Auto 10067 de junio 19 de 2001 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

JUEZ COMPETENTE CUANDO EL MENOR NO RESIDE EN EL PAÍS

PARA EFECTOS DE LA EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA

Magistrado Ponente:

Dr. Nicolás Bechara Simancas

Ref.: Expediente 11001020300020010067-01

Bogotá, D.C., diecinueve de junio de dos mil uno.

Procede la Corte a resolver el conflicto de competencia surgido entre los Juzgados Cuarto de Familia de Tunja (Boyacá) y Primero Promiscuo de Familia de Envigado (Antioquia), para el conocimiento del proceso de exoneración de cuota alimentaria instaurado por el señor Pedro Elías Garzón Lozada contra la señora Myriam del Socorro Zapata Londoño, en su calidad de representante legal de la menor Nathalia Cortés Zapata.

Antecedentes

1. Mediante demanda cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Cuarto de Familia de Tunja, el señor Pedro Elías Garzón Lozada, quien actúa en nombre propio por ser abogado titulado y se encuentra domiciliado en esa ciudad, solicitó se declare terminada su obligación de suministrar alimentos a la menor Nathalia Garzón Zapata (actualmente Nathalia Cortés Zapata, por haber sido adoptada) y que, en consecuencia, se disponga el levantamiento de la medida cautelar consistente en prohibírsele a él salir del país y se ordene la expedición de copias para las autoridades competentes.

En ese libelo el actor precisó respecto de la demandada (madre de la menor), que “NO conozco su dirección de residencia ni domicilio” y solicitó, pese a considerar que su intervención no es forzosa en el proceso por no integrar el litisconsorcio necesario, su emplazamiento.

2. El citado juzgado, previo informe secretarial en el que se indica “que con el fin de establecer la residencia de la demandada se hizo llamada a la ciudad de envigado, donde se recibió información por parte del padre de la demanda (sic) quien suministró la dirección donde ella reside, la cual le fue entregada al aquí demandante” (fl. 48, c. 1), optó, mediante auto de 14 de marzo del año en curso, por inadmitir la demanda a fin de que el actor “suministre dicha dirección” (fls. 49 y 50, c. 1).

3. En cumplimiento de tal determinación, el demandante oportunamente allegó el escrito visible a folios 51 y 52 del cuaderno principal, en el que, en síntesis, expresa, que él en forma personal verificó que en la dirección suministrada, y a que aluden el informe y el auto atrás relacionados, no vive la señora Zapata Londoño, como quiera que ella y su familia se trasladaron a residir fuera del país, pero que de todas maneras incluye dicha dirección como lo ordenó el juzgado.

4. La mencionada oficina judicial, con auto de 21 de marzo también del año que avanza, afirmando que la señora Myriam del Socorro Zapata Londoño reside en el municipio de Envigado (Antioquia) y que, por consiguiente, allí también se encuentra domiciliada su menor hija, concluye, con base en el artículo 139 del Código del Menor y en el numeral 7º del artículo 85 del Código de Procedimiento Civil, que carece de competencia para conocer de la demanda y la rechaza, remitiéndola al Juzgado Promiscuo de Familia Reparto de Envigado.

5. Habiéndose asignado el conocimiento de las diligencias al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Envigado, éste, luego de que la secretaria del despacho informara que “llamó por teléfono al 316786, correspondiente a la casa L10 del barrio Villas de Vallejuelo Envigado, indicándose por quien contestó a dicho teléfono el que la referida señora no vive allí desde mucho tiempo” y que “en igual sentido se expresó …la abogada que representó al cónyuge de la señora Myriam en el trámite de adopción ante el Juzgado Segundo de Familia de este municipio, indicando el que toda la familia se encuentra fuera del país”, en auto de 30 de abril último, consideró que con la referida llamada “se confirmó lo que el mismo demandante expresa en el numeral 6º del memorial que subsana, en el sentido de que la demandada y su hija están por fuera del país” y que siendo ello así, al tenor del numeral 2º del artículo 23 del Código de Procedimiento, el competente para conocer de la demanda es el Juzgado Cuarto de Familia de Tunja, “por ser este el domicilio del demandante”. Decidió, por tanto, proponer el conflicto de competencia, remitiendo lo actuado a esta corporación para la definición del mismo.

