabra inglesa “feeling”, que es precisamente utilizada en los anuncios de Coca Cola con la traducción de “sensación”, pero que también puede traducirse por “sentimiento”. Para el Tribunal Supremo no existió publicidad comparativa “porque [el anuncio] no identifica la marca de la competencia, ni explícita ni implícitamente, porque ni la nombra ni puede darse por aludida la actora cuyos consumidores conocen perfectamente los efectos que produce su ingestión”.

Más recientemente, en la sentencia del 22 de febrero del 2006(8) se apreció la existencia de una publicidad comparativa ilícita. Esto por cuanto lo que se afirmaba en la publicidad —los precios de nuestros productos son inferiores a los del competidor— no era cierto.

Aunque en ningún momento la LCD se refiere a la competencia “parasitaria” ni emplea esa denominación, lo cierto es que hay determinados comportamientos desleales tipificados por la ley en los que puede advertirse inequívocamente la presencia de elementos “parasitarios” determinantes de la ilicitud de la conducta. Estos elementos se encuentran en los siguientes actos desleales:

a) El artículo 11(1) de la LCD parte del principio de libre imitación de las prestaciones e iniciativas empresariales ajenas, salvo que estas se encuentren amparadas por un derecho exclusivo reconocido por la ley —por ejemplo, una marca o un derecho de autor o conexo—. Ahora bien, la imitación de las prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando comporte “un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno” (LCD, art. 11(2)), de la misma manera que también tendrá la consideración de desleal “la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales de un competidor cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que, según las circunstancias, pueda reputarse una respuesta natural del mercado” (LCD, art. 11(3)).

La imitación de las prestaciones de un competidor, en las condiciones indicadas, constituye un acto desleal porque el imitador “parasita” las prestaciones ofrecidas por el competidor.

b) El artículo 12 LCD considera desleal “el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida en el mercado”. En particular, “se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañadas de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como ‘modelo’, ‘sistema’, ‘tipo’, ‘clase’ o similares”. En estos casos, la deslealtad procede del hecho de que el competidor “parasita” la reputación empresarial ajena, de la que pretende aprovecharse indebidamente.

No es necesario que la competencia desleal y, en particular, la publicidad engañosa, procedan de una “acción”, sino que es posible que obedezcan a una “omisión”. Se trata de una cuestión indudable. El artículo 4º de la LGP considera expresamente como publicidad engañosa aquella que “silencie datos fundamentales de los bienes, actividades o servicios, cuando dicha omisión induzca a error de los destinatarios”.

De manera parecida, el artículo 7º de la LCD considera como acto de engaño desleal no solo la utilización o difusión de indicaciones incorrectas o falsas, sino también “la omisión de las verdaderas”. En la jurisprudencia, la sentencia del 8 de mayo de 1997(9) anteriormente citada es un ejemplo de publicidad engañosa “por omisión”, dado que la empresa que la hacía resaltaba los peligros de la utilización del cloro en el tratamiento del agua de las piscinas pero ocultaba que su producto también tenía cloro.

4. Elementos constitutivos de la publicidad engañosa

El artículo 4º de la LGP define la publicidad engañosa como aquella que “de cualquier manera, incluida su presentación”, induce o puede inducir a error a sus destinatarios, afectando a su comportamiento económico. Se trata de una definición amplia —”de cualquier manera”—. Por su parte, el artículo 5º aclara: “Para determinar si una publicidad es engañosa, se tendrán en cuenta todos sus elementos”. Esto significa que hay que realizar una valoración conjunta de la publicidad para decidir acerca de su carácter engañoso.

A modo de ejemplo y sin finalidad exhaustiva, esa misma norma señala algunas de las indicaciones que hay que tomar en consideración para decidir si una publicidad es o no engañosa. Para estos efectos, son indicaciones relativas:

a) Las características de los bienes, actividades o servicios, tales como: (i) origen o procedencia geográfica o comercial, naturaleza, composición, destino, finalidad, idoneidad, disponibilidad y novedad; (ii) calidad, cantidad, categoría, especificaciones y denominación; (iii) modo y fecha de fabricación, suministro o prestación; (iv) resultados que pueden esperarse de su utilización; (v) resultados y características esenciales de los ensayos o controles de los bienes o servicios y (vi) nocividad o peligrosidad.

b) Precio completo o presupuesto —o modo de fijación del mismo—.

c) Condiciones jurídicas y económicas de adquisición, utilización y entrega de los bienes o de la prestación de los servicios.

d) Motivos de la oferta.

e) Naturaleza, cualificaciones y derechos del anunciante, especialmente en lo relativo a: (i) identidad, patrimonio y cualificaciones profesionales; (ii) derechos de propiedad industrial e intelectual y (iii) premios o distinciones recibidas.

f) Servicios posventa.

