Auto 10287 de febrero 18 de 1998 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL

TÉRMINO MÁXIMO EN LA ETAPA DEL JUICIO

EXTRACTOS: «En los últimos años, la Sala ha reiterado el criterio de que, una vez ejecutoriado el auto de proceder o su equivalente, el mayor término de prescripción es apenas de diez (10) años, cualquiera sea la pena máxima dispuesta en las respectivas normas, posición que en este sentido recoge la doctrina anterior que invariablemente hacía el cálculo de la mitad a partir del quantum punitivo máximo previsto por la ley para cada delito (sent. nov. 11/86, M.P. Jaime Giraldo Ángel).

La nueva posición de la Corte se ilustra en las dos decisiones que el Ministerio Público cita para discrepar de ellas, pues el funcionario estima que, con ocasión del auto de proceder o su equivalente ejecutoriado, la mitad debe calcularse siempre a partir del máximo de la pena fijada en la ley para el delito, no del límite máximo de prescripción previsto en el artículo 80. Tales determinaciones de la Sala recaban con actualidad lo siguiente:

3. El artículo 80 del Código Penal, en su primer inciso, señala con claridad...

Como bien se observa, y así lo hace notar el colaborador del Ministerio Público, tres son los lapsos que presenta el precepto. El primero, el fijado taxativamente en la ley; el segundo, los lindes a los que se debe sujetar aquél, pues jamás podrá ser menor a cinco (5) años ni mayor de veinte (20); el tercero, establecido en concordancia con el artículo 84 ibídem, aunque establece que la prescripción se interrumpe con la resolución de acusación, el reinicio del conteo se hará por un tiempo igual a la mitad del señalado en el artículo 80.

4. En varias oportunidades la Sala ha estudiado el tema que se discute, advirtiendo que el fenómeno prescriptivo se rige exclusivamente por el término señalado en la respectiva disposición penal como máximo, atendiéndose, como es apenas obvio, las circunstancias específicas que modifiquen el delito mismo.

Por tanto, debían examinarse primero las disposiciones pertinentes que rigen el asunto y luego de hacer las operaciones matemáticas de rigor se establecería si se hallaba dentro de los límites fijados en el artículo 80. Si los superaba se debía reducir o aumentar para adecuarlo a dichos mojones.

5. Cuando la ley manda que el término prescriptivo tenga una reducción significativa en el evento de que al reo se le haga un pliego de cargo, parte de la premisa de que el Estado necesita menos tiempo para realizar el juicio consiguiente pues ya se han encontrado suficientes elementos tendientes a demostrar su presunta responsabilidad.

La etapa final del proceso, por consiguiente, en aras de una pronta y cumplida justicia ha de ser expedita, dictándose con la prontitud del caso, el fallo correspondiente pues es mucho menor el tiempo que requiere en comparación con la investigación propiamente dicha. No hay razón para que éste se alargue innecesariamente, lo que inevitablemente debe transmitirse también al fenómeno prescriptivo.

Así las cosas, por voluntad de la misma ley, siempre el nuevo término prescriptivo correrá por la mitad del tiempo requerido luego de proferirse resolución de acusación.

Por consiguiente, una interpretación que consulta la equidad, mientras el legislador no disponga otra cosa, es que el tiempo máximo de prescripción, en la hipótesis de un vocatorio a juicio, es el de diez años, que es la mitad del máximo permitido por el legislador para el instituto” (Cas. sep. 29/94, M.P. Jorge Enrique Valencia Martínez).

Y en sentencia también de casación fechada el 30 de octubre de 1996, de cuya ponencia se ocupó el magistrado Carlos Augusto Gálvez Argote, la Sala reiteró lo siguiente:

“... 3. En estas condiciones, se tiene que el artículo 80 de dicho estatuto al regular las bases de la prescripción de la acción penal establece que ..., lo cual significa que este límite máximo prescriptivo es aplicable tanto a la etapa instructiva como de la causa, pues es una prohibición absoluta la que allí contiene.

