Auto 10145 de febrero 17 de 1995 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

CONCILIACIÓN

IMPROBACIÓN POR EL JUEZ

EXTRACTOS: «Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra el auto de 8 de agosto de 1994, dictado por el tribunal administrativo de Sucre mediante el cual no se aprobó la conciliación lograda entre las partes; el auto correspondiente fue suscrito con salvedad de voto por el Sr. magistrado Vergara García.

Estimó el a-quo para denegar la aprobación del acuerdo conciliatorio que el sólo hecho del homicidio de un funcionario público no implicaba forzosamente la responsabilidad del Estado, máxime cuando el acervo probatorio era bastante precario para establecer los supuestos de dicha responsabilidad. Por su lado, el magistrado disidente anota que el acuerdo fue válidamente celebrado entre partes capaces de conciliar y que no adolece de ilegalidad alguna.

Para resolver, SE CONSIDERA:

El auto apelado merece confirmación, porque la actitud del a quo se estima seria y responsable. Con las conciliaciones creadas por la Ley 23 de 1991 y por el Decreto 2651 de ese mismo año el juez administrativo no puede ser un convidado de piedra. Y así como puede proponer fórmulas de acuerdo, sin que ello implique prejuzgamiento sobre el fondo del asunto, igualmente puede no sólo manifestar su desacuerdo sobre la conciliación pretendida durante la audiencia, sino que puede denegar su aprobación una vez las partes convengan los extremos del arreglo.

No es del todo cierto que la conciliación no pueda improbarse sino por razones de nulidad o porque sea lesiva para los intereses del Estado. No; estas son razones señaladas por la ley, pero no las únicas, ya que no excluyen las deficiencias de carácter probatorio que se observen dentro del proceso, por ejemplo, en cuanto al fondo del asunto o en lo que dice relación con la legitimación de las partes procesales.

Y esto fue lo que sucedió en el presente asunto, ya que el a-quo no partió de la ilegalidad del acuerdo o de una posible lesión patrimonial para los intereses del Estado, sino de serios vacíos de carácter probatorio en cuanto a la falla misma del servicio y a la relación causal entre el daño alegado y la conducta oficial.

Esta conducta aparece así razonable y sensata y permitirá la definición en la sentencia con todos los elementos de juicio.

Estima la Sala y lo dice a modo de pedagogía judicial, que la audiencia conciliatoria deberá efectuarse también por la Sala, porque el juez colegiado tendrá así un mejor control sobre la etapa conciliatoria; y porque logrado el acuerdo podrá, dentro de la misma audiencia, aprobarlo o improbarlo sin mayores dilaciones y con su notificación en estrado. Esta ha sido la conducta seguida por esta sección en las conciliaciones que ha venido celebrando.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera,

RESUELVE:

Confírmase el auto de 8 de agosto de 1994 dictado por el Tribunal Administrativo de Sucre. Continúese el trámite del proceso».

(Auto de febrero 17 de 1995. Expediente 10.145. Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur Jaramillo).

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