Auto de Sala Unitaria 10266 de febrero 9 de 1995 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

PROCESOS EJECUTIVOS DERIVADOS DE CONTRATOS ESTATALES

COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS

EXTRACTOS: «1. No cabe la menor duda que con el advenimiento de la Ley 80 de 1993, por disposición de su artículo 75, todas las controversias originadas en contratos estatales son del conocimiento exclusivo de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. De la misma manera el cobro ejecutivo de los créditos que tengan origen directo o indirecto en todos los negocios estatales, consten en títulos judiciales o extrajudiciales, son del resorte de la misma jurisdicción. Así lo admitió la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación en providencia de 29 de noviembre de 1994 (exp. S-414; actor: Rigoberto Arenas Olmos, en ejecutivo contra el municipio de Tunja), con ponencia del Consejero Dr. Chahín Lizcano(*).

2. En todo proceso ejecutivo se parte del principio de la existencia, claridad, manifestación expresa y exigibilidad de una prestación insatisfecha que bien puede ser de dar, hacer o no hacer, pero en todo caso de naturaleza económica, vale decir, que refleja o incorpora sabor patrimonial de dicho linaje, representable siempre en cantidad líquida de dinero aun cuando la obligación sea específica y no pueda lograrse su satisfacción in natura, pues en tal evento el mandamiento de pago habrá de librarse por su equivalente pecuniario o aestimatio pecuniae. Esta última circunstancia no puede perderse de vista, dado que de ella se deriva la conclusión de a qué entidad judicial de lo contencioso administrativo le corresponde el conocimiento de los cobros ejecutivos previstos por el artículo 75 de la Ley 80 de 1993.

3. Se afirma en el auto analizado que el conocimiento de la presente ejecución es de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en términos del artículo 128 numeral 6º (sic) del CCA, pero tal aserto no se aviene con la distribución de competencias hecha por el CCA en procesos en donde se discuten intereses de carácter económico, como lo es precisamente el cobro compulsivo, por la vía ejecutiva, como pasa a analizarse.

Para este Despacho el conocimiento del proceso ejecutivo previsto por el artículo 75 de la Ley 80 de 1993, es de competencia, en primera o única instancia, según la cuantía, de los tribunales administrativos, puesto que lo pretendido en últimas es la satisfacción de una suma líquida de dinero previamente decreta por la jurisdicción o que emerge directamente del contrato estatal y demás documentos pertenecientes al mismo. Mal se concluiría al afirmar que el cobro ejecutivo de las cobranzas de créditos originados en contratos estatales, sean de competencia en única instancia del Consejo de Estado, cuando por averiguado se tiene que el proceso de conocimiento, declarativo o de condena tiene su origen en los tribunales administrativos y, si la cuantía lo permite, tan sólo conocerá en grado de apelación el Consejo de Estado en segunda instancia (num. 8º, art. 131 y num. 8º, art. 132 del CCA).

Por los anteriores razonamientos esta corporación no es la competente para conocer en única instancia de los cobros ejecutivos, previstos por el artículo 75 de la Ley 80 de 1993, y, en el caso concreto corresponde al Tribunal Administrativo de Cundinamarca pronunciarse sobre si libra o no mandamiento de pago. Por consiguiente se devolverá el expediente a la oficina de origen para que tome la determinación que corresponda conforme a derecho».

(Auto de Sala Unitaria, febrero 9 de 1995. Expediente 10.266. Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández).

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