Consideraciones

1. Infiérese de las normas que integran el título II del libro primero del Código de Procedimiento Civil, referentes a “jurisdicción y competencia”, que, como tantas otras veces lo ha sostenido esta Sala de la Corte, las reglas para establecer cuál es el juez competente para conocer de un específico asunto son, exclusivamente, las fijadas por la ley, y que, por tanto, esa determinación no está sujeta, ni puede estarlo, al mero querer de las partes y, menos aún, de los funcionarios judiciales mismos.

2. Para el caso de los procesos de fijación o revisión de alimentos, dentro de los cuales deben comprenderse necesariamente aquellos promovidos a fin de obtener la exoneración de su pago o la extinción de la obligación y de sus efectos, el artículo 139 del Código del Menor consagra que la demanda deberá presentarse “ante el juez de familia o, en su defecto, ante el Juez Municipal del lugar de residencia del menor”. A su turno, el artículo 8º del Decreto 2272 de 1989, por medio del cual se creó la jurisdicción de familia, establece que “En los procesos de alimentos…, en que el menor sea demandante, la competencia por razón del factor territorial corresponderá al juez del domicilio del menor”. Sin duda, se trata de un fuero especial, que considera siempre el domicilio o la residencia del menor demandante o demandado, el cual es perfectamente comprensible en razón a la naturaleza que tienen tales diligenciamientos judiciales y al hecho de que en ellos interviene como uno de los extremos del litigio un menor de edad.

3. Con todo, ninguna de las normas mencionadas, ni las demás especiales aplicables a los juicios de alimentos, y concretamente a aquellos dirigidos por el alimentante a, como se dijo, obtener la exoneración de su pago o la declaratoria de extinción de tal deber legal, se ocupan de precisar cuál es el juez competente en el supuesto de que el domicilio y/o la residencia del menor contra quien se dirige la acción se desconozca, o cuando lo único que se sabe es que no tiene ni uno ni otra en el país.

Lo anterior traduce que en esos eventos, la competencia debe ser fijada conforme a las reglas generales, esto es, a las previstas en el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, dentro de las cuales se encuentra la segunda, que reza: “Si el demandado carece de domicilio, es competente el juez de su residencia, y si tampoco tiene residencia en el país, el del domicilio del demandante”.

4. Palmario es que el demandante en este asunto manifestó en su demanda no conocer el domicilio ni la residencia de la demandada, información que, pese a lo exigido en el auto inadmisorio dictado por el Juzgado Cuarto de Familia de Tunja, ratificó, señalando, con miras a no desconocer la orden de tal despacho, la dirección del municipio de Envigado que fue suministrada telefónicamente como de la demandada a la secretaría de esa oficina judicial y que, de manera extraprocesal, se puso en su conocimiento, indicación esta que, por tanto, no podía mirarse como expresiva del domicilio o de la residencia de la parte aquí demandada.

5. De ese entendimiento de las cosas fluye el notorio desacierto de la decisión adoptada por el citado Juzgado Cuarto de Familia de Tunja, pues en verdad no existía mérito para deducir que la demandada tenía fijado su domicilio en el municipio de Envigado y para, por tanto, enviar por competencia la demanda al juez de familia de esa localidad, actitud que, a más de ilegal, va en contravía de las propias manifestaciones del actor, consignadas en el libelo introductorio y en el escrito de subsanación de la demanda.

6. Confirma lo expuesto, la diligencia secretarial surtida en el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Envigado, como quiera que de ella se desprende que, ciertamente, ni la menor demandada, ni sus progenitores, residen en ese municipio y, más aún, que una y otros se encuentran fuera del país.

7. Es conclusión obligada del análisis que se deja efectuado, que el competente para conocer de la demanda con que se dio inicio a esta actuación es el Juzgado Cuarto de Familia de Tunja, a quien, por ende, deberán remitirse las presentes diligencias.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, DECLARA que el Juzgado Cuarto de Familia de Tunja es quien debe mantener el conocimiento del proceso referenciado al inicio de este proveído.

Ordénase remitir el expediente a dicho Juez e informar lo aquí decidido al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Envigado. Ofíciese como corresponda.

Notifíquese y cúmplase

Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo—Manuel Ardila Velásquez—Nicolás Bechara Simancas—Jorge Antonio Castillo Rugeles—Jose Fernando Ramírez Gómez—Jorge Santos Ballesteros—Silvio Fernando Trejos Bueno. 

______________________________