Estas circunstancias, y cualesquiera otras relevantes, serán valoradas para decidir si una publicidad es engañosa en el sentido del artículo 4º de la LGP.

En otro ámbito, el artículo 7º de la LCD es también muy amplio, pues se refiere a “indicaciones incorrectas o falsas”. Así mismo, a “cualquier otro tipo de práctica” susceptible de inducir a error a las personas a las que se dirige o alcanza “sobre la naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud en el empleo, calidad y cantidad de los productos y, en general, sobre las ventajes realmente ofrecidas”.

Para apreciar el carácter engañoso y/o desleal de una publicidad es indiferente la persona de su autor. Puede ser una persona física o moral de cualquier tipo —civil, mercantil, cooperativa—. También puede ser una entidad sin personalidad jurídica —por ejemplo, una comunidad de bienes—. Es igualmente irrelevante que sea una persona privada o pública —por ejemplo, una empresa de capital público—. Tampoco tiene importancia el tipo de actividad ejercitada por el empresario —comercial, industrial, artesanal o profesional liberal— o la relación jurídica que tenga con el bien o servicio al que se refiere la publicidad —puede ser el fabricante del bien, su distribuidor intermedio en la cadena de comercialización o su vendedor final—.

Así, si el comportamiento se encuadra dentro del ámbito de aplicación de los artículos 4º de la LGP y/o 7º de la LCD, se tratará de una publicidad engañosa y/o desleal. El objeto al que se refiere la publicidad puede ser un bien —mueble o inmueble— o un servicio. Es irrelevante el lugar de establecimiento del empresario que utiliza la publicidad. Esta normativa puede aplicarse al empresario establecido en el extranjero siempre que los actos de competencia desleal produzcan o puedan producir efectos sustanciales en el mercado español (LCD, art. 4º).

La legislación española no exige ninguna característica singular en el competidor o en el consumidor para que una determinada publicidad pueda ser caracterizada como publicidad engañosa y/o desleal. Puede ser una persona física o moral, pública o privada. No es preciso que se cause efectivamente un error en los destinatarios de la publicidad —error real y acreditado—, sino que es suficiente con que se trate de una publicidad susceptible de inducir a error —error potencial e hipotético—. Los artículos 4º de la LGP —”induce o puede inducir a error”— y 7º de la LCD —”sea susceptible de inducir a error”— son inequívocos en este sentido.

La represión de la publicidad engañosa se realiza tanto en la LGP como en la LCD sobre la base de un criterio objetivo. Por lo tanto, no es necesaria la presencia de culpa o negligencia en el autor de la publicidad engañosa, sino que es suficiente con que la publicidad sea objetivamente engañosa en el sentido establecido por los artículos 4º de la LGP y 7º de la LCD. Así sucede tanto en el caso de la publicidad engañosa “por acción” —difusión de indicaciones falsas sobre los productos o servicios a los que se refiere la publicidad— como en la publicidad engañosa “por omisión” —silencio sobre circunstancias o características importantes de los bienes o servicios a los que se refiere la publicidad—.

En ambos supuestos la decisión sobre si la publicidad es o no engañosa se tomará prescindiendo del presunto grado de culpa o negligencia en que pudo haber incurrido su autor. Es más: cabe perfectamente apreciar la existencia de publicidad engañosa, aunque el autor de la misma haya sido muy diligente y no concurra culpa por su parte.

De la misma manera, puede haber publicidad engañosa aunque no se haya causado ningún daño real o efectivo a los competidores o a los consumidores. La publicidad engañosa constituye per se un acto ilícito incompatible con un mercado honesto y leal y que debe ser expulsado de dicho mercado aun cuando no se hayan causado daños. En la jurisprudencia, la mencionada sentencia del 25 de abril del 2006(10) afirma, en el mismo sentido: “... no se exige la precisión, ni menos la prueba, de que se haya producido efectivo perjuicio en los destinatarios o de que fatalmente se pueda producir”.

