Auto de marzo 5 de 1993 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

RECUSACIÓN

CAUSAL SÉPTIMA

EXTRACTOS: «No hay duda, pues, de que la petición se apoya en la causal de impedimento enlistada en el numeral 7 del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, que a la letra dice:

“Haber formulado alguna de las partes, su representante o apoderado, denuncia penal contra el juez, su cónyuge o pariente en primer grado de consanguinidad, antes de iniciarse el proceso, o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia, y que el denunciado se halle vinculado a la investigación penal”.

Si lo transcrito se compara con lo que sobre el particular disponía inicialmente el código de los ritos civiles, rápidamente se pone al descubierto que el cambio legislativo producido con ocasión de la reforma que a ese ordenamiento introdujo el Decreto 2282 de 1989, fue bastante significativo. En efecto: a buen seguro que con el propósito de salirle al paso al abuso que de la mentada causal venía demostrando la experiencia judicial, especialmente cuando se apelaba a la insana práctica de denunciar al funcionario para acomodar el trámite a la mera conveniencia personal de los litigantes, se pensó en reducir el ámbito, por cierto amplio, que traía la preceptiva original del código. De ahí que pueda afirmarse que tal causal fue hoy investida de mayor seriedad, tornándose un tanto más exigente para su estructuración.

Así, en la actualidad no es de recibo el impedimento, y por contera la recusación, cuando la denuncia verse sobre hechos que precisamente están dentro de los confines del respectivo proceso o, en su caso, de la ejecución de la sentencia, desde luego que, según esa clara disposición legal, la causal se yergue “siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia” (se resalta a propósito).

De otra parte, tampoco lo constituye el mero hecho de la formulación de la denuncia, en contraste con lo que otrora acaecía. Hoy es menester que de ello se haya seguido la vinculación del sindicado a la correspondiente investigación penal, lo cual, según la doctrina más aceptada, se produce cuando al funcionario denunciado se vincula mediante indagatoria».

(Auto de marzo 5 de 1993. Magistrado Sustanciador: Dr. Rafael Romero Sierra).

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