Auto de mayo 10 de 1994

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SENTENCIA DE ANULACIÓN DE UN LAUDO

NO ES APELABLE

EXTRACTOS: «1. Del contenido de los escritos sustentatorios de la queja, se establece que los recurrentes pretenden la concesión del recurso de apelación contra la sentencia de 2 de noviembre de 1993, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá para desatar el recurso de anulación interpuesto contra el laudo arbitral de 18 de mayo de 1992.

Resulta conveniente memorar el concepto expuesto desde vieja data por la doctrina nacional y que acompasa perfectamente con la legislación vigente sobre el particular (D. 2279/89), según el cual en Colombia, “...tradicionalmente el laudo arbitral carecía de todo recurso; pero teniendo en cuenta la necesidad de controlar la organización misma del Tribunal, así como los límites en que debe actuar y el sistema procesal empleado, para garantía de quienes acuden a dicho tipo de justicia, el código organizó en primer lugar el recurso de anulación. Este es extraordinario, en cuanto que no puede fundarse sino en las causales taxativamente previstas por el legislador; además, ellas, por regla general, se refieren a vicios o defectos formales, con lo cual se mantiene el principio antes indicado de que la cuestión de mérito no debe tener sino una instancia. Desde que se habla de anulación, se excluye la posibilidad de una segunda instancia, porque no se trata de examinar la cuestión de fondo, sino la regularidad formal a través de las causales del artículo 672 (hoy artículos 37 y 38 del Decreto 2279 de 1989), aunque la primera dependa del acto compromisorio” (Curso de Derecho Procesal Civil, Hernando Morales Molina, Parte especial, págs. 451 a 454); y dispuso, en segundo lugar, que también fuera materia de revisión “por los motivos y trámites señalados en el Código de Procedimiento Civil” (art. 41, Decreto 2279 de 1989), es decir, igualmente susceptible de ser impugnado por medio del recurso extraordinario de revisión, como medida enderezada a proteger a las partes contra el dolo o fraude procesales, tanto de testigos como de peritos o terceros, o de sus contrapartes, o de los árbitros, protección que se extiende al caso de documentos encontrados después del laudo, que el recurrente no pudo aportar por fuerza mayor o caso fortuito; al de la falta de citación, emplazamiento o representación; al de nulidad producida en el laudo mismo por causa distinta a su pronunciamiento, etc., es decir, por causas que no autoriza el recurso de anulación.

4. Ahora bien: si de conformidad con lo expuesto precedentemente el laudo arbitral carece de recursos, y para los efectos de controlar los aspectos formales y de fondo enantes puntualizados, el legislador dispuso que fuera susceptible de impugnar a través del recurso de anulación o de revisión, los que, como ya se ha visto, son impugnaciones de carácter extraordinario, la sentencia con la que el Tribunal Superior del Distrito Judicial respectivo los decida no es susceptible, a su vez, del recurso ordinario de apelación, por cuanto si bien se trata de una sentencia judicial, ella no responde al criterio de ser un fallo de primer grado para acomodarse al principio de la doble instancia recogido en el artículo 31 de la Constitución Nacional, habida cuenta que frente a decisiones arbitrales el ordenamiento positivo vigente solamente consagra impugnaciones de carácter extraordinario, cuyo trámite es invariablemente de única instancia y por tanto las resoluciones que sobre las mismas puedan recaer, no admiten impugnación de carácter ordinario como la apelación; además, como quiera que el proceso arbitral no responde al esquema general de los procesos judiciales, resulta impertinente demandar una expresa prohibición en relación con la improcedencia del recurso de apelación, como lo reclaman los recurrentes, por cuanto en dicho proceso solamente se pueden formular las impugnaciones previstas por el legislador.

5. Adicionalmente, cabe observar que entre las funciones que le atribuyó la Carta Política de 1991 a esta Corporación, en su artículo 235, no figura la de oficiar como Tribunal de instancia para conocer del recurso de apelación; ni existe ordenamiento legal que expresamente le atribuya competencia para que, al tenor del numeral 7º del precitado artículo 235 ibídem, conozca de la aludida impugnación ordinaria interpuesta contra la sentencia del Tribunal que decida el recurso de anulación contra un laudo arbitral, como sí se la otorgó el Decreto 2279 de 1989 para conocer del recurso extraordinario de revisión contra las sentencias proferidas por éste para desatar el recurso de anulación interpuesto contra una decisión de carácter arbitral (art. 41, Decreto 2279 de 1989).

6. Así que existiendo claridad sobre el carácter de no ser apelables las sentencias que deciden los recursos de anulación interpuestos contra los laudos arbitrales, y que la Corte Suprema de Justicia no es Tribunal de segunda instancia, se puede concluir que por las razones anotadas, el recurso de apelación interpuesto por J... es improcedente, y, consecuentemente, la denegación que de su concesión hizo el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá es ajustada a las previsiones legales vigentes para el presente caso».

(Auto de mayo 10 de 1994. Magistrado Ponente: Dr. Rafael Romero Sierra).

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