5. Responsabilidad, indemnización y enriquecimiento injusto por actos de competencia desleal

Los “valores” en los que descansa el régimen de responsabilidad establecido en la LCD son la buena fe y la prohibición del abuso de derecho —en concreto, abuso de la competencia—. Con carácter general, la realización de conductas que incurran en abuso de derecho obliga, entre otras consecuencias, a indemnizar los daños causados (C. C. español, art. 7(2)).

El fundamento jurídico de la responsabilidad por actos de competencia desleal es la culpa. Puesto que en la LCD no existe ninguna regla particular sobre esta materia, se aplica la regla general de responsabilidad civil extracontractual del artículo 1902 del Código Civil, que establece un sistema de responsabilidad por culpa o negligencia —responsabilidad subjetiva— y no de responsabilidad sin culpa —responsabilidad objetiva—. Se trata de un sistema de responsabilidad civil y no de responsabilidad disciplinaria o administrativa. La represión de los actos de competencia desleal le corresponde a los jueces civiles, no a la administración ni a los órganos administrativos.

No es preciso que la culpa vaya acompañada de la intención de dañar o perjudicar a los competidores o a los consumidores. No existe una presunción de culpa, sino que hay que probarla, a pesar de que los tribunales son bastante flexibles en esta exigencia de prueba.

Para tener derecho a una indemnización por responsabilidad civil derivada de competencia desleal es necesario que la víctima del daño pruebe debidamente —onus probandi— tres hechos: (i) la culpa del agente del daño; (ii) los daños padecidos por la víctima y (iii) la relación de causalidad entre la culpa y los daños. En la LCD no hay ninguna reglamentación particular sobre los medios de prueba, por lo que se aplican las normas generales: cabe cualquier medio establecido en las leyes de procedimiento para acreditar los tres hechos mencionados. De la misma manera, también son posibles cualesquiera medios de defensa. Tampoco hay ninguna previsión específica en la LCD en materia de nexo o relación de causalidad.

Es posible solicitar una medida cautelar que impida la difusión de una publicidad engañosa o de cualquier acto constitutivo de competencia desleal. La regulación de las medidas cautelares no está recogida en la LCD o en la LGP, sino en la Ley 1/2000, del 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil —en adelante, LEC—. Se trata de una providencia adoptada por el juez, previa solicitud de parte interesada.

El artículo 727(7ª) de la LEC contempla de modo expreso la medida cautelar consistente en la orden judicial de “abstenerse temporalmente de llevar a cabo una conducta”. Esta puede solicitarse junto con la demanda principal o incluso antes de la interposición de ella (LEC, art. 730(2)), aunque en ese caso debe interponerse dentro de los 20 días siguientes a la adopción de la medida cautelar. Con carácter excepcional, es posible que esta sea adoptada sin oír a la parte demandada —inaudita parte—. No le está permitido al juez adoptar medidas cautelares de oficio (LEC, art. 721(2)), sino que es necesario en todo caso la previa solicitud de persona legitimada. La violación de la medida cautelar adoptada por el juez puede constituir un delito de desobediencia.

Los efectos de la medida cautelar adoptada por el juez son provisionales, puesto que dependen de la decisión que este adopte en la sentencia que resuelva la demanda principal. Será en esa sentencia donde se adopten, en su caso, las medidas definitivas.

Por otra parte, no existe ningún procedimiento acelerado en materia de publicidad engañosa o competencia desleal. Las demandas sobre estas materias se tramitan a través del procedimiento civil ordinario (LEC, art. 249(1)(4º)).

Igualmente, en el derecho español el control y la persecución de la competencia desleal y la publicidad engañosa son de conocimiento exclusivo de los jueces y tribunales civiles —salvo aquellos casos, naturalmente, en que el comportamiento es constitutivo de delito, en cuyo supuesto intervienen los jueces y tribunales penales—. En estos casos, la competencia para conocer de los procesos sobre publicidad engañosa y competencia desleal corresponde a unos órganos especializados: los jueces de lo mercantil. No existe ningún órgano administrativo con competencia en esta materia. Antes de la LGP de 1988, y durante la vigencia de la Ley de Publicidad de 1964, existía un jurado de publicidad que tenía naturaleza administrativa.

