Auto 10087 de junio 16 de 1995 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

PERENCIÓN DEL PROCESO

NO ES NECESARIO QUE SE HAYA NOTIFICADO LA DEMANDA

EXTRACTOS: «Decídese el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante contra el auto de 31 de enero de 1994, proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima (fl. 24), mediante el cual se decretó la perención del proceso.

Motiva el Tribunal la providencia con el argumento de que en el caso de autos se requiere notificar al representante legal del ente demandado, lo que implica gastos que se irían a sufragar con los dineros que debía cubrir la parte demandante, y que no atendió, originándose con esa actitud pasiva la inactividad del proceso desde el auto admisorio de la demanda de 16 de marzo de 1994 en donde se dispuso su notificación a la parte demandada y la consignación a cargo de la actora por la suma de diez mil pesos ($ 10.000) para gastos ordinarios del proceso.

Y como de conformidad con el artículo 148 del CCA, cuando por causa distinta del decreto de suspensión del proceso y por falta de impulso cuando ello corresponda a la parte demandante, permanezca el proceso en la Secretaría durante la primera o única instancia por seis (6) meses, se decretará la perención del proceso. Término que se contará desde el día de la práctica de la última diligencia o desde la notificación del auto admisorio de la demanda al agente del ministerio público, en su caso. Término que en el caso de autos, dice, está supe-rado ampliamente al contabilizarse a partir del 7 de mayo de 1992, día de la notificación de dicho auto al agente del ministerio público (fl. 23 vto.).

En la sustanciación de la alzada (fl. 26) arguye el apoderado recurrente que el asunto en referencia no alcanzó la categoría de proceso. Y que los artículos 4º, 29, 83 y 228 de la Constitución Nacional consagran el debido proceso judicial, la presunción de buena fe en todas las gestiones que los particulares adelanten ante las autoridades públicas (incluidas las jurisdiccionales) y la prevalencia del derecho sustancial sobre el puramente adjetivo o procedimental. Por manera que las disposiciones que establecen cargas procesales a los demandantes, y más aún, si son anteriores a la Constitución, son desestimables e inaplicables en toda su extensión, debido a que se erigen en obs-táculos antijurídicos a la ya pregonada prevalencia del derecho sustancial y a principios mínimos fundamentales de los trabajadores, tales como la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales, la facultad para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles, el reconocimiento a una situación más favorable en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, y de la primacía de las realidades sobre formalidades establecidas por los sujetos de las realidades laborales, que contemplan los artículos 48 y 53 ibídem. Además, que el artículo 148 del CCA se refiere en concreto a la perención del proceso. Y es bien sabido que mientras no se haya trabado la relación jurídico-procesal mediante la notificación del auto admisorio de la demanda a todos los demandados, si fueren varios, no hay proceso.

Se considera

Se ha considerado el fenómeno de la pe-rención del proceso contemplado en el artículo 148 del CCA como una forma anormal de su terminación cuando ha permanecido inactivo en la secretaría por seis meses durante la primera o única instancia por causa distinta al decreto de suspensión y por falta de impulso cuando éste corresponde a la parte demandante. El término de esa inactividad se contará desde la notificación del último auto o desde el día de la práctica de la última diligencia o desde la notificación del auto admisorio de la demanda al ministerio público, en su caso.

De conformidad con la norma en comentario son tres los eventos a partir de los cuales debe contabilizarse el término de seis meses para que tenga ocurrencia la perención del proceso, entre ellos, la notificación del auto admisorio de la demanda al agente del ministerio público, que tuvo lugar en el caso de autos el 7 de mayo de 1992, a partir del cual el Tribunal cuenta el término para decretar la perención del proceso en el auto ahora materia de apelación.

Como se ve, del contenido y alcance de la norma que se comenta no se establece que para que haya proceso es necesario que se haya efectuado la notificación del auto admisorio de la demanda a la parte demandada y, por ende, se haya trabado la litis, pues la concepción de proceso es tomado por la norma en un sentido lato, amén que según algunos procesalistas el proceso se inicia con la demanda, y que distinguen entre lo que debe entenderse por proceso y procedimiento, puesto que el primero comprende el conjunto de actos necesarios para la decla-ración o ejecución del derecho, mientras que el segundo comprende cada una de las fases o etapas que el proceso encierra, por ejemplo, cada instancia, notificaciones, entre las cuales se cuenta la que debe hacerse a la parte demandada, recursos, incidentes, etc. O, dicho de otra manera, el proceso es un ordenamiento jurídico, al paso que el procedimiento lo constituye la serie de formas a que deben someterse el juez y las partes en la tramitación del proceso.

Hechas las anteriores precisiones, estima la Sala que no son de recibo las argumentaciones en que se apoya el recurso de apelación, amén de no encontrar contradicción entre el artículo 148 del CCA. y las normas constitucionales invocadas en tales argumentaciones.

Como la Sala se identifica con el análisis y la motivación del Tribunal consignados en su providencia impugnada en apelación, la confirmará».

(Auto de junio 16 de 1995. Expediente 10087. Consejero Ponente: Dr. Álvaro Lecompte Luna).

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