4. Entendido entonces que el límite máximo para la prescripción de la acción penal es de veinte años, que serían válidos para la etapa instructiva, con la remisión que al artículo 80 del C.P. hace a su vez el artículo 84 ibídem, no puede menos que concluirse que el término máximo de prescripción en la etapa del juicio es de 10 años, esto es, la mitad del máximo ya fijado con el referido artículo 80, para todos los casos”.

Poco o nada habría que agregar a estas razones de sana hermenéutica jurídica, legitimidad, justicia y eficacia que se esgrimen en los fallos citados. Mas es preciso anotar, sólo como respuesta a la tesis que seriamente ensaya el procurador delegado, lo siguiente:

1. La ley toma como referente para el cómputo del “término de prescripción de la acción penal” el “máximo de pena” que ella misma fija para el delito, pero en manera alguna identifica o confunde dos conceptos que tiene bien diferenciados y que cumplen otras funciones en el ordenamiento jurídico-penal. Cierto es que uno de ellos sirve de base para construir el otro, pero, a pesar de ello, el segundo también alcanza vida jurídica independiente y tiene su propio valor. En efecto, prueba patética de dicha autonomía conceptual es que si la ley en cualquier caso prevé para el hecho punible una pena máxima superior a veinte (20) años de privación de la libertad, incluidas las reducciones o intensificaciones que se hacen en abstracto por las circunstancias de atenuación o agravación concurrentes, en modo alguno el término prescriptivo podría superar dicha cantidad.

2. De modo que, además de determinar un límite superior al cómputo de la prescripción, la cifra o lapso de veinte (20) años constituye en sí misma un término de prescripción, precisamente el máximo que autoriza la ley para que los funcionarios judiciales desarrollen la acción penal. La lectura inicial del artículo 80 del Código Penal indica que, detectado el “máximo de pena fijado en la ley” para el delito, si no es inferior a 5 ni superior a 20 años, dicho quantum se convierte en “término de prescripción de la acción”.

3. Y si dicha lectura se adelanta progresivamente, camino a la integración sistemática con el artículo 84 del mismo estatuto, se verá que este precepto ya no menciona el punto de referencia del “máximo de la pena fijada en la ley”, sino que alude de una vez, sin mediaciones conceptuales, a la “interrupción del término prescriptivo de la acción”, precisamente porque este último concepto ya había quedado consolidado en la previsión íntegra del artículo 80.

4. Decir que como el máximo de pena previsto para el homicidio agravado en aquel entonces era de treinta (30) años de prisión, entonces, producida y ejecutoriada la resolución de cargos, el nuevo término de prescripción sería de quince (15) años (la mitad de aquella cifra), supone sostener previamente que el lapso inicial de extinción era de 30 años, premisa que es absurda e ilegal, frente a la categórica prohibición del artículo 80 para no desbordar los 20 años que se contemplan como extremo superior de la prescripción. En otras palabras, de conformidad con el artículo 84, coherentemente sólo puede afirmarse que la aplicación matemática de la mitad siempre debe hacerse en relación con un término de prescripción permitido.

5. A pesar de la implicación funcional de los artículos 80 y 84 examinados, nótese que el último previó la reducción a la mitad del término de prescripción señalado en el primero, una vez ejecutoriada la resolución de enjuiciamiento, y sólo hizo la salvedad respecto de la fijación mínima de ese nuevo término, que en ningún caso podrá ser inferior a cinco (5) años. Es decir, no existe expresa advertencia legislativa de que, a pesar de la autorizada reducción del lapso prescriptivo a la mitad, en todo caso el límite máximo nunca se podría rebajar de veinte (20) años, previsión especial que sí se hizo para el cálculo del linde mínimo».

(Auto de febrero 18 de 1998. Expediente 10.287. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Aníbal Gómez Gallego).

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