Auto 10189 de junio 3 de 1996 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

ÚNICA INSTANCIA EN LA CORTE

NO TIENE RECURSO DE CASACIÓN

EXTRACTOS: «1. El tema referido a la viabilidad del recurso extraordinario de casación contra los fallos emitidos por la Corte Suprema de Justicia, ha sido ya objeto de definición por esta colegiatura, siendo oportuno ratificar ahora lo decidido a ese respecto.

En efecto, mediante pronunciamiento de noviembre 18 de 1993 (Radicación 4083, contra Nohora Currea García y otros, M.P. Dr. Ricardo Calvete Rangel) la Corte consignó:

“1. El primer inciso del artículo 31 de la Constitución Política dice: “Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley”. Esto significa que el principio de la doble instancia no está consagrado de manera absoluta, sino que la propia Carta faculta al legislador para que mediante ley establezca los casos en que no es procedente la apelación o la consulta, sin que con ello se esté vulnerando garantía alguna.

Así las cosas, como el estatuto procesal establece que le corresponde resolver el recurso de apelación o la consulta al superior jerárquico del funcionario que dictó la providencia, es obvio que ni la impugnación ni el grado jurisdiccional son posibles cuando la decisión fue proferida por la Corte Suprema de Justicia, “máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria”, pues quiso la misma Constitución que ya no existiera otra instancia superior, de modo que al asignarle la competencia para la investigación y juzgamiento, o el solo juzgamiento de personas aforadas, el trámite se realiza en única instancia.

Ahora, si no es procedente el recurso ordinario de apelación, con mayor razón resulta desatinada la interposición del recurso extraordinario de casación, el cual, en su modalidad común solamente es viable “...contra las sentencias proferidas por el Tribunal Nacional, los tribunales superiores de distrito judicial y el Tribunal Penal Militar, en segunda instancia, por los delitos que tengan señalada pena privativa de la libertad cuyo máximo sea o exceda de seis (6) años, aun cuando la sanción impuesta haya sido una medida de seguridad” (inc. 1º art. 218 CPP, reformado por la L. 81/93).

No es que se esté interpretando esta norma de manera restrictiva, es que siendo la casación un recurso extraordinario, los fallos contra los cuales procede están previstos de manera taxativa, y por la propia naturaleza del derecho procesal, no es posible, so pretexto de una interpretación extensiva, pretender aplicarlo contra decisiones que la ley no ha señalado. Los recurrentes desconocen este elemental principio al afirmar que, “... si bien es cierto que no contempla las sentencias proferidas en única instancia, tampoco existe prohibición expresa en tal sentido, “y lo que no está prohibido por la ley está permitido”.

2. También se equivocan los impugnantes al acudir a la casación excepcional, pues si bien por esa vía es posible que la Corte Suprema de Justicia, discrecionalmente, acepte el recurso para casos distintos a los mencionados en el ya citado inciso primero del artículo 218 ibídem, la excepción se refiere a la cantidad de pena exigida, en cuanto la pena privativa de la libertad señalada para el delito puede ser inferior a seis años, y en cuanto al funcionario que dictó la sentencia, que puede ser un juez del circuito, pero en ambos casos siempre que se trate de un proveído de segunda instancia, pues no existe en materia penal la casación per saltum, y cuando lo considere necesario para el desarrollo de la jurisprudencia o la garantía de los derechos fundamentales.

Es un error creer que esa disposición establece el recurso de casación contra sentencias proferidas por la Corte en única instancia, pues como ya se vio, estas decisiones, por voluntad del legislador, no son susceptibles de impugnación alguna.

Estas breves consideraciones son suficientes para concluir que no es procedente el recurso de casación interpuesto, y así se declarará”.

La situación del caso que se evoca resulta semejante a la que ahora se plantea, en cuanto en ésta se trata de un procedimiento constitucional y legalmente previsto como de única instancia bajo el conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, sin que medie argumento válido que lleve a colegir que una es la Corte cuando conoce de un proceso en única instancia, y otra cuando lo hace por vía del recurso extraordinario, pues dado como le ha sido entre sus fines el de unificación de la jurisprudencia, y dentro de la jerarquía judicial el rango de máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, el mismo cuidado y la misma fuerza doctrinaria tendrán sus pronunciamientos cuando actúe por vía de instancia como cuando lo haga en sede de casación, sin que se haya previsto otro recurso u órgano superior para la revisión de sus determinaciones, que en este ámbito se han de tener como definitivas, lo que equivale a la irremediable inadmisión del recurso extraordinario interpuesto por el aforado».

(Auto de junio 3 de 1996. Radicación 10.189. Magistrado Ponente: Dr. Juan Manuel Torres Fresneda).

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