Auto de mayo 3 de 1993

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

JURISDICCIÓN AGRARIA

ASUNTOS DE SU COMPETENCIA

EXTRACTOS: «El Decreto 2303 de 1989 por el cual se creó y se organizó la jurisdicción agraria, vigente desde el 1º de junio de 1990 (art. 140), dispone en su artículo 50:

“En asuntos agrarios procede el recurso de casación contra las siguientes sentencias proferidas en segunda instancia por los tribunales superiores, cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea o exceda de diez millones de pesos ($ 10.000.000) m/cte.:

1. Las dictadas en los procesos reivindicatorios y de pertenencia.

2. Las que aprueben la partición en los procesos divisorios de bienes comunes y de liquidación de sociedades agrarias.

3. Las dictadas en los procesos sobre nulidad de sociedades agrarias.

PAR.—La cuantía de que trata este artículo se reajustará en la forma en que la ley lo ordene”.

11. Sin embargo, para resolver la procedencia del recurso por la materia del litigio, indispensable es determinar fundamentalmente estos aspectos: 1. Cuáles son los asuntos agrarios de acuerdo con el Decreto 2303 citado. 2. Cuáles asuntos agrarios competen a la jurisdicción agraria. 3. Cuáles asuntos agrarios pueden impugnarse en casación.

11.1. De conformidad con el artículo 1º del decreto citado, se asignó a la jurisdicción agraria “el conocimiento y decisión de los conflictos que se originen en las relaciones de naturaleza agraria, especialmente los que deriven de la propiedad, posesión y mera tenencia de predios agrarios, de las actividades agrarias de producción y de las conexas de transformación y enajenación de los productos, en cuanto no constituyan estos dos últimos actos mercantiles, ni tales relaciones emanen de un contrato de trabajo...”.

Competen a esa jurisdicción, además, aquellas controversias que suscite la aplicación de normas sobre recursos naturales renovables y la preservación del ambiente rural. Y, en general, “de los conflictos que surjan por aplicación de disposiciones de índole agraria, aunque estén contenidas en ordenamientos legales distintos de los agrarios”.

11.2. El artículo 2º ibídem determina los asuntos que competen a esa jurisdicción “en cuanto estén relacionados con actividades o bienes agrarios”, los siguientes:

“1. Reivindicatorios; 2. Posesorios; 3. Divisorios; 4. De expropiación para fines agrarios distintos de los previstos en las leyes sobre reforma social agraria; 5. Los originados en contratos agrarios, tales como los de arrendamiento, aparcería y similares, agroindustriales y compraventa de productos; 6. De lanzamiento por ocupación de hecho; 7. De pertenencia; 8. De saneamiento de la pequeña propiedad agraria; 9. De deslinde y amojonamiento; 10. De restablecimiento de la posesión o de la tenencia en el caso previsto en el artículo 984 del Código Civil; 11. Sobre servidumbres; 12. Los que versan sobre los derechos del comunero consagrados en los artículos 2330 a 2333 del Código Civil; 13. Los atinentes a empresas comunitarias, sociedades y asociaciones agrarias”.

Se asignó en la misma disposición los procesos originados en acciones populares que se funden en normas sobre preservación del ambiente rural y manejo de los recursos naturales renovables de carácter agrario.

11.3. De estos asuntos agrarios sólo procede el recurso extraordinario de casación en los que taxativamente señala el artículo 50 del Decreto 2303 citado.

12. No siendo de actividad agraria los contratos de compraventa o permuta o de promesa de permuta, aun sobre bienes rurales, los litigios que acerca de la validez o eficacia puedan surgir respecto de negocios jurídicos, no quedan subsumidos en los que precedentemente se han indicado conforme con los preceptos traídos arriba. Son negocios que se rigen por las normas sustanciales civiles y que, no estando incluidos como actividades agrarias entre los que corresponde a esa jurisdicción, son, reitérase, de índole civil. Por lo tanto, las sentencias que provean sobre litigios en que se debata la eficacia o validez de negocios o declaraciones de voluntad de esa naturaleza, son recurribles en casación en cuanto queden comprendidos en los que enumeran los artículos 366 y 367 del Código de Procedimiento Civil.

De manera que por la naturaleza del litigio resuelto con la sentencia impugnada, el recurso es procedente».

(Auto de mayo 3 de 1993. Magistrado Ponente: Dr. Eduardo García Sarmiento).

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