En el ámbito privado —es decir, al margen de los tribunales y de la administración— existe la Asociación para la Autorregulación de la Publicidad Comercial que ha aprobado un código de conducta publicitaria y que resuelve reclamaciones en materia de publicidad ilícita interpuestas no solo por empresarios competidores, sino también por asociaciones de consumidores o por simples particulares. Sus resoluciones, que son vinculantes para los demandados, se publican en internet —www.autocontrol.es—. Como es lógico, estas decisiones únicamente vinculan a los empresarios que voluntariamente forman parte de la entidad.

El artículo 25(1) de la LGP le reconoce a cualquier persona natural o jurídica que resulte afectada y, en general, a quienes tengan un derecho subjetivo o un interés legítimo, la posibilidad de solicitar la cesación —acción de cesación— y, en su caso, la rectificación —acción de rectificación— de una publicidad ilícita. La sentencia estimatoria de una demanda de cesación y/o rectificación de publicidad ilícita contendrá alguno o algunos de los siguientes pronunciamientos: (i) concederle al anunciante un plazo para que suprima los elementos ilícitos de la publicidad; (ii) ordenar la cesación o prohibición definitiva de la publicidad ilícita; (iii) ordenar la publicación total o parcial de la sentencia en la forma que estime adecuada y a costa del anunciante y (iv) exigir la difusión de publicidad correctora cuando la gravedad del caso así lo requiera y siempre que pueda contribuir a la reparación de los efectos de la publicidad ilícita, determinando el contenido de aquella y las modalidades y plazo de difusión (LGP, art. 31).

En lo que concierne a la competencia desleal, el artículo 18 de la LCD permite el ejercicio de las siguientes acciones: (i) declarativa de la deslealtad del acto —si la perturbación creada por el mismo subsiste—; (ii) acción de cesación del acto —o de prohibición del mismo, si todavía no se ha puesto en práctica—; (iii) acción de remoción de los efectos producidos por el acto; (iv) rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas y falsas; (v) resarcimiento de daños y perjuicios y (vi) enriquecimiento injusto.

La carga de la prueba le corresponde al demandante y los medios de prueba son los previstos con carácter general en la LEC. No obstante, existe una regla especial en materia de onus probandi, contenida en el artículo 217(4) de esta normativa: “En los procesos sobre competencia desleal y sobre publicidad ilícita corresponderá al demandado la carga de la prueba de la exactitud y veracidad de las indicaciones y manifestaciones realizadas y de los datos materiales que la publicidad exprese, respectivamente”.

Es posible acumular acciones —v. gr., la de competencia desleal y la de violación de una marca, una patente o un derecho de autor o conexo—. La jurisprudencia del Tribunal Supremo español ofrece ejemplos múltiples de estos supuestos de acumulación entre la LCD y otras leyes, tales como la Ley de Marcas del 2000 —sentencia del 29 de septiembre del 2003(11) —, la Ley de Patentes de 1986 —sentencia del 1º de diciembre del 2005(12) — o la propia LGP —sentencia del 4 de julio del 2005(13), basada simultáneamente en la LCD y en la LGP—.

El artículo 18(5ª) de la LCD establece que contra el acto de competencia desleal pueden ejercitarse, entre otras, la “acción de resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados por el acto, si ha intervenido dolo o culpa del agente”. Esto significa que la víctima del acto de competencia desleal puede solicitarle al autor una indemnización de los daños y perjuicios derivados del mismo. No se trata de una responsabilidad objetiva, sino subjetiva, basada en el dolo o culpa de quienes han realizado el acto de competencia desleal. En este aspecto, la LCD sigue el modelo general de responsabilidad civil extracontractual, que es una responsabilidad subjetiva (C.C., art. 1902). La indemnización que se concede tiene la finalidad de compensar a la víctima de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia del acto de competencia desleal.

La expresión “daños y perjuicios” es interpretada ampliamente por la doctrina y por los tribunales españoles, razón por la cual son indemnizables: (i) el daño emergente; (ii) el lucro cesante, esto es, la ganancia dejada de obtener; y (iii) daños a bienes inmateriales —p. ej., el daño a la imagen empresarial o al prestigio de una marca—. Los perjuicios indirectos también son indemnizables.

