Auto 10053 de enero 24 de 1995 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

CASACIÓN POR LA VÍA EXCEPCIONAL

REQUISITOS

EXTRACTOS: «Desde la promulgación del Decreto 2700 de 1991, el legislador abrió la posibilidad para que cualquier proceso penal pueda acceder al recurso extraordinario bajo una de dos condiciones: la primera, que se considere necesario para el desarrollo de la jurisprudencia nacional; y la segunda, que se deban garantizar los derechos fundamentales.

Por otra parte, desde el punto de vista de la competencia, la concesión de esta modalidad impugnativa está a cargo exclusivo de la Corte Suprema de Justicia, entidad a la cual la ley le otorgó la discrecionalidad para determinar la concurrencia de los requisitos que autorizan el recurso en las mencionadas condiciones de excepción, como nítidamente lo establece el texto de la norma que se comenta.

Sin embargo de tal consagración legal, el Juez Catorce Penal del Circuito de Bucaramanga asumió la decisión de conceder el recurso excepcional; determinación que se encuentra viciada de nulidad por haber desbordado los límites de la competencia, la cual sólo le permitía enviar el memorial impugnatorio conjuntamente con el expediente, a esta Corporación. En consecuencia, corresponde a la Sala enderezar el procedimiento viciado, decretando la nulidad de ese pronunciamiento judicial.

Ahora bien, siendo atribución de esta superioridad determinar la viabilidad del recurso extraordinario interpuesto con carácter excepcional, conviene recordar que también esta modalidad de impugnación está sujeta a rigorismos técnicos impuestos por la normatividad procesal. Ello, por cuanto al recurrente le corresponde brindar a la Sala los argumentos necesarios que le permitan concluir la presencia de uno de los dos presupuestos que dan lugar a la excepción, desde el mismo momento de su postu-lación, además de los motivos que sustentarían alguna de las causales de casación.

Este es el entendimiento que la Sala le ha dado a la nueva disposición. Así por ejemplo, en auto del 13 de mayo de 1994, en el que actuó como ponente el magistrado que aquí cumple la misma función se afirmó:

“...desde la promulgación del Decreto 2700 de 1991, se abrió la puerta de acceso a esta forma extraordinaria de impugnación para recurrir sentencias en asuntos que no reúnen los requisitos enunciados, siempre que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia lo considere necesario para desarrollar la jurisprudencia o para garantizar derechos fundamentales, y a condición de que así lo demande el Procurador, su delegado, o el defensor. Además, obviamente, la solicitud ha de obedecer a la existencia de una de las causales legales de casación, pues de no hacerse esta exigencia se estaría convirtiendo el recurso extraordinario en una tercera instancia.

Tales imposiciones significan para el impugnante el deber de presentar argumentos lógicos y jurídicos que conduzcan a la Sala al convencimiento de que el fallo impugnado puede estar afectado por una de las causales de casación; y que se hace indispensable su pronunciamiento por esta vía, sea para desarrollar la jurisprudencia nacional o para garantizar un derecho fundamental. De ello se desprende que si la pretensión está amparada en el primer motivo, corresponde al peticionario presentar el tema o punto que ofrezca disimilitudes en su aplicación o entendimiento, y por lo tanto, los enfrentamientos conceptuales surgidos entre las autoridades judiciales, que reclamen la unificación de la jurisprudencia.

Por otra parte, si se aspira a que la Corte garantice un derecho fundamental, al actor le corresponde elaborar una argumentación racional de esa cualidad y de la violación que el derecho específico ha sufrido dentro del proceso”.

Así mismo, en proveído del 10 de mayo de 1994, del cual fue ponente el doctor Dídimo Páez Velandia, la Sala advirtió:

“Es pues indispensable, recordar que la reflexión de la Corte para establecer esa necesidad, depende de las razones esgrimidas por el recurrente al solicitar la concesión del recurso, y del contenido integral del proceso, al cual, como se ha dicho, tiene acceso anticipado la Corte, en contraste con el recurso tradicional, en el que sólo le es dado conocer la actuación cuando ya la demanda ha sido presentada ante el respectivo tribunal. Si de estos dos insoslayables factores emerge la necesidad de desarrollar la jurisprudencia, y/o bien garantizar los derechos fundamentales a los sujetos procesales involucrados, es menester que lo demuestre el actor para que de esa manera se abra la posibilidad a la impugnación”.

De igual forma, con ponencia del magistrado Guillermo Duque Ruiz, en pronunciamiento del 10 de agosto de 1994, la Sala expresó:

“De conformidad con el artículo 218 del Código de Procedimiento Penal (hoy subrogado por el ar-tículo 35 de la Ley 81 de 1993), cuando la sentencia de segunda instancia se ha dictado en relación con delitos cuya pena máxima privativa de la libertad no supere los seis (6) años, el recurso extraordinario de casación sólo procede si la Corte lo considera “necesario para el desarrollo de la jurisprudencia o la garantía de los derechos fundamentales”. Pero es claro también que es al impugnante a quien le corresponde demostrar esta necesidad. Deberá, por tanto, hacerlo, así sea en forma breve, pero precisando a la Corte cuáles son los aspectos relacionados con el caso sub lite, que estima necesario sean desarrollados por la Corte, o cuáles fueron los derechos fundamentales vulnerados. Sólo de esta manera le resulta posible a la Corporación decidir sobre la admisibilidad del recurso. Como esta determinación es presupuesto indispensable para que surja la oportunidad de presentar la demanda de casación, obvio resulta que la demostración que se comenta no puede posponerse para un postrer momento”.

En el asunto que ocupa la atención de la Sala, el defensor, al interponer el recurso de casación, por la vía excepcional, en forma alguna expuso cuál de los presupuestos podría llevar a la concesión del recurso; es más, ni siquiera mencionó uno de los dos, dejando su impugnación totalmente huérfana de sustento en orden a que la Corte considere su viabilidad, resultando a ésta imposible el análisis de aquellas circunstancias que ameritarían tramitar el recurso.

La argumentación al respecto, fue incluida en la demanda de casación, lo que no subsana la omisión de la defensa en el cumplimiento de esa carga procesal, cuya realización está ceñida a un específico momento de la actuación.

En las anteriores condiciones, resta a la Sala anular la actuación del juez de segunda instancia y denegar el otorgamiento del recurso extraordinario de casación, formulado por la vía excepcional».

(Auto de enero 24 de 1995. Radicación 10.053. Magistrado Ponente: Dr. Édgar Saavedra Rojas).

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