Auto 10221 de noviembre 18 de 1994 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

PROCEDENCIA DE LA CONSULTA

FALLOS CONDENATORIOS CONTRA ENTIDADES PÚBLICAS

EXTRACTOS: «La obligación que en esa sentencia se impone a cargo de la entidad pública demandada corresponde a la suma de $ 1.644.800. Como las partes se conformaron con esa decisión, el proceso se envió a esta corporación para que se surtiera el grado jurisdiccional de consulta, consagrado en el art. 184 del CCA, en favor de la entidad estatal que no apeló. La única decisión que en esta corporación podría tomarse, sería la de modificar, sólo para rebajar la condena impuesta, es decir, que la consulta se limita a la cuantía de $ 1.644.800.

Ahora bien, el art. 184 del CCA consagra la consulta en relación con sentencias de primera instancia, y la cuantía para que los procesos contractuales tengan doble instancia, a partir del primero de enero de este año, corresponde a la suma de $ 9.610.000, conforme a lo preceptuado por el Decreto 597 de 1988.

La Sala sienta nueva posición jurisprudencial alrededor del tema de la consulta de fallos condenatorios en contra de entidades de derecho público, precisando que se pueden presentar los siguientes eventos:

a) Que el proceso tenga vocación de dos instancias y al no ser apelado por el actor, pero la condena superar el límite de la única instancia, deberá surtirse el grado jurisdiccional de consulta;

b) Que la condena al momento de imponerla sea inferior al límite señalado para que el asunto se mire como de única instancia y ninguna de las partes intente apelación, a pesar de que originalmente el proceso se considerara con vocación de doble instancia. En ese caso no debe surtirse el grado jurisdiccional de consulta, dado que las partes, al no recurrir en apelación, resuelven con su conducta, de manera inequívoca, que consienten o están de acuerdo con el monto de la sentencia condenatoria, a pesar de que inicialmente se hubiera calificado de doble instancia.

En el caso concreto, como ya se dijo, el monto histórico de la sentencia condenatoria ascendió a $ 160.000 que actualizado por el a quo montaba una suma de $ 1.644.800, realidad que está reflejando que por no haber sido recurrida por ninguna de las partes, el asunto se transformó de proceso de doble instancia que lo fue originalmente, a proceso de única instancia y por consiguiente no consultable.

Así las cosas, la Sala se abstendrá de desatar la consulta por improcedente, y, en su lugar declarará en firme la sentencia del tribunal a quo»

(Auto de noviembre 18 de 1994. Expediente 10.221. Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández).

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