Sentencia 10015 de febreo 10 de 1995 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

ACCIÓN DE NULIDAD EN ASUNTOS AMBIENTALES

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Betancur Jaramillo

Ref.: Expediente 10.015

Santafé de Bogotá, D.C., febrero diez de mil novecientos noventa y cinco.

Para resolver sobre la admisibilidad de la demanda de simple nulidad formulada por la Dra. Claudia Vásquez M. contra las resoluciones 5-2703 y 5-2977, en su orden de 2 de junio y 8 de julio de 1993 expedidas por el Ministerio de Minas, se considera:

Disponen los actos impugnados:

“a) Resolución Número 5-2703: (...)

ART. 1º—Rechazar el recurso de reposición interpuesto por el doctor Enrique Llano Ferro, contra la Resolución 5-0634 del 24 de febrero de 1993, por la razón anotada en la parte motiva de este pronunciamiento.

ART. 2º—No acceder a las peticiones que personalmente o a través de sus apoderados formuló la doctora Margarita Ricaurte de Bejarano, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

ART. 3º—El derecho emanado de la Alcaldía de Tabio, para realizar la extracción de material aluvial, a la Sociedad Ladrillera e Inversiones Sila Ltda., se extinguió ipso jure a favor de la Nación, por lo señalado en la parte motiva de esta resolución.

ART. 4º—Otorgar a la Sociedad Ladrillera e Inversiones Sila Ltda., la Licencia Nº 15175, para la exploración técnica de un yacimiento de mineral de arcillas, localizado en jurisdicción del municipio de Tabio, departamento de Cundinamarca, cuya área es la comprendida dentro de los linderos, puntos arcifinio y coordenadas señaladas por la sección de estudios de ingeniería en su concepto del 15 de abril de 1993, folio 101 del expediente, con una extensión superficiaria de 54 hectáreas.

PAR.—La titular deberá restringir sus actividades mineras de acuerdo con el artículo 10 del Código de Minas, literales b) y d), carreteras varias, construcciones y viviendas urbanas. Así mismo, tomar todas las medidas necesarias para la conservación y restauración del paisaje según Decreto 1677 de 1990.

ART. 5º—La duración de la presente licencia es de un (1) año, contado a partir de la fecha de su registro.

ART. 6º—Ejecutoriada esta providencia, remítase el expediente a la división de ingeniería y proyectos, para la inscripción del título en el registro minero.

ART. 7º—Cumplido lo anterior, envíese el expediente a la división de fiscalización de minas, para el estudio del informe final de exploración y programas de trabajos e inversiones PTI.

ART. 8º—Al vencerse el término de duración del período de exploración o de su prórroga, la beneficiaria deberá presentar el informe final de exploración, el programa de trabajos e inversiones, la delimitación de la zona escogida para adelantar las obras y trabajos de explotación y la declaración de impacto ambiental como lo señalan los artículos 35 y siguientes y 250 del Código de Minas.

b) Resolución Número 5-2977: (...)

ART. 1º—Confirmar los artículos 4º, 5º, 6º, 7º y 8º, de la Resolución 5-2703 del 2 de junio de 1993, por las razones señaladas en la parte motiva de este pronunciamiento. En consecuencia dése cumplimiento a lo dispuesto en ella.

ART. 2º—Contra esta resolución no procede recurso alguno. En consecuencia queda agotada la vía gubernativa”.

Se destaca que la impugnación se concreta precisamente a los arts. 4º, 5º, 6º, 7º y 8º de la resolución transcrita en primer término.

Basa su demanda la accionante, en su simple interés de legalidad y se apoya en el artículo 73 de la Ley 99 de 1993.

Para resolver, SE CONSIDERA:

La demanda será admitida. Para el efecto nada significa que ya se hubiera intentado impugnación contra los mismos actos, porque en el expediente radicado con el Nº 9098 (ponente: Dr. Germán Cavelier G.), se ejerció equivocadamente una acción de nulidad y restablecimiento por quien en ese entonces no estaba legitimado en la causa para ese tipo de acción y ni siquiera se admitió la demanda.