En España no existen reglas predeterminadas para el cálculo de la indemnización compensatoria, ni tampoco “baremos” aplicables al caso. La parte que alegue haber sufrido un daño como consecuencia del acto de competencia desleal tiene la carga de probar tanto la realidad como la cuantía del perjucio pues, en caso contrario, no tendrá derecho a recibir una indemnización. Se trata de una aplicación general de las normas sobre reparto de la carga de la prueba —onus probandi— que rigen en el derecho procesal español, caracterizado por los principios dispositivo y de aportación de parte (LEC, art. 217).

Ahora bien, la jurisprudencia del Tribunal Supremo español ha ido consolidando progresivamente un criterio que favorece la indemnización de los daños y perjuicios derivados de los actos de competencia desleal, aligerando la carga probatoria que pesa sobre el demandante. La sentencia del 7 de julio del 2006(14), que cita como precedentes las decisiones del 29 de octubre del 2004(15), 23 de diciembre del 2004(16), 23 de mayo del 2005(17) y 1º de junio del 2005(18), constituye la última manifestación de esta flexible interpretación judicial.

Según la corporación, la prueba de la realización por el demandado del acto de competencia desleal significa de suyo —re ipsa loquitur— la existencia de unos daños que deben ser indemnizados. En palabras de la sentencia del 1º de julio del 2005, “... raramente podrá darse la infracción que ningún beneficio reporte al infractor, o ningún perjuicio cause al demandado interesado en que cese la ilicitud, si se tiene en cuenta el interés económico que preside estos ámbitos, generalmente vinculados a actividades empresariales”.

La LCD le otorga un tratamiento especial a la acción de enriquecimiento injusto, al contemplarla en un apartado distinto a la acción de indemnización de daños y limitando su ámbito de aplicación. En efecto, según el artículo 18(6ª) de la LCD, la acción de enriquecimiento injusto “... solo procederá cuando el acto lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico”. Por ello, en coherencia con esta declaración, tal acción únicamente podrá ser ejercitada “por el titular de la posición jurídica violada” (LCD, art. 19(1)).

La acción de enriquecimiento injusto es aquella que tiene por objeto reclamar al agente del daño las ganancias que este obtiene como consecuencia del acto de competencia desleal. El importe de esas ganancias obtenidas por el infractor —”lucro de injerencia”, enriquecimiento injusto— no necesariamente ha de coincidir con el importe de las ganancias dejadas de obtener por el demandante —”lucro cesante”—.

Pues bien, el enriquecimiento injusto experimentado por el infractor únicamente puede ser reclamado por el titular de un derecho de exclusiva —v. gr., el titular de un derecho de marca, un derecho de patente o un derecho de autor o conexo— u otro de análogo contenido económico —v. gr., el titular de un secreto industrial—, pero no en otro caso. En conclusión, mientras que la indemnización del lucro cesante puede ser solicitada por cualquier víctima del daño al amparo del artículo 18(5ª) de la LCD, la restitución del lucro de injerencia únicamente puede ser pedida por el titular de un derecho de exclusiva u otro de análogo contenido económico, al amparo del artículo 18(6ª) de la LPI.

Con carácter general, cualquier víctima de un daño extracontractual tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para disminuir en lo posible las consecuencias dañosas de un comportamiento ajeno. Esta regla es también aplicable en materia de daños derivados de ilícitos concurrenciales.

El beneficiario de la indemnización por daños concurrenciales puede ser cualquier persona que haya sufrido un daño o perjuicio. No existe ninguna limitación o restricción en este sentido. El artículo 19(1) de la LCD le reconoce legitimación activa para la interposición de las acciones contra la competencia desleal a “... cualquier persona que participe en el mercado, cuyos intereses económicos resulten directamente perjudicados o amenazados por el acto de competencia desleal”. Hay que realizar, no obstante, dos matices:

a) En primer lugar, y como se ha señalado precedentemente, la acción de enriquecimiento injusto solo puede ser ejercida por el titular de un derecho de exclusiva u otro de análogo contenido económico.

b) En segundo término, si bien la LCD les concede legitimación activa para interponer acciones contra las conductas constitutivas de competencia desleal a las asociaciones de consumidores y usuarios y a las asociaciones y corporaciones profesionales o representativas de intereses económicos, tal facultad no comprende la posibilidad de solicitar indemnización de daños y perjuicios (LCD, art. 19(2)).

