Auto 1015 de diciembre 12 de 2001 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Ref.: Expediente 20221

Rad.: 17001-23-31-000-1992-1015-01

Consejero Ponente:

Dra. María Elena Giraldo Gómez

Actor: Lázaro González López y otros

Recurso ordinario de súplica

Bogotá, D.C., doce de diciembre de dos mil uno.

EXTRACTOS :« I. Corresponde a la Sala decidir el recurso ordinario de súplica interpuesto contra el auto proferido el 17 de agosto de 2001 por el magistrado sustanciador del proceso, que resolvió:

“Puesto que la cuantía razonada en el libelo de la demanda es de 1.000 gramos oro que equivalen a $ 14.974.520 y el monto establecido para que el proceso tenga vocación de segunda instancia en el año de 1999 es de $ 18.823.840, no se admite el recurso de apelación interpuesto por el señor apoderado de la parte demandada visible a folios 313 a 317 del cuaderno número 1” (fl. 613, c. 1).

II. Antecedentes procesales

A. El día 20 de abril de 1992, el señor Lázaro González López y otros presentaron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación - Ministerio de Salud, el departamento de Caldas - Servicio Seccional de Salud, el Hospital Universitario de Caldas y la Beneficencia de Manizales (hoy Empresa Municipal para la Salud, EMSA) para que se declaren solidariamente responsables y, en consecuencia, se les condene el pago de los perjuicios morales que se les causaron a los demandantes con motivo de la muerte de la señora María Luzmila Arredondo Usma cuya causa fueron las lesiones que sufriera al caer de una camilla (fls. 47 a 87, c. 2).

B. El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Descongestión con sede en Medellín profirió sentencia el día 10 de octubre de 2000, mediante la cual declaró la responsabilidad administrativa y extracontractual de naturaleza patrimonial de la Empresa Municipal para la Salud, EMSA; la condenó al pago de una indemnización por concepto de perjuicios morales; declaró que las demás entidades demandadas y los terceros intervinientes no son responsables y finalmente, negó las demás súplicas de la demanda (fls. 508 a 538, c. 1).

C. Uno de los demandados (Empresa Municipal para la Salud, EMSA), interpuso y sustentó oportunamente el recurso de apelación contra la anterior providencia; el demandante lo interpuso pero no lo sustentó (fls. 567 y 568; 574; 586 a 594; 610 y 611, c. 1).

D. El día 29 de mayo de 2001, el consejero al cual le correspondió en reparto corrió traslado por el término legal a la parte actora para que sustente el recurso de apelación interpuesto contra la mencionada sentencia (fl. 595, c. 1).

E. El día 7 de junio de 2001, el demandante desistió del recurso de apelación y solicitó la confirmatoria del fallo (fls. 598 a 609, c. 1).

F. Mediante auto del 17 de agosto de 2001, el magistrado sustanciador del proceso admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada por considerar que el proceso no tiene vocación de segunda instancia (fl. 613, c. 1).

G. El agente del Ministerio Público recurrió en súplica ordinaria esa decisión; solicitó que se revoque el auto y se ordene continuar con el trámite del proceso. La fundamentó en lo siguiente:

“A través de la providencia objeto del presente recurso, esa H. corporación consideró que la cuantía de la mayor de las pretensiones al momento de formularse la demanda en 1999 (sic) era de 1.000 gramos oro, cuyo equivalente en pesos no superaba los $ 18.850.000 que se requerían para que un proceso tuviera dos instancias.

Revisada la demanda se encuentra que, ésta, realmente fue presentada el 20 de abril de 1992 y no en 1999 como lo dijo el auto que se suplica, por ende, como la pretensión mayor en el libelo se fijó en 1.000 gramos de oro que para esa fecha se cotizaban a $ 7.358,76 el gramo, los que al multiplicarse por mil arrojan la cantidad de $ 7.358.760 que se constituye en la mayor pretensión del proceso.

En 1992, época de presentación de la demanda, se exigía una cuantía mayor a $ 6.860.000 para que un proceso de reparación directa tuviera vocación de doble instancia, y como la mayor pretensión del asunto en estudio era de $ 7.358.760, debe concluirse que sí procede el recurso de apelación propuesto” (fls. 614 a 616 c. 1).