Pero ahora las cosas variaron, ya que cabe anotar que la Ley 99 antecitada al regular los modos y procedimientos de participación ciudadana, creó fuera de la acción de cumplimiento (arts. 77 y ss.), una especial de nulidad contra esos actos administrativos de contenido particular, mediante los cuales “se expide, modifica o cancela un permiso, autorización, concesión o licencia ambiental de una actividad que afecte o pueda afectar el medio ambiente”, tal como lo da a entender el artículo 73 del mismo estatuto.

Y así como cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, sin necesidad de demostrar interés jurídico alguno, tendrá derecho a intervenir en las actuaciones administrativas tendientes a la expedición, modificación o cancelación de permisos o licencias de actividades que afecten o puedan afectar al medio ambiente, según las voces de su artículo 69, así mismo las citadas personas podrán en cualquier tiempo, en salvaguarda del interés general que todos tienen en la protección de dicho ambiente, instaurar la aludida acción con los alcances previstos en el artículo 84 del CCA; norma que regula el contencioso de simple legalidad.

Esta acción contemplada en la Ley 99 no amerita tratamiento especial o aparte porque se acomoda a la acción regulada en el artículo 84 del CCA. Se observa, sí, que su carácter especial radica en el hecho de proceder contra actos de carácter particular o concreto, de ordinario sólo impugnables por la vía prevista en el artículo 85 del mismo código y por personas legitimadas.

Lo precedente da a entender que se admitirá la demanda, en la forma propuesta.

En relación con la suspensión provisional solicitada, se anota:

Aunque en el contencioso de simple nulidad para el decreto de suspensión provisional sólo se requiere que el acto administrativo impugnado infrinja en forma manifiesta alguna de las disposiciones invocadas como fundamento de la petición, en eventos como el aquí tratado se requiere que con la demanda se acompañe prueba (se entiende sin controvertir) de que la actividad que se cumple o pueda cumplirse con apoyo en el acto impugnado afecte o pueda afectar el medio ambiente.

Aunque la ley así no lo dispone, esa exigencia está implícita y se entiende por la especial protección que en la ley tiene la actividad minera, la cual, en el mismo código de minas (art. 7º), está declarada como de utilidad pública o de interés social, “en sus ramas de protección, exploración, explotación, beneficio, transporte, fundición, aprovechamiento, procesamiento, transformación y comercialización”.

Por lo demás, las violaciones alegadas como ostensibles requieren la comprobación, mediante pruebas de ciertos supuestos de hecho que no podrán darse por establecidos sino en el fallo definitivo. La razón de este aserto está en el enunciado mismo de los hechos. Hechos que para su adecuada demostración requerirán un debate probatorio amplio con las partes invo-lucradas en el litigio, puesto que fuera del interés general del medio ambiente, esos hechos muestran intereses también generales invo-lucrados con otros particulares y concretos que también requieren protección y defensa.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

RESUELVE:

Admítese la demanda de simple nulidad propuesta por la Dra. Claudia Vásquez Marazzani contra las Resoluciones 5-2703 y 5-2977 de 1993.

Notifíquese personalmente esta providencia al Ministerio Público, Ministerio de Minas y Energía y a la Sociedad Ladrillera e Inversiones Sila Ltda.

Deniégase la suspensión provisional pretendida en la demanda.

Fíjese en lista para los efectos de ley, por cinco (5) días.

Pídanse al Ministerio de Minas, los antecedentes administrativos de los actos impugnados.

Cópiese y notifíquese, publíquese en los Anales.

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en su sesión de fecha 9 de febrero de 1995.

Carlos Betancur Jaramillo, Presidente Sala—Juan de Dios Montes Hernández—Daniel Suárez Hernández—Julio César Uribe Acosta.

Lola Elisa Benavides López, secretaria.

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