El derecho español no admite la indemnización de daños “punitivos”. Solamente compensa el perjuicio efectivamente sufrido por la víctima —daños “compensatorios”—. Esta misma regla se aplica en materia de competencia desleal. No obstante, hay que señalar que los jueces y tribunales gozan de una libertad importante en la fijación de la indemnización por daños “inmateriales” y que, en ocasiones, esa libertad es utilizada para conceder indemnizaciones no estrictamente compensatorias, sino más bien “sancionadoras” del comportamiento ilícito observado por el agente.

La naturaleza o características de la persona —moral o física— que comete el acto de competencia desleal no tienen ninguna incidencia en lo que concierne a la indemnización de los daños causados, a la determinación de su cuantía o al fundamento de la misma —siempre compensatorio, nunca punitivo—. Por consiguiente, a la hora de fijar esa indemnización, los tribunales no tienen en cuenta la naturaleza o características de la persona autora de la competencia desleal.

La LCD no contiene ninguna regla específica para el caso en que el acto de competencia desleal haya sido cometido por dos o más personas que sean condenadas a una indemnización de daños y perjuicios. En estos supuestos, los tribunales aplican los criterios generales en materia de responsabilidad civil extracontractual. Según una consolidada tesis jurisprudencial del Tribunal Supremo español, si los daños extracontractuales son causados culposa o negligentemente por una pluralidad de sujetos y no existen elementos que permitan diferenciar la responsabilidad concreta de cada uno, todos ellos responden de manera solidaria porque es el criterio que más favorece a la víctima del daño. En este sentido se pronuncian las sentencias del 25 de noviembre del 2005(19) y del 31 de octubre del 2005(20). Esta tesis es plenamente aplicable a los ilícitos concurrenciales cometidos por una pluralidad de personas.

Además de la acción de indemnización de daños y perjuicios y de la acción de enriquecimiento injusto, la LCD contempla también la “acción de remoción de los efectos producidos por el acto” de competencia desleal (LCD, art. 18(3ª)) y la “acción de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas” (LCD, art. 18(4ª)).

Está legalmente prevista la posibilidad de publicar la sentencia estimatoria de una demanda de competencia desleal. Tal publicación es una forma de indemnización de daños, lo que significa que únicamente es posible si hay dolo o culpa del agente. También quiere decir que la finalidad que de manera principal cumple la publicidad es reparar los daños padecidos por la víctima.

No obstante, no cabe ignorar que la publicidad cumple también otras finalidades, como son la prevención de ulteriores actos de competencia desleal y la remoción de los efectos negativos de la competencia desleal ya producida. La LCD no predetermina el modo de publicidad de la sentencia —normalmente se realiza a través de periódicos, bien sean de información general o de información económica especializada, o a través de comunicaciones personales dirigidas a los competidores en un determinado sector empresarial—. En la práctica no se publica la sentencia condenatoria en su integridad, sino únicamente su fallo o parte dispositiva. Como es lógico, los costes derivados de la publicación de la sentencia han de ser soportados por el demandado.

(1) Profesor de Derecho Civil de la Universidad de Castilla La Mancha (España). El origen de este artículo se encuentra en el trabajo preparado por su autor, bajo la forma de respuestas a un cuestionario, para las Jornadas de la Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Française sobre “La Concurrence”, celebradas en Casablanca y Fez (Marruecos) del 18 al 22 de septiembre del 2006. juanjose.marin@uclm.es.

(2) Publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas nº L 149, del 11 de junio del 2005.

(3) RJ 1997, 3876.

(4) RJ 2000, 2019.

(5) RJ 2003, 5856.

(6) RJ 2006, 2201.

(7) RJ 1997, 1195.

(8) RJ 2006, 828.

(9) RJ 1997, 3876.

(10) RJ 2006, 2201.

(11) RJ 2003, 6399.

(12) RJ 2005, 7746.

(13) RJ 2005, 5093.

(14) Recurso nº 3401/1999.

(15) RJ 2004, 6860.

(16) RJ 2005, 81.

(17) RJ 2005, 9760.

(18) RJ 2005, 5307.

(19) RJ 2005, 7857.

(20) RJ 2005, 7351.