H. Dentro del término de fijación en lista, el recurrente (EMSA) coadyuvó el recurso de súplica interpuesto por el agente del Ministerio Público. Solicitó que se tengan en cuenta los argumentos que sustentan el recurso mencionado y la petición formulada. Expuso argumentos similares a los del Ministerio Público y agregó que en la demanda se señaló al tribunal administrativo de Caldas como competente para conocer en primera instancia y a la Sección Tercera del Consejo de Estado para conocer en segunda instancia; que para la época de presentación de la demanda regía el artículo 2º, numeral 10 del Decreto Extraordinario 597 de 1988 que fijaba la competencia de los tribunales administrativos para conocer en primera instancia de los procesos de reparación directa cuando la cuantía exceda de $ 3.500.000; que la demanda es el acto “constitutivo” de la relación jurídico procesal y sirve de base para determinar, con el valor de la pretensión, las instancias posibles; que no pueden influir las posteriores reducciones hechas por el demandante ni los aumentos causados con los accesorios y otros elementos; que se aplica en rigor el principio de la “perpetuatio jurisdictionis” que consiste en que la competencia del juez para conocer de un proceso se determina cuando se admite la demanda y las modificaciones no pueden afectar tal factor; que el Consejo de Estado al correr traslado a la parte actora para que sustentara el recurso de apelación consideró que el proceso es de dos instancias (fls. 618 a 621, c. 1).

III. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir el recurso de súplica interpuesto por el agente del Ministerio Público contra auto interlocutorio proferido por el ponente, por virtud de la competencia funcional y material que le atribuye la ley (CCA, art. 183).

Se advierte que tiene cabida el recurso de súplica ordinario toda vez que procede “en todas las instancias contra los autos interlocutorios proferidos por el ponente” (CCA, art. 183, inc. 1º, modificado L. 446/98, art. 57).

Previo a decidir el recurso, la Sala se referirá al criterio para determinar si el proceso es de dos instancias.

El parágrafo del artículo 164 de la Ley 446 de 1998 señala que “Mientras entran a operar los juzgados administrativos continuarán aplicándose las normas de competencia vigentes a la sanción de la presente ley”; las normas de competencia vigentes al momento de la sanción de esa ley, eran los artículos 131 y 132 del Código Contencioso Administrativo.

El último de esos artículos en su numeral 10 señala que los tribunales administrativos conocen en primera instancia, entre otros, de los asuntos de reparación directa que se promuevan contra la Nación, entidades territoriales o descentralizadas, cuando la cuantía exceda de $ 3.500.000.

Sin embargo, de conformidad con los decretos 2.269 de 1987 y 597 de 1988, dicha cuantía se debe actualizar cada dos años; para el año 1992, en el cual se presentó la demanda la cuantía exigida por la ley para que el proceso de reparación directa fuera de dos instancias asciende a $ 6.860.000.

El Código Contencioso Administrativo —antes de la reforma de la L. 446/98— dispone en sus artículos 131 y 132, numeral 10, respecto a las acciones de reparación directa, que la competencia en razón de la cuantía se determina “por el valor de los perjuicios causados, estimados por el actor en la demanda en forma razonada, conforme al artículo 20 numeral 1º del Código de Procedimiento Civil”.

A su vez la codificación últimamente mencionada dispone:

1. Por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de aquélla.

2. Por el valor de la pretensión mayor, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones” (CPC, art. 20, nums. 1º y 2º, modificado D. 2282/89).

De acuerdo con esa norma, los aspectos tenidos en cuenta para determinar la cuantía de un proceso son:

• Las pretensiones formuladas al tiempo de la demanda y,

• Si aquéllas son varias, sólo se tiene en cuenta la de mayor valor.

En el caso particular se encuentra que las pretensiones se plantearon así en la demanda:

• Perjuicios morales: 1.000 gramos oro fino para cada uno de los demandantes (fls. 49 y 50, c. 2).

Por tanto, la pretensión mayor de la demanda fue, como se dijo en el acápite de estimación razonada de la cuantía, aquella por perjuicios morales, estimada como “el equivalente en pesos a un mil gramos oro, que a la fecha de presentación de la demanda cuestan siete millones quinientos mil pesos ($ 7.500.000), aproximadamente” (fl. 84, c. 2).

De lo anterior se concluye que el valor de la pretensión mayor fue por suma equivalente a mil gramos oro. En efecto, la demanda fue presentada el día 20 de abril de 1992. Para esa época, el valor del gramo oro era de $ 7.358.76; al multiplicar esa suma por el valor de la cuantía estimada por el demandante (1.000 gramos oro) da como resultado $ 7.358.760, cuantía de la demanda presentada por el señor Lázaro González López y otros.

La Sala observa que le asiste razón al agente del Ministerio Público lo que conduce a que el auto recurrido se revoque y en consecuencia se admita el recurso de apelación interpuesto por una de las entidades demandadas (EMSA), porque como ya se explicó, la cuantía para apelación en procesos de reparación para 1992 era por $ 6.860.000.

Por lo expuesto, se

RESUELVE:

REVÓCASE el auto proferido por el magistrado sustanciador, el día 17 de agosto de 2001, y en su lugar se dispone:

1. ADMÍTESE el recurso de apelación interpuesto por la Empresa Municipal para la Salud, EMSA, contra la sentencia proferida el día 10 de octubre de 2000 por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Descongestión con sede en Medellín.

2. Notifíquese personalmente al Ministerio Público y por estado a las partes (CCA, art. 212, inc. 3º).

3. Devuélvase al despacho se origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

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