Auto 10096 de febrero 14 de 1996 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

DECISIÓN SOBRE MEDIDAS CAUTELARES

SOLICITADAS EN LA ETAPA DEL JUICIO

EXTRACTOS: «En lo que hace relación a las “decisiones diferidas” frente a “peticiones hechas por las partes en el curso del juicio”, según lo previsto por el artículo 454 del CPP, con la salvedad de la libertad, la detención o la práctica de pruebas, conveniente resulta decir que no solamente tales excepciones, por las mismas connotaciones y sus efectos procesales, imponen decisiones con la celeridad que reclame su surgimiento, sino además, todas aquellas que a criterio del juez (“...podrá diferir ...”, dice la norma) no deben posponerse “para el momento de dictar sentencia”.

Lo general es la facultad potestativa de diferir algunas actuaciones para tomarlas al momento de la sentencia; pero las excepciones mencionadas imperativamente no son las únicas viables, pues el juez “podrá” tomar otras cuando su buen criterio lo estime pertinente, entre las cuales es obvio tener en cuenta la petición de medidas cautelares presentada en oportunidad —desde que se profiera la medida de aseguramiento (art. 52 CPP)— por la parte civil, careciendo de prudencia y sentido aplazar una decisión cautelar o preventiva para cuando se tenga la plena demostración de los perjuicios irrogados, pues al alcanzarse ese nivel probatorio, exigible únicamente para la sentencia, ya los bienes que servirían de garantía a la indemnización podrían haberse esfumado.

Es disposición legal ordenar “en la providencia en la que se imponga medida de aseguramiento, o con posterioridad... el embargo y secuestro preventivo de los bienes de propiedad del sindicado...” (art. 52, CPP), medida natural y finalísticamente dirigida a garantizar el eventual pago de los perjuicios que se hayan podido ocasionar con el hecho punible, del cual se “origina obligación de reparar los daños materiales y morales que de él provengan” (arts. 250.1 C.N., 2341 C.C. y 103 y ss. C.P. ).

En punto de la determinación e identificación de los bienes, es también claro que “...la parte civil podrá denunciarlos en cualquier momento y el funcionario decretará su embargo y secuestro en la medida que considere necesaria, previa prestación de caución...” (art. 52 CPP, en concordancia con los arts. 44 y 48 ibídem).

Resultaba entonces imperativo para el Tribunal resolver la pretensión de la parte civil, porque así lo dispone el mandato legal que no hace distinción ni exclusión alguna sobre la clase de delito, siempre que sea fuente generadora de perjuicios y, por ende, de obligaciones civiles, ni autoriza hacerla al funcionario por vía de interpretación, sin que resulte válido señalar que, al momento de decidir acerca de las medidas cautelares, se carezca de certeza sobre la realidad y el monto de los posibles perjuicios, la existencia misma del hecho punible y la responsabilidad del sindicado, pues esto sí ha de resolverse en la sentencia y para decretar aquéllos es suficiente con haberse proferido medida de aseguramiento y que ésta se halle vigente.

Son por esencia, tal como se les denomina en el procedimiento civil, de donde surge su naturaleza, “medidas cautelares”, solamente encaminadas al aseguramiento del pago eventual que resulte del hipotético pronunciamiento de una sentencia de condena, que por supuesto quedarán sin vigor en caso de absolución, garantizados con la caución los perjuicios que pudieren causarse».

(Auto de febrero 14 de 1996. Radicación 10.096. Magistrado Ponente: Dr. Nilson Pinilla Pinilla).

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